Jorge Alberto Muñoz Bustos

Expediente 265/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
265/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
17/04/2015

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Muñoz Bustos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto 265/2015; asimismo, remite el testimonio de la resolución que pronunció el tribunal de su adscripción el nueve de abril de dos mil quince, en la queja 32/2015, en la cual determinó: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Acúsese recibo de estilo, y glósense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes al expediente en que se actúa, toda vez que aquél se encuentra formado, en su mayoría, por copia certificada de las actuaciones originales que fueron devueltas mediante el oficio que se acuerda. En mérito de lo anterior, dado que el presente el juicio de garantías se encuentra debidamente integrado, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo, las cuales, además deberán ser digitalizadas. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, informa que recibió el original del juicio de amparo ++++, del índice de este juzgado de Distrito; asimismo, refiere que admitió a trámite el medio de impugnación hecho valer por el quejoso y que lo registró bajo el número de queja 32/2015. Éste juzgado de Distrito queda enterado de lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por ***, en su carácter de autorizado del quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra el auto emitido el tres de marzo de dos mil quince (foja 33). En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado al quejoso y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación hecho valer. En ese orden, con copia de las constancias necesarias, así como del escrito de cuenta, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; distribúyanse, en su caso, entre las partes copias del ocurso referido. Finalmente, remítase el original del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno; de igual forma, envíese el original del ocurso de cuenta, así como una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, a fin de que substancie el aludido medio de impugnación.

  4. Principal

    "Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión del amparo no ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de veintisiete de enero de dos mil catorce (fojas 77 a 82), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, diera cabal cumplimiento al laudo de veintiuno de noviembre de dos mil uno, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en los términos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad responsable acate de manera cabal el laudo; es decir, que en forma pronta se restituya al quejoso en lo obtenido en convenio en comento. En el entendido, que esto deberá ser en un término prudente de cinco días, contados a partir de que la presente determinación adquiera firmeza procesal, para que así sea respetado el derecho efectivo a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Hágase del conocimiento de la responsable que no se dará por cumplida la presente resolución, con el simple impulso o medidas que tome para acatar el laudo, sino hasta que se tenga por cabalmente ejecutado el laudo; asimismo, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo el incumplimiento extemporáneo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad penal, también se le hace ver a la responsable, conforme al 2° párrafo del artículo 193 de la citada ley, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, tanto del Ayuntamiento responsable como de cualquier autoridad que intervenga en el trámite de la ejecución del laudo." Posteriormente, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil catorce (fojas 104 a 118), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la responsable Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, por conducto de su apoderada jurídica, interpuso recurso de revisión contra el fallo protector descrito en párrafos anteriores, mismo que por acuerdo de veinticinco de febrero de ese año, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 120). Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, órgano colegiado que en proveído de catorce de marzo de dos milo catorce, desechó el recurso promovido, por extemporáneo, mismo que por auto de ocho de abril siguiente, quedó firme (foja 137). Posteriormente, en acuerdo de diez de abril de dos mil catorce (fojas 138 y 139), se declaró que la sentencia causó ejecutoria; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En respuesta, mediante oficio TECA400F/104010/1525/2014 (fojas 194 a 197), el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, comunicó que el catorce de abril de dos mil catorce, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, por conducto de sus apoderados legales, exhibió un cheque por la cantidad de $199,550.37 (ciento noventa y nueve mil quinientos cincuenta pesos 37/100 M.N.), para que el quejoso lo recibiera; asimismo, el veintiocho de abril de ese año, el apoderado legal del Ayuntamiento de Valle de Bravo exhibió un escrito en el cual manifestó que en cumplimiento al convenio de treinta de junio de dos mil tres, mediante cheque número 0000569 se amparó la cantidad de $199,550.37 (ciento noventa y nueve mil quinientos cincuenta pesos 37/100 M.N.). De igual manera, presentó la hoja de retenciones de constancias de sueldos y salarios, concepto asimilados de créditos al salario y al subsidio, en la cual se le hicieron las retenciones al contribuyente (aquí quejoso), por la cantidad de $100,449.63 (cien mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 63/100 M.N.) que sumados a la cantidad amparada en el cheque descrito en el párrafo que antecede, daban el monto total de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), cifra que fue la pactada en el convenio que las partes celebraron el treinta de junio del dos mil tres, al tenor de las siguientes cláusulas: ".Segunda.- La parte demandada, está de acuerdo con el desistimiento producido en la cláusula que antecede, por lo que le hará entrega al actor en el presente juicio, de la cantidad de $570,000.00 (QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como pago del laudo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil uno, en relación con el auto de ejecución de fecha trece de mayo del año en curso (2003), cantidades que serán pagadas de la siguiente forma, un primer pago en este acto por la cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), como pago parcial, en cheque certificado, el cual en este acto exhibe la parte demandada, expedido por la institución de crédito Banorte, con número de cheque 0000180. Así mismo la otra cantidad restante la parte demandada se compromete a entregarla en fecha CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, que es la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), a las doce horas con treinta minutos del día antes señalado, en el local de este H. Tribunal.- - - CUARTA.- Ambas partes solicitan se apruebe el presente convenio por estar ajustado a derecho y no contener cláusula alguna contra la ley o la moral ni renuncia de derechos por parte del actor. Asimismo la parte demandada se compromete a pagar al actor la cantidad de $493.42 por cada día que transcurra en caso de incumplimiento.". Es menester precisar, que después de haber pactado el convenio supracitado, el tribunal responsable por auto de siete de agosto de dos mil tres, ordenó el requerimiento de pago y/o embargo, en atención al incumplimiento por parte de la autoridad responsable Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, del mismo, aplicando la pena convencional a la que fue condenada y constreñida la parte demandada en el juicio de origen; así, por diligencia de doce de agosto de dos mil trece le fueron embargadas a ésta las cuentas 7963500, 7955508, 9032804342 y 9018988575, de las que, únicamente las dos primeras se pudieron extraer fondos por un total de $85,189.12 (ochenta y cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.), ya que las restantes estaban canceladas. Así, el ocho de septiembre de dos mil tres, el Tribunal responsable dio vista a la parte actora con las aseveraciones vertidas por el Banco Nacional de México, en lo atinente a las cuentas bancarias existentes a nombre de la autoridad responsable y su monto, para que manifestara lo que a su derecho conviniere, misma que fue desahogada y se requirió a la citada institución bancaria para que remitiera la cantidad total de las cuentas bancarias embargadas, es decir $85,189.12 (ochenta y cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.). En ese contexto, es de importancia precisar que para el diez de noviembre del año dos mil cuatro, la pena convencional por cada día de incumplimiento hasta ese entonces era de $220,946.88 (doscientos veinte mil novecientos cuarenta y seis pesos 88/100 M.N.). Después, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./2148/2014 (fojas 331 a 334), el Tribunal responsable informó, que mediante proveído de seis de junio de dos mil catorce, ordenó el requerimiento de pago y/o embargo hasta por la cantidad de $1'658,833.60 (un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.), que es el importe total de la suma de la pena convencional, en atención a las consideraciones siguientes: $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de surte principal, y respecto a la pena convencional cuantificándose desde el cinco de agosto de dos mil trece al diecisiete de junio de dos mil catorce, pues habían transcurrido 3,969 días que multiplicados por la pena convencional de $493.42 (cuatrocientos noventa y tres pesos 42/100 M.N.), sumaban la cantidad de $1,958,383.90 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y tres pesos 90/100 M.N.), en contra del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, en el entendido de que a esta última cifra, se le debería restar lo ya entregado al aquí quejoso, para lo cual señaló las once horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil catorce, para su verificativo. Luego, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./2290/2014 (fojas 367 y 368), el Tribunal responsable informó, que el impetrante de garantías podía comparecer ante esa autoridad a recoger el cheque por la cantidad de $35,986.42 (treinta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.), atento a ello, este órgano jurisdiccional el cuatro de julio de dos mil catorce, dio vista al quejoso para que acudiera a recoger el título de crédito mencionado. En ese orden de ideas, por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiocho de julio del dos mil catorce (foja 396 a 400), el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, informó que por la situación financiera por la que atravesaba el municipio, realizaría el pago correspondiente en parcialidades y de acuerdo a su presupuesto, a fin de lograr el cumplimiento del fallo protector. No obstante lo anterior, por diverso presentado el siete de agosto de ese año (fojas 418 a 426), el Presidente Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, remitió el acuse de recibo de la promoción presentada ante el Tribunal responsable, a través de la cual exhibió el cheque número 38321269 por la cantidad de $1'234,663.98 (un millón doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.), a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues argumentó que el monto total de lo que el quejoso debía recibir ascendía a $2,283,054.98 (dos millones doscientos ochenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 98/100 M.N.); del cual se le restaban $492,300.88 (cuatrocientos noventa y dos mil trescientos pesos 88/100 M.N.), correspondientes a los diversos pagos que se le habían entregado al quejoso y $556,091.00 (quinientos cincuenta y seis mil noventa y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago del impuesto sobre la renta, por lo que, para cubrir la cantidad de $2,283,054.98 (dos millones doscientos ochenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 98/100 M.N.), faltaba la diversa que exhibía por $1,234,663.98 (un millón doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.). Mediante oficio TECA400F/A.I./2517/2014 (fojas 437 a 439), el Tribunal responsable, remitió copia certificada de la comparecencia de trece de agosto de dos mil catorce, en la que se advierte que la parte actora (aquí quejosa), acudió a solicitar la entrega de los cheques números 0000052 y 0000111, expedidos a su favor, por las cantidades de $1'234,663.98 (un millón doscientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.) y $35,986.42 (treinta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.). Ahora, por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil catorce (fojas 540 a 542), se estimó que el fallo protector no había sido cumplido en su núcleo esencial; por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requirió de nueva cuenta el debido cumplimiento en atención a que la autoridad responsable, al momento de comunicar la forma en que acató el fallo protector, refirió que había realizado retenciones al quejoso, por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y, por su parte, el peticionario de amparo, al desahogar la vista que se le diera con el cumplimiento, manifestó que la pena convencional, no es deducible de impuestos. Atento a lo anterior, por oficio TECA400F/A.I./284/2015 (fojas 673 a 675), el Tribunal responsable remitió copia certificada de la comparecencia de quince de enero de dos mil quince, en la que se advierte que la parte actora (aquí quejosa), acudió a solicitar la entrega del cheque número 0000057, expedido a su favor, por la cantidad de $556,091.00 (quinientos cincuenta y seis mil noventa y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de las retenciones hechas al monto correspondiente a la pena convencional. Luego, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince (foja 680), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables no dieron cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, por las consideraciones siguientes: Si bien es cierto, tal como lo acreditan las autoridades responsables, en cumplimiento a la sentencia de amparo, se han entregado a la parte quejosa las cantidades descritas en el cuerpo del presente acuerdo, pero es menester reiterar a la autoridad responsable, en lo conducente, los efectos y alcances para los cuales fue concedida la protección constitucional: ".. Hágase del conocimiento de la responsable que no se dará por cumplida la presente resolución, con el simple impulso o medidas que tome para acatar el laudo, sino hasta que se tenga por cabalmente ejecutado el laudo; asimismo, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo el incumplimiento extemporáneo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad penal, también se le hace ver a la responsable, conforme al 2° párrafo del artículo 193 de la citada ley, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, tanto del Ayuntamiento responsable como de cualquier autoridad que intervenga en el trámite de la ejecución del laudo." Es decir, la autoridad responsable Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, ha sido reiterativa en el sentido de no hacer la devolución de las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta, aplicadas al aquí quejoso, argumentando que tal proceder tiene sustento en los numerales 94 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, no le asiste razón en su actuar a la autoridad responsable, pues el artículo 876, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 876.- La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma: .III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo." De igual manera, el diverso 794 de la ley mencionada, establece: "Artículo 794. Se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio. Por tanto, en la suscripción de un convenio que tiene como propósito terminar el juicio, las manifestaciones del apoderado de la persona física o jurídica demandada contenidas en esa actuación judicial sí constituyen una confesión expresa y espontánea, que debe considerarse en el juicio sin necesidad de ser ofrecida como prueba por las partes, en términos del artículo citado. Es decir, las condiciones establecidas para el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen, se pactaron de forma diversa, esto es, a través del convenio laboral firmado por ambas partes, en las que se llegó a un arreglo, en cuanto al monto adeudado a la parte actora, lo que firmaron de mutuo consentimiento en el sentido del pago por la cantidad de $570,000.00 (quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), pues la parte trabajadora (aquí quejoso) se desistió de todas las acciones y prestaciones intentadas en el escrito inicial de demanda y la parte patronal (autoridad responsable) se comprometió a pagar a su contraparte, lo que acredita que hubo confesión expresa y espontánea de las partes; lo que se advierte de las manifestaciones contenidas en las constancias y actuaciones del juicio. Resulta aplicable, la jurisprudencia visible en la página 953 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Marzo de 2014, Décima Época, Materia Laboral, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONVENIO LABORAL SUSCRITO EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN. LAS MANIFESTACIONES DEL APODERADO DE LA DEMANDADA, AUN CUANDO AQUÉL NO SE HAYA RATIFICADO POR LA TRABAJADORA, CONSTITUYEN CONFESIÓN EXPRESA Y ESPONTÁNEA. El artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo establece que se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y actuaciones del juicio; y, por actuaciones judiciales, desde un punto de vista objetivo, deben entenderse todas las constancias judiciales escritas y fehacientes de los actos realizados en un procedimiento judicial. Ahora, si bien en la etapa de conciliación no existe contienda porque su finalidad primordial es que las partes lleguen a una solución que ponga fin a la controversia laboral, no puede soslayarse que en esa fase, éstas también realizan actos jurídicos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, como sucede en el caso de la suscripción de un convenio que tenga como propósito terminar el juicio. Por tanto, con independencia de que el acuerdo de voluntades llegue a concretarse con la ratificación de la parte trabajadora, las manifestaciones del apoderado de la persona física o jurídica demandada contenidas en esa actuación judicial sí constituyen una confesión expresa y espontánea, que debe considerarse en el juicio sin necesidad de ser ofrecida como prueba por las partes, en términos del artículo citado. En consecuencia, si en el convenio suscrito por los apoderados de la parte actora y de la persona física o jurídica demandada, el de esta última realiza manifestaciones que hagan presumir el reconocimiento de un vínculo jurídico con la parte trabajadora, dichas expresiones constituyen una confesión expresa y espontánea para tener por acreditada la relación de trabajo entre las partes, salvo prueba fehaciente en contrario." Por tanto, la autoridad responsable para dar cumplimiento al laudo correspondiente y así, acatar los efectos de la concesión del fallo protector, está a obligada a cumplir con el convenio, lo que se traduce en el pago por la cantidad de $570,000.00 (quinientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), a los cuales, únicamente se le deberá descontar los pagos efectuados al impetrante del amparo, lo que al día de la fecha y con la aritmética desarrollada en el juicio de origen y el presente de garantías, se traduce en el pago de las retenciones hechas al quejoso. En consecuencia, y en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión, a las autoridades responsables mencionadas en párrafos que anteceden, para que en el término de tres días, computados a partir de su legal notificación informe el cumplimiento que dieron a la sentencia de amparo dictada en el sumario constitucional en que se actúa; de igual manera, adjunten la totalidad de constancias certificadas que acrediten su dicho. Lo anterior, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento decretado mediante proveído de diez de abril de dos mil catorce (fojas 138 y 139), es decir, para el caso de ser omisas en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual en su caso, se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se informa a las citadas autoridades que de constituirse en actitud omisiva, también pueden hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento de las responsables, que aun cuando dejen su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Finalmente, se agrega a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la responsable al fallo protector. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del promovente, y dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Jorge Arturo Porras Gutiérrez, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien actúa con el licenciado Oscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que da fe. Doy fe.

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