Jorge Alberto Escalona Espinoza
Expediente 875/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Alberto Escalona Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, adviértase que el ocho de agosto de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento de la sentencia constitucional y, debidamente notificados, no la desahogaron. En consecuencia, procede resolver conforme a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia terminada de engrosar el doce de julio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa JORGE ALBERTO ESCALONA ESPINOZA, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto siguiente: "(.) con libertad de jurisdicción, acuerde de manera favorable o desfavorable, la promoción de revisión de actos del presidente, recibida el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dirigida al expediente 01/1852/07 (.)". El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la referida autoridad, su cumplimiento. El Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por oficio manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector (fojas 179 a 181); acreditándolo mediante copia certificada del auto de dos de agosto actual dictado en el expediente laboral 01/1852/07-JE1, en el cual acordó la promoción de revisión de actos del presidente presentada por la actora, recibida el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis; por ende, se le restituyó a la parte quejosa el goce del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se tildó como vulnerado en su perjuicio en la sentencia constitucional. Documenta que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por la razón antedicha, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco René Marmolejo Vázquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3595/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete, ante el secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del acuerdo de dos de agosto actual dictado en el expediente laboral 01/1852/07-JE1; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
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Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia engrosada el doce de julio de dos mil diecisiete; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el primer punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "(.) con libertad de jurisdicción, acuerde de manera favorable o desfavorable, la promoción de revisión de actos del presidente, recibida el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dirigida al expediente 01/1852/07 (.)". En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, instrúyase al actuario de la adscripción para que, en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación, se encuentre gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude labores proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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En Cuernavaca, Morelos, a las nueve horas con treinta y un minutos del siete de julio de dos mil dieciséis, estando en audiencia pública Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refieren los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 875/2017-I-B, promovido por Jorge Alberto Escalona Espinoza, por derecho propio, sin la comparecencia de las partes. Declarada abierta la audiencia, el secretario hace una relación oral de todas las constancias que obran en autos. Abierto el periodo de pruebas. El secretario da cuenta con la documental ofrecida por el presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio 01/1852/07 (fojas 20 a 149); y hace constar que no se ofrecieron más medios de convicción y no hay pruebas desahogadas con las que dar cuenta. El Juez acuerda: se admite y tiene por desahogada la prueba de mérito, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de su valoración en la sentencia y así, se declara cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario hace constar que las partes no formularon alegatos, por lo que el Juez acuerda: al no existir cuestión sobre la cual proveer, se declara cerrada la etapa de alegatos y se ordena dictar sentencia definitiva. Doy Fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 875/2017-I-B, promovido por Jorge Alberto Escalona Espinoza, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cinco de junio de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada ese día y recibida el seis siguiente, Jorge Alberto Escalona Espinoza, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de siete de junio actual; se fijaron las nueve horas con treinta y un minutos del siete de julio de dos mil diecisiete para celebrar la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la tercera interesada. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, conforme a la lectura integral de la demanda, el acto reclamado de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: La falta de acuerdo a la promoción presentada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dirigida al expediente 01/1852/07, por la que la parte actora -aquí quejosa- promovió revisión de actos del presidente de la Junta. No pasa inadvertido que la parte quejosa también señaló como acto reclamado, la omisión de la Junta de substanciar y resolver el recurso de revisión; sin embargo, en aplicación del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.) -que se citará más adelante-, consistente en que el alcance de la sentencia que otorga el amparo contra una omisión o dilación en el procedimiento laboral, debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en que se sitúe, para fijar el acto reclamado el tribunal puede y debe atender a la etapa procesal en que se ubica, lo cual, válidamente puede realizarse a la luz del caudal probatorio y no únicamente con base en lo expuesto en la demanda, de tal suerte que debe tenerse como acto reclamado, aquel que ciertamente puede considerarse irroga perjuicio al quejoso, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, a saber, que el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, por lo que es dable excluir de la precisión del acto reclamado, los argumentos relacionados con hechos futuros. En el caso concreto y sin perjuicio de lo que más adelante se diga, el recurso de revisión planteado por la quejosa ante la autoridad responsable, no ha sido admitido a trámite, por lo que no puede determinarse si la autoridad está en condiciones de tramitarlo y resolverlo y, en su caso, que no lo ha hecho, pues esto corresponde a un escenario procesal que, a la presentación de la demanda de amparo, es inexistente. Lo determinado en este considerando también encuentra apoyo en la tesis aislada IX.1o.17 L (10a.), por la que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, determinó que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, son actos futuros; criterio cuyos rubro y texto también se reproducirán a la postre. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Es cierto el acto reclamado. Así lo manifestó el presidente de la Junta al rendir el informe justificado (fojas 17 y 18). CUARTO. Causales de improcedencia. El presidente de la Junta arguyó que en virtud de que el estudio que se realiza en el juicio de amparo debe limitarse al acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe, no es factible considerar como acto de molestia una omisión o dilación en el trámite, como pretende el quejoso, ya que el juicio de amparo debe constreñirse al acto reclamado y de ninguna manera a actos subsecuentes, por lo que debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo. La improcedencia alegada debe desestimarse, en parte, porque está estrechamente relacionada con el fondo del asunto, ya que plantea que el acto reclamado está justificado. Sirve como apoyo esta jurisprudencia: Tesis: P./J. 135/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187973 86 de 112 Pleno Tomo XV, Enero de 2002 Pag. 5 Jurisprudencia(Común) Tomo XV, Enero de 2002 Tomo XV, Enero de 2002 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Además, no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en las fracciones I a IV del invocado artículo 63 y la autoridad no indicó, de acuerdo con la fracción V, qué causa de improcedencia sobrevino y torna improcedente el amparo. Así, el suscrito está imposibilitado para determinar qué motiva la improcedencia alegada por la autoridad, al no ser de obvia y objetiva constatación. Resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 137/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174086 20 de 38 Segunda Sala Tomo XXIV, Octubre de 2006 Pag. 365 Jurisprudencia(Común) Tomo XXIV, Octubre de 2006 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Con independencia de lo anterior, este juzgador no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio del(los) concepto(s) de violación. La transcripción de los conceptos de violación es prescindible para su estudio; circunstancia que no infringe los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia ni deja en indefensión a la parte quejosa, porque no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución. Al respecto, es aplicable esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164618 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Pag. 830 Jurisprudencia(Común) Tomo XXXI, Mayo de 2010 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Toda vez que el acto reclamado emana de un conflicto laboral en el que el quejoso tiene la calidad de "trabajador", en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja. El quejoso alegó violación a su derecho a la impartición de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal. Suplido en su deficiencia, el concepto es fundado y suficiente para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pag. 209 Jurisprudencia(Constitucional) Tomo XXVI, Octubre de 2007 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Luego, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. El derecho a la pronta impartición de justicia no solo implica que el juicio se dirima de forma ágil, también comprende que el derecho declarado en favor del vencedor por virtud de la sentencia o laudo constituido en cosa juzgada, trascienda a lo fáctico mediante su cumplimiento, ya que el derecho a la impartición de justicia no tendría razón si no se ejecuta el fallo dictado por el tribunal o por la autoridad que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realice funciones materialmente jurisdiccionales. Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, ya que la controversia de origen data de dos mil siete. El presidente de la Junta aportó como prueba, copia certificada de diversas constancias del juicio 01/1852/07 (fojas 20 a 149); la que amerita pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entre las constancias que integran la documental ofrecida por la autoridad laboral, está la promoción 006745, recibida el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. A través de ese escrito, la parte actora promovió revisión de actos del presidente. Luego, la referida documental acredita la recepción por la autoridad responsable, de la promoción cuya falta de acuerdo constituye el acto reclamado. Ahora, se citan los artículos 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El primero de los preceptos transcritos dispone que la revisión se interpondrá ante la autoridad competente dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. El segundo artículo establece las directrices del trámite de la revisión. No obstante, ninguno de los aludidos artículos fija término a la autoridad para proveer sobre la revisión una vez recibida. Entonces, debe acudirse al artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De acuerdo con la citada porción legal, la Junta debe resolver las promociones que presenten las partes, por regla general, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción. En párrafos que anteceden se dijo que el cumplimiento del principio de pronta impartición de justicia, supone que la autoridad la administre dentro de los términos y plazos de ley; lo que en estricto sentido implica que debe dictar sus resoluciones forzosamente dentro del plazo que la ley conceda para tal supuesto, sin demora. No obstante, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, en vista de la complejidad del asunto y demás hechos objetivos, la autoridad pudiera dictar sus resoluciones no necesariamente dentro del plazo de ley; pero no puede demorar el cumplimiento de su obligación de forma tal que provoque una abierta dilación del procedimiento o su paralización toral. La jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), dice a la letra: Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pag. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Ahora bien, las cuarenta y ocho horas para que la autoridad acordara la promoción 006745, fenecieron el veintiséis siguiente. La demanda de amparo fue presentada el cinco de junio de dos mil diecisiete. Entre la conclusión del plazo para el acuerdo de la promoción relativa a la interposición del recurso de revisión de actos del presidente de la Junta y la presentación de la demanda de amparo, hay una demora en su dictado de siete meses. Dicha demora entraña una paralización total del procedimiento, violatoria del derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque ha impedido que lo planteado por el actor trascienda a lo fáctico, sea de forma favorable o desfavorable, para que actúe conforme a su interés convenga. Y la autoridad no dio un porqué legítimo de la falta de acuerdo de la promoción. La carga de trabajo alegada no justifica la demora en el cumplimiento de la obligación que la ley le impone de proveer los escritos que presenten las partes, pues se insiste, entre la conclusión del plazo para hacerlo y la instauración del juicio, median siete meses, tiempo de sobra para resolver sobre la petición de la parte actora. Tampoco lo hacen los juicios de amparo 2004/2016 y 2340/2015, del índice de este juzgado Segundo de Distrito, cuyas actuaciones son un hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El juicio 2004/2016-IV, fue promovido por Jorge Alberto Escalona Espinoza y el acto reclamado consistió en el auto de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 01/1852/07; mismo contra el que la parte actora interpuso revisión a través de la promoción 006745. El trámite del juicio no propició apertura del incidente de suspensión, de modo que no hubo resolución por parte del tribunal de amparo, que impidiera a la autoridad acordar la promoción 006745. Y aun cuando por sí hubiera decidido abstenerse de proveer hasta en tanto el juicio fuera resuelto, por sentencia de treinta de marzo de dos mil diecisiete, el juicio 2004/2016-IV fue sobreseído y el fallo causó ejecutoria el veintiocho de abril del año en curso. El diverso 2340/2015, fue promovido por Operadora Wal Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. El acto reclamado fue la negativa de la Junta a pronunciarse sobre el cumplimiento total del laudo y archivar el juicio 01/1852/07. Por sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el amparo fue negado; lo que fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por ejecutoria dictada en el expediente 429/2016. Luego, no hay justificación para que la autoridad responsable incumpla con su obligación de proveer el escrito por el que la parte actora promovió revisión de actos del presidente. Cabe decir que la invocación de los diversos amparos como hecho notorio, no implica agregar copia de sus constancias a los autos. Sirve como apoyo esta tesis: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXV, Junio de 2007 Pag. 285 Jurisprudencia(Común) Tomo XXV, Junio de 2007 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Para resarcir la violación, la autoridad responsable debe cumplir lo que la ley le exige, esto es, con libertad de jurisdicción, pronunciarse sobre lo planteado por la parte quejosa a través de la promoción presentada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, relativa a la interposición de revisión de actos del presidente en el juicio 01/1852/07. EFECTO DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con libertad de jurisdicción, acuerde de manera favorable o desfavorable, la promoción de revisión de actos del presidente, recibida el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, dirigida al expediente 01/1852/07. Conviene precisar que si bien este amparo se otorga por violación al derecho a la pronta impartición de justicia, los efectos se dictan en función del acto reclamado, esto es, dado que se trata de un acto negativo y en virtud de la libertad de jurisdicción de la autoridad responsable, la cual esta sentencia no veda ni restringe, ésta debe resolver sobre lo planteado por la parte quejosa, sin que sea dable sujetarle a actuar de determinada forma, pues implicaría vulnerar su libertad de jurisdicción y extender los efectos del fallo protector a actos futuros, como son la tramitación y resolución de la revisión, sobre lo que ya se habló en el considerando segundo; máxime que se obviaría la presunción de constitucionalidad de la que gozan sus actos. Lo anterior encuentra apoyo en estas tesis: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005150 7 de 33 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada(Común) Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008134 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 835 Tesis Aislada(Común) Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. Habida cuenta de que según el sumario, el expediente de origen se encuentra en la etapa de ejecución, la cual, precisa impulso del vencedor y, por ende, los alcances de la protección federal deben constreñirse al acto reclamado y no abarcar aquellos actos futuros que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Lo dicho en el párrafo que antecede se apoya en estos criterios jurisprudenciales: Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000011 8 de 10 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2771 Jurisprudencia(Común) Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000025 1 de 1 Segunda Sala Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Pag. 2772 Jurisprudencia(Laboral) Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. El que no haya transcurrido a las partes el plazo de ocho días que el artículo 117 de la Ley de Amparo, establece como el mínimo que debe mediar entre el conocimiento del informe justificado y la fecha de la audiencia constitucional, no impide la resolución del juicio, esto ante la patente la transgresión a ese derecho, de modo que a nada práctico conduciría diferir la celebración de la audiencia para que las partes se impongan del contenido de dicho informe, antes, ello redundaría en un mayor retraso en la administración de justicia; máxime que ni la sentencia por sí ni el efecto para el que se concede, fincan obligación alguna al tercero interesado ni sujetan a la autoridad responsable a hacerlo. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Alberto Escalona Espinoza, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando quinto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hasta hoy doce de julio de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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