Jorge Alberto Alvarez Vazquez
Expediente 1302/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Alberto Alvarez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1302/2023-V-B promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintidós siguiente en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, como lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo anterior se constata del contenido de su informe justificado, así como de las documentales que lo apoyan, de las que se advierte que el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo, sin que a la fecha de la presentación del juicio constitucional (veinte de septiembre de dos mil veintitrés), lo haya emitido. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda la omisión existía. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/94, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La autoridad responsable aduce que no existe un agravio personal, material ni directo en la esfera jurídica del quejoso, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho argumento debe desestimarse, pues está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001 de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Con independencia de lo anterior, esta juzgadora no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En suplencia de la queja, resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en el único concepto de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 , de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta el cual se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos establecidos legalmente. Ahora bien, para sustentar lo fundado de los conceptos de violación es oportuno reproducir los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, los cuales norman el procedimiento laboral en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: "Artículo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda." Como se observa, el procedimiento laboral ante el citado Tribunal Estatal es claro y breve, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma, y en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, el término referido para la tramitación y conclusión del juicio laboral del cual emana la omisión reclamada ha transcurrido en exceso sin que a la fecha se haya emitido el laudo respectivo. Lo anterior, pues de lo relatado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, así como de las constancias que adjuntó al informe justificado la autoridad responsable, se advierte la parte actora -aquí quejosa- inició el juicio laboral en el año dos mil veinte, posteriormente el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. Así, se concluye que desde el referido auto por el cual ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de laudo y a la fecha en que se emite la actual sentencia (diez de noviembre de dos mil veintitrés) aún no se ha resuelto, lo cual transgrede el numeral 17 constitucional que establece como características de la impartición de justicia, la gratiudad, prontitud y expeditez; violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. La Ley del Servicio Civil prevé actuaciones establecidas para el trámite y resolución de los juicios laborales y el Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. Ahora bien, en el caso la parte quejosa presentó la demanda de amparo el veinte de septiembre de dos mil veintitrés; en ese sentido, a la instauración del juicio de amparo, había una demora sin que la responsable se pronunciara respecto al dictado del laudo en el juicio laboral de origen, toda vez que desde el veintisiete de febrero del año que transcurre, el Tribunal responsable turnó el expediente laboral en cita para elaborar el proyecto de laudo de ley, sin que a la presentación de la demanda de amparo se haya pronunciado al respecto, dejando inactivo el juicio. Lo anterior actualiza una abierta dilación en el juicio laboral de origen, toda vez que de la fecha que se turnó el expediente para elaboración del laudo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se ha elaborado aquél pese a haber transcurrido casi siete meses no se resuelve el juicio de origen por lo que excede el término máximo de seis meses; esto es, el trámite y resolución del juicio de origen ha superado el plazo legal máximo para su conclusión. Por tanto, para resarcir la violación, la autoridad debe cumplir lo que la norma exige, esto es, dictar el laudo respectivo. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Tribunal responsable: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.) de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por tanto, la sentencia tiene por efecto que el Tribunal dicte el laudo correspondiente, con independencia de su sentido; a más que presumir que incurrirá en actos de omisión posteriores, implica desconocer la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. No se soslaya haber celebrado la audiencia constitucional sin que transcurriera el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la celebración de la audiencia constitucional resulta de mayor beneficio a la parte quejosa que el plazo otorgado conforme al numeral citado; siendo obligación de todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, sin que lo anterior afecte la igualdad entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se exponen, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de rubro siguiente "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del juicio de amparo 828/2023-II y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, como se advierte de la certificación que antecede, se declaró inhábil dicha data. Por tanto, se fijan las trece horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés, para su desahogo, lo que se asienta para los efectos conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Nmtg.
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