Jorge Alarcon Valeriano

Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
708/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alarcon Valeriano

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la comparecencia que antecede, por la cual Josefa Alarcón Velázquez, quien se ostenta como apoderada legal de Jorge Alarcón Valeriano reconoció y ratificó la firma plasmada en el escrito presentado en este juzgado el veintitrés de junio del año en curso, con folio 12168. Desahogo de prevención Luego, tomando en consideración que por el aludido escrito subsanó la prevención formulada el ocho de junio de dos mil veintidós, asimismo mediante auto de veintisiete de junio se reservó acordar lo conducente respecto al escrito con número de folio 12250; en consecuencia provéase lo que conforme a derecho corresponda. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa hace valer como acto reclamado el siguiente: ".el acuerdo de fecha once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar número 67/21-3, mediante el cual ilegalmente la responsable ordena revocar el emplazamiento realizado a la demandada en el juicio de origen y reponer el procedimiento." (SIC) Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: La parte quejosa mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, presentó demanda familiar en contra de la sucesión testamentaria a bienes de Alfredo Alarcón Velázquez, mismo que por turno correspondió conocer al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. La parte demandada en el aludido juicio, fue emplazada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, posteriormente al no haber contestado la demanda, fue acusada de rebeldía en auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno. Posteriormente el seis de mayo de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en la que se tuvieron por desahogadas éstas y se ordenó turnar los autos a efecto de emitir la sentencia respectiva. Finalmente, la responsable mediante auto de once de mayo de dos mil veintidós ordenó revocar el emplazamiento realizado a la parte demandada y reponer el procedimiento de origen. De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". En consecuencia, tenemos que el auto de once de mayo de dos mil veintidós donde se ordenó revocar el emplazamiento realizado a la parte demandada y reponer el procedimiento de origen, no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales. Esto, en razón de que las transgresiones que pudiera ocurrir con motivo del acto reclamado, son susceptibles de ser subsanadas al emitirse la resolución definitiva, la cual pudiera ser dictada en sentido favorable a los intereses de la parte quejosa. Es por esta razón, que el auto combatido no trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa por esa actuación y por ende, no causa lesión a bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, pues es emitida dentro del expediente de origen, el cual no se encuentra concluido aún y por tanto, el único efecto que tiene el acto reclamado es que se reponga el procedimiento. A mayor abundamiento, ciertamente el auto reclamado es de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que únicamente pudieran constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en la sentencia que en su momento se dicte, en razón de que podría resolverse a favor de los intereses de la parte quejosa. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento definitivo del asunto de origen, cuando pudiera producirse una afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa y en ese supuesto estará en aptitud de combatir dicha decisión del juzgador natural y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, el único efectos que se aprecia consiste en que se continúe la tramitación del juicio natural reponga el procedimiento, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. De ahí que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto en esta etapa, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto del acuerdo combatido en amparo, ésta no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107 fracción V de la ley de la materia, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Josefa Alarcón Velázquez, quien se ostenta como apoderada legal de Jorge Alarcón Valeriano, contra actos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, quien autoriza y da fe.AJBA

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito a nombre de ********** ******* ******* quien se ostenta como apoderada legal de ******* ********* ********, mediante el cual en alcance al diverso con número de folio 12168 adjunta un acuse de recibo a fin de subsanar la prevención realizada en el presente asunto; el que se ordena agregar a los autos y se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto la parte quejosa ratifique el escrito acordado mediante proveído de veinticuatro de junio del año en curso. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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