Jorge Alberto Barragán Herrera

Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
843/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Barragán Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído dictado el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés en el juicio principal de donde deriva esta incidencia, causó ejecutoria la sentencia de treinta y uno de octubre del año en curso, en la que se le concedió el amparo a la parte quejosa, misma que conforme al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra debidamente integrada al expediente electrónico relativo a dicho juicio. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo, relevancia documental y destino del expediente Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Conforme el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General citado, se determina que este incidente de suspensión es DESTRUIBLE, por haberse negado la suspensión definitiva, por lo que transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos, sentencia causa ejecutoria. Visto el estado de autos de este expediente, se advierte que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia autorizada el treinta y uno de octubre de esta anualidad, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Requerimiento de cumplimiento. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que reciba la notificación correspondiente, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, en los términos ahí planteados; esto es: AUTORIDAD REQUERIDA EFECTOS DE LA CONCESIÓN Juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca. Deje sin efecto el proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ***. Con libertad de jurisdicción, emita otro que puede ser en el mismo sentido o en uno distinto; pero de insistir en decretar la pensión provisional a favor de la actora, deberá expresar: La razón por la cual resulta procedente fijar la pensión alimenticia provisional en el momento procesal en el que se encuentra el juicio de origen. Así como exponer la fundamentación de su determinación. Asimismo, dentro del mismo plazo remita copias certificadas legibles de las constancias que acrediten dicho cumplimiento. Apercíbase a la citada autoridad responsable que, de no cumplir, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de ***, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero y 258, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone)". Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública6; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Devolución de anexos Finalmente, tomando en consideración que la autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, remitió copia certificada del expediente ***, de su índice, para apoyar su informe justificado; por tanto, al no existir trámite pendiente por acordar, devuélvase el mismo a la responsable de mérito, ya que carece de objeto su permanencia en este juzgado, sin necesidad de acusar de recibo, toda vez, que será la constancia de envío por la que se tenga recibiendo dicho tomo anexo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente expediente, se advierte que el veintiséis de septiembre del año en curso (foja 39), se emplazó a la parte tercera interesada ***, en representación de sus menores hijos L.A.B.A y A.E.B.A., sin que señalara domicilio en este municipio o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones. Ahora, el treinta y uno de octubre del año en curso, se dictó la sentencia definitiva en este juicio de amparo; sin embargo, no se aprecia que la misma se haya publicado; en consecuencia, se comisiona a la actuaria de la adscripción a fin de que notifique a la tercera interesada la sentencia emitida en este expediente, mediante lista de acuerdos. Notifíquese por lista electrónica." INSERCIÓN: "VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 843/2023, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. ***, por propio derecho, mediante escrito presentado en el buzón judicial instalado en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, turnado a este órgano jurisdiccional el treinta y uno siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el siguiente acto y autoridad responsable: AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. TITULAR DEL ÓRGANO SUPERIOR DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LA CIUDAD DE OAXACA. ACTO RECLAMADO: "ACTO RECLAMADO: Señalo el auto de fecha trece de julio del año dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente de número 259/2022 del índice del juzgado mixto de primera instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, por medio del cual el juez mixto de primera instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, fija una pensión alimenticia provisional a favor de la C. ***, del 12.5 por ciento sobre mi sueldo y demás prestaciones que percibo como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social y ordena se gire un oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para el efecto de que se me haga el descuento del 12.5 por ciento sobre mi salario y demás prestaciones por el concepto de pensión alimenticia provisional a favor de *** (.) emanado del expediente de número 259/2022 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LA PARTE QUEJOSA ESTIMA VULNERADOS. La parte quejosa considera transgredidos los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. a) En acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda por lo que respecta a la autoridad señalada como titular del Órgano de Operación Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Oaxaca; determinación que causó estado el dieciséis de octubre último. b) Asimismo, por lo que a hace a la diversa autoridad responsable juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, se admitió a trámite la demanda de amparo, se otorgó la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. c) En diligencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se emplazó a ***, en su carácter de tercera interesada a este juicio de amparo (foja 34). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia civil (controversia del orden familiar) y tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo e informe justificado, se advierte que ***, reclama: ? El acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 259/2022, en el cual se fijó una pensión alimenticia provisional a favor de Ana Karen Alemán García. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Para corroborar su dicho remitió copia certificada de las constancias deducidas del expediente 259/2022, de su índice, de las que se aprecia que en acuerdo de trece de julio del año en curso, fijó la pensión alimenticia que reclama el quejoso. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten los siguientes antecedentes: I. ***, por propio derecho y en representación de hijos de iniciales L. A. B. A. y A. E. B. A. mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, ante la oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, de los Juzgados Mixtos de Huajuapan de León, Oaxaca, demandó a *** (fojas 2 a 6 tomo anexo). II. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, radicó el juicio 259/2022, admitió la demanda, ordenó emplazar al demandado; asimismo, fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los niños, el 35% treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado (fojas 1, 13 a 19, tomo anexo). III. ***, mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, contestó la demanda promovida en su contra (fojas 62 a 65 tomo anexo). IV. En audiencia de carácter familiar de seis de julio de dos mil veintitrés, se aprobó el convenio definitivo realizado por las partes respecto a la guarda y custodia definitiva, así como convivencia de sus menores hijos con el progenitor no custodio; asimismo, solicitaron un plazo de veinte días para celebrar un convenio respecto a los alimentos. V. En acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, se acordó el escrito de la actora ***, en atención a ese escrito la autoridad responsable fijó una pensión alimenticia provisional a favor de la actora. Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, los cuales es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación; sin embargo, de estimarlo necesario se hará una síntesis de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.58/2010 visible en la página 830 del tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. ANÁLISIS DEL ASUNTO PLANTEADO. El quejoso en la demanda de amparo expone que la determinación de trece de julio de dos mil veintitrés, vulnera sus derechos fundamentales previstos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Agrega que se vulnera su garantía de seguridad jurídica toda vez que la autoridad responsable al decretar una pensión alimenticia provisional a favor de ***, viola las formalidades del procedimiento, ya que acuerda la pensión alimenticia que solicitó la parte actora con posterioridad al auto de radicación, alterando la litis del juicio de origen. Resulta fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" Dicho numeral prevé el derecho fundamental de audiencia previa, que constituye la oportunidad de defensa e impone la obligación de las autoridades de observar las formalidades esenciales del procedimiento, que se traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3) La oportunidad de alegar. 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Esos requisitos garantizan el derecho de la parte quejosa de ser oída y vencida en el procedimiento que dilucide algún derecho del cual es titular; es decir, tienen por objeto otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente a la emisión del acto reclamado. Sustenta ese criterio la jurisprudencia 47/95 , de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Dicho ordinal tutela el derecho fundamental a la seguridad jurídica que es la prerrogativa que tiene el gobernado de que una autoridad, previo al dictado de un acto de privación, cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. El principio de legalidad que también tutela dicho artículo, no es más que aquel derecho que tiene un gobernado de que el acto privativo emitido en su contra sea por parte de una autoridad legítimamente facultada para ello por la propia Constitución y por las leyes que así lo determinan. Además, todo mandamiento escrito de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, para que se pueda considerar válido; pues dicho mandamiento es emitido por un órgano del Estado con facultades de imperio, consistente en una decisión, ejecución, o ambas, que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado al cual se dirige. Para que se cumpla el imperativo constitucional de fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: a) Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b) Señalar de manera clara las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c) La existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). En el entendido de que para fundamentar una determinación, la autoridad en el propio cuerpo del acto reclamado, debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y para motivar, debe señalar con precisión las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Tal criterio, se sustenta en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y tres, del Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Registro: 238212, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." La exigencia de fundar en ley y motivar con base en los hechos, tiene como propósito que el gobernado conozca las circunstancias que circunscriben la actuación de la autoridad y la ley que condujo a ésta a emitir en su contra el acto de molestia; además, esté en aptitud de controvertirlos si considera que dichos fundamentos fueron incorrectos o los hechos no resultan acordes con la motivación citada; es decir, tiende a que el gobernado comprenda la situación en concreto y los preceptos de ley que establecen el supuesto, para que en ejercicio de sus prerrogativas esté en posibilidad de impugnarlo. En vinculación con los referidos preceptos constitucionales, se trae a colación lo que disponen los artículos 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que el juez responsable citó en el acuerdo reclamado: "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. ." "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. ." De los preceptos transcritos se advierte que los jueces en materia familiar se encuentran facultados para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja en los asuntos en que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar; por lo cual deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, lo cual deberá dictar en el plazo de cinco días. El segundo precepto legal señala que la pensión alimenticia provisional se dictará dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que se realice la petición respectiva. En el caso, le asiste la razón al quejoso, en virtud que de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que la actora en el juicio de origen ***, al promover la demanda contra el aquí quejoso, lo hizo por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales L. A. B. A. y A. E. B. A. Asimismo, la autoridad responsable en proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, radicó la demanda; y, proveyó respecto de la pensión alimenticia provisional, en la cual fijó a favor de los niños el treinta y cinco por ciento (35%) del salario que percibe el demandado. Sin embargo, en ese acuerdo no realizó ningún pronunciamiento respecto a la petición que, aduce la tercera interesada, realizó con la finalidad de fijar una pensión alimenticia a su favor. Sin que se aprecie que la referida tercera interesada se haya inconformado con esa determinación. Del juicio de origen, también, se aprecia que en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable en atención al escrito de ***, fijó una pensión alimenticia provisional a su favor, bajo el argumento que había incurrido en omisión al dictar el acuerdo inicial. Determinación que no se encuentra ajustada a derecho pues los artículos 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establecen que las providencias que en materia de alimentos se lleguen a dictar se hará dentro del plazo de cinco días, lo que en el caso no sucedió, pues dicho pronunciamiento se realizó ocho meses después del acuerdo de radicación de la demanda. En efecto, en la demanda presentada por ***, se advierte que en relación a la pensión alimenticia, lo hizo en los términos siguientes: "A).- El pago de una pensión alimenticia de forma provisional del cincuenta por ciento de sueldo y demás prestaciones que percibe mi esposo ***. B).- La Guarda y Custodia provisional de mis menores hijos de iniciales L.A. y A. E. de apellidos B. A. C).- La Guarda y Custodia provisional de mis menores hijos de iniciales L.A. y A. E. de apellidos B. A. D).- La Guarda y Custodia definitiva de mis menores hijos de iniciales L.A. y A. E. de apellidos B. A. E).- El pago de gastos y costas que originen el presente juicio por su tramitación ." Sin embargo, la autoridad responsable en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, aquí reclamado, no justificó por qué de las prestaciones antes transcritas se aprecia que la aquí tercera interesada también solicitó una pensión alimenticia a su favor; tampoco citó la fundamentación y motivación para enmendar una omisión; esto es, si se trataba de una regularización del procedimiento, tal que le permitiera hacer un pronunciamiento de esta naturaleza a pesar de no haberlo hecho en el momento procesal indicado por la ley. Bajo esas premisas, se concluye que el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable, en el juicio 259/2022, vulnera los derechos consagrados a favor de la parte quejosa en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge Alberto Barragán Herrera, contra el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés. En atención a lo anterior, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: 1. Deje sin efecto el proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio 259/2022. 2. Con libertad de jurisdicción, emita otro que puede ser en el mismo sentido o en uno distinto; pero de insistir en decretar la pensión provisional a favor de la actora, deberá expresar: a) La razón por la cual resulta procedente fijar la pensión alimenticia provisional en el momento procesal en el que se encuentra el juicio de origen. b) Así como exponer la fundamentación de su determinación. SÉPTIMO. LEY DE TRANSPARENCIA. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ***, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento a lo ordenado en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado auto Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de uno de septiembre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo, respecto a los actos reclamados al titular del Órgano de Operación Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Oaxaca, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; únicamente en la parte relativa al desechamiento de la autoridad señalada como responsable Titular del Órgano de Operación Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Oaxaca, lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. Notifíquese por lista electrónica."

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