Jorge Alberto López Pérez

Expediente 359/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
359/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
27/04/2015

Partes del expediente

  • Jorge Alberto López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 6 A PRAL. 359/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra en contra del auto dictado en este juicio, en el que se sobreseyó fuera de audiencia (fojas 27-29); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA el referido auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. En otro contexto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD) MESA 6 A PRAL. 359/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a treinta y uno de marzo de dos mil quince. Toda vez que este expediente se encuentra integrado con los informes justificados relacionados en proveído de veinticuatro del actual (foja 17), de los que se advierte que las autoridades mencionadas negaron categóricamente la existencia del acto que le reclama el quejoso JORGE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ, consistente en la orden de aprehensión, dictada en su contra y su ejecución. Ahora, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, por las consideraciones siguientes: Aun cuando los informes de cuenta, no se agregaron dentro de los ocho días que debe mediar, como prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente; resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece dicho numeral y resolver este juicio de amparo el nueve de abril próximo (foja 6) fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, de inexistencia de los actos reclamados, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Además, se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia, pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Ahora, aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que las responsables rindieran su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja insubsistente la audiencia constitucional señalada en este juicio (foja 6). Por otra parte, agréguese el alegato número 51/2015, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en su atención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos que hace valer. Con fundamento en los artículos 3°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo conducente y, 17 de la Constitución Federal, expídasele la copia que refiere. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    & MESA 6-A INC 359/2015 (INTERLOCUTORIA) TERCERO. Con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE INCIDENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que por haberse negado la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, el original de este expediente será DESTRUIBLE una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 131 y 136 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a JORGE ALBERTO LÓPEZ PÉREZ, la suspensión definitiva de los actos atribuidos a las autoridades responsables en términos del considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Notificacion para la parte tercera ineteresada Número de expediente: 960/2013 Acuerdo: ´´PRAL 960/2013 MESA 5 B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a trece de marzo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los mismos se advierte que el tercero interesado MARIO ENRIQUE HERRERA CORDERO, en su escrito presentado el dieciséis de febrero último (fojas 289 a 298), ofreció la prueba de informes, que deberá rendir, entre otro, el rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (foja 297); por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a dicho tercero, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de informes que ofreció. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 121 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, solicítese al rector de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, con residencia en la agencia municipal de Acatlima, Huajuapan de León, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que quede notificado de este auto, emita su respectivo informe en los siguientes términos: ".1.- .si efectivamente, en el año dos mil seis, se encontraba estudiando el C. WILLIAM MÉNDEZ MEZA, en esa Universidad a su cargo, en caso de ser positivo, remita copias debidamente certificadas de su expediente o cárdex, donde consta el acta de nacimiento, donde consta el certificado de preparatoria o bachillerato, y demás documentos personales de esta persona William Méndez meza, como estudiante. 2.- Para que informe la Licenciatura o ingeniería que se encontraba estudiando el C. WILLIAM MÉNDEZ MEZA, en esa Universidad a su cargo, en el año dos mil seis. 3.- Para que informe el semestre que se encontraba cursando el C. WILLIAM MÉNDEZ MEZA, en esa Universidad a su cargo, en el año dos mil seis." Se apercibe a la autoridad de referencia que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la tesis I.15o.A.8 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2077, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, materia común, novena época, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE PARA FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES ESTABLECE EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO, DE EXPEDIR LAS COPIAS O DOCUMENTOS QUE SOLICITEN LAS PARTES, DEBE ENTENDERSE REFERIDA TAMBIÉN A TERCEROS. El artículo 152 de la Ley de Amparo establece la obligación de los funcionarios y autoridades de expedir copias o documentos que las partes les soliciten para rendirlas como prueba en el juicio de amparo y autoriza al Juez de Distrito para requerirlos, en caso de que no lo hagan, previa petición del interesado. A su vez, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el juicio de garantías, determina que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier medio de convicción, ya sea que provenga de las partes o de un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Por consiguiente, la interpretación relacionada de esos preceptos legales permite arribar a la conclusión de que siendo la pretensión del legislador que las partes tengan una amplia posibilidad de probar sus afirmaciones, valiéndose de diversos medios, la obligación de mérito debe entenderse referida no sólo a funcionarios o autoridades, sino también a terceros, pues considerar que únicamente puede requerirse a aquéllos, impediría a las partes allegarse de medios de convicción que se encuentren en otros lugares o que un tercero pueda aportar para llegar al conocimiento de la verdad, limitando indebidamente la posibilidad de defensa de las partes. Empero, para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal de requerir a la autoridad o tercero omiso para que expida los documentos o copias que le fueron solicitados, es necesario que el interesado acredite, previamente, tanto que elevó la petición correspondiente, como la negativa del funcionario, autoridad o tercero para otorgar lo requerido." Por otra parte, vista la certificación de cuenta, que en el índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se encuentra radicado el juicio de amparo 1310/2013, promovido por WILLIAM MÉNDEZ MEZA, contra actos del Pleno del Consejo de Tutela para Menores Infractores en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, imprímase copia de la sentencia de sobreseimiento dictada el catorce de mayo de dos mil catorce en dicho juicio, así como del auto del día dieciséis de junio de dos mil catorce en el que se declaró ejecutoriado dicho fallo por no haber sido recurrida por las partes y agréguense al expediente en que se actúa; en términos del artículo 119 de la Ley de amparo, como prueba documental del tercero interesado MARIO ENRIQUE HERRERA CORDERO, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Por lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy (foja 326), se difiere y se fijan nuevamente las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA TRECE DE ABRIL PRÓXIMO, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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