Jordán Xavier Montaño Criollo y Otros.

Expediente 1076/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1076/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Jordán Xavier Montaño Criollo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera electrónica a este órgano jurisdiccional en esta propia fecha, que promovió *****, en representación de: 1. *****, menores de edad de iniciales 2. M.J.M.C., 3. B.A.M.C., 4. *****, 5. *****, y 6. *****, contra actos del Representante del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1076/2023, y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Incompetencia Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La parte quejosa señala como autoridades responsables al: Representante del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California. Sub-representante del Instituto Nacional de Migración, en el aeropuerto de Tijuana, Baja California. Sub-representante del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California. Titular o Encargado en Funciones del Área Jurídica del Instituto Nacional De Migración Dependiente de la Secretaria de Gobernacion, en el Municipio de Tijuana, Baja California. Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. Y, como actos reclamados los siguientes: "1) Reclamo DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO de los quejosos en particular, basada en criterios discriminatorios, expresamente prohibidos por el artículo 1° de la constitución política de los estados unidos mexicanos con fines de deportación, lo que se traduce en la privación ilegal de libertad por ser migrante. 2) La INCOMUNICACIÓN. Por retención en el aeropuerto. 3) El TRASLADO de estación migratoria con fines de expulsión. 4) La negación de liberar el oficio de salida de la estación migratoria. 5) Reclamo la inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de Ley de Migración en aplicación al precedente obligatorio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación; al resolver le amparo en revisión 388/2022. 6) La negativa de devolver los documentos de identificación. 7) Actualmente detenido, retenido, bajo custodia, encarcelado, o como las responsables quieran denominar su condición legal, en la estación migratoria multicitada, alegando las mismas, que es una medida administrativa, tal vez formalmente, pero materialmente es una medida carcelaria. 8) la falta de fundamentación y motivación de la excesiva e inconstitucional garantía por el concepto de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m. n.) que solicitan las responsables al quejoso, para poder salir amparados bajo el artículo 102 de la ley de migración. 9) El traslado a domicilio desconocido. 10) La falta de atención médica en el internamiento forzado en la estación migratoria." Atento a los actos reclamados en este juicio de amparo, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primero párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que los quejosos, se encuentran detenidos en la Estación Migratoria residente en Tijuana, Baja California; por tanto, los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en ese lugar y, en consecuencia, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver este asunto. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar expresamente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". La interpretación del artículo transcrito, lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, que son: a) Corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces federales ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en esos lugares. c) Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que para establecer la competencia de un Juez de Distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. El legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da un regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución materia, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, lo será aquél donde se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la Estación Migratoria donde se encuentren recluidos los peticionarios de amparo. Por tanto, si dicha estación Migratoria donde se encuentran recluidos los quejosos, se ubica en Tijuana, Baja California, se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Como apoyo a lo anterior, se cita por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, página 5, Materia(s): Penal, con registro digital 178232, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Asimismo, por identidad de razón, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, Materia(s): Común, con registro digital 2006160, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Como ya se precisó, en Baja California, Tijuana, ejercen jurisdicción territorial, conforme con lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, como este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda presentada vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana, a fin de que proceda conforme a sus facultades legales, quien determinará si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente vía interconexión, y fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas. Suspensión de plano. Con apoyo en los artículos 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos de la privación de la libertad de los quejosos: 1. ******, menores de edad de iniciales 2. M.J.M.C., 3. B.A.M.C., 4. *****, 5. *****, y 6. ****** fuera de todo procedimiento, detención, incomunicación, la orden de traslado a otra delegación migratoria y la orden de deportación en contra del referido impetrante; así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: 1. Cesen de inmediato y no se lleven a cabo dichos actos o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de los directos agraviados 1. ******, menores de edad de iniciales 2. M.J.M.C., 3. B.A.M.C., 4. *****, 5. *****, y 6. ******. 2. Conforme a lo dispuesto por el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los directos agraviados 1. ******, menores de edad de iniciales 2. M.J.M.C., 3. B.A.M.C., 4. *****, 5. *****, y 6. ******, QUEDEN EN INMEDIATA LIBERTAD Y SIN DEMORA, aun cuando se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, en cuyo caso, es pertinente asegurar el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo migratorio competencia de la autoridad responsable. 3. Ello sin perjuicio de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, los quejosos puedan ser posteriormente detenidos o permanezcan a disposición de cualesquiera autoridades administrativas para la continuación de algún procedimiento de su competencia, o carpeta de investigación que en su caso se le instruya, desde luego, con respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros, y sin que la suspensión de plano decretada, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, en virtud de que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. 4. Las autoridades responsables deberán permitir el acceso y comunicación con sus defensores o personas que legalmente los representen, por cualquiera de los medios permitidos conforme a la normativa de dicho centro de migración, pues de lo contrario se podría ver afectada la defensa a que tiene derecho. 5. En ese contexto, con fundamento en el artículo 164, en vinculación con el 168, primer párrafo y 150, todos de la Ley de Amparo, para el supuesto de existir algún procedimiento migratorio, en los términos señalados, se imponen las siguientes medidas alternativas: i) Los directos quejosos 1. ******, menores de edad de iniciales 2. M.J.M.C., 3. B.A.M.C., 4. *****, 5. *****, y 6. ******, al momento de ser puestos en inmediata libertad, deberá proporcionar un domicilio en el lugar de residencia del Juzgado de Distrito; ii) Asimismo, en el plazo de tres días, deberán exhibir carta responsiva de ciudadano u organización social mexicana; iii) Deberán presentarse ante las autoridades migratorias, las veces que sea citados o requeridos para la continuación del procedimiento respectivo, además de llevar a cabo los trámites y gestiones que dicha autoridad les indique; y, iv) Los directos quejosos no deberá abandonar la demarcación territorial de su residencia sin autorización previa. Ahora bien, al tratarse de la suspensión de plano y de oficio del acto reclamado, y dada la realidad social y económica del migrante, se prescinde del ofrecimiento de la garantía económica a que hace referencia el precepto legal en consulta. Con fundamento en los artículos 15, 20, 22, 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, informen sobre el cumplimiento de esta resolución, para lo cual deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, con fundamento en los diversos numerales 237, fracción I, 2381 y 259 de la indicada legislación, se les sancionará con multa de cincuenta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Con independencia de lo anterior, hágase saber a las responsables que de no obedecer la presente determinación se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Cabe puntualizar, que en relación al cumplimiento de la suspensión de oficio de los actos reclamados, las autoridades responsables, deberán adoptar las medidas necesarias a fin de respetar los derechos fundamentales a que se refiere la medida aquí decretada de los quejosos, y subsiguientemente, asegurar el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado de Distrito, respecto de dichos actos reclamados. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, con independencia de lo expuesto en el párrafo que precede, para el caso de que los quejosos se encuentren detenidos en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, esto es, si se encontraran a disposición del Agente del Ministerio Público en cumplimiento a una orden de detención, ello daría lugar a que se resuelva su situación jurídica en un plazo de cuarenta y ocho horas, o de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención de los quejosos, y en su caso sean puestos de inmediato ante la autoridad judicial correspondiente, o en su defecto ordenar su libertad. Asimismo, si los quejosos fueron detenidos y puesto a disposición del Ministerio Público, por caso urgente, daría lugar a que se les deje en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. De la misma manera, si la detención de los directos agraviados obedece a un mandato judicial de orden de aprehensión o reaprehensión, las autoridades responsables deberán de inmediato ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente. Traslado. Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo, tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos de la Ley de Ampro, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado a otro centro o estación migratoria, para el efecto de que la autoridad responsable no ejecute en perjuicio de la parte quejosa acto que importe su traslado a otro centro o estación migratoria de aquel en donde se encuentra; lo anterior, hasta en tanto, se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Esta suspensión es acorde a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el recurso de queja 452/2022, de su estadística, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, ya que resulta aplicable al caso, pues en esa resolución se analizó un caso similar al planteado en la demanda de amparo, lo que impone a este juzgado adoptar dicho criterio. Aclaración sobre los efectos de la suspensión de plano En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se precisa que ESTA MEDIDA CAUTELAR NO SURTIRÁ EFECTOS si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, existe una diversa determinación emitida en otro juicio de amparo, donde se haya proveído sobre la suspensión de plano de los mismos actos reclamados y se contraponga con lo aquí ordenado. Se hace del conocimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s) que puede(n) remitir su informe a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, previo cercioramiento de que se encuentre debidamente completo y legible, confirmando al número 9515023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar que haya lugar. Con las constancias conducentes, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este Juzgado, por lo que, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo, como lo solicita, las notificaciones aun personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis aislada XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1067, con registro digital 195064, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese personalmente por lista electrónica, a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

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