Jordi de Jesús Sedeno García

Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Jordi de Jesús Sedeno García

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintisiete de enero del año en curso, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    León, Guanajuato, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. I. Defensora Pública acepta cargo. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por Juliana Torres Dothe, y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de catorce de febrero de la presente anualidad, toda vez que acepta y protesta el cargo de defensora pública del aquí quejoso privado de la libertad Jordi de Jesús Sedano García. Como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen en el correo electrónico jtorresd@cjf.gob.mx, el cual se encuentra registrado con el usuario Jultodo1202, en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones de carácter personal que se dicten en el presente juicio. Sin que se acuerde su solicitud de notificación a los diversos correos electrónicos que proporciona (defensoria2ns@hotmail.com y karla.garcia.zamora@correo.cjf.gob.mx), a fin de tener certeza en su realización. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos en los términos anteriormente apuntados. Asimismo, se le tiene señalando correos electrónicos, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensora pública y/o asesora jurídica. Hágase del conocimiento del quejoso que le fue asignada como defensora pública y/o asesora jurídica para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo a la licenciada Juliana Torres Dothe, para los efectos legales a que haya lugar. III. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto al directo quejoso privado de su libertad, como a la defensora y/o asesora antes citado, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso. Resulta orientadora la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de Mayo de 2019, Décima Época, registro 2019918, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tengaasignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable". IV. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. V. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del interno de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, se faculta al actuario judicial para que realice la notificación de este proveído por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia. Finalmente, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez notificado de forma personal el presente proveído, notifique a la defensora Juliana Torres Dothe, el auto dictado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, a fin de que manifieste lo que a su representación legal convenga. Notifíquese personalmente a la Defensora Pública Federal Juliana Torres Dothe, y al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Designación de representante y/o asesora jurídica. Agréguese a los autos el oficio cuenta que remite la titular de la Delegación en Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la capital, por medio de cual cumple el requerimiento que se le formuló, pues al efecto designa a la licenciada ************, para que represente y asesore jurídicamente al quejoso ***********, dentro del juicio de amparo en que se actúa. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19, se acuerda su contenido. Se requiere aceptación y protesta de cargo conferido. Finalmente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Amparo, requiérase a la licenciada ***********, en las instalaciones que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública de esta ciudad, para que dentro del término legal de tres días, acepte y proteste el cargo antes referido, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma criptográfica; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus SARSCoV- 2.

  4. Principal

    Autoridad remite demanda de amparo. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama: Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el presente asunto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, que dispone lo siguiente: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ************************** (.)." Para arribar a tal aserto, conviene acotar que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, y comparece ante la presente instancia constitucional a reclamar las ordenes de traslado del Centro Penitenciario de Readaptación Social de "Zamora" en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al diverso Centro Penitenciario Federal Número 6, Sureste Huimanguillo, Tabasco, y de este, al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, en el que se encuentra actualmente recluido. Empero, dicho acto, previo a ser reclamado por la vía constitucional, debe ser impugnado ante el juez de Ejecución o de Control, según se trate, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios ordinarios de defensa, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: ********************************************. Por tanto, se determina que el quejoso, previo a acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues al enterarse de las órdenes de traslado reclamadas tenía la posibilidad de impugnarlas ante el Juez de Ejecución o de Control, según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles, como si intentara la acción de amparo. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. A lo que se suma que la impugnación de la orden de traslado reclamada, emitida por autoridades administrativas, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional, con lo que se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley. Por su parte, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene, del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad inexcusable revocar, nulificar o modificar los hechos, actos u omisiones relacionados con las órdenes de traslado -ya sean voluntarios, involuntarios, excepcionales o urgentes- emitidas con control judicial, previo o posterior a su ejecución, lo que implica que tales medidas de traslado puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la persona privada de libertad o en virtud de un control de legalidad ejercido de manera oficiosa por la autoridad judicial, aunado a que la propia norma prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses del recluso, lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa. A su vez, al considerarse la viabilidad de la suspensión respecto de una cuestión de carácter urgente, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, tal como lo disponen los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de oficio o a petición de parte, el juez de ejecución de forma inmediata suspenderá el hecho o acto que motivó la controversia, así como los efectos que tuviere, en aras de salvaguardar la subsistencia de la materia del recurso hecho valer, hasta en tanto resuelva en definitiva la legalidad de la medida de traslado que ahí se impugne, todo lo cual pone de manifiesto que se satisface plenamente la exigencia señalada en la causal de improcedencia en análisis. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Las consideraciones emitidas en la presente resolución, se encuentran contenidas en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. VI. Se solicita designación de defensor público. Como lo solicita el quejoso en cuanto a que se le designe un defensor público, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos y/o asesores jurídicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." En consecuencia, una vez que se cuente con la designación del defensor público que represente al quejoso, previa protesta y aceptación del cargo conferido, notifíquesele el presente proveído para los efectos legales conducentes. VII. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. X. Instrucción en torno a la notificación personal del quejoso privado de su libertad. Por cuestiones de seguridad e higiene, para salvaguardar la integridad tanto del quejoso de mérito, privado de la libertad, como del funcionario que le notifique el presente proveído, en los términos precisados en párrafos precedentes, se faculta al actuario judicial para que realice la encomienda por los medios electrónicos habilitados e implementados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; a fin de evitar riesgos en la salud de los justiciables, y personal actuante; lo anterior, en términos del acuerdo 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. XI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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