Jonathan Ysmael Gamiño Anguiano

Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Ysmael Gamiño Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 15 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Causa Estado auto de treinta de junio de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar el presente expediente, en virtud de que: Se sobreseyó en el juicio de amparo. Se decretó la suspensión de plano. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. V. Se ordena generación de versión pública de sentencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general."

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Quejoso cumple requerimientos. Agréguense a los autos el escrito y anexos que presenta el quejoso Jonathan Ysmael Gamiño Anguiano, mediante los cuales cumple con los requerimientos que se le formularon el ocho de julio del año en curso; en tal virtud, se provee: II. Fijación de la litis. De la lectura de la demanda de amparo, escritos aclaratorios y anexos, se advierte que el quejoso reclama del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y secretaria de su adscripción, el auto de ocho de junio de los corrientes, emitido en la etapa de ejecución de convenio, dentro del expediente número 10455/2019, en el que no accedió a su solicitud consistente en girar oficios a diversas dependencias con la finalidad de obtener el domicilio de la parte patronal, en razón a que la parte promovente es quien debe proporcionar los medios necesarios para ejecutar dicho convenio. III. Se desecha la demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, en el presente caso se estima que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso no agotó el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del Trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." Como puede observarse, el juicio de amparo es procedente contra actos definitivos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, fuera de juicio o después de concluido; serán actos definitivos aquellos en contra los cuales ya fueron agotados los recursos que con arreglo a la ley aplicable al caso concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto no sea definitivo, es decir, cuando no se agotó en su contra el recurso ordinario que proceda, dado que a través de dicho medio de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado. El principio de definitividad, rector del juicio de amparo, debe cumplirse previo a promover el juicio de amparo y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rige el acto que se reclama, salvo las excepciones previstas. Cabe precisar que el recurso, juicio o medio de defensa que debe tener a su alcance el gobernado, para impugnar una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, debe ser el idóneo y procedente para revocar, nulificar o modificar el acto o la determinación impugnada. En ese sentido, los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." De la interpretación de los numerales transcritos, se desprende que en los juicios laborales es procedente el recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes de las Juntas o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos y convenios. Medio de impugnación del que conocerá la Junta correspondiente y que resulta eficaz para modificar el auto recurrido. En el caso, el acto reclamado al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y secretaria de su adscripción, se hace consistir en el auto de ocho de junio de los corrientes, emitido en la etapa de ejecución de convenio, dentro del expediente número 10455/2019, en el que no accedió a la solicitud del quejoso consistente en girar oficios a diversas dependencias con la finalidad de obtener el domicilio de la parte patronal, en razón a que la parte promovente, aquí impetrante, es quien debe proporcionar los medios necesarios para ejecutar dicho convenio. Auto que de conformidad con lo dispuesto por los normativos laborales examinados, puede ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revisión, al haber sido dictado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, es decir, por un funcionario legalmente habilitado, en la etapa de ejecución de convenio, sin que de las constancias allegadas al presente juicio de amparo se advierta que el directo quejoso lo haya hecho valer; por tanto, el acto reclamado no es definitivo, y en consecuencia, no es apto para su estudio constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que antes de promover el presente juicio en contra del acto reclamado, el quejoso tenía la carga de agotar el recurso de revisión, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y, al no haberlo hecho, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste resulta improcedente. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, ni se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, aunado a que el peticionario del amparo no es tercero extraño al expediente natural, sino parte dentro del mismo. En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." El criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro: "RESOLUCIONES, DEFINITIVIDAD DE LAS. La condición de definitividad de una resolución, no puede hacerse consistir en que haya sido, o no, notificada al interesado, pues lo que caracteriza a una resolución definitiva, es la circunstancia de que no existan ya recursos ordinarios conforme a los cuales pueda ser revocada, modificada o confirmada." Así como la jurisprudencia número VI.2º.C.J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, es evidente que se actualiza el motivo de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO 08 DE JULIO DE 2022, QUE REZA: SE REQUIERE NUEVAMENTE.

  4. Principal

    Cuenta. En seis de julio de dos mil veintidós, la licenciada María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial de demanda, hago constar que la presente promoción, con número de registro 11138, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.

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