Jordi de Jesús Sedano García

Expediente 1166/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1166/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Jordi de Jesús Sedano García

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: ? Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    Defensora pública federal acepta cargo. Agréguese a los autos el ocurso y anexos que remite la defensora pública federal Citlalli Elizabeth Saucedo Cárdenas, mediante los cuales acepta y protesta el cargo de defensora pública y/o asesora jurídica del quejoso Jordi de Jesús Sedano García, dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se le tiene por aceptando y protestando el cargo conferido, para los efectos legales procedentes. Asimismo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, toda vez que el nombre de usuario que proporciona (ifdpsaucedo), se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio, al usuario antes mencionado. En consecuencia, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta y notificación electrónica, en los términos apuntados con antelación. II. Se ordena notificación personal a defensor público federal. A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso Jordi de Jesús Sedano García, se ordena notificar personalmente a la defensora pública federal Citlalli Elizabeth Saucedo Cárdenas, el auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Se propone defensora pública federal. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el encargado del Despacho de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, propone a la licenciada ***************, defensora pública federal, para que asuma la representación del quejoso **************, dentro del juicio de amparo en que se actúa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Amparo, requiérase a la defensora pública federal ****************, para que dentro del término legal de tres días, acepte y proteste el cargo conferido por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar, preferentemente, de manera electrónica, en el que deberá constar su firma electrónica. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, se acuerda su contenido.

  4. Principal

    Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del examen relacionado de la disposición transcrita, se desprende que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los juzgados de distrito. En el caso a estudio, se advierte que el quejoso reclama la omisión por parte del Juzgado responsable (Juez de Distrito en turno, en el Juzgado de San Andrés Tuxtla, Veracruz XIX Distrito Judicial) de darle contestación a los escritos que envió en data uno de septiembre de dos mil veintidós, y diversos, a través de los cuales solicitó se le proporcionaran copias certificadas de su expediente C.P. 267/2013, del índice de dicho órgano jurisdiccional, argumentando transgresión al artículo 8° constitucional. De lo anterior, se desprende que resulta improcedente el análisis de la demanda de amparo planteada por el quejoso, en virtud de que, de conformidad con los criterios citados, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud dentro de un procedimiento de carácter judicial, en este caso, la causa penal que se le instruye en el Juzgado que señala como responsable. Motivo por el cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión. Ahora bien toda vez que la parte quejosa solicita que se le designe un defensor público; por tanto, a fin de proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos y/o asesores jurídicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente a la parte quejosa. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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