Jonathan Giovani Pérez García

Expediente 973/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
973/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Giovani Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Ejecutoria Vistos los autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Archivo, relevancia documental y destino del expediente En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notificación Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Firma y envío de oficios Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no formuló la ampliación de demanda correspondiente al Director de Averiguaciones Previas y Procesos, contenida en auto de veinticuatro de agosto pasado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y se resuelve este juicio de amparo en los términos planteados en la demanda de amparo que lo originó. De la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa los constituyen: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO ORDENADORAS Y EJECUTORAS, RECLAMO LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO DE QUE ES EL OBJETO EL CIUDADANO ***quien además se encuentra incomunicado, bajo torturas en el CUARTEL GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA. LOS EFECTOS QUE SE SIGAN GENERANDO COMO CONSECUENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO QUE ANTECEDE." Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y de las constancias que integran este juicio de amparo, se aprecia que: A) Se encuentran rendidos los informes justificados por las autoridades responsables: COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. (FOLIO 12457) COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE OAXACA. (FOLIO 12457) COMISARIO CALIFICADOR EN TURNO ADSCRITO A LA POLICÍA ESTATAL. (FOLIO 13210) Quienes al rendir su informe con justificación, negaron categóricamente la existencia del acto que les reclama la parte quejosa, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba que desvirtuara esa negativa, a pesar de haber tenido conocimiento del contenido de los informes. Por consiguiente, procede sobreseer en el juicio respecto de las precitadas autoridades responsables, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y conforme al sexto transitorio de dicha ley, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, con registro 1002350, de título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". B) Por otra parte, del informe justificado rendido por la diversa autoridad responsable Comandante del Segundo Turno de la Policía Municipal de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Ahora, en el caso, de la constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, consistente en la copia del oficio MSRJ/SM/344/2022, de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, signado por la Comandante del Segundo Turno de la Policía Municipal de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, se advierte la existencia del informe policial homologado, el cual fue entregado al fiscal en turno de la Fiscalía General del Estado. Asimismo que, la detención se realizó por hechos equiparados a la flagrancia y, que el directamente agraviado fue puesto a disposición del fiscal investigador, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; tal como también le fue informado al actuario adscrito, el veinticuatro de agosto de este año. De ahí que en el caso los actos reclamados señalados en párrafos que anteceden, han cesado en sus efectos. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, respecto la incomunicación que alega la parte quejosa, las autoridades responsables negaron su existencia, lo que se corrobora con las constancias que integran este expediente, toda vez que de las mismas se desprende que la detención fue para ponerlo a disposición del fiscal investigador, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; encontrándose actualmente sujeto a un procedimiento penal. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados en términos del punto A) de este auto y, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas en términos del punto B), procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio, de conformidad con los artículos 63, fracción IV y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6° transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En consecuencia, resulta innecesario esperar a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -veintiséis de octubre de dos mil veintidós-; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que del contenido de los informes justificados rendidos por la autoridades responsables en los términos antes precisados, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dictará en este asunto, sería el mismo (sobreseer). De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a un acceso a la justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 973/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no formuló la ampliación de demanda correspondiente al Director de Averiguaciones Previas y Procesos, contenida en auto de veinticuatro de agosto pasado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y se resuelve este juicio de amparo en los términos planteados en la demanda de amparo que lo originó. De la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa los constituyen: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO ORDENADORAS Y EJECUTORAS, RECLAMO LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO DE QUE ES EL OBJETO EL CIUDADANO ***quien además se encuentra incomunicado, bajo torturas en el CUARTEL GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA. LOS EFECTOS QUE SE SIGAN GENERANDO COMO CONSECUENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INCISO QUE ANTECEDE." Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y de las constancias que integran este juicio de amparo, se aprecia que: A) Se encuentran rendidos los informes justificados por las autoridades responsables: COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. (FOLIO 12457) COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE OAXACA. (FOLIO 12457) COMISARIO CALIFICADOR EN TURNO ADSCRITO A LA POLICÍA ESTATAL. (FOLIO 13210) Quienes al rendir su informe con justificación, negaron categóricamente la existencia del acto que les reclama la parte quejosa, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba que desvirtuara esa negativa, a pesar de haber tenido conocimiento del contenido de los informes. Por consiguiente, procede sobreseer en el juicio respecto de las precitadas autoridades responsables, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y conforme al sexto transitorio de dicha ley, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, con registro 1002350, de título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". B) Por otra parte, del informe justificado rendido por la diversa autoridad responsable Comandante del Segundo Turno de la Policía Municipal de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Ahora, en el caso, de la constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, consistente en la copia del oficio MSRJ/SM/344/2022, de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, signado por la Comandante del Segundo Turno de la Policía Municipal de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, se advierte la existencia del informe policial homologado, el cual fue entregado al fiscal en turno de la Fiscalía General del Estado. Asimismo que, la detención se realizó por hechos equiparados a la flagrancia y, que el directamente agraviado fue puesto a disposición del fiscal investigador, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; tal como también le fue informado al actuario adscrito, el veinticuatro de agosto de este año. De ahí que en el caso los actos reclamados señalados en párrafos que anteceden, han cesado en sus efectos. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, respecto la incomunicación que alega la parte quejosa, las autoridades responsables negaron su existencia, lo que se corrobora con las constancias que integran este expediente, toda vez que de las mismas se desprende que la detención fue para ponerlo a disposición del fiscal investigador, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; encontrándose actualmente sujeto a un procedimiento penal. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados en términos del punto A) de este auto y, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas en términos del punto B), procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio, de conformidad con los artículos 63, fracción IV y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6° transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En consecuencia, resulta innecesario esperar a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -veintiséis de octubre de dos mil veintidós-; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que del contenido de los informes justificados rendidos por la autoridades responsables en los términos antes precisados, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dictará en este asunto, sería el mismo (sobreseer). De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a un acceso a la justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que: a) El plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, transcurrió del uno al seis de septiembre actual; sin que hiciera manifestación alguna respecto de las autoridades denominadas por la parte quejosa como: 1) ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL DEL ESTADO DE OAXACA y, 2) ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO JALPAN, OAXACA, a pesar de haber quedado notificada, como se corrobora con la constancia integrada en autos; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada la parte quejosa en dicho acuerdo y se dejan de tener como responsables en este juicio de amparo a dichas autoridades, cesando toda clase de comunicación con ellas. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." b) El plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, respecto a la prevención del acto reclamado indicado como tortura, transcurrió del uno al ocho de septiembre actual, sin que efectuara manifestación alguna al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y la demanda de amparo se continuará únicamente por los actos preciados en el numeral I del acuerdo precitado. Se difiere audiencia Finalmente, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa para que manifieste si amplía su demanda de amparo respecto de la Dirección de Averiguaciones Previas y Proceso; por ello, para no dejarla en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración vía remota. Notifíquese por lista electrónica.

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