Jonathan Galileo Gurrusqueta Noriega y Otros.
Expediente 923/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Martín Alonso Bustos Rodríguez y Otros.
- Jonathan Galileo Gurrusqueta Noriega y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 923/2022 I 1, promovido por **, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el once de octubre de dos mil veintidós, turnado el mismo día a este juzgado, **, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de la Encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte en sus denominaciones correcta y Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal del Distrito, Zona Norte, todos en esta ciudad, a quienes reclamó: IV. Acto Reclamado La inconstitucional detención, aprehensión o presentación incluso forzosa que se ha realizado en perjuicio de mi esposo **, trastocando los supuestos preceptuados por los ordinales 14, 16 correlacionados con el numeral 1º de la Ley de Amparo. Segundo. Tramitación de la demanda. En auto de once de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de referencia con el número de juicio 923/2021I; se concedió la suspensión de plano y se mandó ratificar. Tras constituirse la actuaria el propio once de octubre del año en curso, alrededor de las veinte horas con cincuenta y cinco minutos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Chihuahua Zona Norte, en esta ciudad, y en presencia de los directamente agraviados **, ratificaron la demanda presentada en su representación. Atento a lo anterior, mediante auto de trece de octubre del año en curso, se admitió a trámite, se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. Tercero. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tiene lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio, se colige que los quejosos reclaman la incomunicación, malos tratos, orden de detención, aprehensión o presentación, así como su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte en sus denominaciones correctas todos en esta ciudad, negaron los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, malos tratos, detención arbitraria, aprehensión y presentación. De igual forma, por su parte la Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal del Distrito, Zona Norte, negó los actos que se le atribuían respecto a la incomunicación, malos tratos, aprehensión y presentación. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiere exhibido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal del Distrito, Zona Norte, al rendir su informe justificado manifestó que en efecto los quejosos **, fueron detenidos el once de octubre de dos mil veintidós, a las quince horas con cuarenta minutos, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Zona Norte, e internado para su resguardo en el Centro de Detención Provisional, y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad de Personas y la Fe Pública y Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas Narcomenudeo, ambos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, respectivamente, por aparecer como probables responsables el primero de ellos del Delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares y el segundo por la probable comisión del Delito contra la Salud, en su modalidad de narcomenudeo. Ahora bien, de las documentales anexas al informe justificado, se desprende que los quejosos de mérito obtuvieron su libertad el trece de octubre del año en curso. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Por lo tanto, el acto consistente en la detención de los quejosos se tiene como fehacientemente demostrado. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, la que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo * significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito depositado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el once de octubre de dos mil veintidós, turnado el mismo día a este juzgado, **, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de la Encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte en sus denominaciones correctas y Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal del Distrito, Zona Norte, todos en esta ciudad, de quienes reclamó la incomunicación, malos tratos, orden de detención, aprehensión o presentación, así como su ejecución y, una vez ratificada la demanda de amparo, mediante auto de trece de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda. Ahora, de las documentales anexas al informe justificado rendido por la Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal del Distrito, Zona Norte, se advierte que respecto al quejoso ** emitió la siguiente resolución: Número Único de Caso: 37 20220031640 RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL INEXISTENCIA DE DELITO En la Ciudad de CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 13 DE Octubre del 2022, visto el contenido de la carpeta de investigación número 31640/2022, formada con motivo de los hechos constitutivos de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA encontrándose como consignado ante esta autoridad el C. ** en la que se advierte lo siguiente: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Del resultado del estudio de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, se desprende que los hechos NO CONSTITUYEN DELITO alguno, toda vez que el tipo penal del delito de CONTRA LA SALUD descrito en el artículo 477 de la LEY GENERAL DE SALUD, en relación al artículo 478 en el cual se establece que el Ministerio Público NO DEBERA EJERCER ACCION PENAL por el delito establecido en el numeral 477 en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla referida en el numeral 479 de la misma Ley, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de la referida Ley. Así mismo se notifica al consumidor es y a la autoridad e instituciones competentes a efecto de que reciba orientación o tratamiento médico para la prevención de la farmacodependencia. Y de los datos derivados de la carpeta de investigación obra análisis químico instrumental del cual se desprende que el consignado ante esta autoridad, por lo que respecta a la posesión del narcótico no excede de la establecida en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, toda vez que dentro de la carpeta de investigación obra análisis químico instrumental de fecha 12 DE OCTUBRE DEL 2022 signado por el químico **, quien dictamina que en relación a la evidencia asegurada identificada como indico 1 aseguradas al C.** se determinó un peso recibido como peso bruto de 0.4724 gr y peso neto 0.3132 gr y que corresponde al narcótico conocido como COCAÍNA, y a decir que no excede lo que se considera un consumo personal. Por consiguiente, ante la inexistencia del delito en estudio, por no actualizarse uno de sus elementos típicos; es de resolverse como en efecto: SE R E S U E L V E PRIMERO. Se ordena EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, respecto de los hechos por lo que fue consignado el indiciado de nombre C. **, ante esta Fiscalía General del Estado Zona Norte; por tanto esta institución se abstiene de toda investigación en relación con los hechos presentes, por considerar NO SON CONSTITUTIVOS DE DELITO alguno; atendiendo a lo que disponen los artículos 253, 255 y 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás relativos a la Ley General de Salud. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 478 de la Ley General de Salud se ordena dejar sin efecto la detención del C. **ya que esta Representación social no pretende ejercitar acción penal en contra de la primera ordenándose su inmediata libertad por la investigación de los hechos materia de la presente causa. TERCERO: A efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el anterior numeral, se ordena girar atento oficio al C. Coordinador de la Unidad Central de Detención Zona Norte, a fin de que se sirva poner en libertad a C. ** quien se encuentra detenido en los separos de dicha corporación y a disposición de ésta Fiscalía. CUARTO. Se ordena girar atento oficio al Director de la Jurisdicción Sanitaria en esta Ciudad, a fin de que promueva la correspondiente orientación médica o de prevención a favor del imputado **. QUINTO. Procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema de Control Administrativo. SEXTO. Déjese sin efecto el aseguramiento del narcótico de fecha 11 DE OCTUBRE DE 2022, realizado por el Agente DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, **. SÉPTIMO. Se ordena la destrucción, con autorización o intervención de las autoridades correspondientes, previa levantamiento de acta que conste naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características del estupefaciente, por lo que se ordena su destrucción. Lo anterior con fundamento a lo establecido en los artículos 21 Constitucional, 479 y 480 de la Ley General de Salud, 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 112 y 113 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Ahora bien, en relación al diverso quejoso **, por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, se acordó lo siguiente: Número Único de Caso: 37 20220031646 Acuerdo de Libertad de Persona Retenida ante el Ministerio Público Acuerdo. En Ciudad Juárez, Chih., siendo las 18:34 horas del día 13 de octubre del año 2022, el suscrito LIC. **, Agente del Ministerio Público adscrito a la UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE PELIGRO CONTRA LA PAZ, SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA FE PÚBLICA, actuando dentro de la carpeta de investigación al rubro indicada iniciada por el delito de DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES y: CONSIDERANDO PRIMERO. Según se puede advertir de los antecedentes que obran en el expediente de la carpeta de investigación: En primer término se cuenta con el acta de aviso signada por los agentes captores así como con el informe policial homologado en el cual se cuenta grosso modo las circunstancias del ilícito que nos ocupa, es decir que no fue cometido con medios violentos. Obra oficio signado por el licenciado **, Coordinador de antecedentes penales y archivo en el cual se indica que los imputados no cuentan con antecedentes penales. SEGUNDO. El artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, ""en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección." TERCERO. En el caso particular, es procedente ordenar la libertad de **, en razón de que esta representación social no pretende solicitar en su contra prisión preventiva como medida cautelar, toda vez que se desprende de los datos de prueba que el ilícito no fue cometido con medios violentos, no está catalogado como delito grave, los imputados no cuentan con antecedentes penales y ante esta autoridad proporciono un domicilio a efecto de ser citado con posterioridad. SE RESUELVE PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena la inmediata libertad del detenido en cuestión, sin perjuicio de que continué la investigación. SEGUNDO. Gírese oficio al área de Custodia de Detenidos para que ejecute la presente determinación. TERCERO. Prevéngase al imputado **, del contenido de la presente resolución y de las consecuencias de su incumplimiento. Así lo resolvió y firma el Lic. **, Agente del Ministerio Público adscrito a la UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS DE PELIGRO CONTRA LA PAZ, SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA FE PÚBLICA. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal del Distrito, Zona Norte, informó que los quejosos obtuvieron su libertad el trece de octubre de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en párrafos precedentes; por ende, el acto reclamado consistente en la detención reclamada, cesó sus efectos; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. También resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por**, en contra de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Alegatos Por otro lado, agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. En consecuencia, téngase al representante social de la federación formulando los alegatos contenidos en el escrito de cuenta, mismos que, serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedente se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Solicitud de copias Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en proveído de once de octubre del año en curso, en el que se autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Informa adscripción de titular En este sentido, es necesario acotar que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguense a los autos los informes justificados, rendidos por el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (en su denominación correcta de Coordinador Regional de la División en Investigaciones de la Policía Estatal Investigadora, Distrito Norte); Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (en su denominación correcta de Coordinador adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Policía Estatal Investigadora, Distrito Norte), y la Coordinadora de Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en ausencia de la autoridad responsable Fiscal de Distrito, Zona Norte (en su denominación correcta de Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Distrito Norte de la Fiscalía General del Estado), todos con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de las documentales que lo acompañan, dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase al Fiscal de Distrito, Zona Norte, con sede en esta ciudad designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Prueba documental Téngase a las oficiantes ofreciendo las pruebas documentales que remiten, las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Anotación denominación correcta Finalmente, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema en relación con las denominaciones correctas de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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