Jonathan Adrián Renovato Mata

Expediente 62/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
62/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
26/04/2016

Partes del expediente

  • Jonathan Adrián Renovato Mata
  • Jonathan Adrián Renovato Mata y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintiseis de abril de dos mil dieciséis que dice:Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión por haberse concedido la medida cautelar solicitada es susceptible de depuración. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión por haberse concedido la medida cautelar solicitada es susceptible de depuración. Transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 62/2016-I-1, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma fecha. En el escrito inicial el quejoso **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes reclamó: IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: El auto de VINCULACIÓN A PROCESO, sus efectos y la medida cautelar de privación de la libertad dictadas en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y ejecutadas por la Autoridad ejecutora tendentes a procurar la afectación de derechos humanos de los que soy titular en virtud de ser reconocidos a mi favor en los artículos 1, 14 y 16, 19 y 20 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda y quedó registrada como 62/2016-I-1; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito así como al representante social que actuó en el proceso, se les dio la intervención legal que les compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez tramitado e integrado el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos de autoridad residente dentro del territorio con ejecución en el mismo lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Del análisis de la demanda de garantías así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que los actos que se reclaman son: 1. Del Juez de Garantía del distrito judicial de Bravos, con sede en esta ciudad: a) La medida cautelar de prisión preventiva emitida el veinte de diciembre de dos mil quince, en la causa penal 2869/2015. b) El auto de vinculación a proceso de veinticinco de diciembre de dos mil quince, dictado al quejoso por los delitos de secuestro agravado y lesiones. 2. Del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres, con morada en esta localidad, la ejecución de la medida cautelar de privación de la libertad en contra del accionante del amparo. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Garantía del distrito Bravos (fojas 47a 60) y el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Tres (fojas 45 a 50) aceptaron los actos que se les atribuye. A fin de corroborar su dicho, el juez de garantía remitió copia certificada del audio y video del control de detención, audiencia de formulación de imputación, declaración preparatoria y control de medidas cautelares de veinte de diciembre de dos mil quince, así como de la audiencia de vinculación a proceso de veinticinco siguiente. Actuaciones efectuadas en de la causa penal 2869/2015; constancias que merecen pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por mandato del artículo 2º de este último ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior es aplicable la Jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917812, visible en la página 231, que en su rubro y texto establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. La improcedencia motiva que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, en cuanto al acto que se reclama del Juez de Garantía responsable consistente en el auto de vinculación a proceso de veinticinco de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 2869/2015, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra norma generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los cardinales 17 y 18 del cuerpo normativo que textualmente establecen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.] 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior se sustenta, por identidad de razón, en la jurisprudencia 115/2010, vía contradicción, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163172, que expresa: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De la copia certificada del audio y video de la audiencia de vinculación a proceso de veinticinco de diciembre de dos mil quince; efectuada en de la causa penal 2869/2015, se infiere que el quejoso ****, conoció los actos que reclama en esa propia data, por estar presente durante el desahogo de la referida audiencia (foja 49 a 60 y disco versátil digital II). En otras palabras, para computar la oportunidad en la presentación de la demanda que origina el juicio en que se actúa, debe tomarse en cuenta la fecha en que se desahogó la audiencia de vinculación de veinticinco de diciembre de dos mil quince, por ser la data en que la parte accionante quedó notificada los hechos que le agravian. Se afirma lo anterior, pues de la lectura de los artículos 49 y 60 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, se infiere con claridad que las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido y los plazos individuales correrán a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación al interesado. Apoya tal determinación, por identidad de razón, la jurisprudencia IV.2o.C. J/7, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de dos mil cinco, Materia Común, visible en la página 1035, de registro 177995, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. De manera que, si según la ley de la materia, las notificaciones surten sus efectos en el momento en que se realizan, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 21 de la ley de la materia, transcurrió respecto del auto de vinculación a proceso del veintiocho de diciembre de dos mil quince al dieciocho de enero de dos mil dieciséis, supuesto que: a) el quejoso estuvo presente en la audiencia de vinculación; tuvo conocimiento de los actos desde el veinticinco de diciembre de dos mil quince, cuando ésta se llevaron a cabo, por ende, el día hábil siguiente a esas fecha es el veintiocho de la propia mensualidad; y. b) fueron inhábiles por haber sido días festivos así como sábados y domingos el uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de enero de dos mil dieciséis, según el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como la demanda fue recibida en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es incuestionable que su presentación fue extemporánea. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia número trece, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de registro 393969, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. En esas condiciones, toda vez que, respecto del auto de vinculación que se reclama se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. No es obstáculo a lo anterior, que el auto de vinculación a proceso sea un acto privativo de libertad, pues al dictarse dentro del procedimiento, en la etapa de judicialización, no se actualiza la excepción para presentar el amparo en cualquier término, como lo establece la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, sino en el término genérico de quince días, como se ha dejado evidenciado. Así, lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 12/2015, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de dos mil quince, Tomo I, Materia Común, que se consulta en la página 38, con registro 2009174, del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. SEXTO. Análisis de la medida precautoria de prisión preventiva. El quejoso reclama la medida cautelar que se le impuso, sin hacer valer concepto de violación en su contra. No obstante, a fin de dar seguridad jurídica se procederá al análisis de la misma, con la finalidad de verificar su constitucionalidad. Es menester precisar que el artículo 157 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, señala que las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en juicio; garantizar la seguridad de la víctima o del ofendido; y evitar la obstaculización del procedimiento. En este sentido, para imponer la prisión preventiva como medida cautelar debe atenderse a lo dispuesto por el numeral 173 que establece que sólo es aplicable cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: I. El imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia; II. Exista riesgo de obstaculización de la investigación o del proceso; III. Se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad; IV. El imputado ya esté siendo procesado por la comisión de diverso delito doloso; o V. El imputado cuente con antecedentes penales o policiacos, o incurra en una conducta delictiva similar a la que se le atribuye. Además, el Juez de Garantía no podrá dejar de imponerla en aquellos que la permitan, en los delitos de: homicidio doloso; violación; secuestro; secuestro exprés; extorsión; robo de vehículos automotores cometido con violencia en las personas o cosas; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Así como los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad: delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, en el supuesto de los artículos 181, segundo párrafo y 184; pornografía con personas menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; y trata de personas, en el supuesto previsto en el artículo 198, tercer párrafo, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. En la especie, en la audiencia de veinte de diciembre de dos mil quince, el agente del Ministerio Público solicitó que se fijara al inculpado **** medida cautelar consistente en prisión preventiva establecida en la fracción XII, del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales del Estado. La fiscal indicó que se actualizaban los requisitos establecidos en el artículo 170 del código adjetivo de la materia y fuero, al existir una presunción razonable de que el imputado se sustraerá de la acción de la justicia. Frente a tal solicitud, el juzgador de garantía dio el uso de la voz a la defensa para que hiciera alguna manifestación. El abogado particular indicó que no tenía algo que decir al respecto; la defensora pública indicó que dado que el legislador no le permitía el debate por el tipo del delito de que se trata no tenía nada que expresar. El juez cerró el debate estimó que era procedente imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva que se prevé en el numeral 169, fracción XII, del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues en el numeral 19 de la Constitución Federal hace necesaria la imposición de esa medida de manera oficiosa, cuando se trata de delitos de secuestro. Así, al considerar los requisitos establecidos en los artículos 170 y 175 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de acuerdo con la fracción XII, artículo 169, de la legislación precitada, impuso la medida cautelar consistente prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, sin que pudiera exceder el tiempo máximo que fija el artículo 20 Constitucional, así como el 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua que es de veinticuatro meses, por lo que indicó que la medida culminara el veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Con base en lo expuesto, se estima que la prisión preventiva impuesta al quejoso no es violatoria de sus derechos fundamentales, pues como lo dijo el juzgador tratándose del delito de secuestro esa medida es la que debe imponerse, incluso de manera oficiosa. En relación con el tópico de la prisión preventiva los artículos 7 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos disponen: 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. [.] 8. Garantías Judiciales [.] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Tal precepto prevé el denominado derecho a la libertad personal, así como la existencia y regulación de la prisión preventiva, pues establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Además, dispone que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, la cual tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, y precisa que la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Del artículo 8.2 de dicha convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, toda vez que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus preceptos 18 y 19, dispone: 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. [.] 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. [.] La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. [.] De los numerales en comento se infiere que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva; el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de secuestro. En la especie, la fiscal acusó al quejoso de la comisión de los delitos de secuestro y lesiones, razón suficiente para que el natural impusiera la medida precautoria en comento, lo que implica una presunción razonable de que el imputado representa un riesgo para la sociedad. Además, la medida cautelar fue impuesta por un plazo máximo de veinticuatro meses, que fenecerán el veinte de diciembre de dos mil quince, y si la Constitución Federal en su artículo 20, fracción IX, prescribe que la prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años, es inconcuso que la imposición de la medida no es violatoria de derechos, pues la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada. Corrobora lo dicho, la tesis aislada 1a. CXXXV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de dos mil doce, Tomo 1, Materia Constitucional, que se publica en la página 493, con registro 2001432, del tenor siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada. Con base en lo expuesto, este juzgador estima que la ratificación de la medida cautelar es procedente, ya que en el caso como quedó asentando en el párrafo que antecede uno de los delitos que se le imputan son aquéllos en los que el Ministerio Público al solicitarla el Juez de Garantía no puede dejar de imponerla, como lo dispone el numeral 19 de la Constitución Federal, lo que lleva a negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso por cuanto hace al referido acto. Negativa del amparo que se hace extensiva respecto a los actos de ejecución impetrados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en este municipio, toda vez que los mismos no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad el quejoso la hizo depender del acto ordenador. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1, Informe de 1982, Parte II, que corresponde a la Séptima Época, con registro 387679, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO DE LA. Si la inconstitucionalidad del acto que se reclama de la autoridad ejecutora se hace depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora y no por vicios propios, al negarse la protección y el amparo de la Justicia Federal respecto del acto de la autoridad ordenadora, debe negarse también la protección constitucional por el acto de ejecución. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1, 5, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 62/2016-I-1 que promovió el quejoso **** contra el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, respecto del acto que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de veinticinco de diciembre de dos mil quince, emitido en su contra en la causa penal 2869/2015. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra la medida precautoria que reclama del Juez de Garantía distrito judicial Bravos y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al representante social que interviene en el proceso penal de origen. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, hasta el día de hoy siete de abril de dos mil dieciséis, fecha en que se terminó el engrose de este fallo por así permitirlo las labores del juzgado, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional, tal como lo dispone el artículo 124 de la ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita el promovente, una vez que en el presente juicio de amparo se dicte sentencia expídasele copia certificada de la misma, previa identificación y firma que por su recibo quede en autos para debida constancia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.*eam

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