Jonathan Manuel Córdova Encarnación
Expediente 1069/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jonathan Manuel Córdova Encarnación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como simple antecedente el oficio y anexo que remite la Subdirectora de Juicios de Amparo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en suplencia del Sub Comisionado Jurídico, representante del Comisionado del Instituto Nacional de Migración; en virtud de que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la resolución que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por lo cual se ordenó el archivo del presente juicio. Por otra parte, respecto a la cancelación de la multa que solicita, indíquesele que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, por los motivos expuestos en el mismo, se dejó sin efectos la sanción pecuniaria impuesta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio al Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEININUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se actualizan diversas causales de improcedencia del juicio, las que se analizarán a continuación. PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por **********, a favor de **********, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del (1) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, (2) Subdirector del área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria, (3) Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, (4) Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria y (5) Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria, todos con residencia en esta ciudad, a quienes reclama: a. La negativa de aperturar a favor de los quejosos el procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria en donde se encuentran actualmente por medio de un OFICIO DE SALIDA DEFINITIVA DEL PAÍS, que les permita abandonar territorio nacional POR CUALQUIER FRONTERA sin que la autoridad migratoria por donde efectúe su salida le exija documento alguno. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 Fracción 1,47 fracción 111 fracción 111de la ley de migración. b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación migratoria en CD. Juárez con Domicilio en ********** c. La incomunicación de la que es objeto al no permitirle la visita de sus representantes legales Licenciados ********** y **********, de sus familiares y amigos dentro de la estación migratoria de Ciudad Juárez. d. La incomunicación que les impide entregar identificaciones y documentos personales a su representante legal a fin de legalizar su estancia en México para gozar de su libertad. e. De todas las autoridades señaladas como responsables, reclamo la inminente ORDEN DE DEPORTACIÓN VERBAL O ESCRITA que emitirán 1) que hayan emitido en contra del quejoso para que esta deportación se suspenda de oficio y de plano. f.- La negativa de expedir a su favor el Oficio de Salida de la estación migratorio en donde se encuentran privados de su libertad, otorgándoles cualquiera de las medidas prescritas el artículo 102 de la Ley de Migración SEGUNDO. Tramitación de la demanda. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 1069/2022-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación de la quejoso a su país de origen; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda**********, se admitió a trámite; en el entendido, que el tres de febrero del presente año, se tuvo como autoridades inexistentes al (2) Subdirector del área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria, (3) Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria y al (4) Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria. En este sentido, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad en calidad de alojado o asegurado, a través de la orden de detención, la negativa a permitirle salir de la estación migratoria, incomunicación y deportación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Asimismo, en lo relativo a la la privación de la libertad en calidad de alojado o asegurado, a través de la orden de detención, la negativa a permitirle salir de la estación migratoria, incomunicación y deportación, del informe que remitió el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el Acuerdo de Salida de la Estancia Provisional por Mandato Judicial, en la que consta que el quejoso se acogió al beneficio de retorno asistido bajo el expediente 7826/2022 de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, quedando debidamente notificada el veintidós siguiente, obteniendo así su libertad; lo anterior, en términos de los ordinales 118, 119, 124 y 125 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración que al ratificar su demanda de amparo, la Actuaria Judicial asentó que el justiciable se encontraba en buen estado y comunicó no haber sido objeto de tortura física y moral. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir informe justificado; sin embargo, de las constancias que remitió, recibidas el veintidós del actual, se desprende que el quejoso se encontraba en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen, al no acreditar su regular estancia en el territorio nacional. QUINTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por **********, a favor de **********, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las once horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, del cual se advierte que el quejoso ********** fue puesto en inmediata libertad. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud del quejoso sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se actualizan diversas causales de improcedencia del juicio, las que se analizarán a continuación. PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por **********, a favor de **********, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del (1) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, (2) Subdirector del área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria, (3) Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, (4) Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria y (5) Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria, todos con residencia en esta ciudad, a quienes reclama: a. La negativa de aperturar a favor de los quejosos el procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria en donde se encuentran actualmente por medio de un OFICIO DE SALIDA DEFINITIVA DEL PAÍS, que les permita abandonar territorio nacional POR CUALQUIER FRONTERA sin que la autoridad migratoria por donde efectúe su salida le exija documento alguno. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 Fracción 1,47 fracción 111 fracción 111de la ley de migración. b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación migratoria en CD. Juárez con Domicilio en ********** c. La incomunicación de la que es objeto al no permitirle la visita de sus representantes legales Licenciados ********** y **********, de sus familiares y amigos dentro de la estación migratoria de Ciudad Juárez. d. La incomunicación que les impide entregar identificaciones y documentos personales a su representante legal a fin de legalizar su estancia en México para gozar de su libertad. e. De todas las autoridades señaladas como responsables, reclamo la inminente ORDEN DE DEPORTACIÓN VERBAL O ESCRITA que emitirán 1) que hayan emitido en contra del quejoso para que esta deportación se suspenda de oficio y de plano. f.- La negativa de expedir a su favor el Oficio de Salida de la estación migratorio en donde se encuentran privados de su libertad, otorgándoles cualquiera de las medidas prescritas el artículo 102 de la Ley de Migración SEGUNDO. Tramitación de la demanda. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 1069/2022-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación de la quejoso a su país de origen; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda**********, se admitió a trámite; en el entendido, que el tres de febrero del presente año, se tuvo como autoridades inexistentes al (2) Subdirector del área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria, (3) Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria y al (4) Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria. En este sentido, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad en calidad de alojado o asegurado, a través de la orden de detención, la negativa a permitirle salir de la estación migratoria, incomunicación y deportación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Asimismo, en lo relativo a la la privación de la libertad en calidad de alojado o asegurado, a través de la orden de detención, la negativa a permitirle salir de la estación migratoria, incomunicación y deportación, del informe que remitió el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el Acuerdo de Salida de la Estancia Provisional por Mandato Judicial, en la que consta que el quejoso se acogió al beneficio de retorno asistido bajo el expediente 7826/2022 de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, quedando debidamente notificada el veintidós siguiente, obteniendo así su libertad; lo anterior, en términos de los ordinales 118, 119, 124 y 125 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración que al ratificar su demanda de amparo, la Actuaria Judicial asentó que el justiciable se encontraba en buen estado y comunicó no haber sido objeto de tortura física y moral. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir informe justificado; sin embargo, de las constancias que remitió, recibidas el veintidós del actual, se desprende que el quejoso se encontraba en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen, al no acreditar su regular estancia en el territorio nacional. QUINTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por **********, a favor de **********, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las once horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, del cual se advierte que el quejoso ********** fue puesto en inmediata libertad. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud del quejoso sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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