Jonathan Ernesto Rubio Martínez

Expediente 1152/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1152/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Ernesto Rubio Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Agréguese el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho similar asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jonathan Ernesto Rubio Martínez, la cual dio origen al expediente en que se actúa, en virtud de la incompetencia planteada por este juzgado. 2. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. 2.2. Valoración. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Exhorto diligenciado. Visto el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; en atención a su contenido se le tiene devolviendo diligenciado el exhorto 362/2021 (número de orden 808/2021), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, al quejoso Jonathan Ernesto Rubio Martínez, lo que acredita con las constancias que adjunta; dese de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente. Sin que haya lugar a acusar recibo de la referida comunicación oficios, por así solicitarlo la autoridad oficiante. 2. Se recibe oficio. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con el que devuelve el diverso comunicado 24570, del índice de este juzgado, el cual se envió a fin de acusar recibo de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, pues indica que en ese juzgado no existe juicio de amparo promovido por Jonathan Ernesto Rubio Martínez; por tanto, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia. En la inteligencia de que la misiva a la que se anexó la demanda de amparo, no deriva de algún juicio de la estadística del mencionado similar, sino del cuaderno de varios correspondiente al año en curso, mismo del que emana el oficio que ahora se acuerda.

  3. Principal

    ******En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: ********************1. Se asume conocimiento. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho similar asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jonathan Ernesto Rubio Martínez, la cual dio origen al presente cuaderno, en virtud de la incompetencia planteada por este juzgado, el cual se registró bajo el número 669/2021-V.****************************************2. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado.****************************************2.1. Valoración. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de ****************************************En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.****************************************Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).******

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. DEMANDA Y RADICACIÓN. Acúsese recibo del oficio del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al que adjunta la demanda demanda de amparo en la que Jonathan Ernesto Rubio Martínez solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Director General del CEFERESO Número 17 "C.P.S. Michoacán", en Buenavista, Tomatlán; Consejo Técnico Interdisciplinario del CEFERESO Número 17 "C.P.S. Michoacán", en Buenavista, Tomatlán. Director de Seguridad y Custodia del CEFERESO Número 17 "C.P.S. Michoacán", en Buenavista, Tomatlán. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 1152/2021, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 1.2. INCOMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO. Conviene destacar que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: La tortura psicológica y emocional derivada de la sanción disciplinaria de aislamiento en un cuarto frío. La falta de medicamentos y atención médica no obstante haberlo solicitado. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "C.P.S. Michoacán", en Buenavista, Tomatlán, por lo que los actos combatidos tienen eminente ejecución en esa ciudad, por lo que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en donde se encuentra recluido el quejoso directo Jonathan Ernesto Rubio Martínez. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercer jurisdicción, entre otros, en Buenavista, lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, ello atendiendo a que el quejoso directo se encuentra recluido en un centro penitenciario con domicilio en la referida ciudad. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en Buenavista, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Es aplicable sobre el particular, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Y la tesis número II.2o.P.16 K (10a.), del segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2093, libro 32, tomo III, julio de 2016, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. 1.3. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, el peticionario de amparo solicita la suspensión de los actos reclamados, a fin de que se mantenga viva la materia del amparo y no se le sigan provocando mayores sufrimientos. Ahora, el artículo 48 de la Ley de Amparo indica que cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o los supuestos del numeral 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se proveerá respecto a la suspensión de los actos reclamados. Atento a lo anterior, toda vez que el acto impugnado en esta instancia constitucional consiste en la tortura psicológica y emocional derivada de la sanción disciplinaria de aislamiento en un cuarto frío, así como la falta de atención médica y proporción de medicamentos al quejoso Jonathan Ernesto Rubio Martínez recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, el cual encuadra en las hipótesis antes referidas, se procede a realizar el pronunciamiento siguiente: Como se adelantó, los actos reclamados enunciados tienen cabida en los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la tortura psicológica y emocional derivada de la sanción disciplinaria de aislamiento en un cuarto frío, así como la falta de atención médica y proporción de medicamentos al quejoso Jonathan Ernesto Rubio Martínez, recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 en Buena Vista Tomatlán, Michoacán. Es decir, la suspensión de plano tiene como efecto que no se siga torturando al quejoso y le sea proporcionada la atención médica que requiera, así como los medicamentos necesarios con base en los padecimientos que tenga. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia número VIII.2o.P.A.2 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, de contenido: "SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA. CUANDO EN EL JUICIO EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU APLICACIÓN, EN QUE SE APOYÓ LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE NEGÓ UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, EL QUEJOSO SOLICITA LA SUSPENSIÓN PARA QUE NO SE LE PRIVE DEL ACCESO A AQUÉLLOS, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONDICIONAR SU EFECTIVIDAD A QUE SE ACREDITE EL DERECHO A RECIBIR DICHA ATENCIÓN. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad del artículo 123, fracción III, de la Ley del Seguro Social y su aplicación, el cual establece que no tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez el asegurado que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio, precepto en que se apoyó la resolución por la que se negó tal beneficio, y el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para que no se le prive del acceso a los servicios médicos en caso de una emergencia, el Juez de Distrito no debe condicionar la efectividad de la medida a que se acredite el derecho a recibir dicha atención, si precisamente el fondo del asunto consiste en dilucidar si el particular tiene derecho a que se le conceda la pensión y, por ende, a seguir gozando de diversas prestaciones entre las que se encuentra el servicio médico. Lo anterior es así, porque si el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudieran ocasionarle, en caso de negarse la prestación médica se le causaría un daño irreparable, además de que el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos". (Lo resaltado es de este juzgado). Condiciones de la suspensión Esta suspensión surtirá sus efectos desde luego, respecto de los actos que el promovente atribuye a las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda o, en su caso, también contra aquellas autoridades que tengan a su disposición al quejoso. 1.3.1. Requerimiento de informes en relación a la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables a quienes se reclama la tortura psicológica y emocional derivada de la sanción disciplinaria de aislamiento en un cuarto frío, así como la falta de atención médica y proporción de medicamentos al quejoso Jonathan Ernesto Rubio Martínez; quienes deberán informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 158, en relación con el diverso 236, ambos de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en los términos del artículo 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, en el entendido de que dichos informes deberán ser enviados al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, que asuma el conocimiento del presente asunto. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad según dispone el artículo 206, en relación con el 237, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignada para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. 1.4. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el lugar de su reclusión. 1.5. Notificación al quejoso. Ahora, toda vez que el quejoso Jonathan Ernesto Rubio Martínez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17 "C.P.S. Michoacán", en Buenavista, Tomatlán con fundamento en los artículos 27 fracción II y 116 de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo; gírese exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya en el aludido centro de reclusión y notifique al quejoso este acuerdo. Se faculta al juez exhortado para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que el actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al juez auxiliar que devuelva la comunicación oficial con las constancias que acrediten su diligenciación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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