Joel Rodríguez Tapia

Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
146/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Joel Rodríguez Tapia
  • Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las demás partes, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración del cuaderno. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Condición para la entrega de documentos. Por lo que ve a la entrega de los documentos que la parte quejosa exhibió, es pertinente recordar que en el contexto de pandemia mundial derivada de la enfermedad denominada Covid-19, ha modificado los esquemas de normalidad con la que se venían desarrollando las actividades cotidianas de las distintas autoridades que conforman en sistema jurídico mexicano, entre ellas, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Así, en condiciones normales, la entrega de los documentos a las partes conlleva realizar una serie de gestiones administrativas internas que implican el manejo de un expediente para obtener de él copia certificada del o los autos que se hayan de adjuntar a la misma; así como su cotejo y certificación y la elaboración del recibo respectivo que se deje en autos. En ese tenor, a fin de posibilitar la entrega de las constancias exhibidas en el presente sumario se requiere a la parte quejosa para que: Con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, genere una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ"; Hecho lo anterior deberá informarlo a este juzgado federal cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha en la que se haya programado la referida cita, sin contar el de la propia cita, a fin de que el personal que realiza labores presenciales en este juzgado federal, tenga oportunidad de hacer las gestiones antes indicadas, a fin de que pueda ser entregados a la parte compareciente, previo recibo que se otorgue a los autos. Devolución de garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO Firme. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las demás partes, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración del cuaderno. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibido que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Condición para la entrega de documentos. Por lo que ve a la entrega de los documentos que la parte quejosa exhibió, es pertinente recordar que en el contexto de pandemia mundial derivada de la enfermedad denominada Covid-19, ha modificado los esquemas de normalidad con la que se venían desarrollando las actividades cotidianas de las distintas autoridades que conforman en sistema jurídico mexicano, entre ellas, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Así, en condiciones normales, la entrega de los documentos a las partes conlleva realizar una serie de gestiones administrativas internas que implican el manejo de un expediente para obtener de él copia certificada del o los autos que se hayan de adjuntar a la misma; así como su cotejo y certificación y la elaboración del recibo respectivo que se deje en autos. En ese tenor, a fin de posibilitar la entrega de las constancias exhibidas en el presente sumario se requiere a la parte quejosa para que: Con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, genere una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ"; Hecho lo anterior deberá informarlo a este juzgado federal cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha en la que se haya programado la referida cita, sin contar el de la propia cita, a fin de que el personal que realiza labores presenciales en este juzgado federal, tenga oportunidad de hacer las gestiones antes indicadas, a fin de que pueda ser entregados a la parte compareciente, previo recibo que se otorgue a los autos. Devolución de garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo VIII-146/2021, promovido por Joel Rodríguez Tapia, por conducto de su apoderado Sergio Espejo Jiménez, contra actos que atribuye al Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del secretario licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Demanda de amparo. Auto admisorio de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad Ocho de abril de dos mil veintiuno. Parcialmente cierto La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente laboral 2A-1607/2020 del índice de la junta responsable. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación del auto que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que el quejoso ofertó como medio de convicción de su parte la constancia que anexó a la demanda de amparo, mientras que la autoridad responsable allegó como pruebas las constancias que acompañó al informe de ley y las diversas recibidas en auto de dieciséis de abril del año actual. Al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119, 123 y 124 de la citada ley, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales indicadas, en razón de su propia y especial naturaleza, y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo, se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que únicamente obran los alegatos que la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita formuló en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita formulando los alegatos que le corresponden y por perdido el derecho de las demás partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia y procede dictarse la sentencia siguiente: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VIII-146/2021; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Joel Rodríguez Tapia, por conducto de su apoderado Sergio Espejo Jiménez, pidió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclama el acto consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número 2A-160712020, tramitado ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y con dilación o demora en perjuicio del quejoso, lo anterior acontece así ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, constituyendo el acto reclamado, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal Trabajo en su artículo 873." Acto que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 14, 16 y 17. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, existe la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que atribuye a las autoridades son: La omisión de radicar la demanda registrada bajo el número de expediente 2A-1607/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La presidenta de la junta responsable rindió el informe justificado que le correspondía en los términos siguientes: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad Ocho de abril de dos mil veintiuno. Parcialmente cierto La omisión de radicar la demanda registrada bajo el número de expediente 2A-1607/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Es cierta la omisión reclamada a la citada autoridad responsable, toda vez que realizó diversas manifestaciones en torno a que en la fecha de la presentación de la demanda no se había emitido auto de radicación de la misma; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado para efectos de resolver el presente juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.". Además de así advertirse en las copias certificadas que remitió en diversos autos. Documentales cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la Litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Según la jurisprudencia, para la actualización de esta causa de improcedencia se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que sea semejante a que si el quejoso hubiera obtenido una sentencia de amparo favorable. En ese sentido, se entiende que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable anula el acto que se reclama o realiza el que debía, de manera que constituya una situación jurídica que destruya la que dio motivo al amparo y se restituya al quejoso en el goce del derecho humano violado. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto reclamado deje de afectar algún derecho sustantivo de aquél, lo cual debe entenderse que los sucesos impugnados deban desaparecer totalmente de la realidad, a modo que la situación del quejoso vuelva al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio toda vez que la autoridad responsable a la que se le atribuye la omisión reclamada cumplió con el deber que la ley le exige. En efecto, con las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que por proveído de veintidós de marzo del año en curso, la autoridad responsable emitió auto de radicación dentro del expediente 2A-1607/2020, originado con la demanda laboral presentada por el hoy quejoso Joel Rodríguez Tapia, mismo en el que proveyó requerir a dicho actor para que en el plazo de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo exhibiera las respectivas copias de traslado de su demanda para llamar a juicio a los terceros con interés, y el cual le fue notificado de manera personal el veintiséis de marzo del presente año. Posterior a ello, al haber dado cumplimiento el solicitante del amparo a dicho requerimiento, por acuerdo de ocho de abril de la anualidad en curso, la responsable, entre otras disposiciones, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenando emplazar a la parte demandada y notificar tal determinación a la actora. En ese contexto, si la parte quejosa lo que reclamó a la autoridad responsable fue la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente 2A-1607/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, la cesación de los efectos se actualiza cuando ésta emitió el auto posterior al cumplimiento de la prevención efectuada a la parte trabajadora en dicho juicio, lo que se evidencia de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad, en las que se desprende que en acuerdo de ocho de abril de la anualidad en curso dentro del expediente 2A-1607/2020, la responsable, entre otras disposiciones, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenando emplazar a la parte demandada y notificar tal determinación a la actora. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente laboral 2A-1607/2020, pues si bien ha quedado demostrada la existencia de dicha omisión la realidad es que, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad, se advierte que dicha omisión cesó mediante acuerdo de ocho de abril del año en curso en que emitió auto de fijación de día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones dentro del multicitado expediente laboral. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por tanto, en el presente caso y como ya se dijo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Previo a concluir, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de esta resolución para agregarse al expediente físico. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendieron las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Joel Rodríguez Tapia, por conducto de su apoderado respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y conforme a los razonamientos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo VIII-146/2021, promovido por Joel Rodríguez Tapia, por conducto de su apoderado Sergio Espejo Jiménez, contra actos que atribuye al Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con la asistencia del secretario licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Demanda de amparo. Auto admisorio de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad Ocho de abril de dos mil veintiuno. Parcialmente cierto La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente laboral 2A-1607/2020 del índice de la junta responsable. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación del auto que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que el quejoso ofertó como medio de convicción de su parte la constancia que anexó a la demanda de amparo, mientras que la autoridad responsable allegó como pruebas las constancias que acompañó al informe de ley y las diversas recibidas en auto de dieciséis de abril del año actual. Al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119, 123 y 124 de la citada ley, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales indicadas, en razón de su propia y especial naturaleza, y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo, se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que únicamente obran los alegatos que la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita formuló en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita formulando los alegatos que le corresponden y por perdido el derecho de las demás partes de hacerlo, por lo que se cierra esta fase. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia y procede dictarse la sentencia siguiente: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo VIII-146/2021; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Joel Rodríguez Tapia, por conducto de su apoderado Sergio Espejo Jiménez, pidió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Pleno de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclama el acto consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no da tramite al juicio ordinario laboral número 2A-160712020, tramitado ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, actuando sin diligencia y con dilación o demora en perjuicio del quejoso, lo anterior acontece así ya que de autos se desprende que la autoridad responsable no ha señalado fecha para la celebración de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, constituyendo el acto reclamado, puesto que la autoridad señalada como responsable no se apega a los plazos y términos que fija la Ley Federal Trabajo en su artículo 873." Acto que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 14, 16 y 17. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, existe la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que atribuye a las autoridades son: La omisión de radicar la demanda registrada bajo el número de expediente 2A-1607/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La presidenta de la junta responsable rindió el informe justificado que le correspondía en los términos siguientes: N° Autoridad Auto de recepción Sentido Acto reclamado 1 Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad Ocho de abril de dos mil veintiuno. Parcialmente cierto La omisión de radicar la demanda registrada bajo el número de expediente 2A-1607/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Es cierta la omisión reclamada a la citada autoridad responsable, toda vez que realizó diversas manifestaciones en torno a que en la fecha de la presentación de la demanda no se había emitido auto de radicación de la misma; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado para efectos de resolver el presente juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.". Además de así advertirse en las copias certificadas que remitió en diversos autos. Documentales cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la Litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Según la jurisprudencia, para la actualización de esta causa de improcedencia se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que sea semejante a que si el quejoso hubiera obtenido una sentencia de amparo favorable. En ese sentido, se entiende que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable anula el acto que se reclama o realiza el que debía, de manera que constituya una situación jurídica que destruya la que dio motivo al amparo y se restituya al quejoso en el goce del derecho humano violado. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto reclamado deje de afectar algún derecho sustantivo de aquél, lo cual debe entenderse que los sucesos impugnados deban desaparecer totalmente de la realidad, a modo que la situación del quejoso vuelva al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio toda vez que la autoridad responsable a la que se le atribuye la omisión reclamada cumplió con el deber que la ley le exige. En efecto, con las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que por proveído de veintidós de marzo del año en curso, la autoridad responsable emitió auto de radicación dentro del expediente 2A-1607/2020, originado con la demanda laboral presentada por el hoy quejoso Joel Rodríguez Tapia, mismo en el que proveyó requerir a dicho actor para que en el plazo de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo exhibiera las respectivas copias de traslado de su demanda para llamar a juicio a los terceros con interés, y el cual le fue notificado de manera personal el veintiséis de marzo del presente año. Posterior a ello, al haber dado cumplimiento el solicitante del amparo a dicho requerimiento, por acuerdo de ocho de abril de la anualidad en curso, la responsable, entre otras disposiciones, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenando emplazar a la parte demandada y notificar tal determinación a la actora. En ese contexto, si la parte quejosa lo que reclamó a la autoridad responsable fue la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente 2A-1607/2020 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, la cesación de los efectos se actualiza cuando ésta emitió el auto posterior al cumplimiento de la prevención efectuada a la parte trabajadora en dicho juicio, lo que se evidencia de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad, en las que se desprende que en acuerdo de ocho de abril de la anualidad en curso dentro del expediente 2A-1607/2020, la responsable, entre otras disposiciones, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenando emplazar a la parte demandada y notificar tal determinación a la actora. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente laboral 2A-1607/2020, pues si bien ha quedado demostrada la existencia de dicha omisión la realidad es que, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos con sede en esta ciudad, se advierte que dicha omisión cesó mediante acuerdo de ocho de abril del año en curso en que emitió auto de fijación de día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones dentro del multicitado expediente laboral. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por tanto, en el presente caso y como ya se dijo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Previo a concluir, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de esta resolución para agregarse al expediente físico. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendieron las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Joel Rodríguez Tapia, por conducto de su apoderado respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y conforme a los razonamientos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano