Jonathan Shamed González Lemús

Expediente 486/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
486/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Jonathan Shamed González Lemús

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en sus numerales 2 y 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Oscar Lemus de la Torre, autorizado del quejoso directo JONATHAN SHAMED GONZÁLEZ LEMUS, dentro del juicio de nulidad subyacente -en los términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán- como se advierte de las copias certificadas que anexa a la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número III-486/2021. Al efecto se provee: DESECHAMIENTO De la lectura íntegra de la demanda se advierte que en relación con los actos reclamados al Juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican: Debe establecerse que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: 1. El acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente JA-0664/2021-III, el cual le fue notificado en la misma fecha. 2. En unión del primer acto de aplicación, (heteroaplicativa) se viene a impugnar el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Así, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación sistemática a esas porciones normativas se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bajo esta óptica, la afectación real y actual a la esfera jurídica es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías, en términos de lo previsto por los artículos 5° fracción I y 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio o menoscabo en sus derechos con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiéndose como tal la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías En resumen, existe una afectación a la esfera jurídica cuando el peticionario del amparo tiene una tutela legal que se regula bajo determinados preceptos normativos que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Lo anterior es así, porque de conformidad con el artículo 5° fracción I de la ley de la materia, el juicio de amparo sólo podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; de ahí, que sea presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, que la ley o el acto reclamado cause agravio a la parte quejosa, entendiéndose como tal, que el acto de autoridad lesione directamente su interés jurídico, en su persona o en su patrimonio. En ese tenor, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican: En el caso, Oscar Lemus de la Torre, en cuanto autorizado del quejoso directo JONATHAN SHAMED GONZÁLEZ LEMUS, dentro del juicio de nulidad subyacente -en los términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán- reclama el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente JA-0664/2021-III y en unión del primer acto de aplicación (heteroaplicativa) el artículo 240 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Sin embargo, tales actuaciones, por su naturaleza, no afectan su esfera jurídica, pues como se advierte derivan de lo actuado en un juicio de nulidad promovido por JONATHAN SHAMED GONZÁLEZ LEMUS, frente al encargado del Despacho de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, respecto del oficio de comisión número SUB.OP.P/6678/2021, en el que se ordena cambio de adscripción del actor; por ende, los actos materia del reclamo afectarán únicamente los derechos de las partes contendientes, pero no del promovente, quien tiene en dicho procedimiento carácter de autorizado del accionate; luego, los legitimados para promover el amparo sería el actor en el asunto de origen o su representante legal o apoderado jurídico, por ser la persona que pudiese resentir perjuicios en sus intereses. Atento a lo expuesto, es dable sostener que el promovente no acredita fehacientemente el agravio personal y directo que lesione sus derechos sustantivos para demandar el amparo y protección de la justicia federal, el cual debe demostrarse de manera indiscutible y no inferirse con base en presunciones, habida cuenta que como ya se precisó la actora en el juicio de nulidad del que emanan los actos reclamados, es una persona diversa del aquí promovente, quien únicamente tiene reconocido carácter de autorizado de éste en términos amplios del artículo 198 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el cual le otorga facultades para gestionar dentro del procedimiento de origen, pero no para promover juicio diverso, como sería el de amparo que intenta a nombre de su autorizante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, tomo 2, página 1176, de rubro y texto siguiente: AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. Por tanto, debe quedar debidamente establecido que el juicio de amparo no lo puede promover alguien respecto a situaciones de un tercero, con el carácter de autorizado en el juicio de origen, pues, únicamente puede pedirse amparo sin intervención de legítimo representante cuando se trata de menores, conforme al artículo 8o. de la Ley de Amparo, y en contra de los actos específicos previstos en el artículo 15 del mismo ordenamiento, así como del artículo 22 Constitucional. Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por Oscar Lemus de la Torre. Se tiene al promovente señalando para recibir notificaciones personales, el usuario, correo electrónico y teléfono de confirmación y domicilio que indica. Por tanto, se autoriza realizar notificaciones vía electrónica al promovente mediante el usuario que indica y habilitar el correo electrónico y número de teléfono que para el mismo efecto proporciona. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones indicadas en el mismo. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano