Jonathan David Mendoza Mendoza y Otros.
Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jonathan David Mendoza Mendoza
- Mario Lucero Quiñones Echeverría
- Jonathan David Mendoza Mendoza y Otros.
- Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
- Licenciada Lizeth Bernal Bermúdez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo ha causado estado para los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conforme a lo ordenado en el numeral 35, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Asimismo, en atención a que en este juicio de amparo, se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de marzo de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno el original del incidente de suspensión, al haberse negado por una parte y concedido por otra, la suspensión provisional y la definitiva, es susceptible de depuración, dentro del término de tres años, acorde a lo contemplado en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, en vinculación con los lineamientos contenidos en el apartado 7.5 y 8.1.2, punto 3 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es depurable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de marzo de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno duplicado del incidente de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 260/2022-VII, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, se hace constar que ninguna de las partes ofreció medio de prueba alguno, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que el Agente del Ministerio Público de la Federación si realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.Visto para resolver el juicio de amparo 260/2022-VII, promovido por Jonatán David Mendoza Mendoza y María Lucero Quiñones Echeverría, ambos por su propio derecho, contra actos que reclamaron al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el treinta de marzo del presente año, Jonatán David Mendoza Mendoza y María Lucero Quiñones Echeverría, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el orden de aprehensión que pretenden llevar a cabo las autoridades señaladas como responsables. SEGUNDO. Por auto de uno de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 260/2022-VII; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por los directos quejosos consiste en la orden de aprehensión que pretenden llevar a cabo las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables, Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, ambas con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó categóricamente el acto materia de reclamo, respecto de la quejosa María Lucero Quiñones Echeverría. Toda vez que, en sus informes con justificación manifiestan que en no existe registro alguno y en ningún momento han solicitado o girado orden de detención y/o presentación, ni su ejecución contra María Lucero Quiñones Echeverría. Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por las autoridades responsables en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, ambas con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado convienen en la existencia de los actos reclamados e hicieron manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo, respecto a la orden de aprehensión de catorce de febrero de dos mil veintidós, librada contra el aquí quejoso Jonatán David Mendoza Mendoza, por hechos que la ley señala como delito de abuso sexual, con penalidad agravada, cometido en perjuicio de una menor de edad, de iniciales D.J.L.Q., en autos de la causa penal 1200/2022. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la juez de control responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgado de Distrito, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo de aplicación. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el caso procede decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto a la orden de captura librada contra el ahora quejoso Jonatán David Mendoza Mendoza, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XVII, 62, 63, fracción V y 65, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior;". "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización." Del precepto 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se obtiene que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando con posterioridad a la presentación a la demanda se produzca un acto que traiga por resultado el cambio de la situación jurídica del inculpado de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por un nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Este cambio hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del inculpado, por ende, tal causa de improcedencia, como se dijo, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última, por lo que se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. En ese contexto, para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; En virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Pues bien, en el asunto en particular, el quejoso reclama a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la orden de aprehensión de catorce de febrero de dos mil veintidós, librada en su contra en la causa penal 1200/2022, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 174 en relación al 175 fracción II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la menor de iniciales D.J.L.Q., por hechos ocurridos entre el veintiséis de septiembre al tres de octubre de dos mil veintiuno, por la noche, en el interior del domicilio ubicado en la calle Plaza del Calvario número 2109-A del Fraccionamiento Portales de San Pedro, de esta ciudad. Sin embargo, la copia certificada de las constancias procesales que integran la causa penal de origen, de la audiencia inicial el dieciocho de septiembre del año en curso, allegadas al sumario ponen en conocimiento que la Agente del Ministerio Público formuló imputación al inculpado, aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 174 en relación al 175 fracción II del Código Penal del Estado. Así, en la continuación de la audiencia inicial culminó con el dictado de un auto de vinculación a proceso contra del quejoso. Bajo esas circunstancias, es evidente que operó un cambio de situación jurídica que impide analizar las violaciones atribuidas a la orden de captura que reprocha el inconforme, sin afectar esa nueva situación jurídica originada a raíz de la resolución vinculación a proceso. Luego, en el caso particular con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se decretó el auto de vinculación a proceso, por lo que se estima que cambió la situación jurídica en que se encontraba el inculpado aquí quejoso, respecto de los actos que reclamó en el amparo orden de aprehensión. En efecto, como consecuencia de la emisión de la resolución en que se decretó el auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 174 en relación al 175 fracción II del Código Penal del Estado; que constituye una nueva determinación, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la determinación que decretó el auto de vinculación a proceso, y que no es motivo de análisis en este juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida en contra del acto emitido por la autoridad en la tramitación y resolución del juicio a ella encomendado, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto, como en el presente caso la determinación que decretó auto de vinculación a proceso contra del aquí quejoso, que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. De lo que se sigue, si la juez responsable posterior a la presentación de la demanda de amparo dictó en la causa penal de origen, auto de vinculación a proceso al ahora quejoso, resulta incuestionable que operó un cambio de situación jurídica, actualizándose por ende, el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVII y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 2482, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, registro 2017544, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." También sirve de apoyo, la tesis II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1287, con número de registro 2002240, que se encuentra vigente y que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide abordar el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Soporta jurídicamente lo que precede, la tesis de jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Lucero Quiñones Echeverría y Jonatán David Mendoza Mendoza, contra los actos que reclamaron a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, ambas con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.
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