Jonathan Esparza Martínez
Expediente 423/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jonathan Esparza Martínez
- Jefe de la Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuase de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General de Ciudad Juárez, Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Incidental
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, se advierte que se ordenó el archivo definitivo, por lo que acorde a lo dispuesto en el "punto vigésimo primero", fracción III del "Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la dirección general del centro de documentación y análisis, archivos y compilación de leyes de la suprema corte de justicia de la nación, según se dispone en el "punto décimo", fracción i, del acuerdo antes citado, para efectos de su depuración o destrucción. Cúmplase.
- Incidental
Visto el estado que guardan los presente autos y toda vez que del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, se advierte que se ordenó el archivo definitivo, por lo que acorde a lo dispuesto en el "punto vigésimo", fracción iii del "Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito", se ordena su archivo por seis meses, transcurridos los cuales deberá destruirse. Cúmplase.
- Principal
Vistos*******************, contra actos del Jefe de la Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, turnado a este juzgado el treinta siguiente, Jonathan Esparza Martínez, promovió juicio de amparo, contra actos del Jefe de la Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes reclamó los actos señalados en su líbelo de amparo. SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró como expediente 423/2019-V-B, en el mismo auto se desechó de plano dicha demanda; sin embargo, el impetrante del amparo, interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien en resolución de veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, emitida en el recurso de queja administrativa 120/2019, declaró fundado dicho recurso. En atención a lo anterior, en auto de treinta de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, se solicitaron a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 36 y 114 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que los actos que reclama a las responsables tendrán ejecución en los límites territoriales en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo previsto por el numeral 77 de la Ley de Amparo, se procede a identificar debidamente los actos reclamados, a fin de estar en condiciones de dilucidar si los mismos son o no ciertos. Del análisis integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa se duele de lo siguiente: ""IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. Del C. Dr. Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, su inconstitucional dictamen de alta por riesgo de trabajo dictaminado en fecha 13 de mayo de 2019, mismo que se encuentra carente de fundamentación y precaria motivación, y que la autoridad responsable hace valer con el fin de que el quejoso se reincorpore a desarrollar sus funciones policiales en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Del C. Jefe de la Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, el inconstitucional dictamen de alta por riesgo de trabajo dictaminado en fecha 13 de mayo de 2019, por el C. Dr. Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, mismo que se encuentra carente de fundamentación y precaria motivación, y que la autoridad responsable hace valer con el fin de que el quejoso se reincorpore a desarrollar sus funciones policiales en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Del C. Dr. Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, la vulneración de los Derechos Humanos a la Dignidad Humana y a la Salud del quejoso, debido a que con su inconstitucionalidad dictamen de alta por riesgo dictaminado en fecha 13 de mayo de 2019, la autoridad responsable pone en riesgo la integridad física y psicológica del C. Jonathan Esparza Martínez. Del C. Jefe de la Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, la vulneración de los Derechos Humanos a la Dignidad Humana y a la Salud del quejoso, debido a que con el inconstitucionalidad dictamen de alta por riesgo dictaminado en fecha 13 de mayo de 2019, por el C. Dr. Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, la autoridad responsable pone en riesgo la integridad física y psicológica del C. Jonathan Esparza Martínez." De lo descrito con antelación, se advierte que el quejoso se duele del dictamen de alta por riesgo de trabajo, de fecha trece de mayo del dos mil diecinueve, emitido por el Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, acto el cual será materia de análisis en la presente resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1511, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. La autoridad responsable, Director General del Hospital General, en representación del Jefe de la Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez y del Hospital General en Ciudad Juárez, Chihuahua, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se les atribuyen, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que del informe y anexos que al mismo acompañó la informante, se aprecia la existencia del acto que el impetrante reclama. Lo anterior, es así, toda vez que la autoridad responsable, en su informe señala que el aquí quejoso, sufrió un accidente de riesgo de trabajo, consistente en lumbalgia o escoliosis o cifosis extensa y permanente o rigidez permanente en rectitud de columna lumbar, el trece de enero de dos mil diecisiete, y que se le dio de alta administrativa el veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, una vez efectuados los estudios, valoraciones, cirugías y terapias, necesarias para tratar el padecimiento del quejoso, que llega un momento en que medicamente no existe nada más que hacer por el paciente; que existe la posibilidad de que el accidente de trabajo deje algún tipo de secuela permanente o semipermanente, mismo que se determina por parte del especialista en medicina del trabajo el cual emite un dictamen, siendo dictaminado con un 40%, derivándose una incapacidad parcial permanente, es decir, ya no habrá mejoría de su lesión. Asimismo, alude la responsable, que se entiende por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Que por profesión habitual, se entiende, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. De igual forma, señala que el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en su artículo 147, establece que las incapacidades otorgadas a los trabajadores respecto a su antigüedad laboral, tienen un límite de 240 días de incapacidad. Que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 491 menciona que las incapacidades derivadas de un riesgo de trabajo deben revisarse a los tres meses a petición del patrón o el trabajador, para establecer si debe continuar con el mismo tratamiento médico o bien establecer las secuelas del riesgo de trabajo y dichos exámenes pueden repetirse cada tres meses. Que el acuerdo interno para la expedición de incapacidades de ICHISAL establece en su artículo 6, que medicina del trabajo se encargara de vigilar que las incapacidades se encuentren apegadas a la naturaleza de la lesión de acuerdo al "manual de la naturaleza de la lesión y duración de la incapacidad por diagnóstico y especialidad", es decir, cada lesión tiene un tiempo aproximado establecido de curación de acuerdo al diagnóstico se dictaminarían. Finalmente, indicó que en el caso específico, medicina del trabajo emitió un alta administrativa con el fin de cerrar el riesgo de trabajo, sin interferir con la atención médica que requiera el trabajador, el cual es un documento que establece el cierre del riesgo de trabajo estrictamente apegado a la normativa institucional en caso de que el trabajador requiera continuar con incapacidad bajo el diagnóstico actual, deben expedirse los certificados por enfermedad general y que en caso de que los estudios posteriores muestren alguna lesión atribuible al mecanismo de lesión documentado, puede establecerse una recaída, inclusive para el mismo trabajador que puede valerse por sí mismo es recomendable reincorporarse a sus actividades laborales no fungiendo con las mismas sino que se le generan otro tipo de diligencias a realizar en el, ya sean de tipo administrativas o del carácter que se considere sea mejor para el trabajador según lo determine el patrón, en el caso, Fiscalía General del Estado Zona Norte, siempre y cuando no le causen un detrimento al padecimiento en mención. Y a fin de acreditar el descrito informe, la autoridad responsable anexó al mismo, copias de las documentales relativas, al dictamen de alta por riesgo de trabajo, emitido por el Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, en data trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante el formato SO-4, en el cual se aprecia que concluyó en lo concerniente al aquí quejoso, en lo siguiente: Alta Médica por Valuación de Secuelas a Partir del: 11/05/2019; Dictamen Médico Legal de Riesgo de Trabajo, emitido por la Doctora Alma Luz Chacón Hernández, de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, mediante el formato SO-3, en el que se aprecia que estableció en lo relativo al quejoso, el siguiente diagnóstico: DX Nosologico: Lumbalgia (Hernia Discal L4-L5-L5-S1), DX Etiologico: Traumático por compresión al caer vehículo en desnivel; DX Anatomofuncional: Lumbalgia, Espasmo Muscular Lumbar; Dictamen de Incapacidad Permanente Parcial, de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, en el cual se advierte, en lo que al caso interesa, que concluyó en relación a la salud del quejoso, que le quedaron las siguientes secuelas sujetas a valuación: 1. Escoliosis o cifosis extensa y permanente o rigidez permanente en rectitud de la columna lumbar; que la lesión descrita es valuada en la fracción 400 del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, con un 40.00% de incapacidad organofuncional permanente y parcial para el trabajo, para efectos legales a partir del once de mayo del dos mil diecinueve, compactible con su fecha de alta médico; y Dictamen de Incapacidad Permanente Parcial, Total o Defunción por Riesgo de Trabajo, documental ésta última que carece de firma alguna. Las documentales descritas a excepción de la última en mención, tienen valor en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y con las cuales se tiene por probado, únicamente, el acto que se reclama, esto es, el relativo al dictamen de alta por riesgo de trabajo, emitido por el Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, en data trece de mayo de dos mil diecinueve, mediante el formato SO-4. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En relación con el acto reclamado, quien esto resuelve, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Los preceptos citados con antelación, refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas Generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo. (.) II.- La autoridad responsable teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorias; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)." De los numerales transcritos, se pone de manifiesto que el juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Asimismo, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame; esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Así, la interpretación lógica y sistemática del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Ahora bien, para una mejor comprensión de la causa de improcedencia que se analiza en el presente asunto, se estima oportuno establecer que los artículos 146, 147, 163, 164 y 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, disponen: "Artículo 146. Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores al servicio del Estado se regirán por las tablas que para estos casos establece la Ley Federal del Trabajo, y las licencias que con este motivo se concedan, serán con base en las mismas disposiciones de trabajo. Artículo 147. Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales tendrán derecho a que se les concedan licencias para dejar de concurrir a sus labores, en los siguientes términos: I. A los empleados que tengan menos de un año de servicios se les podrán conceder licencias por enfermedad no profesional, hasta por quince días con goce de sueldo íntegro, hasta quince días más con medio sueldo y hasta treinta días más sin goce de sueldo; II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro, hasta treinta días más con medio sueldo y hasta sesenta días más sin sueldo; III. A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro, hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo y hasta noventa días más sin sueldo; IV. A los que tengan de diez años de servicios en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo íntegro, hasta sesenta días más con medio sueldo y hasta ciento veinte días más sin sueldo. Los cómputos de antigüedad deberán hacerse por servicios continuados, o cuando de existir interrupciones en la prestación de dichos servicios, éstas no sumen más de seis meses. Podrán gozar de la franquicia señalada, de manera continua o discontinua, una sola vez dentro de un período de 365 días. El beneficio de los permisos con goce de sueldo no se aplicará en los casos de lesiones en riña con carácter de provocador o como consecuencia de haber sido sufridas en estado de ebriedad, o por el uso de drogas heroicas o enervantes e intento de suicidio. Artículo 163. Las Juntas Arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores. Artículo 164. El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente: I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la Administración o sus representantes y sus trabajadores; II. Para conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre la organización sindical y el Estado; y III. Para llevar a cabo el registro del sindicato y la cancelación del mismo registro. Artículo 165. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal y Juntas Arbitrales se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia, a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal o Juntas se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo, y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda." De los preceptos legales trascritos, se advierte que las controversias que existan entre el funcionario de una unidad burocrática con sus trabajadores serán dirimidas ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua, en atención a que la relación jurídica que une al Estado con sus trabajadores no lo hace con su potestad de autoridad sino como patrón. Efectivamente, el derecho a disfrutar las prestaciones del quejoso tienen su origen en la existencia de un vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón debe ser sujeto de controversia ante un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En tal virtud, el acto emitido por las autoridades señaladas como responsables no tiene el carácter de acto de autoridad; y la controversia entre ellas y trabajador deberá ser resuelta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el Jefe de la Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General, y el Doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, Médico de Medicina del Trabajo del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, y del Hospital General en Ciudad Juárez, no pueden acudir como autoridad ni tampoco la Fiscalía General del Estado. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia de la antes Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 529, del Tomo V, Trabajo, Apéndice 2000, registrada con el número 915788, que a la letra dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal de Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Asimismo, se invoca la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 65, del Tomo LXII, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES, INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE DE LOS. El artículo 318 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el patrono está obligado a reponer en su ocupación al trabajador que hubiere sufrido algún riesgo profesional cuando esté capacitado, y siempre que no haya recibido indemnización por incapacidad total permanente; por tanto, estando demostrado que un patrono ha pagado la indemnización por incapacidad total permanente a un trabajador, si una Junta condena a aquél a nuevas prestaciones, el amparo que por este concepto se pida, deberá concederse." De igual forma, es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 885, Tomo VI. Laboral Primera Parte, del Apéndice de 2011, que dice: "RIESGOS DE TRABAJO, REVISIÓN DE CONVENIOS SOBRE ELLOS, NATURALEZA DE LOS LAUDOS DICTADOS EN ESA MATERIA. El laudo dictado en una reclamación sobre pago de indemnización por riesgo de trabajo y revisión de un convenio celebrado con anterioridad, por haberse agravado el riesgo sufrido, tiene el carácter de definitivo, ya que el mismo pone fin al ejercicio de una acción que, aunque relacionada con otra cuestión de la misma índole, ya definida por un convenio aprobado por la Junta respectiva, tiene sustantividad propia y causalidad particular que es materia de un nuevo conocimiento, en los términos del artículo 307 de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Por tanto, el expresado laudo debe reclamarse en única instancia en amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia o Tribunal Colegiado y no ante el Juez de Distrito." También, resulta ilustrativa al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 42/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 203, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. EL ARTÍCULO 493 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO FACULTA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE, A SU JUICIO, AUMENTE LA INDEMNIZACIÓN HASTA EL MONTO DE LA QUE CORRESPONDERÍA POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL." Asimismo, sirve de apoyo en relación al tema, en parte de su contenido, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual puntualizó que el Certificado Médico en el que se determine la Incapacidad Parcial Permanente de un trabajador, es una resolución definitiva, la cual debe ser impugnable ante el Tribunal Administrativo, ello siempre que ostente, la aprobación o negativa que debe expresar, en cualquier caso el Comité de Medicina del Trabajo, y en el caso en concreto, el acto reclamado fue emitido por un galeno que pertenece a Medicina de Trabajo, por ende dicho acto, se estima válido y debe ser impugnado, como ya se indicó en párrafos que preceden, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua. El criterio jurisprudencial que se hace alusión, es consultable en la página 575, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Tesis: 2ª./J. 123/2018 (10a.), Materias Administrativa, Décima Época, Registro 2018680, del rubro y texto siguiente: "INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. EL CERTIFICADO MÉDICO EN EL QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO LA HACE CONSTAR (FORMATO RT-09) ES UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SIEMPRE QUE OSTENTE LA APROBACIÓN O NEGATIVA QUE DEBE EXPRESAR, EN CUALQUIER CASO, EL COMITÉ DE MEDICINA DEL TRABAJO DE DICHO INSTITUTO. De la interpretación integral de los artículos 2, 17, 18, 23 a 25, 27, 28, 42 y 72 del Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 24 de febrero de 2017, tratándose de accidentes acaecidos en el centro de labores o en el trayecto a éste, e inclusive cuando el trabajador se encuentre en el desempeño de una comisión, el Instituto citado está obligado a examinar la profesionalidad del riesgo de trabajo, y una vez dictaminada su procedencia, debe declarar en qué situación médico laboral se colocó el trabajador a través de valoraciones médicas trimestrales, las cuales no habrán de rebasar el plazo de un año contado a partir de que ese organismo de seguridad social tenga conocimiento del riesgo o a partir de que emita la primera licencia médica. Ahora bien, una vez agotado el periodo anual, el Instituto debe otorgar una incapacidad parcial o total permanente, o bien, determinar la ausencia de secuelas que permitan la reincorporación del trabajador a su centro de trabajo, pero en cualquier caso fijará el estatus médico laboral del trabajador en forma definitiva en el formato RT-09, que llenan tanto el personal médico especializado, como las autoridades a quienes compete validarlo, es decir, el Comité o el Subcomité de Medicina del Trabajo, quienes en un plazo no mayor a 60 días naturales deberán decidir en definitiva sobre la negativa de la incapacidad o del grado de disminución órgano-funcional del trabajador, conforme a la tabla de valuación del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de que en los supuestos en que el médico tratante, al practicar la primera valoración médica, encuentre que se produjo una patología clínicamente irreversible o que no ofrezca alternativa de mejoría, por ejemplo, cuando hubo amputación o pérdida total o parcial de algún órgano, emitirá inmediatamente el certificado médico RT-09, hipótesis en la que no habrá que esperar el plazo anual para que el Comité mencionado pueda emitir la decisión que valide ese diagnóstico y determine el grado de disminución órgano-funcional que porcentualmente proceda. En consecuencia, para los efectos de la promoción del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se demande la invalidez de la determinación conclusiva del Instituto, sea porque el actor esté inconforme con el grado porcentual de incapacidad determinado o por cualquier otra causa, sólo procede el juicio cuando en dicho formato RT-09 conste que ya transcurrió el año y las correspondientes valoraciones médicas trimestrales practicadas, así como la aprobación o negativa, en su caso, del Comité de Medicina del Trabajo de la declaración de incapacidad parcial o total del asegurado, exceptuando el supuesto en el que antes de que transcurra tal plazo el daño se considere como irreversible o no ofrezca posibilidad alguna de recuperación, pero siempre a condición de que el Comité haya validado definitivamente ese diagnóstico." Puntualizado lo anterior, y al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la citado cuerpo de Leyes, se sobresee en el presente juicio constitucional, por las razones apuntadas con antelación. Cobra vigencia al caso que nos ocupa, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia, visible a página 414, volumen VIII, agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 195744), que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En consecuencia, no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación ni de las pruebas tendentes a sustentarlos en razón de su ineficacia, esto con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época (registro 239006), de título: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jonathan ***************, por las razones indicadas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, haciendo constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
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