Jonathan Alan Medina Baca

Expediente 244/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
244/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Jonathan Alan Medina Baca

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, se declara que dicho auto, queda firme y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el escrito presentado por el licenciado Esteban Sosa Reyes, quien se ostenta como defensor particular del directo quejoso Jonathan Alan Baca Medina, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual en atención a lo solicitado mediante diverso proveído de veintiséis del mes y año en curso, se le tiene haciendo diversas manifestaciones, las que se proveerán de la siguiente forma. Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado Esteban Sosa Reyes, quien se ostenta como defensor particular del directo quejoso Jonathan Alan Baca Medina, contra actos del Juez de Control y otras autoridades, con residencia en esta ciudad; regístrese la presente demanda en el libro de juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado Federal con el número consecutivo 244/2018-II y fórmese expediente. Sin embargo, hecha la lectura cuidadosa e integral de la demanda, el suscrito Juez, considera que la demanda de amparo debe ser desechada en términos de lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, merced a las siguientes razones. En principio, cabe decir que el promovente medularmente señal como acto reclamado al Juez de Control la negativa de entregarle el video de la audiencia de siete del mes de agosto de dos mil diecinueve. De los Magistrados de las Salas Penales Regionales de esta ciudad, no tener sala penal. Y del Agente del Ministerio Público la pasividad de la actuación de las autoridades. A prevención de este juzgado bajo protesta de decir verdad, señaló: "A lo que se precisa que el acto reclamado se tiene como siete de marzo de dos mil diecinueve. Mas sin embargo el acto reclamado debe ser y es; no es la fecha de la audiencia, ES LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE NO PROPORCIONAR EL AUDIO VIDEO DE LA AUDIENCIA DE FECHA SIETE DE MARZO DE 2019. Teniendo en cuenta que la solicitud o petición del audio video fue en la audiencia de fecha siete de marzo de dos mil nueve. En relación al inciso b) debo manifestar que existe un mal entendimiento jamás se me notificó el acuerdo (porque no existe) que se me niegue copia del audio video. La negativa de la autoridad de entregar el audio y video consiste en que la autoridad responsable es omisa en poner a disposición de la oficina u oficina de información de la Ciudad Judicial u oficialía de partes de los Jueces de Control que se ubica en el mismo domicilio de los Jueces de Control conocida como Ciudad Judicial.". De las Salas Penales Regionales reclama: "La omisión de los Magistrados de las Salas Penales Regionales de señalar la fecha de la audiencia de alegatos y resolución al recurso de apelación interpuesto." Precisado lo expuesto, se advierte que los actos que se reclaman no encuadran dentro de alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que no se está en el supuesto de un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la intelección de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación a ello, es preciso señalar que nuestro máximo tribunal de justicia de la nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las llamadas garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, el embargo, la imposición de multas, sólo por citar algunos. En tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. Como en la especie acontece, pues el quejoso solicita un audio y video del Juez de Control y bajo protesta de decir verdad señala que no lo ha solicitado. Que los magistrados de la Sala Penal, no han señalado fecha de audiencia ni resuelto lo peticionado en el recurso de apelación de siete de marzo del presente año. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII, del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". En ese orden, no procede el amparo indirecto contra actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo o judicial si no se trata de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir de actos que materialmente trastoquen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que lo reclamado no implica de forma alguna que se le prive de su derecho de acceso a la justicia, pues se trata únicamente de una violación de carácter procesal que en todo caso produciría una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente habrá de trascender al resultado del fallo. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en cuya ejecutoria expuso lo que sigue: "[.] Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite [.] Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción [.]". Ejecutoria de donde derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materias Constitucional y Común, página 1086, o bien, en el sistema digital del propio semanario con el registro 2011580; que es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, sustenta lo dicho la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006338, que en su rubro y texto establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Sin que en la especie pueda decirse que el acto reclamado constituya una "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total", como para estimar que se está en el caso de excepción a la regla general de improcedencia del juicio de amparo; además de que, las manifestaciones que son de inconformidad y no peticiones hechas ante las autoridades señaladas como responsables, no constituyen un reclamo dentro de un procedimiento administrativo o judiccional al derecho de petición, pues, únicamente se inconforma, empero, no ha hecho la petición, por ende, no se deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, por lo que, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual, tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición que realice. En ese contexto, no existe duda de que los actos reclamados no constituyen un acto procesal de ejecución irreparable que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, dado que sus efectos son meramente formales y pueden desaparecer si hace directamente su petición ante las autoridades responsables y con ello obtener el resultado esperado, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal. Bajo este entorno, es evidente que la actuación que en esta vía se combate, no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que sólo entrañan una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, es decir, meramente procesales, como son el que la autoridad responsable, le entregue un video de la audiencia de formulación de imputación a la parte quejosa; asimismo, los magistrados de la Sala Penal a quienes les haya correspondido el recurso de apelación le notifiquen que se avocaron al conocimiento del asunto y provean lo peticionado, para luego, en el momento procesal oportuno, emitir la determinación que la dé por concluida; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con las actuaciones de las que se queja el inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si la sentencia o resolución que ponga fin a ese juicio, resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas por vía de amparo directo que promueva contra aquella en la medida en que trascienda a su resultado, conforme al numeral 172, fracción I de la Ley de Amparo. Es así como se concluye que el acto reclamado no es de aquéllos que generan un perjuicio de imposible reparación, que a manera de ejemplo son, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo de cuenta ante su manifiesta e indudable improcedencia. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo el Secretario con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Atento a lo dispuesto por el Decreto publicado el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente. "En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia". Finalmente, de conformidad con los artículos 3, 8, TITULO CUARTO INFORMACIÓN CLASIFICADA (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I ,del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, presentada por el licenciado Esteban Sosa Reyes, quien se ostenta como defensor particular de Jonathan Alan Medina Baca, se ordena formar el juicio de amparo 244/2019-II-B. A efecto de proveer sobre su admisión o desechamiento, en virtud de que se advierten irregularidades en el escrito de demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, en relación con el numeral 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, se previene al promovente, para que dentro del término de cinco días computados legalmente, cumpla con las siguientes prevenciones: a) Para que haga del conocimiento de este juzgado, la fecha de la audiencia relativa a la petición que contiene el audio-video, que aduce le es negado por el Juez de Control, toda vez que en su demanda en el rubro relativo a los actos reclamados, señala como fecha de audiencia el siete (7) de agosto de dos mil diecinueve (2019); b) Asimismo, informe cuando se le notificó el acuerdo en que se le niega la copia del audio-video que menciona; c) Para que presente las copias necesarias a fin de correr traslado a las partes, de su escrito aclaratorio. Se hace del conocimiento del promovente de amparo que deberá conducirse y rendir lo anterior bajo protesta de decir verdad, conforme a lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo y en caso de indicar falsedad, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 261, fracciones I y II, de la citada ley, el cual dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo solicitado, en el término concedido para dicho efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del ordinal 114, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Respecto a la solicitud del licenciado Esteban Sosa Reyes, respecto del acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona los datos de su nombre de usuario, conforme lo dispuesto por el ¨Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal¨, se ordena autorizarle para que acceda al presente juicio de amparo, el cual podrá consultar mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su respectivo nombre de usuario que proporciona. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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