Jonathan Bolaños Bazán
Expediente 18/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jonathan Bolaños Bazán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL.18/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso *** interpusiera recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de enero de este año en la que se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las demás partes procesales pues, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la resolución dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 8. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, 2º realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 10. Devolución de disco. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que en esta Secretaría obra un disco compacto en formato DVD, que remitió como justificación a su informe la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
PRAL.18/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio firmado por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad oficiante el disco compacto en formato DVD que anexa a su informe, el cual contiene: El registro de audio y video de la audiencia de control de detención en el supuesto de flagrancia, celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal 1040/2021. Transcripción del auto de vinculación a proceso emitido en la citada audiencia de siete de octubre de dos mil veintiuno -archivo PDF-. Transcripción de la medida cautelar dictada en la misma fecha -archivo PDF-. Prueba que se desahoga en razón de su propia naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Resguardo del disco y disposición. Toda vez que no es posible la digitalización del disco, dada su naturaleza, se hace del conocimiento de las partes que aquél no formará parte del expediente electrónico y se resguardará en la secretaría de este Juzgado; no obstante, se deja a su disposición para su consulta, en términos de los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se puntualiza que, para la consulta respectiva, deberán observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 1/2022 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante código QR), con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el informe justificado de la autoridad responsable y el contenido del disco compacto anexo, se advierte que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; lo cual impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Los numerales citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los artículos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); asimismo, que ese plazo debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. El inicio del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, debe partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de esas tres hipótesis; por tanto, esos supuestos son excluyentes, pues no guardan orden de prelación. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 prevén las excepciones a la regla general, esto es, cuando: a) Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) El amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) El acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados 1) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la audiencia de control de detención, en el supuesto de flagrancia, celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal 1040/2021 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, así como 2) la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en la misma audiencia. En ese sentido, de la reproducción del disco compacto exhibido con el informe justificado de cuenta, se advierte que el quejoso Jonathan Bolaños Bazán estuvo presente durante todo el desarrollo de la audiencia celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal 1040/2021, siendo asistido por el defensor público *** De ahí que, en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el quejoso y su defensor quedaron notificados del auto de vinculación a proceso y de la medida cautelar de prisión preventiva, en la propia audiencia, es decir, el siete de octubre de dos mil veintiuno. Así, es posible afirmar que la demanda de amparo es extemporánea. Para evidenciarlo, debe señalarse que los actos reclamados no se ubican en ninguna de las hipótesis de excepción al plazo genérico previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 de la Ley de Amparo, pues no se trata de a) una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; b) ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; c) tampoco son actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; d) ni menos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, para la promoción de la demanda de amparo debe atenderse la regla general de quince días señalada en el primer párrafo del citado artículo 17 de la Ley de Amparo; y si el quejoso quedó notificado de los actos reclamados el siete de octubre de dos mil veintiuno, se actualiza el primer supuesto del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, que implica que el plazo para la presentación de la demanda debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto reclamado. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación efectuada al quejoso el siete de octubre de dos mil veintiuno surtió efectos el día siguiente (8/octubre/2021). Entonces, el plazo de quince días que tuvo *** para presentar la demanda de amparo transcurrió del once de octubre al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y si del sello correspondiente al depósito en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, se aprecia que la demanda fue presentada el cuatro de enero de dos mil veintidós, es evidente que esa presentación es extemporánea, esto es, se hizo fuera del plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, es inconcuso que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J.115/2010 y P./J.11/2017 (10ª) de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, fuera de audiencia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que aparece bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". 3.1 Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Audiencia constitucional. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de este año. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (CITATORIO) PRAL.18/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio firmado por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad oficiante el disco compacto en formato DVD que anexa a su informe, el cual contiene: El registro de audio y video de la audiencia de control de detención en el supuesto de flagrancia, celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal 1040/2021. Transcripción del auto de vinculación a proceso emitido en la citada audiencia de siete de octubre de dos mil veintiuno -archivo PDF-. Transcripción de la medida cautelar dictada en la misma fecha -archivo PDF-. Prueba que se desahoga en razón de su propia naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Resguardo del disco y disposición. Toda vez que no es posible la digitalización del disco, dada su naturaleza, se hace del conocimiento de las partes que aquél no formará parte del expediente electrónico y se resguardará en la secretaría de este Juzgado; no obstante, se deja a su disposición para su consulta, en términos de los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se puntualiza que, para la consulta respectiva, deberán observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 1/2022 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante código QR), con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el informe justificado de la autoridad responsable y el contenido del disco compacto anexo, se advierte que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; lo cual impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Los numerales citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los artículos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); asimismo, que ese plazo debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. El inicio del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, debe partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de esas tres hipótesis; por tanto, esos supuestos son excluyentes, pues no guardan orden de prelación. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 prevén las excepciones a la regla general, esto es, cuando: a) Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) El amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) El acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados 1) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la audiencia de control de detención, en el supuesto de flagrancia, celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal 1040/2021 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, así como 2) la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso en la misma audiencia. En ese sentido, de la reproducción del disco compacto exhibido con el informe justificado de cuenta, se advierte que el quejoso Jonathan Bolaños Bazán estuvo presente durante todo el desarrollo de la audiencia celebrada el siete de octubre de dos mil veintiuno en la causa penal 1040/2021, siendo asistido por el defensor público *** De ahí que, en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el quejoso y su defensor quedaron notificados del auto de vinculación a proceso y de la medida cautelar de prisión preventiva, en la propia audiencia, es decir, el siete de octubre de dos mil veintiuno. Así, es posible afirmar que la demanda de amparo es extemporánea. Para evidenciarlo, debe señalarse que los actos reclamados no se ubican en ninguna de las hipótesis de excepción al plazo genérico previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 de la Ley de Amparo, pues no se trata de a) una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; b) ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; c) tampoco son actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; d) ni menos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, para la promoción de la demanda de amparo debe atenderse la regla general de quince días señalada en el primer párrafo del citado artículo 17 de la Ley de Amparo; y si el quejoso quedó notificado de los actos reclamados el siete de octubre de dos mil veintiuno, se actualiza el primer supuesto del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, que implica que el plazo para la presentación de la demanda debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto reclamado. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación efectuada al quejoso el siete de octubre de dos mil veintiuno surtió efectos el día siguiente (8/octubre/2021). Entonces, el plazo de quince días que tuvo *** para presentar la demanda de amparo transcurrió del once de octubre al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y si del sello correspondiente al depósito en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, se aprecia que la demanda fue presentada el cuatro de enero de dos mil veintidós, es evidente que esa presentación es extemporánea, esto es, se hizo fuera del plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, es inconcuso que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J.115/2010 y P./J.11/2017 (10ª) de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, fuera de audiencia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que aparece bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". 3.1 Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Audiencia constitucional. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de este año. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente.
- Principal
pral.18/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Estado procesal. Vistos los autos, se advierte que la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, quedó notificada del auto en que se le requirió informe justificado, el trece de este mes (como se aprecia de la constancia que obra en el expediente electrónico). Por ello, como se hizo constar en la certificación de cuenta, a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para rendir el informe solicitado. Diferimiento de audiencia. En esas condiciones, no es posible desahogar la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós. 3. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíe oficio, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese.
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