Joel Ruiz Cruz

Expediente 820/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
820/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Joel Ruiz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    PRAL 820/2022 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Precisión sobre el acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 4.1 Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 8. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico generado con la FIREL se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que esté debidamente integrado; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 820/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Se remite información. Incorpórese a los autos el comunicado remitido al correo electrónico oficial de este Juzgado por la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, mediante el que respetuosamente solicita se dé celeridad a los juicios de amparo que enuncia, por los motivos que expone, dentro de los que se encuentra este expediente. En esas condiciones, se acuerda: Hágase del conocimiento de la citada autoridad que con fecha once de octubre del año en curso se dictó la sentencia en este asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por ende, una vez que fenezca el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en caso de que dicha sentencia no sea recurrida, causará ejecutoria y se proveerá lo conducente en relación al archivo de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 820/2022 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del once de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 820/2022, como se ordenó en acuerdo de doce de septiembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin que las partes solicitaran asistir. Apertura de audiencia. Abierta esta fase, la secretaria hace relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Joel Ruiz Cruz, por propio derecho, e informe justificado de la autoridad responsable, magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca. Asimismo, hace constar que: 1) no existe documento con el que deba darse cuenta y 2) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio de trece de julio de dos mil veintidós. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente en el momento procesal oportuno. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba documental de su parte, la consistente en copia de a) la credencial para votar a nombre del quejoso Joel Ruiz Cruz, expedida por el Instituto Nacional Electoral y b) acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario número 1388/2017. Por su parte, la autoridad responsable, magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, remitió, como justificación a su informe, copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio agrario 1388/2017, de su índice. Por lo que, se acuerda: Ténganse por desahogada la documental ofrecida por la parte quejosa y autoridad responsable referida, en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de Ley de Amparo. Sin medios de convicción pendientes de desahogar, se concluye la etapa probatoria. Etapa de alegatos. Se abre la fase de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, así como que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado tampoco formuló pedimento; por tanto, se cierra esta fase y quedan vistos los autos para dictar la sentencia respectiva. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 820/2022; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante demanda de amparo depositada el once de julio de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el doce de julio siguiente, Joel Ruiz Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad responsable que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, entre otras cuestiones, ordenó formar expediente impreso y electrónico con el número 820/2022; admitió a trámite la demanda; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y le dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Citación para audiencia. Seguido el juicio en su trámite, el doce de septiembre del año en curso se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza agraria, además de que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado, el cual la parte quejosa hace consistir en: El acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario número 1388/2017. Atribuido al magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. CUARTO. Actualización de una causal improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este órgano de control constitucional llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Ahora, del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional; mismos que la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha interpretado. El legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente, se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque el derecho que se vio afectado por el acto de autoridad se encontraba incorporado temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba el referido derecho se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del promovente. En ese contexto, resulta de especial relevancia considerar que, aun cuando en el mundo jurídico subsistan los actos de autoridad que se reclamen y llegara a concluirse que los mismos son inconstitucionales, si en relación con ellos existe una nueva situación jurídica que trae aparejados determinados efectos materiales y jurídicos, en virtud de una modificación del entorno dentro del cual derivan, jurídicamente se tornaría imposible restituir a quien reclama en el goce de los derechos humanos que estima violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, por un motivo que jurídicamente impide que los efectos del acto reclamado se concreten en su esfera jurídica. De manera que la referida causa de improcedencia se actualiza cuando el órgano de control constitucional advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se actualizó o emitió. Por tanto, aun en el caso de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación; lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 173858, de epígrafe y sinopsis subsecuente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca, el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario número 1388/2017, en el que, en lo substancial, se acordó que ante la imposibilidad de llegar a un arreglo amistoso respecto de la forma de ejecutar la sentencia emitida en el referido asunto (por la oposición de programación de una audiencia para avenir el procedimiento de ejecución por parte de la actora), con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria señalaba las diez horas del catorce de julio de dos mil veintidós, para la ejecución del fallo dictado. Además de que en sus conceptos de violación la parte quejosa alegó que, en dicho acuerdo, la responsable hizo caso omiso a su solicitud de programación de una audiencia de avenencia, previo a acordar lo relativo a la ejecución forzosa; siendo que la responsable dictó el acuerdo reclamado en los términos en que lo hizo 1) previa vista a la parte actora con la solicitud del demandado, aquí quejoso, y 2) oposición de la actora para avenir, en atención a dicha vista. Ahora, en el informe justificado, la responsable refirió que era cierto el acto reclamado, pero que el catorce de julio de dos mil veintidós se ejecutó materialmente la sentencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio agrario 1388/2017, y en auto de tres de agosto de este año se declaró ejecutoriada la misma, ordenándose el archivo del expediente. Lo que se corrobora con la copia certificada del acta de ejecución de fecha catorce de julio de dos mil veintidós, levantada en Tlacolula de Matamoros, Municipio de Tlacolula de Matamoros, distrito de Tlacolula, Oaxaca; misma en la que, en la parte final, se lee que con las formalidades de ley, los licenciados Eder Didier Caballero Bravo y Alberto Santiago Cordero Gutiérrez, en su carácter de actuarios y a nombre y representación del Tribunal Unitario Agrario distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; hacen entrega real, material y jurídica a María de Jesús Ruiz Cruz, aquí tercera interesada, la superficie de 173.73 metros cuadrados, correspondientes a la parcela número 63 Z-1 P1/3 dentro del núcleo de la población ejidal Tlacolula de Matamoros, Municipio de Tlacolula de Matamoros, distrito de Tlacolula, Oaxaca; señalada en el considerando quinto de la sentencia que se ejecuta. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, el acto reclamado en esta instancia constitucional no puede ser objeto de análisis en cuanto al fondo, porque sus efectos no podrán concretarse en perjuicio de la esfera jurídica del impetrante del amparo, por haberse modificado el entorno en el que se actualizó y, además, porque si se concluyera que es inconstitucional, ningún efecto tendría la sentencia concesoria, pues resulta materialmente imposible que la autoridad responsable realice actuaciones en el juicio de origen, el cual fue archivado como asunto totalmente concluido. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica, necesariamente, que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que, en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos humanos, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias; de manera que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2002286, de rubros siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Constitución Federal, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone; y, desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal, se sobresee en este juicio de amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Joel Ruiz Cruz, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario número 1388/2017, atribuido al magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario distrito Veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca; por los motivos expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 820/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Glose de oficio. Incorpórese el oficio de cuenta número T.U.A. 21/2218/2022, suscrito por el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de doce de septiembre pasado, remite la razón relativa al emplazamiento de los terceros interesados, integrantes del Comisariado Ejidal de Tlacolula de Matamoros, municipio de Tlacolula, Oaxaca, realizado el doce de septiembre de este año a través de los estrados del referido Tribunal, surtiendo efectos el trece de septiembre siguiente. De lo anterior se toma nota para los fines legales consiguientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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