Joelia Santos Santiago
Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Joelia Santos Santiago
Actuaciones
- Principal
pral 715/2020 mesa 3º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Como se advierte de la certificación que antecede, mediante circular CAP/3/2020, del coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó las medidas especiales adoptadas a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; y toda vez que en este asunto no se actualizó el supuesto de urgencia establecido en el artículo 4 del acuerdo general 13/2020 invocado, durante aquél plazo no se emitió ningún proveído con visto en los estados de autos que guarda este expediente (concluido); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 2. Acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por la secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el que acusa recibo del oficio por el cual se remitió 1) el expediente civil 515/2017 y 2) el toca civil 14/2020; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Federico de Jesús Díaz Arias, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de diciembre de dos mil veinte, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/3521/2020, de la misma fecha, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.715/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de trece de noviembre de este año, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1.Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3.2. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 4. Instrucción. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Devolución de constancias. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en la Secretaría de este Juzgado obra 1) el expediente civil 515/2017 y 2) el toca civil 14/2020; por ende, se ordena devolver dichas documentales a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, al carecer de objeto su permanencia en este Juzgado. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
pral715/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en este municipio, recibido el once de noviembre del año en curso, en la Oficialía de Partes Comunes de los Juzgados de Distrito con sede en este Municipio, y registrada en este órgano jurisdiccional el doce de noviembre siguiente, al que acompaña: 1) el juicio de amparo directo 226/2020, el cual contiene el original de la demanda de amparo promovida por J ***, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y de otra autoridad, 2) el expediente civil 515/2017 y 3) el toca civil 14/2020; acúsese recibo al Tribunal de Alzada. La superioridad determinó carecer de competencia para conocer de ese juicio de amparo, toda vez que la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca civil 14/2020, de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, no es definitiva para efectos del juicio de amparo directo, ni puso fin al juicio. En consecuencia, este órgano jurisdiccional acepta la competencia para conocer de dicho asunto. Por tanto, con la demanda de amparo de cuenta fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 715/2020. 1.1. Se ordena formar tomos anexos. Con las documentales remitidas, consistentes en el expediente civil 515/2017 y el toca civil 14/2020, a fin de facilitar el manejo de este expediente y evitar el deterioro de las documentales, se ordena formar los tomos anexos I y II, respetando el folio y entresello correspondiente. 1.2. Se hace del conocimiento. Comuníquese dicha circunstancia a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y al juez Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca; para los fines legales consiguientes, en el entendido que dichas documentales serán devueltas en el momento procesal oportuno. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Improcedencia de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Acto reclamado. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, en el toca civil 14/2020; resolución en la que se ordenó reponer el procedimiento del expediente civil 515/2017, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para el efecto de llamar a juicio a una persona física como litisconsorte pasivo necesario. Contra dicha resolución se actualiza la causa de improcedencia prevista en el Se afirma lo anterior, si se considera que los actos procesales dentro del juicio sólo tienen efectos de imposible reparación, se insiste, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. De modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Así, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas, son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a las personas, pues limitarían los derechos fundamentales de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, y cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por otro lado, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, cualquier violación procesal debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo. Consecuentemente, la resolución reclamada no causa un perjuicio en la esfera jurídica sustantiva de la quejosa, porque el único efecto que ello tendría sería que se integre debidamente la relación jurídica procesal, pudiendo quedar insubsistente la violación que estima violatoria de derechos al resolverse el juicio en su primera instancia; y, en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría combatirla mediante el recurso ordinario, pero no antes, porque la infracción alegada depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es ilustrativo al caso el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, que se comparte, publicado en la página 2488 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, registro 2015272, del texto y texto: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así como, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo 10virus Covid-19. 11. Notificación a la parte quejosa y protocolo seguridad. En razón que la parte quejosa no tramitó este asunto de manera electrónica, se ordena notificarle este proveído por conducto del (de la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, en el domicilio que tiene señalado en autos. Por lo anterior, se instruye al (a la) actuario (a) que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de las partes, como lo determinan los acuerdos generales 13/2020 y 21/2020. 12. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente.
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