Jonathan Alejandro Méndez Carpio y Otros.
Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2022
Partes del expediente
- Jonathan Alejandro Méndez Carpio y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de febrero de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, con el cual en cumplimiento a la prevención de veintiséis de enero de dos mil veintidós, precisa el reclamado en el presente juicio. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, que inicialmente hizo consistir en: "LA OMISIÓN DE LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE DICTAR AUTO DE EJECUCIÓN Y REQUERIMIENTO DE EMBARGO DERIVADO DEL LAUSO EMITIDO EL 20 DE ENERO DE 2019 EN EL JUICIO LABORAL ORDINARIO NÚMERO ***, DEL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE HA SIDO OMISA DE RESOLVER, CON LO ESTABLECIDO LEGALMENTE PARA QUE LA EJECUCIÓN SEA DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 940 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Sin embargo, con motivo a la prevención ordenada en autos, se advierte que el quejoso en su escrito aclaratorio precisó como acto reclamado el siguiente: "QUE LA DILACIÓN QUE REFIERO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS LO HAGO VALER COMO UNA OMISIÓN GENÉRICA ATENDIENDO A LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador Federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es inconstitucional o no; es decir, la improcedencia que se invoque causa en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad; improcedencia que, como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En el caso, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como el escrito aclaratorio que se provee, la suscrita advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 de este mismo ordenamiento legal, y con la jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página dos mil setecientos setenta y uno del libro III, tomo cuatro, correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, décima época, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." Lo anterior, por las consideraciones que a continuación se expondrán. En primer término, de la jurisprudencia citada se advierte que el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia a petición de parte, en caso de incumplimiento de laudo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, siendo necesaria la intervención en las diversas etapas que lo conforman; además, que de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento (61, fracción XXIII, y 63, fracción V de la Ley de Amparo), porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podrían tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Es ese orden de ideas, resulta necesario precisar que los artículos 519, fracción III, 940, 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en el año dos mil dieciocho -fecha en que se inició el juicio laboral de origen-, establecen: "Artículo 519.- Prescriben en dos años: III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se obtiene que si bien, una vez dictado el laudo, el Presidente de la Junta, tiene la obligación de proveer oficiosamente el dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento legal, dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, después de transcurrido el plazo de quince días que prevé el numeral 945 de la ley en cita; máxime que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados antes ellas prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo respectivo. No pasa desapercibido para esta juzgadora, que también en la mencionada etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cierto es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de quince días siguientes a su notificación a la parte demandada, tal como lo dispone el artículo 945 de la mencionada legislación, requiere no solamente la solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. Sirve de apoyo por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." Ahora, en el caso concreto, el quejoso reclama en forma genérica la omisión de la responsable de ejecutar el laudo dictado el veinte de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral ***, sin que atribuya a la autoridad responsable una omisión o acto en concreto en relación con ese procedimiento, de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra. Por tanto, se colige que la omisión genérica que impugna el promovente del amparo es un acto inexistente al momento de la presentación de la demanda constitucional, pues como se adelantó, las actuaciones en la etapa relativa a la ejecución de laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Máxime que para la procedencia del presente juicio de amparo se considera necesario que se hubiese reclamado un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, pues los juzgadores de amparo deben constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por el justiciable, lo cual implica que no se pueden considerar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. No pasa desapercibido, que aun cuando el acto reclamado se trata de un hecho negativo, lo cual implicaría que no corresponde a la parte quejosa demostrar la conducta omisa de la autoridad laboral; empero -como quedó establecido en párrafos precedentes- en la fase en que se encuentra el procedimiento, ésta no actúa en forma oficiosa, sino que la ejecución del laudo es a petición de la parte ejecutante; por ende, es a la parte quejosa a quien le corresponde acreditar que instó la actuación cuya omisión reclama. Lo anterior, tiene sustento, en la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO." En las relatadas consideraciones, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 217, todos de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 80/2022-2-C. PREVENCIÓN Ahora, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación: a) Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el juicio de garantías, indique si realizó solicitud alguna ante la responsable con relación al acto reclamado, y de ser el caso, la fecha en que formuló dicha solicitud, o bien si la dilación que refiere la hace valer como una omisión genérica atendiendo a la etapa en que se encuentra el procedimiento de origen. Lo anterior, toda vez que dichos datos son necesarios para poder analizar la procedencia del presente juicio de amparo; lo cual, es de orden público y estudio preferente. Además, que se estiman indispensables para establecer el contexto de la actuación reclamada, máxime que para dar cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías. Cobra vigencia al caso, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así como el criterio Sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Tesis VI.1o.C.18 K del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención, en términos de lo que establece el artículo 110 del ordenamiento legal en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, en la tesis de jurisprudencia XI.2o.55 K que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". DOMICILIO Y AUTORIZADOS En atención a la solicitud que realiza el quejoso, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección Electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar su credencial de acceso. De la misma forma, en atención a lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del referido acuerdo general, se ordena que las notificaciones en el presente juicio de amparo, se le realicen vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los fedatarios de la adscripción para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, de cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y número telefónico que proporciona para recibir notificaciones, ya que esos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocido por la Ley de Amparo, para tales efectos. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona para, en su caso, brindar atención respecto de comunicaciones no procesales. Además con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizado en términos amplios al profesionista que cita, sin que haya necesidad de realizar la consulta de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso es el trabajador y no es necesario acreditar tener registrada su cédula profesional, y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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