Joel Ramírez Constantino
Expediente 1274/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2017
Partes del expediente
- Joel Ramírez Constantino
- Joel Ramírez Constantino y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Joel Ramírez Constantino, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1274/2017-3-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".la falta de notificación personal al suscrito Joel Ramírez Constantino, de la resolución emitida en el Toca Civil 413-B-1C01/2017, de fecha 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete.". Lo anterior, ya que opera la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del texto legal reproducido se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que contra el acto o resolución reclamados proceda algún recurso o medio de defensa ordinario legal, que de hacerse valer puedan traer como consecuencia su modificación, revocación o nulificación. Siendo de este modo, ya que al ser el juicio de amparo un medio de control constitucional de los actos de autoridad y no un mecanismo extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora, la hipótesis - acto reclamado- sujeto a estudio no cumple con la definitividad exigida por la norma, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley ordinaria, en el caso, el incidente de nulidad de actuaciones regulado en los ordinales 74 a 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que a la letra dicen: "Artículo 74.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella.". "Artículo. 75.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra.". "Artículo 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha.". "Artículo. 77.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.". "Artículo. 78.- Solo formara artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitaran y resolverán en forma incidental, sin suspensión del procedimiento. Si a juicio del juez de los autos, la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, solo se interpuso para suspender el procedimiento y es notoriamente frívola e improcedente, previa fundamentación y motivación; se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente multa de treinta y hasta sesenta días de salario mínimo vigente en el estado. No se dará curso a la nulidad por falta de emplazamiento, si al interponerla, no se garantiza en cualquiera de las formas establecidas por la ley, el máximo de la multa a que se refiere el párrafo anterior.". En efecto, el acto reclamado consistente en la falta de notificación personal al quejoso Joel Ramírez Constantino, de la resolución emitida en el Toca Civil 413-B-1C01/2017, el treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, bien puede impugnarse a través del incidente de nulidad plasmado en los preceptos antes reproducidos, puesto que como lo manifiesta, fue publicada por la responsable mediante lista de acuerdos fijada en los estrados, lo cual puede interpretarse como un tipo de disconformidad con la manera en que le fue comunicado el fallo, y se corrobora con lo expresado en la demanda en el sentido de que al haber transcurrido más de ocho días contados desde su dictado, era indispensable darla a conocer personalmente. Tanto más que refiere ser parte demandada en el juicio de origen, y que la omisión de que se duele no se sitúa en el catálogo de excepciones previsto en el normativo primeramente reproducido. De ahí que al advertirse que el impetrante del amparo no agotó la nulidad de la notificación previamente a la promoción del juicio, a pesar de que se encontraba obligado por así exigirlo el principio de definitividad, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Al caso, resulta aplicable el siguiente criterio cuyo texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles. De igual forma, sirve de apoyo la tesis aislada cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE. Es improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de la notificación practicada en un juicio del orden civil, por operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; medio de defensa mediante el cual se puede nulificar la notificación reclamada y que, por tanto, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo". Sin que sea obstáculo a la conclusión alcanzada el hecho de que también se pretende controvertir el cumplimiento por parte del Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas, de la resolución emitida por el tribunal de alzada, puesto que al no hacerlo por vicios propios, depende de que a su vez se cuestione la constitucionalidad del acto del cual proviene, lo cual no sucede. A más de que de la lectura del escrito de demanda se desprende que la publicación de la resolución de segunda instancia se efectuó, según dicho del quejoso, el cuatro de septiembre del actual año, de manera que a nada práctico conduciría prevenir al peticionario de protección para que manifieste si es o no su deseo atacar el propio fallo, en la medida que resultaría extemporánea por lo que al tema se refiere. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda al resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y por autorizada en término del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a Jaime Ramírez Vázquez y en términos del 24 segundo párrafo de la ley de la materia a Miguel Ángel Pinacho Delgado y Artemio Ramírez Vázquez, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Joel Ramírez Constantino, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1274/2017-3-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ".la falta de notificación personal al suscrito Joel Ramírez Constantino, de la resolución emitida en el Toca Civil 413-B-1C01/2017, de fecha 31 treinta y uno de agosto del 2017 dos mil diecisiete.". Lo anterior, ya que opera la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del texto legal reproducido se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que contra el acto o resolución reclamados proceda algún recurso o medio de defensa ordinario legal, que de hacerse valer puedan traer como consecuencia su modificación, revocación o nulificación. Siendo de este modo, ya que al ser el juicio de amparo un medio de control constitucional de los actos de autoridad y no un mecanismo extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora, la hipótesis - acto reclamado- sujeto a estudio no cumple con la definitividad exigida por la norma, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley ordinaria, en el caso, el incidente de nulidad de actuaciones regulado en los ordinales 74 a 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que a la letra dicen: "Artículo 74.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella.". "Artículo. 75.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra.". "Artículo 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha.". "Artículo. 77.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.". "Artículo. 78.- Solo formara artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitaran y resolverán en forma incidental, sin suspensión del procedimiento. Si a juicio del juez de los autos, la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, solo se interpuso para suspender el procedimiento y es notoriamente frívola e improcedente, previa fundamentación y motivación; se impondrá al promovente y a su abogado solidariamente multa de treinta y hasta sesenta días de salario mínimo vigente en el estado. No se dará curso a la nulidad por falta de emplazamiento, si al interponerla, no se garantiza en cualquiera de las formas establecidas por la ley, el máximo de la multa a que se refiere el párrafo anterior.". En efecto, el acto reclamado consistente en la falta de notificación personal al quejoso Joel Ramírez Constantino, de la resolución emitida en el Toca Civil 413-B-1C01/2017, el treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, bien puede impugnarse a través del incidente de nulidad plasmado en los preceptos antes reproducidos, puesto que como lo manifiesta, fue publicada por la responsable mediante lista de acuerdos fijada en los estrados, lo cual puede interpretarse como un tipo de disconformidad con la manera en que le fue comunicado el fallo, y se corrobora con lo expresado en la demanda en el sentido de que al haber transcurrido más de ocho días contados desde su dictado, era indispensable darla a conocer personalmente. Tanto más que refiere ser parte demandada en el juicio de origen, y que la omisión de que se duele no se sitúa en el catálogo de excepciones previsto en el normativo primeramente reproducido. De ahí que al advertirse que el impetrante del amparo no agotó la nulidad de la notificación previamente a la promoción del juicio, a pesar de que se encontraba obligado por así exigirlo el principio de definitividad, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Al caso, resulta aplicable el siguiente criterio cuyo texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles. De igual forma, sirve de apoyo la tesis aislada cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE. Es improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de la notificación practicada en un juicio del orden civil, por operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; medio de defensa mediante el cual se puede nulificar la notificación reclamada y que, por tanto, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo". Sin que sea obstáculo a la conclusión alcanzada el hecho de que también se pretende controvertir el cumplimiento por parte del Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, con sede en Villaflores, Chiapas, de la resolución emitida por el tribunal de alzada, puesto que al no hacerlo por vicios propios, depende de que a su vez se cuestione la constitucionalidad del acto del cual proviene, lo cual no sucede. A más de que de la lectura del escrito de demanda se desprende que la publicación de la resolución de segunda instancia se efectuó, según dicho del quejoso, el cuatro de septiembre del actual año, de manera que a nada práctico conduciría prevenir al peticionario de protección para que manifieste si es o no su deseo atacar el propio fallo, en la medida que resultaría extemporánea por lo que al tema se refiere. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda al resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y por autorizada en término del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a Jaime Ramírez Vázquez y en términos del 24 segundo párrafo de la ley de la materia a Miguel Ángel Pinacho Delgado y Artemio Ramírez Vázquez, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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