Jonathan Díaz Gómez y Otros.

Expediente 501/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
501/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Díaz Gómez y Otros.
  • Jonathan Díaz Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se interpuso recurso alguno en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. La depuración ordenada en los puntos que anteceden, deberá realizarse dentro de los siguientes noventa días, de haberse cumplido tres años de dictado el presente proveído. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Transferir el expediente principal y el original del cuaderno incidental, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se interpuso recurso alguno en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar del acto reclamado. 3. La depuración ordenada en los puntos que anteceden, deberá realizarse dentro de los siguientes noventa días, de haberse cumplido tres años de dictado el presente proveído. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Transferir el expediente principal y el original del cuaderno incidental, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJSOA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que las autoridades responsables adujeron haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Dicha determinación fue impugnada por el autorizado de la parte quejosa a través del recurso de revisión, del cual, por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de once de agosto de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo y protección solicitados, para los efectos ahí precisados.  Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, requirió a la autoridad responsable 1. Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.  La responsable 1. Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por oficio ***, de treinta de agosto de dos mil veintidós, con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna sobre el particular.  Así, por resolución de diecinueve de septiembre del año en curso, se determinó que existió defecto en el cumplimiento del fallo constitucional y se requirió a la responsable 2. Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, el cumplimiento a la ejecutoria.  En atención a lo anterior, por oficios registrados con folios 15957, 16543, 16682, 16705 y 16768, la responsable 2. Jueza de Control de la Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, remitió las actuaciones con las que argumentó haber acatado en su totalidad la sentencia constitucional.  Con lo anterior, el diecisiete de octubre del actual, nuevamente se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para dentro del plazo indicado, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que ninguna de las partes haya dado cumplimiento a lo solicitado. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "(.) a) Deje insubsistente la resolución ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal ***, en la que por una parte revocó la diversa determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitida en la causa penal ***, del índice del Juzgado de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa, Tuxtla y Copainalá, con residencia en Chiapa de Corzo de Chiapas, y por otra dictó de auto de vinculación a proceso en contra del quejoso ***; b) En su lugar dicte otra en la nuevamente revoque la resolución impugnada, pero ordene reponer el procedimiento en la audiencia inicial a partir del señalamiento de fecha y hora para su continuación dentro del plazo constitucional ampliado al que se acogió el quejoso, a efecto de proveer lo necesario para el desahogo de los datos de prueba ofrecidos por este último, consistentes en las testimoniales a cargo de los agentes aprehensores ***; y c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, el Juez de Control también responsable resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del peticionario." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitieron las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en relación al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso a), el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno en el toca penal ***, y revocó el auto de no vinculación a proceso emitido en la continuación de la audiencia inicial de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ***, por el 2. Juzgado de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa, Tuxtla y Copainalá, con residencia en Chiapa de Corzo de Chiapas. Asimismo, por lo que hace al inciso b), en dicha resolución ordenó la reposición del procedimiento en la audiencia inicial dentro de la citada causa penal, a partir del señalamiento de fecha y hora para su continuación, dentro del plazo constitucional ampliado, al que se acogió el acusado ***, a efecto de proveer lo necesario para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos, consistentes en las testimoniales de los agentes aprehensores ***, para que una vez hecho lo anterior, el Juez de la causa con plenitud de jurisdicción resolviera de nueva cuenta la situación jurídica del aquí quejoso. Por otra parte, en atención a lo establecido en el inciso c), la 2. Jueza de Control de la Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida por el tribunal de alzada, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, señaló las once horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para la reposición de procedimiento en la audiencia inicial dentro de la causa penal ***, a partir de la fecha y hora para su continuación dentro del plazo constitucional ampliado, ordenando girar oficio al Director General de la Policía Especializada con la finalidad de notificar a los testigos ***, a efecto de que se presentaran a la audiencia. Posteriormente, por acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, el Juzgado responsable en atención a lo manifestado por el defensor particular del quejoso, solicitó el diferimiento de la referida audiencia por los motivos ahí precisados, por lo que se fijaron las dieciséis horas del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración, comunicando tal cuestión a esta autoridad. En atención a ello, este órgano jurisdiccional por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, requirió a la responsable a efecto de que, en aras de garantizar una justicia pronta al peticionario del amparo, dejara sin efectos la audiencia señalada para el veintidós de noviembre actual, y fijara una nueva dentro del plazo constitucional, para la continuación de la audiencia inicial. Con motivo de lo anterior, el Juez responsable por acuerdo de cinco de octubre del año en curso, dejó sin efectos la referida audiencia y señaló las once horas del siete de octubre del presente año para que tuviera verificativo la reposición del procedimiento de la audiencia inicial a partir del señalamiento de fecha y hora para su continuación, dentro del plazo constitucional ampliado. Audiencia que no fue celebrada por así haberlo solicitado el propio imputado, en atención a que manifestó que era su deseo estar asistido del defensor público adscrito ***, no así de la defensora pública adscrita ***; motivo por el cual, se fijó como nueva fecha de la multicitada audiencia las dieciséis horas del doce de octubre del presente año, ordenándose girar de nueva cuenta oficio a la Dirección General de la Policía Especializada con la finalidad de notificar a los testigos de descargo. Así, el doce de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la continuación de la audiencia inicial, a la que comparecieron únicamente los testigos ***; no así el diverso agente ***, sin embargo, el propio oferente de la testimonial en la audiencia refirió renunciar a dicho testigo (minuto 9:50 a 10:10 de la videograbación), sin que hubiera oposición alguna de los intervinientes. En ese tenor, habiéndose desahogado lo datos de prueba ofrecidos por el imputado, según se advierte del disco compacto de audio y video que contiene la citada audiencia, la Jueza de Control de la Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez valorados los datos de pruebas ofrecidos por las partes, siendo las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos del doce de octubre del presente año, dictó nuevo auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso ***, por su probable responsabilidad del hecho que la ley señala como delito de contra la salud (en su modalidad de narcomenudeo con la variante de comercio de los estupefacientes conocidos como cocaína y metanfetamina), de conformidad con los artículos 475 párrafo primero, en relación al 479 cuarta y octava línea horizontal, 473, fracción I, V, y VII de la tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato de la Ley General de Salud y correlacionados con los numerales 7 párrafo primero y fracción I, 9 párrafo primero, 13, fracción II, del Código Federal vigente; sin que haya impuesto medida cautelar alguna, otorgándose un mes para efecto de la investigación complementaria. En ese sentido, se tiene que la Juez de la causa, tomó las medidas pertinentes a fin de lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicitó el imputado y que habían sido admitidas con anterioridad dentro del plazo constitucional, garantizando su derecho a ofrecer pruebas, con la finalidad de desvirtuar los datos de prueba en que el Ministerio Público sustentó la vinculación a proceso, y que además cobraron relevancia trascendiendo al resultado del fallo, puesto que con la valoración de las testimoniales también se buscaba desvirtuar el valor que el tribunal de alzada le otorgó al dato de prueba que lo llevó a revocar la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal ***. Lo anterior, pone de manifiesto que el actuar de las responsables se ajustó a lo ordenado en el fallo protector y restituyó al quejoso en el goce de sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada, así como los principios de igualdad procesal y contradicción previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales, que se concluyeron vulnerados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató su núcleo esencial. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que las autoridades responsables adujeron haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Dicha determinación fue impugnada por el autorizado de la parte quejosa a través del recurso de revisión, del cual, por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de once de agosto de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo y protección solicitados, para los efectos ahí precisados.  Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, requirió a la autoridad responsable 1. Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.  La responsable 1. Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por oficio ***, de treinta de agosto de dos mil veintidós, con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna sobre el particular.  Así, por resolución de diecinueve de septiembre del año en curso, se determinó que existió defecto en el cumplimiento del fallo constitucional y se requirió a la responsable 2. Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, el cumplimiento a la ejecutoria.  En atención a lo anterior, por oficios registrados con folios 15957, 16543, 16682, 16705 y 16768, la responsable 2. Jueza de Control de la Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, remitió las actuaciones con las que argumentó haber acatado en su totalidad la sentencia constitucional.  Con lo anterior, el diecisiete de octubre del actual, nuevamente se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para dentro del plazo indicado, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que ninguna de las partes haya dado cumplimiento a lo solicitado. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "(.) a) Deje insubsistente la resolución ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal ***, en la que por una parte revocó la diversa determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitida en la causa penal ***, del índice del Juzgado de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa, Tuxtla y Copainalá, con residencia en Chiapa de Corzo de Chiapas, y por otra dictó de auto de vinculación a proceso en contra del quejoso ***; b) En su lugar dicte otra en la nuevamente revoque la resolución impugnada, pero ordene reponer el procedimiento en la audiencia inicial a partir del señalamiento de fecha y hora para su continuación dentro del plazo constitucional ampliado al que se acogió el quejoso, a efecto de proveer lo necesario para el desahogo de los datos de prueba ofrecidos por este último, consistentes en las testimoniales a cargo de los agentes aprehensores ***; y c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, el Juez de Control también responsable resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del peticionario." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitieron las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en relación al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso a), el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno en el toca penal ***, y revocó el auto de no vinculación a proceso emitido en la continuación de la audiencia inicial de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ***, por el 2. Juzgado de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa, Tuxtla y Copainalá, con residencia en Chiapa de Corzo de Chiapas. Asimismo, por lo que hace al inciso b), en dicha resolución ordenó la reposición del procedimiento en la audiencia inicial dentro de la citada causa penal, a partir del señalamiento de fecha y hora para su continuación, dentro del plazo constitucional ampliado, al que se acogió el acusado ***, a efecto de proveer lo necesario para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos, consistentes en las testimoniales de los agentes aprehensores ***, para que una vez hecho lo anterior, el Juez de la causa con plenitud de jurisdicción resolviera de nueva cuenta la situación jurídica del aquí quejoso. Por otra parte, en atención a lo establecido en el inciso c), la 2. Jueza de Control de la Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a la resolución de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitida por el tribunal de alzada, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, señaló las once horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para la reposición de procedimiento en la audiencia inicial dentro de la causa penal ***, a partir de la fecha y hora para su continuación dentro del plazo constitucional ampliado, ordenando girar oficio al Director General de la Policía Especializada con la finalidad de notificar a los testigos ***, a efecto de que se presentaran a la audiencia. Posteriormente, por acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, el Juzgado responsable en atención a lo manifestado por el defensor particular del quejoso, solicitó el diferimiento de la referida audiencia por los motivos ahí precisados, por lo que se fijaron las dieciséis horas del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración, comunicando tal cuestión a esta autoridad. En atención a ello, este órgano jurisdiccional por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, requirió a la responsable a efecto de que, en aras de garantizar una justicia pronta al peticionario del amparo, dejara sin efectos la audiencia señalada para el veintidós de noviembre actual, y fijara una nueva dentro del plazo constitucional, para la continuación de la audiencia inicial. Con motivo de lo anterior, el Juez responsable por acuerdo de cinco de octubre del año en curso, dejó sin efectos la referida audiencia y señaló las once horas del siete de octubre del presente año para que tuviera verificativo la reposición del procedimiento de la audiencia inicial a partir del señalamiento de fecha y hora para su continuación, dentro del plazo constitucional ampliado. Audiencia que no fue celebrada por así haberlo solicitado el propio imputado, en atención a que manifestó que era su deseo estar asistido del defensor público adscrito ***, no así de la defensora pública adscrita ***; motivo por el cual, se fijó como nueva fecha de la multicitada audiencia las dieciséis horas del doce de octubre del presente año, ordenándose girar de nueva cuenta oficio a la Dirección General de la Policía Especializada con la finalidad de notificar a los testigos de descargo. Así, el doce de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la continuación de la audiencia inicial, a la que comparecieron únicamente los testigos ***; no así el diverso agente ***, sin embargo, el propio oferente de la testimonial en la audiencia refirió renunciar a dicho testigo (minuto 9:50 a 10:10 de la videograbación), sin que hubiera oposición alguna de los intervinientes. En ese tenor, habiéndose desahogado lo datos de prueba ofrecidos por el imputado, según se advierte del disco compacto de audio y video que contiene la citada audiencia, la Jueza de Control de la Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez valorados los datos de pruebas ofrecidos por las partes, siendo las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos del doce de octubre del presente año, dictó nuevo auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso ***, por su probable responsabilidad del hecho que la ley señala como delito de contra la salud (en su modalidad de narcomenudeo con la variante de comercio de los estupefacientes conocidos como cocaína y metanfetamina), de conformidad con los artículos 475 párrafo primero, en relación al 479 cuarta y octava línea horizontal, 473, fracción I, V, y VII de la tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato de la Ley General de Salud y correlacionados con los numerales 7 párrafo primero y fracción I, 9 párrafo primero, 13, fracción II, del Código Federal vigente; sin que haya impuesto medida cautelar alguna, otorgándose un mes para efecto de la investigación complementaria. En ese sentido, se tiene que la Juez de la causa, tomó las medidas pertinentes a fin de lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicitó el imputado y que habían sido admitidas con anterioridad dentro del plazo constitucional, garantizando su derecho a ofrecer pruebas, con la finalidad de desvirtuar los datos de prueba en que el Ministerio Público sustentó la vinculación a proceso, y que además cobraron relevancia trascendiendo al resultado del fallo, puesto que con la valoración de las testimoniales también se buscaba desvirtuar el valor que el tribunal de alzada le otorgó al dato de prueba que lo llevó a revocar la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal ***. Lo anterior, pone de manifiesto que el actuar de las responsables se ajustó a lo ordenado en el fallo protector y restituyó al quejoso en el goce de sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada, así como los principios de igualdad procesal y contradicción previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales, que se concluyeron vulnerados en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató su núcleo esencial. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

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