Jonathan Alberto Herrera Toro

Expediente 330/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
330/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Jonathan Alberto Herrera Toro

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese a los autos el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual informa que en el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda promovida por ********************. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente asunto.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, agréguense los informes relativos a la suspensión de plano, signados por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación así como por el Presidente, Secretaria y Tesorera del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de "San Juan de Guadalupe y sus Anexos, Tierra Blanca y San Miguelito", perteneciente al Municipio y Estado de San Luis Potosí. Las referidas autoridades, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este juicio, manifiestan lo siguiente: La primera de las responsables refiere, que esa autoridad toma conocimiento de la medida cautelar decretada y la misma se acata en los términos en que fue concedida, aun cuando por parte del Diario Oficial de la Federación en ningún momento se ha ordenado o ejecutado actos en detrimento de los derechos de la parte quejosa. Máxime que no cuenta con las atribuciones para intervenir en sentido planteado, esto de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que establece las atribuciones del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, el cual se encuentra adscrito a la Unidad de Gobierno. La segunda de las mencionadas autoridades, en alcance al diverso rendido el quince de los actuales, manifiesta que la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en relación al acto que fue señalado por el quejoso, como lo es la celebración de la asamblea general de comuneros convocada para el veinte de septiembre de dos mil veinte, la misma ya fue realizada, por lo que refieren que es un acto consumado, de manera que están imposibilitados jurídica y materialmente para dar cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Señala que los efectos de la suspensión fueron dirigidos a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de San Luis Potosí, como lo estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, asimismo, manifiesta que como representantes de la asamblea general de comuneros realizaron todos los requisitos perseverando siempre la salud de los integrantes de la comunidad. Vista. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Uso de aparatos electrónicos. Como lo solicita la responsable precisada en el párrafo que antecede, se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Recepción de pedimento ministerial. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Se expide copia certificada. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, una vez que se dicte la sentencia respectiva, expídasele la copia certificada que señala, previa razón de recibo que se deje en autos.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio 7983/2021 y anexos que acompaña, enviados por la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de las copias certificadas relativas al juicio de amparo 965/2020-2, se desprende que la Juez Primero de Distrito en el Estado, mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, decretó la separación de juicios en razón de que la parte quejosa reclama diversos actos que emanan de distintas carpetas judiciales, los cuales no guardan ninguna relación entre sí. Con la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos de la Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 330/2021-VIII. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión emitida el veintitrés de abril de dos mil veinte, en contra del quejoso dentro de la carpeta judicial 4476/2020 por el delito de robo ejecutado con violencia y, ejecutada el diecinueve de diciembre del mismo año. Antecedentes del acto reclamado. En el caso conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se advierten de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables y constancias que acompañaron que anexaron: - La Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey, el veintitrés de abril de dos mil veinte, dictó orden de aprehensión en contra del quejoso dentro de la carpeta judicial 4476/2020 por el delito de robo ejecutado con violencia. - El diecinueve de diciembre de dos mil veinte se materializó dicha orden de captura. - El veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por hechos con características del delito de robo con violencia, previsto y sancionado por los artículos 364. 367, fracción II, con relación al 371 del Código Penal del Estado de Nuevo León. - En la misma fecha se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el quejoso Jonathan Alberto Herrera Toro actualmente se encuentra cumpliendo en el Centro de Reinserción Social "Número 1" Norte. Incompetencia. En atención a lo anterior, se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde con las consideraciones siguientes. Marco normativo. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Interpretación en abstracto del marco normativo. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, en el caso del juicio de amparo, del precepto antes transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Caso concreto. Ahora bien, en el caso el quejoso reclama la orden de aprehensión emitida el veintitrés de abril de dos mil veinte, en contra del quejoso dentro de la carpeta judicial 4476/2020 por el delito de robo ejecutado con violencia. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, consistente en que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior, pues la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, que dicha determinación se ejecutó el diecinueve de diciembre de dos mil veinte y que actualmente se encuentra recluido en el Centro de reinserción social "Número 1" Norte en el Estado de Nuevo León. En efecto, la determinación que combate el quejoso lleva inmersa una ejecución material, consistente en una privación de libertad, misma que ya se ejecutó. Por lo que, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que determina que es juez competente quien ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado.Por tanto, quien debe resolver el juicio de amparo que nos ocupa es el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey en turno. Es así, que este órgano jurisdiccional considera que resulta legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo y, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, en el que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte que quien resulta legalmente competente para resolver del presente juicio es el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey en turno. En mérito de lo expuesto, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, correspondiendo ésta, al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey en turno. Se remite juicio de amparo. Remítase el expediente 330/2021-VIII, del índice de éste Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey en turno. Solicítese el acuse de recibo correspondiente y que comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Se tiene a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos lic.mbalderas@outlook.com y balderas.sji@hotmail.com en la inteligencia de que dicha información tiene como propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circulación 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. NP

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