Joheny Santana Hernández
Expediente 1382/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1382/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Joheny Santana Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Por tanto, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo.
- Principal
Recepción de oficio. Agréguese el oficio signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con su anexo. Contenido oficio. Ahora bien, del contenido del oficio, se desprende que la autoridad informa que, el estado que actualmente guarda el procedimiento administrativo del quejoso Joheny Santana Hernández, es concluido, ello al haberse dictado el ocho de noviembre de dos mil veintidós, acuerdo de conclusión, ante la imposibilidad material de continuarlo de conformidad con el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en el procedimiento administrativo migratorio del quejoso. Prueba. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada en este acto, dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que acompaña dicha autoridad. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso Joheny Santana Hernández, reclama la detención de la que fue objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad y como consecuencia de ello, el traslado, deportación y el procedimiento migratorio seguido en su contra. Causal de improcedencia. Visto el oficio de cuenta y su anexo; se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. I. Causales de improcedencia El suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. II. Marco normativo. Dicho numeral señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio que con posterioridad se consuma de un modo irreparable por haber operado un cambio de situación jurídica, debido a que un eventual pronunciamiento podría afectar la nueva situación imperante. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los elementos que dan origen a la causal de improcedencia de que se trata, a saber: a). Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el amparo y la nueva resolución. Al respecto es aplicable la Tesis 2a. CXI/96, cuyo contenido es el siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." III. Antecedentes del acto reclamado De las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas al Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado al quejoso, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante oficio SCVMSLP/441/X/2022 de quince de octubre de dos mil veintidós, el Agente Federal de Migración "B", puso a disposición al quejoso Joheny Santana Hernández, ante el Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por no contar con documentos que acreditaran su situación migratoria regular en el país 2. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí adscrito a la Oficina de Representación en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración, decretó el inicio de Procedimiento Administrativo Migratorio con el expediente 4965, a efecto de resolver la situación migratoria de Joheny Santana Hernández. 3. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el quejoso quedó en libertad, con motivo de la suspensión de plano concedida en este juicio. 4. El ocho de noviembre de este año, se dictó acuerdo de conclusión del procedimientos migratorio 4965, toda vez que el quejoso Joheny Santana Hernández, se sustrajó al control de firmas de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. IV. Caso concreto De los antecedentes narrados se advierte que la detención reclamada deriva de procedimiento administrativo migratorio instaurado a Joheny Santana Hernández. En ese orden de ideas, tomando en consideración que, al quejoso Joheny Santana Hernández, el ocho de noviembre de este año, se le dictó acuerdo de conclusión de procedimiento migratorio 4965, toda vez que se sustrajó del control de firmas de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Circunstancia que acreditó la autoridad responsable con las constancias que remitió en copia certificada, anexas al oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecinueve de octubre de dos mil veintidós y el diverso de cuenta; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En esa tesitura, este órgano de control constitucional no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar el acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo seguido contra del quejoso, que es el que rige la situación jurídica de Joheny Santana Hernández; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. Apoya lo anterior, por las consideraciones emitidas en la tesis aislada I.11o.C.28 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expresa: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". V. Decisión. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados considerablemente por la conclusión del procedimiento migratorio instaurado al quejoso; por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues, se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De modo que, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada en el presente juicio de amparo para las once horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el estado de los presentes autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma.
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