Jonathan Armando Romero Martínez
Expediente 538/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 46 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jonathan Armando Romero Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós, se determinó archivar este expediente como asunto concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que no es de relevancia documental. Además, se observa que la parte quejosa exhibió diversos documentos anexos a su demanda, los cuales obran por separado. Sin embargo, del análisis de los documentos en cita se observa que no revisten las características para permanecer resguardados de forma separada al expediente en que se actúa; consecuentemente, se ordena glosar los mismos al expediente. Archivo. Finalmente, como de constancias se aprecia que no existen promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, remítase este expediente al archivo definitivo, como está ordenado en el proveído de quince de julio de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha las partes han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó por una parte sobreseer, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa, para el efecto de que la responsable: "[.] a) Toda vez que la violación de derechos alegada por la parte quejosa recae en un elemento esencial del tributo, esto es, la base del derecho de inscripción, el sistema impositivo que lo prevé se ve afectado, razón por la cual la concesión del amparo tiene el efecto de que en el presente y en el futuro no le sean aplicadas las normas viciadas de inconstitucionalidad, pues los efectos de una sentencia que otorga el amparo contra una ley, no sólo son contra los actos de aplicación que también se impugnaron y respecto de los objetos materiales que se relacionen con él, sino que tiene consecuencias jurídicas respecto a los actos de aplicación futuros. b) Asimismo, deberán dejarse insubsistentes los recibos de pago del derechos por concepto de inscripción registral del contrato de crédito con garantía hipotecaria, realizados con base en los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda del Estado, por las cantidades de $2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), $1,849.00 (mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), $742.00 (setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $651.00 (seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), que contienen los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP- 364828, respectivamente. c) Finalmente, procederá a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa más baja prevista en la fracción I, del artículo 41 de la citada legislación, acorde al servicio prestado y devuelva a la impetrante la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce del derecho violado sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la referida ley, ya que su cálculo depende del monto del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre ese nuevo monto deberá calcularse ese veinticinco por ciento, y la diferencia resultante se deberá devolver a la agraviada. Finalmente, debe decirse que no obsta a la concesión otorgada, que respecto a los actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí se declaró el sobreseimiento del juicio de amparo, pues lo cierto es que ante dicho ente se enteró el pago y emitió los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP-364828, que constituyen el acto de aplicación de la norma. Es así porque tratándose de amparo contra leyes, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma que se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, procede la declaración correspondiente a dicho acto aún y cuando no se impugne por vicios propios, o con independencia de si se trata de un acto de autoridad o no. De consiguiente, en el presente asunto el acto de aplicación -comprobantes de pago de los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP-364828-, no se impugnó por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados -artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí-, normativo al cual la quejosa sujeta al orden constitucional, mediante el presente amparo, al impugnarla con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo, de modo que ese acto de aplicación, únicamente es la base para determinar el momento a partir del cual empieza a correr el término para promover el juicio de garantías en contra de las normativas que prevé el pago realizado, así como respecto de su aplicación. Así las cosas, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, requiérase a la autoridad Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos del Estado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el debido acatamiento, dado que se encuentra vinculada a cumplir con la sentencia de amparo en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. [...]" Recurso de revisión. Por escrito presentado el uno de julio de dos mil veintiuno la autoridad responsable Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente; en proveído de dos de julio siguiente se acordó lo relativo al recurso en mención. Mediante oficio 20826/2021 de trece de julio de dos mil veintiuno, se remitieron los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto, admitido bajo el amparo en revisión 317/2021. Por ejecutoria de siete de abril de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se confirmó la sentencia recurrida que por una parte sobresee, y por otra concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jonathan Armando Romero Martínez, de los puntos resolutivos de la ejecutoria se advierte: ".PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jonathan Armando Romero Martínez, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional y Congreso del Estado de San Luis Potosí, consistentes en los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia impugnada." El cuatro de mayo de dos mil veintidós se recibieron los autos del presente juicio de amparo y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. Seguidos sus trámites, en autos de uno y ocho de junio de este año, se les requirió en los mismos términos. En proveídos de dieciséis, diecisiete y dieciocho de mayo, así como quince de junio de dos mil veintidós, se glosaron los oficios enviados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en ausencia y representación del Gobernador Constitucional, la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, en esta ciudad, informaron respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, así como las gestiones realizadas para tal efecto. En atención a ello, se reservó dar vista a las partes, hasta en tanto todas las autoridades informaran el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En proveído de veintinueve de junio siguiente, se agregó el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, remitiendo copia certificada de la entrega del cheque 0009490 a favor del quejoso Jonathan Armando Romero Martínez, expedido por la institución bancaria BANORTE, por la cantidad de $4,528.00 (cuatro mil quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). Vista. En el referido acuerdo de veintinueve de junio de la presente anualidad, este juzgado dio vista a las partes con el oficio enviado por la responsable Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y su anexo, así como con los reservados enviados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en ausencia y representación del Gobernador Constitucional, así como por la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Del oficio SF/PF/561/2022 al que adjuntó la copia certificada de la entrega del cheque 0009490 a favor del quejoso Jonathan Armando Romero Martínez, expedido por la institución bancaria BANORTE, por la cantidad de $4,528.00 (cuatro mil quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Además, se advierte que al dejarse insubsistentes los recibos de pago del derechos por concepto de inscripción registral del contrato de crédito con garantía hipotecaria, realizados con base en los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda del Estado, por las cantidades de $2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), $1,849.00 (mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), $742.00 (setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $651.00 (seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), que contienen los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP- 364828. Procedieron a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa más baja prevista en la fracción I, del artículo 41 de la citada legislación, acorde al servicio prestado y devuelva a la impetrante la diferencia que resulte a su favor. Como también, que la concesión también implicó el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la referida ley, ya que su cálculo dependió del monto del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre ese nuevo monto deberá calcularse ese veinticinco por ciento, y la diferencia resultante se deberá devolver a la agraviada. Cumplida. Por tanto, se considera que la responsable cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional. En cuanto a esta determinación, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General antes citado, y dado que el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Se pone a disposición. Finalmente, infórmese a la parte quejosa, que queda a su disposición las documentales que anexó a su escrito de demanda que obran glosadas en un sobre amarillo a los presentes autos, los que deberá recoger dentro del término de noventa días contado a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte que el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 15 DE JULIO DE 2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los autos y que hasta la fecha las partes han omitido hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó por una parte sobreseer, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa, para el efecto de que la responsable: "[.] a) Toda vez que la violación de derechos alegada por la parte quejosa recae en un elemento esencial del tributo, esto es, la base del derecho de inscripción, el sistema impositivo que lo prevé se ve afectado, razón por la cual la concesión del amparo tiene el efecto de que en el presente y en el futuro no le sean aplicadas las normas viciadas de inconstitucionalidad, pues los efectos de una sentencia que otorga el amparo contra una ley, no sólo son contra los actos de aplicación que también se impugnaron y respecto de los objetos materiales que se relacionen con él, sino que tiene consecuencias jurídicas respecto a los actos de aplicación futuros. b) Asimismo, deberán dejarse insubsistentes los recibos de pago del derechos por concepto de inscripción registral del contrato de crédito con garantía hipotecaria, realizados con base en los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda del Estado, por las cantidades de $2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), $1,849.00 (mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), $742.00 (setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $651.00 (seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), que contienen los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP- 364828, respectivamente. c) Finalmente, procederá a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa más baja prevista en la fracción I, del artículo 41 de la citada legislación, acorde al servicio prestado y devuelva a la impetrante la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce del derecho violado sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la referida ley, ya que su cálculo depende del monto del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre ese nuevo monto deberá calcularse ese veinticinco por ciento, y la diferencia resultante se deberá devolver a la agraviada. Finalmente, debe decirse que no obsta a la concesión otorgada, que respecto a los actos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí se declaró el sobreseimiento del juicio de amparo, pues lo cierto es que ante dicho ente se enteró el pago y emitió los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP-364828, que constituyen el acto de aplicación de la norma. Es así porque tratándose de amparo contra leyes, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma que se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, procede la declaración correspondiente a dicho acto aún y cuando no se impugne por vicios propios, o con independencia de si se trata de un acto de autoridad o no. De consiguiente, en el presente asunto el acto de aplicación -comprobantes de pago de los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP-364828-, no se impugnó por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados -artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí-, normativo al cual la quejosa sujeta al orden constitucional, mediante el presente amparo, al impugnarla con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo, de modo que ese acto de aplicación, únicamente es la base para determinar el momento a partir del cual empieza a correr el término para promover el juicio de garantías en contra de las normativas que prevé el pago realizado, así como respecto de su aplicación. Así las cosas, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, requiérase a la autoridad Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos del Estado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el debido acatamiento, dado que se encuentra vinculada a cumplir con la sentencia de amparo en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo. [...]" Recurso de revisión. Por escrito presentado el uno de julio de dos mil veintiuno la autoridad responsable Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente; en proveído de dos de julio siguiente se acordó lo relativo al recurso en mención. Mediante oficio 20826/2021 de trece de julio de dos mil veintiuno, se remitieron los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto, admitido bajo el amparo en revisión 317/2021. Por ejecutoria de siete de abril de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se confirmó la sentencia recurrida que por una parte sobresee, y por otra concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jonathan Armando Romero Martínez, de los puntos resolutivos de la ejecutoria se advierte: ".PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jonathan Armando Romero Martínez, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional y Congreso del Estado de San Luis Potosí, consistentes en los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia impugnada." El cuatro de mayo de dos mil veintidós se recibieron los autos del presente juicio de amparo y en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo amparatorio. Seguidos sus trámites, en autos de uno y ocho de junio de este año, se les requirió en los mismos términos. En proveídos de dieciséis, diecisiete y dieciocho de mayo, así como quince de junio de dos mil veintidós, se glosaron los oficios enviados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en ausencia y representación del Gobernador Constitucional, la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, en esta ciudad, informaron respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, así como las gestiones realizadas para tal efecto. En atención a ello, se reservó dar vista a las partes, hasta en tanto todas las autoridades informaran el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En proveído de veintinueve de junio siguiente, se agregó el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, remitiendo copia certificada de la entrega del cheque 0009490 a favor del quejoso Jonathan Armando Romero Martínez, expedido por la institución bancaria BANORTE, por la cantidad de $4,528.00 (cuatro mil quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). Vista. En el referido acuerdo de veintinueve de junio de la presente anualidad, este juzgado dio vista a las partes con el oficio enviado por la responsable Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y su anexo, así como con los reservados enviados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en ausencia y representación del Gobernador Constitucional, así como por la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Del oficio SF/PF/561/2022 al que adjuntó la copia certificada de la entrega del cheque 0009490 a favor del quejoso Jonathan Armando Romero Martínez, expedido por la institución bancaria BANORTE, por la cantidad de $4,528.00 (cuatro mil quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Además, se advierte que al dejarse insubsistentes los recibos de pago del derechos por concepto de inscripción registral del contrato de crédito con garantía hipotecaria, realizados con base en los artículos 49 y 93 de la Ley de Hacienda del Estado, por las cantidades de $2,590.00 (dos mil quinientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), $1,849.00 (mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), $742.00 (setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y $651.00 (seiscientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), que contienen los recibos PP-364825, PP-364826, PP-364827 y PP- 364828. Procedieron a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa más baja prevista en la fracción I, del artículo 41 de la citada legislación, acorde al servicio prestado y devuelva a la impetrante la diferencia que resulte a su favor. Como también, que la concesión también implicó el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la referida ley, ya que su cálculo dependió del monto del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre ese nuevo monto deberá calcularse ese veinticinco por ciento, y la diferencia resultante se deberá devolver a la agraviada. Cumplida. Por tanto, se considera que la responsable cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional. En cuanto a esta determinación, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General antes citado, y dado que el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Se pone a disposición. Finalmente, infórmese a la parte quejosa, que queda a su disposición las documentales que anexó a su escrito de demanda que obran glosadas en un sobre amarillo a los presentes autos, los que deberá recoger dentro del término de noventa días contado a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte que el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 29 DE JUNIO DE 2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, remitiendo copia certificada de la entrega del cheque 0009490 a favor del quejoso Jonathan Armando Romero Martínez, expedido por la institución bancaria BANORTE, por la cantidad de $4,528.00 (cuatro mil quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). Estado de constancias. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveídos de dieciséis y diecisiete de mayo de este año, se reservó dar vista a las partes con el cumplimiento manifestado por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en ausencia y representación del Gobernador Constitucional, así como por la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, hasta en tanto la restante autoridad responsable conminada a cumplir con la ejecutoria de que se trata cumpliera. Ordena dar vista. En tal virtud, como lo anterior ya aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con copia certificada de las comunicaciones y su adjunto remitidos por las autoridades responsables, y de este auto, para que en un término de tres días manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.
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