Johanna Maribel Morocho Guarango y Otros.

Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
331/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Johanna Maribel Morocho Guarango y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por agente del Ministerio Público de la Federación Titular de Célula V-1, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita, le sea informado, si existe pronunciamiento respecto al incumplimiento de la suspensión de plano decretada dentro de este asunto. Dígase a la oficiante que en este asunto no fue emitido pronunciamiento alguno al respecto, debido a que no se advirtió incumplimiento a dicha medida suspensional ni las partes promovieron incidencia relativa a revelar su incumplimiento. Asimismo, infórmesele que el dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable informando que los directamente agraviados fueron puestos en libertad desde el veintiocho de abril del presente año; lo que acreditó con las constancias respectivas, debidamente certificadas, que anexó a su informe con justificación. Lo cual, la oficiante pudo abstraer de las copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el presente asunto, que le fueron autorizadas en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós y que recibió el treinta y uno de los mismos, como se desprende de la constancia actuarial respectiva. Asimismo, hágase de su conocimiento que el veinticinco de mayo de la anualidad, se dictó sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, determinación que causo ejecutoria el tres de junio del año en curso, y en la misma fecha se ordenó su archivo respectivo. Finalmente, se comisiona a la actuaria de la adscripción a efecto de que, de inmediato, haga del conocimiento del oficiante este auto, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente principal es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse sobreseído, pero concedido la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 331/2022-II, promovido por *******, *******, *******, ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda y radicación en este juzgado. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, el veintidós de abril de dos mil veintidós, ******* presentó demanda de amparo en favor de*******, *******, *******, ******* y *******, por la ilegal privación de la libertad, incomunicación, deportación y otros actos, de que dijo, eran objeto los directamente agraviados. Recibida la demanda en este juzgado en esa misma fecha, se registró como el juicio de amparo indirecto 331/2022-II y se mandó ratificar. Segundo. Ratificación y admisión de la demanda de amparo. Una vez que los directos quejosos externaron su deseo de ratificar la demanda de amparo entablada en su favor, se admitió a trámite en auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se solicitó informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Tercero. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 11, 14, 16, 21, 22 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se trata de actos ejecutados dentro del territorio donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte accionante del amparo reclamó lo siguiente en este asunto: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, determinada el veintiuno de abril de dos mil veintidós. La orden de deportación emitida en su contra. La incomunicación de que se dijo, eran objeto. Malos tratos, debido al estado de insalubridad en que los tenían privados de la libertad. Negativa a otorgarles visa por razones humanitarias, o su calidad de refugiados. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación de Chihuahua, por sí y en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta ciudad, únicamente aceptó el acto consistente en la privación de la libertad de los aquí quejosos, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, determinada el veintiuno de abril de dos mil veintidós; y negó los restantes actos que le fueron atribuidos. Al respecto, precisó que a) no había sido emitida orden de deportación alguna en contra de los aquí accionantes del amparo; b) envió, entre otras documentales, copia certificada de los listados de llamadas telefónicas efectuadas, de donde se desprendía que no se encontraban incomunicados; c) indicó que no se habían practicado malos tratos en contra de los aquí quejosos, ni se les tenía en estado de insalubridad; asimismo, d) precisó que no existían registros de solicitud de los aquí quejoso de otorgamiento de visa por razones humanitarias en su favor o de que se le brindara la calidad de refugiados. Sin que los quejosos, por sí o por conducto de sus autorizados, hubiera aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas. Respecto a lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236, del contenido: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad; pero no cuando se negó categóricamente el acto imputado, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades apuntadas en las líneas previas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Sin que sea óbice -respecto al acto consistente en la negativa a otorgarles visa por razones humanitarias, o su calidad de refugiados- que se tuvo por inexistente; que en acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, la responsable haya considerado a los quejosos como dentro de la hipótesis para regularizar su situación migratoria por razones humanitarias; y por ello, les permitió la salida a efecto de que acudieran a las oficinas de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, o donde decidieran establecer sus domicilios. Pues lo anterior, no equivale a que hayan instado visa por razones humanitarias en su favor o de que se le brindara la calidad de refugiados; pues únicamente se les considero -al ser esa su solicitud- para que regularizaran su situación migratoria en el país, por razones humanitarias. Cuarto. Existencia de acto reclamado. Como se indicó en el considerando que antecede, el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, en su calidad de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, refirió que los aquí quejosos sí se encontraban privados de su libertad mediante alojamiento, en la Estación Migratoria en esta ciudad, al momento de la presentación de la demanda de amparo y refirió que obtuvieron su libertad el veintiocho de abril de dos mil veintidós; lo que acreditó con las constancias respectivas. Es así, dicha autoridad, envió copia certificada, entre otras, de las siguientes constancias: I. ******* Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo *******,de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de presentación en el que se determinó el alojamiento temporal de tal quejosa, en la Estación Migratoria B Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el que, primero, se le consideró como dentro de la hipótesis para regularizar su situación migratoria por razones humanitarias; y por ello, le permitió la salida a efecto de que acudiera a las oficinas de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, o donde establezca su domicilio. Acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual se tuvo por concluida la tramitación del procedimiento administrativo migratorio *******. II. ******* Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo *******, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de presentación en el que se determinó el alojamiento temporal de tal quejosa, en la Estación Migratoria B Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el que, primero, se le consideró como dentro de la hipótesis para regularizar su situación migratoria por razones humanitarias; y por ello, le permitió la salida a efecto de que acudiera a las oficinas de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, o donde establezca su domicilio. Acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual se tuvo por concluida la tramitación del procedimiento administrativo migratorio *******. III. ******* Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo *******, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de presentación en el que se determinó el alojamiento temporal de tal quejosa, en la Estación Migratoria B Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el que, primero, se le consideró como dentro de la hipótesis para regularizar su situación migratoria por razones humanitarias; y por ello, le permitió la salida a efecto de que acudiera a las oficinas de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, o donde establezca su domicilio. Acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual se tuvo por concluida la tramitación del procedimiento administrativo migratorio *******. IV. ******* Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo *******, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de presentación en el que se determinó el alojamiento temporal de tal quejoso, en la Estación Migratoria B Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el que, primero, se le consideró como dentro de la hipótesis para regularizar su situación migratoria por razones humanitarias; y por ello, le permitió la salida a efecto de que acudiera a las oficinas de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, o donde establezca su domicilio. Acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual se tuvo por concluida la tramitación del procedimiento administrativo migratorio *******. V. ******* Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo *******, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de presentación en el que se determinó el alojamiento temporal de tal quejoso, en la Estación Migratoria B Juárez del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, de veintiuno de abril de dos mil veintidós. Acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el que, primero, se le consideró como dentro de la hipótesis para regularizar su situación migratoria por razones humanitarias; y por ello, le permitió la salida a efecto de que acudiera a las oficinas de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, o donde establezca su domicilio. Acuerdo de esa misma fecha, mediante el cual se tuvo por concluida la tramitación del procedimiento administrativo migratorio *******. Por lo tanto, dicho acto se tiene como fehacientemente demostrado. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad de los quejosos, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En efecto, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se emitió en favor de los aquí quejosos, acuerdos de salida, dejándolos en libertad deambulatoria, con el objeto de que regularizaran su situación en el país; y se tuvo se tuvo por concluida la tramitación de los procedimiento administrativos migratorios que les fueron instaurados. Bajo ese contexto, es dable concluir que han cesado los efectos del alojamiento reclamado, decretado el veintiuno de abril de dos mil veintidós; y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por ésta a la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, *******, *******, ******* y *******, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio enviado por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1 Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua; en atención a lo que solicita, remítasele copia certificada del presente expediente, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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