Johan Wiebe Klassen
Expediente 846/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Johan Wiebe Klassen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintinueve de febrero del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo 846/2015-II, promovido por ***************. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, *************** solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyó al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y otras autoridades, a quien les reclamó las órdenes de presentación y aprehensión; así como su respectiva ejecución. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de diecisiete de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite el juicio el amparo 846/2015-II, se solicitaron los informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama la orden de detención, así como su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, Juez de Garantía, Coordinador de Ministerios Públicos, Coordinador Regional de la División de Investigación Estatal Única, todos del Distrito Galeana y Agente del Ministerio Público de Buenaventura, Chihuahua, negaron la existencia del acto que se les atribuyó. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Misma determinación debe realizarse en relación a las autoridades omisas en rendir su informe justificado Agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agentes Ministeriales Encargados de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, residentes en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y Agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agentes Ministeriales Encargados de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, residentes en el Distrito Judicial Galeana, pues si bien fueron omisos en rendir su informe, no obstante que fueron legalmente requeridos para ello (fojas 28, 29, 31 y 32); no es el caso de tener por cierta su existencia dado que dichas autoridades tienen el carácter de ejecutoras; y a quienes se les designó como ordenadoras negaron la existencia de la orden de presentación y aprehensión, por lo que resulta material y jurídicamente imposible ejecutar un acto inexistente. Resulta aplicable la tesis de la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo LXXIII, materia común, página 3134, del siguiente contenido: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades señaladas como responsables, no informan en cuanto a los actos que de ellas se reclaman, tienen carácter de ejecutoras, y se niega la existencia de los actos reclamados por la autoridad ordenadora, no se puede legalmente tener por ciertos los actos de dichas ejecutoras, que nada tendrían que ejecutar, y no tiene aplicación lo relativo a que el silencio de las autoridades debe hacer presumir la certidumbre de la existencia de los actos reclamados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de febrero de dos mil dieciséis. Agréguense para que obre como legalmente corresponda el informe justificado, recibido vía correo electrónico, remitido por la Agente del Ministerio Publico de Buenaventura, al cual se le da valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuitos, consultable en la página 245, del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es el rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. Por otra parte, glósese a sus autos para que obren como legalmente corresponda el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Publico de Buenaventura, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita, lo anterior considérese en la celebración de la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, y toda vez que el informe justificado de cuenta, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con diez minutos del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 846/2015-II-1. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de diciembre del año próximo pasado, *************** solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Agente del Ministerio Púbico Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, con sede en Buenaventura, Chihuahua y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de presentación, aprehensión y su respectiva ejecución SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de diecisiete de diciembre pasado, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental la que, previo diferimiento, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, el Coordinador del Distrito Judicial Galeana, Zona Norte y el Coordinador de Ministerios Públicos del Distrito Judicial Galeana, negaron la existencia de los actos que se les reclamaron consistentes las órdenes de presentación o aprehensión y su respectiva ejecución, sin que la quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar tales negativas, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó ***************, respecto de los actos atribuidos a esas autoridades. Sirve de apoyo a lo antes considerado la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Presunción de Certeza. El Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, de Buenaventura, Chihuahua, Comandante en Jefe de la Policía Ministerial de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Agentes de la Policía Ministerial Encargados de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Delito Zona Norte, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, no rindieron sus informes previos, no obstante les fueran oportunamente requeridos, como se advierte de los acuses de recibo que obran en autos; por lo que se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de diciembre pasado y de conformidad con el numeral 142 de la legislación en comento, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que se le endilgan, únicamente respecto de la orden de presentación que les fue reclamada. Lo anterior es así, porque la presunción de certeza respecto de la orden de aprehensión reclamada, se encuentra desvirtuada por el informe previo que rindió el Juez de Garantía del Distrito Judicial Galeana, quien negó la emisión de dicha orden y dado que, en la especie, es la única autoridad señalada con facultades constitucionales para emitir tal acto, su negativa desvirtúa la presunción que derivó de la omisión de las ejecutoras, porque jurídicamente no pueden dar cumplimiento a una orden inexistente. Apoya esta consideración, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Informe 1946, quinta época, materia administrativa, página 124, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO SEGÚN LOS INFORMES RENDIDOS U OMITIDOS. Si de autos se establece, en vista de los informes rendidos, de modo especial el de la autoridad ordenadora, la inexistencia de los actos que provocaron la interposición del amparo, en primer lugar la omisión de informe, por parte de una autoridad ejecutora, que en otras circunstancias daría lugar a tener por ciertos, presuntivamente los actos que le fueron atribuidos, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, cede ante la negativa de la autoridad principal, ordenadora; asimismo, en atención a la situación creada por la negativa de la repetida ordenador, es inconcuso, que la ejecutora no podría realizar órdenes inexistentes. En las condiciones anteriores deben sobreseerse, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la ley de la materia, o en otros términos, confirmar el fallo a revisión que con tal motivo acordó tal medida. Asimismo, resulta aplicable la tesis de la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo LXXIII, materia común, página 3134, del siguiente contenido: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades señaladas como responsables, no informan en cuanto a los actos que de ellas se reclaman, tienen carácter de ejecutoras, y se niega la existencia de los actos reclamados por la autoridad ordenadora, no se puede legalmente tener por ciertos los actos de dichas ejecutoras, que nada tendrían que ejecutar, y no tiene aplicación lo relativo a que el silencio de las autoridades debe hacer presumir la certidumbre de la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Estudio de la procedencia de la suspensión reclamada. Se concede la suspensión definitiva solicitada respecto de la orden de presentación reclamada. En efecto, la comparecencia ante el Representante social, obtenida a través del cumplimiento de la orden de presentación del imputado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien no tiene como propósito lograr su detención, sí tiene efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el destinatario de la orden, porque limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. De esta manera, procede el otorgamiento de la medida suspensional solicitada ya que con su otorgamiento no se impide continuar con las diligencias de la averiguación previa hasta que se culmine con la determinación que finalice esa etapa; por tanto, se establece como requisito de efectividad que: a) En el plazo de setenta y dos horas deberá otorgar garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley; b) Asimismo, deberá comparecer ante el Representante social de la averiguación previa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, a efecto de que desahogue todas y cada una de las diligencias en la averiguación previa. c) De igual forma, deberá presentarse ante dicha Autoridad cuantas veces sea citada, y en caso de inasistencia el Representante social deberá informarlo a este Juzgado de amparo para que se revoque la concesión de la suspensión decretada. Se apercibe al quejoso que en caso de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos A) y B), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que pueda ser devuelta al Representante social responsable en caso de no obtener la protección constitucional solicitada. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, materia penal, página 1059, del siguiente tenor: ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve PRIMERO. Se niega a ***************, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a ***************, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado ***************, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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