Johann Esteban Segundo García

Expediente 581/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
581/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Johann Esteban Segundo García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de uno de diciembre del actual, a través del cual se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **; contra actos del Director del Registro Público y de Comercio en Ciudad Juárez. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 581/2020 VI. Se desecha demanda A efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 1º, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, considerando para ello la naturaleza del acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la anotación del aviso preventivo a favor de la señora **, realizada en la inscripción 4 y 9 del libro 2695 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad. A fin de evidenciar lo anterior, los preceptos citados en el párrafo precedente, en lo conducente establecen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación literal, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de derechos humanos, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se estima que se reclaman actos que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que, según se verá a continuación, la actuación atribuida a la autoridad responsable Director Registro Público de la Propiedad, residente en esta ciudad, no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo. En primer término, se considera conveniente transcribir los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, relativos a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos de referencia son del siguiente tenor: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. De los anteriores preceptos, así como del diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, transcrito con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio de derechos fundamentales se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad con imperio, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como se dijo, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 364 2016, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el concepto de acto de autoridad para efecto del juicio de amparo se modificó esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones de coordinación o de supraordinación los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1ª J. 41/2019 con rubro: NOTARIOS PÚBLICO. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones de caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, del ocurso que se atiende se desprende que quejoso reclama al Director del Registro Público y de Comercio en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo siguiente: 1. Autoridad Ordenadora. EL MANDAMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO REAL REGISTRADO EN LA INSCRIPCIÓN 4 DEL LIBRO 2695 DE LA SECCIÓN PRIMERA Y INSCRIPCIÓN 9 DEL LIBRO 2695 DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL PRIMER AVISO PREVENTIVO A FAVOR DE LA SEÑORA **. 2 Autoridad Ejecutora. EL MANDAMIENTO DE LA ÍNSCRIPCIÓN EN EL FOLIO REAL REGISTRADO EN LA INSCRIPCIÓN 4 DEL LIBRO 2695 DE LA SECCIÓN PRIMERA Y INSCRIPCIÓN 9 DEL LIBRO 2695 DE LA SECCIÓN PRIMERA AVISO PREVENTIVO A FAVOR DE LA SEÑORA **. Atento a ello, es dable sostener que el acto reclamado consistente en la anotación del aviso preventivo a favor de la señora *, realizada en la inscripción 4 y 9 del libro 2695 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo. En ese sentido conviene que el artículo 2º de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, establece que el Registro Público de la Propiedad es una institución del Poder Ejecutivo, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, a través de la cual proporciona el servicio de registro de la propiedad y da publicidad a los actos y hechos jurídicos que así lo requieran para surtir efectos frente a terceros. Asimismo, respecto a las anotaciones en el Registro Público de la Propiedad del Estado, los artículos 113 y 114 del Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: CAPÍTULO V DE LAS ANOTACIONES Artículo 113. Se entiende por anotación, cualquier asiento que se efectúe relacionado con una inscripción registrada y que implique una prevención, su modificación o extinción. Las anotaciones que no hayan podido asentarse al margen de las inscripciones correspondientes, podrán continuarse en un libro autorizado para tal efecto. Artículo 114. Las anotaciones que contendrán las circunstancias que resulten de los avisos o documentos presentados, son las siguientes: Las que se originan por los avisos preventivos previstos en el artículo 76 de esta Ley; Una vez que se firme una escritura en que se adquiera, trasmita, modifique o extinga la propiedad o posesión de bienes raíces, o en la que se haga constar un crédito que tenga preferencia desde que sea registrado, el Notario que la autorice dará al Registro un aviso en el que conste la finca de que se trate, la indicación de que se ha trasmitido o modificado su dominio o se ha constituido, trasmitido, modificado o extinguido el derecho real sobre ella, los nombres de los interesados en la operación, la fecha de la escritura y la de su firma y la indicación del número, folio, libro y sección en que estuviere inscrita la propiedad en el Registro. El Registrador, con el aviso del Notario y sin cobro de derecho alguno, hará inmediatamente una anotación preventiva al margen de la inscripción de propiedad. II. Las que deban su origen a un embargo o secuestro legalmente trabado; III. Las que provengan de una expropiación, limitación de dominio u ocupación de bienes inmuebles; IV. Las que deban asentarse a petición de la autoridades judicial, por estar los bienes sujetos a juicio, y V. Las que resulten de cualquier acto registral. De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende que por anotación se entiende cualquier asiento que se efectúe relacionado con una inscripción registrada y que implique una prevención, su modificación o extinción; y que las anotaciones que contendrán las circunstancias que resulten de los avisos o documentos presentados, son las que se originan por los avisos preventivos previstos en el artículo 76 de Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua; las que deban su origen a un embargo o secuestro legalmente trabado; las que provengan de una expropiación, limitación de dominio u ocupación de bienes inmuebles; las que deban asentarse a petición de la autoridades judicial, por estar los bienes sujetos a juicio, y las que resulten de cualquier acto registral. Por tanto, los Registradores Públicos al realizar cualquier asiento relacionado con una inscripción registrada y que implique una prevención, su modificación o extinción, no puede ser considerado como autoridad responsable equiparada para efectos del juicio de amparo, dado que únicamente proporcionan el servicio de registro de la propiedad y da publicidad a los actos y hechos jurídicos que así lo requieran para surtir efectos frente a terceros. Además, sus actuaciones no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente efectúan un asiento relacionado con una inscripción registrada, derivada de un aviso preventivo previsto en el artículo 76 de Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua; un embargo o secuestro legalmente trabado; una expropiación, limitación de dominio u ocupación de bienes inmuebles; o petición de alguna autoridad judicial, por estar los bienes sujetos a juicio; no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo; y no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función pública que les fue delegada por el Estado. Ante ello, como se precisó el acto reclamado consistente en la anotación del aviso preventivo a favor de la señora **, realizada en la inscripción 4 y 9 del libro 2695 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo. Entonces, si el juicio de amparo se promovió con la finalidad de nulificar una anotación en el Registro Público de la Propiedad, resulta improcedente al tenor de los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, y 5º fracción II, de la Ley de Amparo. Corrobora lo antes expuesto, por analogía, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a. J. 41/2019 10a., sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página: 1144, cuyo tenor literal es el siguiente: NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. En esas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Johann Esteban Segundo García, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Respetuosamente debe precisar que, sobre el particular no es aplicable la jurisprudencia 2ª. J. 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada con el rubro AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, debido a que por virtud de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, se autorizó la adecuación del título de la tesis mencionada para quedar de la siguiente manera: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el primero de los rubros de la jurisprudencia citada se establece de manera genérica que el auto de inicio en el juicio de amparo no era la etapa procesal oportuna para determinar si un acto proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, por virtud de la sustitución autorizada, en el segundo de ello se aclaró que la falta de idoneidad para calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio se referiría al supuesto que menciona el cuerpo de la misma. La sustitución de rubro en la jurisprudencia mencionada cobra relevancia en el presente asunto, pues revela que no existe prohibición absoluta para determinar o calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio cuando se reclaman actos que no son de autoridad para efectos del juicio de amparo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico. Autorizados En términos del restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase al licenciado **, esto es solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no se encuentra registrado en el Registro Nacional de Profesionales del Derecho de la Secretaría de Educación Pública. Además, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones la listas de los juzgados. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará hasta que se levante la contingencia de salud actual, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS CoV2 COVID 19. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que se reanuden las labores normales del juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta Pública del Asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; °, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

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