Joel Ruiz Martínez

Expediente 1076/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1076/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Joel Ruiz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/4063/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, informa los trámites que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, y remite las constancias que así lo acreditan, lo anterior para los efectos legales procedentes. Por tanto, agréguense a los presentes autos el comunicado de referencia para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de que en su oportunidad se requiera a la aludida autoridad (en términos del artículo 192 de la legislación de la materia) para que informe lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio SFA/DGJ/DC/6127/2023, signado por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, informa los trámites que está realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, lo anterior para los efectos legales procedentes. Por tanto, agréguense a los presentes autos el comunicado de referencia para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de que en su oportunidad se requiera a la aludida autoridad (en términos del artículo 192 de la legislación de la materia) para que informe lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/3658/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, resérvese a acordar lo que en derecho corresponda una vez que cause ejecutoria la resolución dictada en el presente asunto, toda vez que aún se encuentra transcurriendo el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    ... RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos señalados en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, Secretaria que autoriza y da fe AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1076/2023, el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión de la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada Alejandra Zaraí Canché Chan, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, hace relación de las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda y el informe rendido por la autoridad responsable; a lo que se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda y la instrumental de actuaciones, así como las aportadas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las principales constancias que integran el expediente laboral 954/2015, con lo que concluye dicha fase. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la resolución. SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1076/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado el diez siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado, ********************, a través de sus apoderados Arturo Sánchez Castro y Eréndira Cedillo Nieto, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto mencionados a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: ".La omisión de la junta, de ajustar su actuar en los términos legales, dilatando el procedimiento, en este caso la omisión de tener por desahogadas las pruebas pendientes, por lo tanto, no ha realizado las actuaciones correspondientes para emitir el Laudo que en derecho corresponde en el juicio de origen número 954/2015..." SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: - La abierta paralización del juicio ordinario laboral 954/2015, toda vez que no se han desahogado la totalidad de pruebas ofrecidas por las partes, no obstante su admisión en actuación de veintidós de marzo de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al momento de rendir el informe justificado por conducto de su Presidenta, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; de ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada, pues así lo aceptó la aludida autoridad responsable. Lo antes expuesto se corrobora con las constancias que la citada autoridad adjuntó como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las principales actuaciones practicadas dentro del juicio laboral 954/2015, documental que tiene pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394182, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual modo, sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 280327 que reza: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó con la oportunidad debida, toda vez que el acto reclamado es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. Por tanto, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo y se evidencia que se promovió de manera oportuna. Resulta aplicable la tesis número III.5o.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1451, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. No se actualiza causa de improcedencia. No se advierte alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su transcripción; máxime que con ello en modo alguno se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con número de registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Análisis de fondo. Son fundados los argumentos vertidos en el único concepto de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón a que el presente asunto versa sobre materia laboral y los quejosos son la parte trabajadora. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 333, Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200727, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." Ahora, previo a emprender el trámite del estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, debe decirse que respecto del emplazamiento de aquellas personas a las que pudiera revestirles el carácter de terceros interesados, y sólo en este tipo de casos, se estima innecesario su llamamiento, en razón de que el sentido que regirá el fallo a pronunciarse no le perjudicaría, ya que el propósito del presente amparo es que se desahogue el juicio del cual es parte dentro de los plazos previstos por la ley; además que, tal falta de emplazamiento no lo deja sin defensa y no tiene trascendencia alguna en su perjuicio, en la sentencia que al efecto se dictará, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo. Lo anterior también se desprende de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el número P. V/98, página cuarenta y cinco, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Así como de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 2a./J. 69/98, en la página trescientos sesenta y seis, del Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA". Sentado lo anterior, debe señalarse que, de las constancias que la junta responsable adjuntó a su informe justificado, a las que previamente se otorgó pleno valor probatorio, consistentes en copias certificadas de algunas actuaciones que integran el juicio laboral 954/2015 se advierte que aún no se lleva a cabo el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes, dentro de dicho contradictorio. Ahora, la parte quejosa aduce, en esencia, que la responsable transgrede en su perjuicio lo establecido por el artículo 17 Constitucional, puesto que pese a existir un tiempo considerable, aún no se ha llevado a cabo el desahogo total de los medios de prueba ofertados por las partes, lo que impide la continuación del procedimiento hasta el dictado del laudo correspondiente, por lo que la aludida autoridad no administra justicia en los plazos y términos establecidos por la ley. Como se adelantó, son esencialmente FUNDADOS los argumentos resumidos anteriormente, suplidos en su deficiencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues " la justicia tardía es una forma de injusticia.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.3º. T. J/57 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283 Novena Época, número de registro 177266, que dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en su artículo 99, contempla lo siguiente: "Artículo 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo". Dicho numeral, en lo medular, dispone que en una sola audiencia se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. Por su parte, los diversos artículos 104 a 107, señalan lo siguiente: "ARTICULO 104. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Tribunal, tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al reclamante o a su representante legal para que ratifique, rectifique o amplíe su escrito inicial de demanda, en cuya ampliación sólo podrá aportar nuevos datos respecto a los hechos o incluir mayores prestaciones, sin poder demandar en ese acto a quien no haya incluido en su escrito inicial. Se concederá a las partes el derecho a la réplica y contrarréplica. En seguida se abrirá el período de ofrecimiento y admisión de pruebas; el Tribunal recibirá y calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continúo, señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. ARTICULO 105. En la audiencia se aceptarán las pruebas ofrecidas en ella o con anterioridad a la misma. ARTICULO 106. Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder. Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio. ARTICULO 107. En la etapa de desahogo, sólo se atenderán las pruebas admitidas, a menos que se refieran a hechos supervenientes, en cuyo caso, se dará vista a la contraria antes de resolver lo procedente. Se exceptúan las relativas a las tachas de testigos. (.)" A su vez, la Ley Federal del Trabajo en los ahora derogados artículos 883 y 884, fracciones I y III, señalan lo siguiente: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días". "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; (.) III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; (.)" De tales artículos, en lo que interesa, se desprende la dilación procesal que deben llevar a cabo las juntas laborales; se destaca que cuando no es posible desahogar los medios de convicción ofrecidos en una sola audiencia, se señalará los días y horas en que deberán desahogarse, en un periodo que no deberá exceder de treinta días; asimismo, en caso de que se trate de la obtención de copias o documentos que deban remitir terceros, el Tribunal dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos. En el caso, se desprende que en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ordinario laboral 954/2015 se emitió el acuerdo relativo a la procedencia de las pruebas ofrecidas por las partes, entre las que se destacan aquellas que ameritan un desahogo especial, es decir, que no es posible verificarlas en la propia audiencia, dada su naturaleza. Los medios de convicción a que se hace referencia, respetando los números consecutivos con los que el Tribunal los identificó y relacionando su actualización, son los siguientes: Pruebas ofertadas por la parte actora, entre otras: I. Confesional, a cargo de quien acredite tener facultades para absolver posiciones a nombre y representación del Ayuntamiento demandado; la cual tuvo verificativo el cinco de junio de dos mil diecisiete; I.I. Confesional para hechos propios, a cargo de María del Refugio Silva Duran, Presidenta Municipal del Ayuntamiento demandado; para lo cual ante la imposibilidad de localizar a la citada Silva Durán, mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se requirió a las partes dentro del juicio de origen a efecto de que dentro del término de tres días proporcionaran el domicilio que de la multicitada Silva Duran, pudieran tener, con apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se declara la deserción de la prueba; I.II. Documental marcada con el inciso 4 consistente en requerimiento; misma que se tuvo por desahogada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete; I.III. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones; mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas el veintidós de marzo de dos mil diecisiete; I.IV. Documental pública marcada con el inciso 7; misma que se tuvo por admitida y desahogada el veintidós de marzo de dos mil diecisiete; Pruebas ofertadas por la parte demandada: II. Confesional, a cargo de ********************; la cual tuvo verificativo el cinco de junio de dos mil diecisiete; II.I. Documental pública marcada con el número 3, consistente en copia simple certificada por el secretario del Ayuntamiento demandado de nombramiento con fecha 2 dos de mayo de dos mil dieciséis, del que se admitió su medio de perfeccionamiento consistente en pericial en caligrafía y grafoscopía; misma que se desechó el veintidós de marzo de dos mil diecisiete; II.II. Instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas el veintidós de marzo de dos mil diecisiete; Expuesto lo anterior, se tiene que en el caso se encuentra pendiente de desahogar la prueba indicada en el punto I.I, es decir, la confesional para hechos propios, a cargo de María del Refugio Silva Duran, Presidenta Municipal del Ayuntamiento demandado. En consecuencia, es evidente que la autoridad laboral conculca en perjuicio del peticionario de amparo, el precepto 17 Constitucional, dado que los términos con el que cuenta el Tribunal responsable para tramitar el juicio laboral de mérito, que al efecto establece el ordenamiento legal respectivo, bajo el cual se rige el procedimiento laboral de que se trata, ya que es el caso que desde que la admisión de las pruebas (veintidós de marzo de dos mil diecisiete), al de la presentación de la demanda (nueve de agosto de dos mil veintitrés) rebasa el término establecido por la ley de la materia para el desahogo de pruebas, alegatos y resolución, lo cual se traduce en una irregularidad en la administración de justicia, que ocasiona un retraso en la tramitación y resolución oportuna del conflicto laboral de origen, porque habrá una dilación en las subsecuentes etapas procesales que impedirá que se realicen en los términos legalmente previstos para tal efecto. Por ello, es claro que el actuar de la responsable, priva a al promovente del amparo del derecho a gozar de la garantía contenida en el segundo párrafo del ordinal 17 Constitucional, habida cuenta que éste ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia. Así, es claro que el actuar del Tribunal responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso ********************. OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, la omisión descrita deriva en la violación a los derechos y garantías previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, en perjuicio de los impetrantes. Por lo tanto, a fin de restituirlo en el goce de los mismos, se impone concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, realice lo siguiente dentro del juicio ordinario laboral 954/2015: Realice las gestiones necesarias para que llevar a cabo el desahogo de la prueba confesional para hechos propios, a cargo de María del Refugio Silva Duran, Presidenta Municipal del Ayuntamiento demandado, siendo inadmisible su diferimiento por cuestiones que puedan ser atribuidas al Tribunal, como podría ser falta de notificación a alguna de las partes; Hecho lo anterior, emita un proveído en el que certifique si se encuentran medios de prueba pendientes de desahogar y en caso negativo, dé vista a las partes en los términos fijados en la Ley de la materia aplicable al juicio de origen. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con registro digital 2005150, de contenido literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho transgredido, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos señalados en el considerando último de este fallo. Notifíquese.

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