Joel Nava Ventura
Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joel Nava Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 22701/2023 signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 895/2022, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por las razones que indica; acúsese recibo y, por otra parte, avóquese al conocimiento del asunto. Atento a lo anterior, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su aclaración, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En ese sentido, vista la demanda de amparo y anexos que acompañó la parte quejosa, se advierte que es notoriamente improcedente, virtud a que se actualiza, de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5 de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" Del precepto Constitucional y las porciones normativas transcritas se aprecia que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con las acotaciones respectivas a dichos conceptos. En ese orden de ideas, la causa de improcedencia de mérito se basa en el principio general para la procedencia del juicio de amparo, relativo a la existencia de un agravio personal y directo, el cual debe justificar la parte quejosa en el proceso Constitucional, pues sólo así legitimará su interés jurídico para tales fines. De tal forma, la improcedencia se actualiza cuando el acto o actos de autoridad reclamados, no lesionan los derechos subjetivos legítimamente tutelados en favor de la parte quejosa. En efecto, con relación a ese tópico, se itera, el interés para acudir al juicio de amparo deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; y, en ese sentido, la porción normativa Constitucional prevé el principio de instancia de parte agraviada, según el cual, el juicio de amparo debe instarse a petición del gobernado que resulte lesionado en sus derechos humanos; y, el numeral citado de la Ley de Amparo exige la existencia de un agravio personal y directo. En consecuencia, sólo está legitimado para instar la acción Constitucional el titular de un derecho humano que, estima, se lesiona mediante la emisión del acto o actos de autoridad; por ende, se establece como presupuesto lógico, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, lo cual constituye el interés jurídico previsto por la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo; en la intelección de que el mismo debe acreditarse fehacientemente, de manera que no se infiera con base en presunciones. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; y, 2a./J. 51/2019 (10a.), visible a página 1598, Tomo II, Libro 64, Marzo de 2019, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, estableció criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: a) El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Precisado lo anterior, es menester analizar si, en el caso concreto, la parte quejosa justificó su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo. En el caso concreto, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa, en esencia, pretende impugnar como acto reclamado el oficio número GN/UOEC/DGSCl/8138/2022, de dieciocho de julio de dos mil veintidós, a través del cual el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, de la Guardia Nacional, le hace de su conocimiento que se determinó su cambio de adscripción, por lo cual, debería presentarse a partir del dieciséis de julio de dos mil veintidós en Periférico Oriente 815, Col. Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial Iztapalapa, C.P. 09208, Ciudad de México, en donde ubica la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada, Dirección General de Servicios Especiales, debidamente uniformado, para seguir prestando sus servicios conforme al grado que ostenta, y donde recibirá las instrucciones correspondientes. Por otra parte, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso directo es miembro de la Guardia Nacional, con el cargo de Suoficial G.N., y ocurre al juicio de amparo a reclamar oficio a través del cual se hizo de su conocimiento, el cambio de su adscripción, en los términos destacados. Ahora bien, con relación al tópico materia de análisis, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco, página 310, de rubro y texto siguiente, establece: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". De lo anterior es dable concluir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. Máxime que, atento a la naturaleza de los cambios de adscripción y la rotación de los miembros de la Guardia Nacional, por necesidades del servicio, únicamente es susceptible de afectar el interés jurídico cuando quien lo ordenó carece de facultades. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CARECE DE FACULTADES. Los artículos 11, 30, 38 y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o, 2o, 61, 62, 63, 65 y 67 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y los Lineamientos Generales para realizar los cambios de adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en materia de adscripción y cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, prevén las autoridades facultadas para solicitarlo y los requisitos que debe cumplir; quién es el encargado de analizar tales propuestas y dictaminar sobre su conveniencia; en quién recae la facultad de resolver en definitiva; y, los casos en que el cambio de adscripción del personal del servicio de carrera puede ser general, parcial o específico. Por tanto, los agentes del Ministerio Público de la Federación pueden promover juicio de amparo en contra del cambio de adscripción cuando quien lo ordenó carece de facultades, pues de acuerdo con las normas citadas, esa determinación sólo puede ser emitida por quien está facultado y lo contrario afecta el interés jurídico del promovente." (No. Registro: 170700. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 246/2007, página 205). Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, anexos adjuntos y las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, no se desprende que contemplen un cambio de jerarquía, o bien, una disminución en los emolumentos que se le deben cubrir al impetrante. En ese sentido, tampoco se advierte que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el peticionario, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho cargo, además de que el quejoso no exhibe prueba alguna que demuestre esa afectación; pues, incluso, para tales fines, se le indicó que seguiría prestando sus servicios conforme al grado que ostenta, y donde recibiría las instrucciones correspondientes. En ese contexto, tomando en consideración los referidos criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. No es óbice a lo anterior que el primer criterio invocado emane de la interpretación del artículo 13, fracción VII, la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, pues, se itera, la misma es aplicable por analogía, toda vez que en el presente asunto se actualiza una relación de semejanza destacada entre los elementos de la jurisprudencia y este caso concreto, lo cual permite aplicar los predicados de ésta al tema planteado, pues, el precepto analizado, sostiene idéntica redacción al diverso numeral 26, fracción VIII, de la Ley de la Guardia Nacional, conforme al cual, el personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción, con base en las necesidades del servicio. Habida cuenta de que el cambio de adscripción que se reclama, no se evidencia se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario, o bien, una reducción en el salario que percibía, de modo tal que siendo el quejoso elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando los derechos de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Por tanto, el oficio a través del cual se requirió al peticionario para que se presente a su nueva adscripción, no afecta el interés jurídico del promovente ni tampoco se advierte que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, procede DESECHAR la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 22701/2023 signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 895/2022, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, por las razones que indica; acúsese recibo y, por otra parte, avóquese al conocimiento del asunto. Atento a lo anterior, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su aclaración, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En ese sentido, vista la demanda de amparo y anexos que acompañó la parte quejosa, se advierte que es notoriamente improcedente, virtud a que se actualiza, de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XII, y 5 de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" Del precepto Constitucional y las porciones normativas transcritas se aprecia que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con las acotaciones respectivas a dichos conceptos. En ese orden de ideas, la causa de improcedencia de mérito se basa en el principio general para la procedencia del juicio de amparo, relativo a la existencia de un agravio personal y directo, el cual debe justificar la parte quejosa en el proceso Constitucional, pues sólo así legitimará su interés jurídico para tales fines. De tal forma, la improcedencia se actualiza cuando el acto o actos de autoridad reclamados, no lesionan los derechos subjetivos legítimamente tutelados en favor de la parte quejosa. En efecto, con relación a ese tópico, se itera, el interés para acudir al juicio de amparo deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo; y, en ese sentido, la porción normativa Constitucional prevé el principio de instancia de parte agraviada, según el cual, el juicio de amparo debe instarse a petición del gobernado que resulte lesionado en sus derechos humanos; y, el numeral citado de la Ley de Amparo exige la existencia de un agravio personal y directo. En consecuencia, sólo está legitimado para instar la acción Constitucional el titular de un derecho humano que, estima, se lesiona mediante la emisión del acto o actos de autoridad; por ende, se establece como presupuesto lógico, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, lo cual constituye el interés jurídico previsto por la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo; en la intelección de que el mismo debe acreditarse fehacientemente, de manera que no se infiera con base en presunciones. Con relación al tópico de mérito, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 1a./J. 168/2007, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."; y, 2a./J. 51/2019 (10a.), visible a página 1598, Tomo II, Libro 64, Marzo de 2019, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, titulada: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, estableció criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, a saber: a) El acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Precisado lo anterior, es menester analizar si, en el caso concreto, la parte quejosa justificó su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo. En el caso concreto, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa, en esencia, pretende impugnar como acto reclamado el oficio número GN/UOEC/DGSCl/8138/2022, de dieciocho de julio de dos mil veintidós, a través del cual el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, de la Guardia Nacional, le hace de su conocimiento que se determinó su cambio de adscripción, por lo cual, debería presentarse a partir del dieciséis de julio de dos mil veintidós en Periférico Oriente 815, Col. Chinampac de Juárez, Demarcación Territorial Iztapalapa, C.P. 09208, Ciudad de México, en donde ubica la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada, Dirección General de Servicios Especiales, debidamente uniformado, para seguir prestando sus servicios conforme al grado que ostenta, y donde recibirá las instrucciones correspondientes. Por otra parte, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso directo es miembro de la Guardia Nacional, con el cargo de Suoficial G.N., y ocurre al juicio de amparo a reclamar oficio a través del cual se hizo de su conocimiento, el cambio de su adscripción, en los términos destacados. Ahora bien, con relación al tópico materia de análisis, la Jurisprudencia 2a./J. 38/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Marzo de dos mil cinco, página 310, de rubro y texto siguiente, establece: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policiaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". De lo anterior es dable concluir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden emitida en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos readscrito, siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. Máxime que, atento a la naturaleza de los cambios de adscripción y la rotación de los miembros de la Guardia Nacional, por necesidades del servicio, únicamente es susceptible de afectar el interés jurídico cuando quien lo ordenó carece de facultades. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CUANDO ESTIMEN QUE QUIEN ORDENÓ SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN CARECE DE FACULTADES. Los artículos 11, 30, 38 y 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1o, 2o, 61, 62, 63, 65 y 67 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y los Lineamientos Generales para realizar los cambios de adscripción y la rotación de los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en materia de adscripción y cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación, prevén las autoridades facultadas para solicitarlo y los requisitos que debe cumplir; quién es el encargado de analizar tales propuestas y dictaminar sobre su conveniencia; en quién recae la facultad de resolver en definitiva; y, los casos en que el cambio de adscripción del personal del servicio de carrera puede ser general, parcial o específico. Por tanto, los agentes del Ministerio Público de la Federación pueden promover juicio de amparo en contra del cambio de adscripción cuando quien lo ordenó carece de facultades, pues de acuerdo con las normas citadas, esa determinación sólo puede ser emitida por quien está facultado y lo contrario afecta el interés jurídico del promovente." (No. Registro: 170700. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 246/2007, página 205). Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, anexos adjuntos y las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, no se desprende que contemplen un cambio de jerarquía, o bien, una disminución en los emolumentos que se le deben cubrir al impetrante. En ese sentido, tampoco se advierte que se haya determinado modificación alguna a las actividades que venía realizando el peticionario, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho cargo, además de que el quejoso no exhibe prueba alguna que demuestre esa afectación; pues, incluso, para tales fines, se le indicó que seguiría prestando sus servicios conforme al grado que ostenta, y donde recibiría las instrucciones correspondientes. En ese contexto, tomando en consideración los referidos criterios adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicados por analogía al presente caso, este órgano jurisdiccional estima que el cambio de adscripción reclamado, no afecta el interés jurídico del quejoso, dado que no se advierte alguna modificación en cuanto a su jerarquía, nivel y derechos laborales, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas. No es óbice a lo anterior que el primer criterio invocado emane de la interpretación del artículo 13, fracción VII, la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, pues, se itera, la misma es aplicable por analogía, toda vez que en el presente asunto se actualiza una relación de semejanza destacada entre los elementos de la jurisprudencia y este caso concreto, lo cual permite aplicar los predicados de ésta al tema planteado, pues, el precepto analizado, sostiene idéntica redacción al diverso numeral 26, fracción VIII, de la Ley de la Guardia Nacional, conforme al cual, el personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción, con base en las necesidades del servicio. Habida cuenta de que el cambio de adscripción que se reclama, no se evidencia se asigne un cargo diverso al que venía desarrollando el peticionario, o bien, una reducción en el salario que percibía, de modo tal que siendo el quejoso elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o bien para que la prestación del Servicio de Seguridad Pública se realice respetando los derechos de los gobernados y manteniendo el orden público en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignado a un lugar diverso para cumplir sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Por tanto, el oficio a través del cual se requirió al peticionario para que se presente a su nueva adscripción, no afecta el interés jurídico del promovente ni tampoco se advierte que con motivo de aquél se causara un perjuicio (se alteraran sus funciones y condiciones en la institución), que hiciera procedente el presente juicio de amparo. Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, procede DESECHAR la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por..., por su propio derecho, contra actos del Comandante de la Guardia Nacional, Comisario General, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, ordenando se remitiera al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno con sede en la Ciudad de México, mediante oficio 19477/2022, del índice de este juzgado, sin que obre en autos, constancia alguna de su envío; por tanto, solicítese al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en turno con sede en la Ciudad de México, a fin de que de no tener inconveniente alguno informe a que juzgado por razón de turno tocó conocer; lo anterior, para estar en condiciones de solicitar el acuse de recibo. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
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