Joel Moreno Mendoza
Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joel Moreno Mendoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veintisiete de septiembre al cuatro de octubre de ese mismo año; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, en tales condiciones, ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 993/2022. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: ". ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte". Asimismo, el 107, fracción III, inciso b), constitucional, establece: "ARTÍCULO. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: ". La omisión de la responsable de administrar justicia en lo plazos y términos que fija la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, puesto que no desarrolla el juicio laboral número 44/2022, con diligencia, si no con dilación o demora en perjuicio de mi parte, ahora quejosa, lo anterior acontece así ya que en fecha 15 quince de junio del año 2022, dos mil veintidós se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, siendo que han trascurrido ya más de 2 meses desde la celebración de la citada audiencia y aun no se emite el acuerdo correspondiente, donde se señale fecha para el desahogo de la AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN." En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 607, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, la propia promovente en el capítulo de los antecedentes de su demanda de amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el quince de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de conciliación en el juicio de origen, y, a la fecha de la presentación de su demanda de amparo, la responsable ha sido omisa en llevar a cabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la dilación procesal consistente en la omisión de dictar el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado. Es así, porque en el caso particular la solicitante de la acción constitucional se duele exclusivamente de una afectación cometida con motivo del inicio del procedimiento del juicio laboral de origen, sin embargo, el acto reclamado por aquéllos no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de dictar el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución). Es así, porque la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el impetrante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que esta Potestad Federal, no advierte que exista una abierta dilación en la emisión del acuerdo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución por parte de la autoridad responsable, dado que si bien es verdad que el artículo 8, 99, 103, 104 y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 8. Lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales se aplicará supletoriamente, y en su orden, Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad". "Artículo 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo. "Artículo 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución". "Artículo 104. El día y hora de la audiencia se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no resulten notoriamente inconducentes contrarias a la Ley o a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continuo señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento". "Artículo 105. En la audiencia se aceptarán las pruebas ofrecidas en ella o con anterioridad a la misma". También es verdad que la quejosa, en su demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable ha sido omisa en señalar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, no obstante que el quince de junio del año en curso, se verificó la audiencia inicial y, a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había emitido pronunciamiento de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Sin embargo, también es cierto que al ocho de septiembre de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, aún no transcurrían los tres meses, que tiene el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como un estándar mínimo objetivo para poder establecer si se ha configurado o no una excesiva dilación en el trámite de los asuntos; contados a partir del día siguiente en que feneció el término para emitir el respectivo acuerdo del desahogo de pruebas, alegatos y resolución, en su caso, es decir, el lapso de los tres meses, comenzaron a transcurrir el dieciséis de junio y fenecerán el diecisiete de octubre, ambos de dos mil veintidós, si se toma en cuenta que es precisamente ese período el máximo que el artículo 111 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UN VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". También se cita, por identidad jurídica, la tesis aislada III.2o.T.16 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SI TRANSCURREN MÁS DE 22 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIÓ PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE EL ACTO PROCESAL NECESARIO PARA CONTINUAR EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, AL CONCRETARSE UNA DILACIÓN EXCESIVA [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.)]. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se desechó la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al considerar el Juez de Distrito que se surtía de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley aludida, ya que el acto reclamado no era de imposible reparación, al consistir en la dilación procesal materializada al omitir acordar una promoción formulada en un juicio laboral burocrático sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, porque entre su presentación y aquella en que se promovió el juicio de amparo no habían transcurrido los 45 días a que se refiere el plazo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para considerar que existe abierta dilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es procedente si transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el juicio laboral burocrático en el Estado de Jalisco y sus Municipios. Justificación: Lo anterior es así, pues conforme al artículo 135, párrafo tercero, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto cuando transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el procedimiento, ya que una vez transcurrido ese plazo se concreta una dilación excesiva, que se traduce en una paralización del procedimiento, por corresponder al periodo máximo que la referida ley burocrática tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por corresponder al periodo que el tribunal tiene para dictar el laudo, por lo que es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, el juicio será procedente cuando han transcurrido al menos 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; al considerar como periodo máximo que se tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se requiere promoción de la parte trabajadora, el previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que no opere la caducidad regulada en el diverso 773 de la propia ley; sin embargo, el lapso de 45 días a que se refiere la citada jurisprudencia es inaplicable para determinar si se ha o no configurado una dilación excesiva cuando se trata de juicios laborales sustanciados conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto de la cual no es factible aplicar supletoriamente el artículo 772 aludido, ya que la figura de la caducidad no se encuentra así prevista para ese tipo de asuntos". Así como la diversa tesis aislada XXX.1o.1 L (11a.), del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3103, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ABIERTA DILACIÓN EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL TÉRMINO DE 24 DÍAS HÁBILES CONSTITUYE EL PLAZO RAZONABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE OBSERVAR LOS TÉRMINOS PROCESALES PREVISTOS EN EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, SUS MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. Hechos: Varias personas promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes de acordar lo relativo al ofrecimiento de pruebas en la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas del juicio laboral burocrático. La Jueza de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, considerando que en el caso no se actualizó la hipótesis de abierta dilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el término de 24 días hábiles constituye el plazo razonable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la omisión de observar los términos procesales previstos en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, que configure una abierta dilación en el juicio laboral burocrático. Justificación: Lo anterior es así, ya que cuando se reclaman actos omisivos ocurridos dentro del procedimiento, por regla general, el juicio de amparo es improcedente, salvo que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria. En este sentido, en aras de obtener un estándar que ofrezca seguridad jurídica a las partes en los juicios cuyo procedimiento se rige por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, deben sumarse los plazos que por imperativo legal corresponde observar al Tribunal de Arbitraje, pues constituyen un parámetro máximo para la solución de la controversia sometida a su potestad. Por tanto, si sumados los plazos para el dictado del auto de radicación de la demanda, la celebración de la audiencia de conciliación, el ofrecimiento y la admisión de pruebas, la continuación de la audiencia cuando las partes soliciten su suspensión, para señalar la audiencia de desahogo de pruebas, y para el dictado de la resolución correspondiente, arrojan un total de 24 días hábiles, se estima que éste constituye el plazo razonable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión por parte de dicha autoridad de observar los términos procesales". En el entendido que no se desatienden los diversos acuerdos y sentencias dictados por este Juzgado, en donde se ha tomado como fundamento legal la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con el número 2a./J. 33/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 294/2018, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE EBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS"; toda vez que, de un nuevo análisis sobre el contenido de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se advierte que dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso en particular, pues el artículo 111 del citado ordenamiento legal, dispone que cuando han transcurrido más de tres meses desde la última promoción necesaria para la continuación del procedimiento laboral, el Tribunal burocrático, de oficio o a petición de parte, declarará la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Es decir, una vez transcurrido ese plazo se concreta una dilación excesiva, que se traduce en una paralización del procedimiento, por corresponder al periodo máximo que la referida Ley burocrática tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por lo que, como ya se dijo, es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), al considerar como periodo máximo que se tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se requiere promoción de la parte trabajadora, el previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, para que no opere la caducidad regulada en el diverso 773 de la propia ley. Lo anterior es así, ya que cuando se reclaman actos omisivos ocurridos dentro del procedimiento laboral, por regla general, el juicio de amparo es improcedente, salvo que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria, por lo que, si en el caso, el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, debe tomarse como plazo máximo para que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria, el que corresponde observar al Tribunal responsable en términos del numeral 111 tantas veces mencionado, pues constituye un parámetro máximo para la solución de la controversia sometida a su potestad. De ahí que, en adelante en tratándose de juicio laboral burocrático debe atenderse al término que legalmente se establece para la caducidad y, en el caso, son tres meses, por lo que será el parámetro para medir si existe una dilación o no en ese tipo de juicios. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ******, en esta ciudad. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, en tales condiciones, ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 993/2022. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del artículo 107 de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: ". ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte". Asimismo, el 107, fracción III, inciso b), constitucional, establece: "ARTÍCULO. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: ". La omisión de la responsable de administrar justicia en lo plazos y términos que fija la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, puesto que no desarrolla el juicio laboral número 44/2022, con diligencia, si no con dilación o demora en perjuicio de mi parte, ahora quejosa, lo anterior acontece así ya que en fecha 15 quince de junio del año 2022, dos mil veintidós se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, siendo que han trascurrido ya más de 2 meses desde la celebración de la citada audiencia y aun no se emite el acuerdo correspondiente, donde se señale fecha para el desahogo de la AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN." En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 607, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, la propia promovente en el capítulo de los antecedentes de su demanda de amparo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el quince de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de conciliación en el juicio de origen, y, a la fecha de la presentación de su demanda de amparo, la responsable ha sido omisa en llevar a cabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la dilación procesal consistente en la omisión de dictar el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado. Es así, porque en el caso particular la solicitante de la acción constitucional se duele exclusivamente de una afectación cometida con motivo del inicio del procedimiento del juicio laboral de origen, sin embargo, el acto reclamado por aquéllos no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de dictar el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución). Es así, porque la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el impetrante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que esta Potestad Federal, no advierte que exista una abierta dilación en la emisión del acuerdo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución por parte de la autoridad responsable, dado que si bien es verdad que el artículo 8, 99, 103, 104 y 105 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del estado de Michoacán de Ocampo, disponen: "Artículo 8. Lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales se aplicará supletoriamente, y en su orden, Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad". "Artículo 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo. "Artículo 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución". "Artículo 104. El día y hora de la audiencia se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no resulten notoriamente inconducentes contrarias a la Ley o a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continuo señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento". "Artículo 105. En la audiencia se aceptarán las pruebas ofrecidas en ella o con anterioridad a la misma". También es verdad que la quejosa, en su demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable ha sido omisa en señalar fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, no obstante que el quince de junio del año en curso, se verificó la audiencia inicial y, a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había emitido pronunciamiento de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Sin embargo, también es cierto que al ocho de septiembre de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, aún no transcurrían los tres meses, que tiene el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, como un estándar mínimo objetivo para poder establecer si se ha configurado o no una excesiva dilación en el trámite de los asuntos; contados a partir del día siguiente en que feneció el término para emitir el respectivo acuerdo del desahogo de pruebas, alegatos y resolución, en su caso, es decir, el lapso de los tres meses, comenzaron a transcurrir el dieciséis de junio y fenecerán el diecisiete de octubre, ambos de dos mil veintidós, si se toma en cuenta que es precisamente ese período el máximo que el artículo 111 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UN VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". También se cita, por identidad jurídica, la tesis aislada III.2o.T.16 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SI TRANSCURREN MÁS DE 22 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIÓ PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE EL ACTO PROCESAL NECESARIO PARA CONTINUAR EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, AL CONCRETARSE UNA DILACIÓN EXCESIVA [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.)]. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se desechó la demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al considerar el Juez de Distrito que se surtía de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley aludida, ya que el acto reclamado no era de imposible reparación, al consistir en la dilación procesal materializada al omitir acordar una promoción formulada en un juicio laboral burocrático sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, porque entre su presentación y aquella en que se promovió el juicio de amparo no habían transcurrido los 45 días a que se refiere el plazo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para considerar que existe abierta dilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es procedente si transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el juicio laboral burocrático en el Estado de Jalisco y sus Municipios. Justificación: Lo anterior es así, pues conforme al artículo 135, párrafo tercero, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no es notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto cuando transcurren más de 22 días hábiles desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal necesario para continuar el procedimiento, ya que una vez transcurrido ese plazo se concreta una dilación excesiva, que se traduce en una paralización del procedimiento, por corresponder al periodo máximo que la referida ley burocrática tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por corresponder al periodo que el tribunal tiene para dictar el laudo, por lo que es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, el juicio será procedente cuando han transcurrido al menos 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; al considerar como periodo máximo que se tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se requiere promoción de la parte trabajadora, el previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que no opere la caducidad regulada en el diverso 773 de la propia ley; sin embargo, el lapso de 45 días a que se refiere la citada jurisprudencia es inaplicable para determinar si se ha o no configurado una dilación excesiva cuando se trata de juicios laborales sustanciados conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto de la cual no es factible aplicar supletoriamente el artículo 772 aludido, ya que la figura de la caducidad no se encuentra así prevista para ese tipo de asuntos". Así como la diversa tesis aislada XXX.1o.1 L (11a.), del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, página 3103, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ABIERTA DILACIÓN EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. EL TÉRMINO DE 24 DÍAS HÁBILES CONSTITUYE EL PLAZO RAZONABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE OBSERVAR LOS TÉRMINOS PROCESALES PREVISTOS EN EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, SUS MUNICIPIOS, ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. Hechos: Varias personas promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes de acordar lo relativo al ofrecimiento de pruebas en la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas del juicio laboral burocrático. La Jueza de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, considerando que en el caso no se actualizó la hipótesis de abierta dilación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el término de 24 días hábiles constituye el plazo razonable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la omisión de observar los términos procesales previstos en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, que configure una abierta dilación en el juicio laboral burocrático. Justificación: Lo anterior es así, ya que cuando se reclaman actos omisivos ocurridos dentro del procedimiento, por regla general, el juicio de amparo es improcedente, salvo que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria. En este sentido, en aras de obtener un estándar que ofrezca seguridad jurídica a las partes en los juicios cuyo procedimiento se rige por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, deben sumarse los plazos que por imperativo legal corresponde observar al Tribunal de Arbitraje, pues constituyen un parámetro máximo para la solución de la controversia sometida a su potestad. Por tanto, si sumados los plazos para el dictado del auto de radicación de la demanda, la celebración de la audiencia de conciliación, el ofrecimiento y la admisión de pruebas, la continuación de la audiencia cuando las partes soliciten su suspensión, para señalar la audiencia de desahogo de pruebas, y para el dictado de la resolución correspondiente, arrojan un total de 24 días hábiles, se estima que éste constituye el plazo razonable para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión por parte de dicha autoridad de observar los términos procesales". En el entendido que no se desatienden los diversos acuerdos y sentencias dictados por este Juzgado, en donde se ha tomado como fundamento legal la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con el número 2a./J. 33/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 294/2018, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE EBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS"; toda vez que, de un nuevo análisis sobre el contenido de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se advierte que dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso en particular, pues el artículo 111 del citado ordenamiento legal, dispone que cuando han transcurrido más de tres meses desde la última promoción necesaria para la continuación del procedimiento laboral, el Tribunal burocrático, de oficio o a petición de parte, declarará la caducidad de la instancia por inactividad procesal. Es decir, una vez transcurrido ese plazo se concreta una dilación excesiva, que se traduce en una paralización del procedimiento, por corresponder al periodo máximo que la referida Ley burocrática tolera para que el juicio permanezca inmóvil, por lo que, como ya se dijo, es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), al considerar como periodo máximo que se tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando se requiere promoción de la parte trabajadora, el previsto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, para que no opere la caducidad regulada en el diverso 773 de la propia ley. Lo anterior es así, ya que cuando se reclaman actos omisivos ocurridos dentro del procedimiento laboral, por regla general, el juicio de amparo es improcedente, salvo que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria, por lo que, si en el caso, el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, debe tomarse como plazo máximo para que haya una abierta dilación o dilación extraordinaria, el que corresponde observar al Tribunal responsable en términos del numeral 111 tantas veces mencionado, pues constituye un parámetro máximo para la solución de la controversia sometida a su potestad. De ahí que, en adelante en tratándose de juicio laboral burocrático debe atenderse al término que legalmente se establece para la caducidad y, en el caso, son tres meses, por lo que será el parámetro para medir si existe una dilación o no en ese tipo de juicios. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ******, en esta ciudad. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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