Joel Estrella Tzuc
Expediente 2112/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2112/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joel Estrella Tzuc
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese la razón del actuario federal adscrito, por medio de la cual señala la imposibilidad que tuvo para notificar a la perito oficial Guadalupe Oropeza Ruiz el auto de veintitrés de noviembre de este año, para que comparezca a las DOCE HORAS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO ante este juzgado federal, para la diligencia de ratificación del escrito por el cual señala la imposibilidad que tuvo para rendir su dictamen pericial en materia de grafoscopía. En ese sentido, virtud a que la imposibilidad de notificación a la perito oficial se refiere a que se encuentra gozando de su periodo vacacional, reincorporándose a sus labores el treinta de noviembre de este año, se ordena notificar personalmente el aludido auto de veintitrés de los corrientes a la experta designada por este juzgado, una vez que regrese a laborar. Notifíquese como está ordenado y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto: toda vez que las autoridades foráneas señaladas como responsables en este asunto, no ha rendido su respectivo informe justificado, ni obra en autos constancia alguna de que hubiesen recibido el oficio a través de los cuales se les solicitó. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nueva hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con fundamento en los artículos 138 de la Ley de Amparo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 1404/2021-IV-A, promovido por Amarilis Azucena Tiran Gonzáles, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, turnado ese mismo día al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Encargado del Registro Civil de Mérida, Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, Jefe del Departamento de Informática de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y Oficial 02-046 del Registro Civil de la Localidad de Sitilpech, con domicilio en Izamal, Yucatán. SEGUNDO. Admisión e incompetencia de la demanda de amparo. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para resolver el asunto que radico con el número 796/2021-A-2. Así, por cuestión de turno, correspondió conocer de este asunto a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, sito en Mérida, donde se recibió el diez de agosto de dos mil veintiuno, por lo que en acuerdo de doce de agosto de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia legal planteada; posteriormente, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, se tiene que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: a) La certificación negativa con folio C 31-4007942 de doce de julio de dos mil veintiuno; b) La negativa de expedir copia certificada del acta de nacimiento de la quejosa; y, c) La negativa de digitalizar el acta de nacimiento de la amparista. En relación con lo anterior, cabe hacer la aclaración de que los actos identificados con los incisos b) y c), los hace derivar o son consecuencia del diverso señalado con el inciso a), por lo que el estudio que se realice se centrará fundamentalmente en este último. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1.- Encargado del Registro Civil de Mérida, 2.- Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, 3.- Jefe del Departamento de Informática de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y 4.- Oficial 02-046 del Registro Civil de la Localidad de Sitilpech, con domicilio en Izamal, Yucatán, pues a pesar de que lo negaron en su informe justificado que rindieron por conducto del Encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán en respuesta a los respectivos oficios 20505/2021, 20506/2021, 20507/2021 y 20509/2021 que les fueron enviados; con posterioridad realizaron manifestaciones de las que se evidencia su certeza; por tanto, se tienen por ciertos. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan sustancialmente infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual habrá de negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. La parte quejosa en sus conceptos de violación, sustancialmente argumentó que la autoridad responsable viola su derecho a la identidad, reconocido en el párrafo octavo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra garantizado por el diverso numeral 1° constitucional, pues con la certificación negativa realizada por la autoridad responsable, le causa perjuicio al limitarle su derecho a la identidad. Por principio, los artículos 4° y 1° de la Constitución Federal, disponen en sus partes conducentes: "Artículo 4°.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.]". Por su parte, el Código de Familia para el Estado de Yucatán, en su capítulo relativo al reconocimiento de los hijos textualmente establece: "CAPÍTULO V Del Reconocimiento de los Hijos o Hijas Reconocimiento de los hijos o hijas Artículo 250. Los hijos o hijas tienen derecho a llevar los apellidos de ambos progenitores. Cuando se trate de hijos o hijas cuyos progenitores no estén unidos en matrimonio o concubinato, deben llevar los apellidos de quienes los presenten en el Registro Civil como descendientes suyos. En estos casos, cuando sólo uno de los progenitores lo presente llevarán sus apellidos o apellido, si sólo tuviere uno. Reconocimiento por parte de uno de los progenitores Artículo 251. En caso de que uno sólo de los cónyuges o personas unidas en concubinato acuda a registrar a su hijo o hija, podrán colocarse los apellidos del cónyuge, concubina o concubinario ausente, siempre que se presente el acta de matrimonio o resolución judicial respectiva o, en su caso, el documento público en que se otorgue el consentimiento para el registro. Formas de reconocimiento de los hijos o hijas Artículo 252. Los progenitores pueden reconocer a sus hijos o hijas por alguna de las formas siguientes: I. En la partida de nacimiento, ante el Oficial del Registro Civil; II. Por escritura pública; III. Por testamento; IV. Por confesión judicial directa y expresa, y V. En el acta de matrimonio de los progenitores, aunque el hijo o hija haya fallecido, si éste deja descendientes. Artículo 253. Cuando ambos progenitores acudan ante el Oficial del Registro Civil a registrar a un hijo o hija pueden escoger, de común acuerdo, el orden en que se colocarán los apellidos de su hijo o hija. En caso de que no exista acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, se debe levantar el acta figurando en primer término el apellido paterno. Las reglas, requisitos y demás formalidades relacionadas con el orden de los apellidos de los hijos o hijas, se sujetarán a lo establecido por la legislación que regula el Registro Civil del Estado. [.]". Igualmente, en la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, en su parte relativa a los registros extemporáneos de nacimiento, se instituye: "Sección Tercera De los Registros Extemporáneos de Nacimiento Registro extemporáneo de nacimiento. Artículo 44.- Los registros de nacimiento que se realicen después de los 60 días de haber ocurrido serán asentados como registros extemporáneos. Registro extemporáneo de niñas y niños Artículo 45.- El registro extemporáneo de niñas y niños de hasta 7 años de edad, será autorizado por los oficiales. Registro extemporáneo de niñas, niños y adolescentes Artículo 46.- El registro extemporáneo, de niñas, niños y adolescentes entre los 8 y 17 años de edad, será autorizado por el Director. Procedencia de los registros extemporáneos de niñas, niños y adolescentes Artículo 47.- La autorización señalada en el artículo anterior deberá ser ordenada mediante escrito dirigido al Oficial que corresponda para que levante el registro respectivo. Requisitos del registro extemporáneo Artículo 48.- El Director y los oficiales, según corresponda, antes de autorizar los registros señalados en los artículos 45 y 46 de esta Ley, deberán cerciorarse de la: I.- Identidad de los progenitores; II.- Vecindad de los mismos en el territorio de la Oficialía en que se pretenda hacer el registro; III.- Documentación que acredite el uso del nombre y apellidos. IV.-Inexistencia de registro anterior. Elementos para autorizar el registro extemporáneo Artículo 49.- El Director y los oficiales, para verificar el cumplimiento de los requisitos a que refiere el artículo anterior, tomarán en consideración: I.- Las constancias expedidas por la autoridad municipal, el Archivo Central y la Oficialía donde hubiere nacido la persona que se pretenda registrar, y II.- Los documentos conducentes que presenten por duplicado los interesados. Registro extemporáneo de personas a partir de los 18 años Artículo 50.- El Director podrá autorizar el registro extemporáneo de personas a partir de los 18 años de edad, cuando: I.- Cumplan con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de esta Ley, y II.- Ofrezcan el dicho de 2 testigos mayores de edad, quiénes serán examinados por el Director. La declaración que rindan los testigos a que se refiere la fracción II de este artículo, deberá constar en acta circunstanciada. El Director que obtenga, a partir de los documentos y diligencias del caso, indicios de que la persona puede ser extranjera, informará sus motivos y conclusiones al Delegado en Yucatán del Instituto Nacional de Migración o autoridades migratorias competentes y solicitará la opinión de éstas, respecto de la nacionalidad de quien pretenda obtener su registro. Registro extemporáneo de personas que no pueden acreditar su filiación Artículo 51.- Cuando la persona de 18 años que pretenda obtener su registro extemporáneo no pueda acreditar que es hija o hijo de progenitores unidos en matrimonio o concubinato, se le creará únicamente su identidad con los datos que proporcione, en los términos que establezca el Reglamento. Aprobación de registro extemporáneo y elaboración del acta Artículo 52.- El Director, de considerar suficiente la información para otorgar el registro a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, ordenará mediante escrito dirigido al Oficial correspondiente que levante el registro. Datos de las actas de registros extemporáneos Artículo 53.- Las actas de registros extemporáneos de nacimiento deberán contener los datos previstos en esta Ley, y se anexará al correspondiente apéndice los documentos con ellas relacionadas Comparecencia en el registro extemporáneo Artículo 55.- La persona interesada en levantar un registro extemporáneo deberá comparecer personalmente. Otros requisitos Artículo 56.- En todo registro extemporáneo se observará lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. [.]". "Manifestación de datos en el acta de nacimiento Artículo 25.- En toda acta de nacimiento se asentará únicamente lo que manifiesten las personas que presenten al nacido aunque aparezcan indicios de falsedad. Lo anterior, sin perjuicio de que éstas puedan ser sancionadas como dispone la legislación aplicable". De conformidad con los numerales recién transcritos, se tiene, que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, de tal forma que tanto el padre como la madre, tienen obligación de declarar el nacimiento del niño ante dicha institución. Ahora bien, en esa misma tesitura, conforme a lo dispuesto conforme al artículo 44 de la Ley del Registro Civil local, los registros de nacimiento que se realicen después de los 60 días de haber ocurrido serán asentados como registros extemporáneos. Asimismo, en el artículo 50, se establecen los casos en los cuales el Director de la institución, podrá autorizar el registro extemporáneo de personas cuando se cumplan los requisitos ahí establecidos y en los ordinales 48 y 49 del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, de la lectura del informe justificado rendido por las responsables, se observa que refiere que ante solicitud de la quejosa, recayó la contestación mediante el oficio CJ-DRC-JUR-3123-2867-216-2021 de fecha 14 de julio de 2021, misma que se encuentra a disposición de la solicitante en el Departamento Jurídico de esa Dirección del Registro Civil, documento en el cual plasmó los motivos y los razonamientos jurídicos de su negativa. En efecto, la responsable adujo que la quejosa le presentó un escrito en el que peticionó lo siguiente: Ante ello, la responsable señala haber respondido negativamente, indicando al efecto que después de realizar un cotejo del acta que anexa con los libros que obran en los archivos de esa institución se localizó registro de una persona distinta a la solicitante; además, indicó que no encontró registro de nacimiento alguno a nombre de AMARILIS AZUCENA TIRAN GONZALES, por lo que procede expedir la certificación de inexistencia de nacimiento en papel valorado, previo pago del derecho correspondiente en el módulo de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY). En relación con lo anterior, la respuesta se observa en la parte conducente del documento relativo adjuntado por la autoridad responsable: Así las cosas, es dable concluir que, contrario a lo esgrimido por la parte quejosa en sus conceptos de violación, la autoridad responsable no viola en modo alguno su derecho a la identidad, toda vez que de las probanzas que obran en autos se puede advertir que, la certificación negativa en relación con el registro del nacimiento de la amparista, encuentra su sustento en lo dispuesto por el numeral 115 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán. Se afirma lo anterior pues, contrario a lo pretendido por la parte quejosa, si bien el artículo 4° de la Carta Magna, concretamente en su párrafo octavo, establece el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, resulta menester destacar que, en la especie, no se advierte de manera fehaciente que la justiciable haya sido registrada como lo afirma, y por tanto, debe tenerse en consideración que el precepto 44 de la Ley del Registro Civil estatal, señala que los registros de nacimiento que se realicen después de los sesenta días de haber ocurrido serán asentados como registros extemporáneos. Sin que sea suficiente para ir en contra de lo sostenido por la autoridad, la documental relativa a la copia simple del documento que la propia quejosa señala que corresponde a su acta de nacimiento -mismo que indicó la autoridad responsable que previo cotejo del mismo, su registro corresponde a diversa persona-. Lo anterior es así, ya que se trata de copias simples y como tal carecen de valor probatorio, pues al ser las copias fotostáticas simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que el resultado no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer; de ahí que el documento de que se trata, al carecer de la certificación emitida por el fedatario público correspondiente, no puede tener valor probatorio pleno para los efectos pretendidos por su oferente. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia siguiente: "No. Registro: 207,434 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989 Tesis: 3a. 18 Página: 379 Jurisprudencia Materia(s): Común. COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". Además, la autoridad responsable, a fin de reforzar su dicho, adjuntó a su informe justificado, la copia certificada del registro de la diversa persona que previo cotejo, arrojó la investigación en relación con los datos del acta de nacimiento proporcionada por la quejosa: Así las cosas, es inconcuso que, tal y como aseveró la responsable, de acuerdo con los datos proporcionados por la propia justiciable, no se encuentra registrada en esa institución, por lo que fue procedente la expedición de la certificación negativa impugnada, por lo que, si desea realizar su registro extemporáneo, deberá realizar el trámite correspondiente de acuerdo con la legislación aplicable, o bien, promover su petición formal ante el tribunal competente. De ahí que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad responsable no contraviene lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, el cual contempla el derecho a la identidad de toda persona, pues la circunstancia de que no exista registro de su persona debe someterse a las formalidades y condiciones que la propia ley establece de acuerdo a lo antes analizado, para que se resguarden los derechos de debido proceso y legalidad; esto es, dicha prerrogativa no significa que deban desconocerse los procedimientos previstos en la diversas legislaciones, como lo es en este caso, el trámite correspondiente en lo relativo al registro extemporáneo de nacimiento y, por ende, el otorgamiento y expedición del acta correspondiente. Esto es así, porque en los preceptos legales invocados se prevé el registro extemporáneo de nacimiento, y por ende, la expedición de actas de nacimiento, debiendo para ello atender a la legislación que lo regula, lo cual debe realizarse. Razón por la cual, no viola los derechos de la quejosa, que las responsables hayan concluido en la certificación negativa, como parte de los procedimientos relativos a realizarse en la vía idónea, ante la autoridad competente, dando cumplimiento a las formalidades establecidas para ello. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede en el caso concreto, es NEGAR a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SEXTO.- Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que la parte quejosa haya externado su consentimiento para que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a AMARILIS AZUCENA TIRAN GONZÁLES, en contra de los actos que reclama del Encargado del Registro Civil de Mérida, Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, Jefe del Departamento de Informática del Dirección General del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y Oficial 02-046 del Registro Civil de la Localidad de Sitilpech, con domicilio en Izamal, Yucatán, por los motivos precisados el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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