Joel González de la Cruz
Expediente 981/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Joel González de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En cinco de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinte de diciembre de dos mil diecisiete al cuatro de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno por corresponder a sábados y domingos, así como veinticinco por ser inhábil, del primero de dichos meses, y uno de enero del actual también por ser inhábil, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el doce de diciembre último, dentro del juicio de amparo número 981/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que dentro del referido juicio no se tramitó incidente de suspensión, por lo que no existe billete de depósito exhibido dentro del mismo. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes.- Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Olivia
- Principal
El trece de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 16510 y 16514, la segunda con anexo que se acompaña. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos sin mayor trámite las promociones de cuenta la primera signada por la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local en Zacatecas, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, al que acompaña copia certificada del juicio de amparo 298/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, en alcance al oficio por el cual rindió informe justificado, y la segunda que remite el gerente del Registro Público de Derechos del Agua, a través del gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, residente en la Ciudad de México; lo anterior, toda vez que en doce de diciembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento del presente juicio de derechos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia.*
- Principal
8352 veinte de junio de dos mil diecisiete El doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guarda el presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, de oficio, este órgano jurisdiccional advierte que en relación con el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" En la especie, la parte quejosa reclama del (1) Director Local de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad y del (2) Gerente del Registrito Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, la omisión de expedir el título de concesión y su registro respecto al derecho de usar, explotar y/o aprovechar aguas naciones con un volumen de 160,000 m3. Ahora bien, al rendir su informe justificado el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad (fojas 28 a 32 del juicio de amparo), manifestó que en el caso, el aquí quejoso había promovido el diverso juicio de amparo 298/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Luego, de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el aludido juicio de amparo 298/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, fue promovido por el aquí quejoso Joel González de la Cruz, en el que reclamó del Director Local de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad y del (2) Gerente del Registrito Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, la omisión de expedir el título de concesión y su registro respecto al derecho de usar, explotar y/o aprovechar aguas naciones con un volumen de 160,000 m3. El aludido juicio de amparo fue resuelto en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, la cual causó ejecutoria por auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Dichas actuaciones se ordenan agregar en copia certificada al presente juicio de amparo, mismas que se invocan como hecho notorio en términos de la Tesis: (V Región) 3o.2 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, página 2181, del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consultade la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." Ahora bien, precisado lo anterior tenemos que la Ley de Amparo en la fracción XI del artículo 61, señala que dicha hipótesis de improcedencia se verifica cuando en el caso planteado concurren los elementos genéricos contenidos por la fracción que le antecede, a saber: Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso. Que sea señalada como responsable la misma autoridad en ambos juicios. Que el acto reclamado en ambos juicios sea el mismo, no obstante que los motivos por los que se señala la violación sean diversos. Situaciones que, como fue precisado, acontecen en el caso en estudio. En ese orden de ideas, la doctrina jurisprudencial ha señalado que la causal de improcedencia instituida en el precepto legal invocado, se erige en la figura jurídica de la cosa juzgada, que en el juicio constitucional tiene por objeto impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro proceso de la misma clase; esto es con el fin de mantener subsistente la materia de la decisión dictada en el primer juicio de amparo, para mantener a salvo el derecho fundamental a la seguridad jurídica. De lo anterior es que el presente juicio constitucional resulta improcedente, pues el acto contra el que el quejoso solicita la protección constitucional, ya fue resuelto en definitiva por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en un diverso juicio, en el que se establecieron con certeza las condiciones terminantes del mismo. El criterio sostenido por este juzgador, encuentra sustento en la tesis 1a. XCV/2016, en la que la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Federación, al realizar un análisis de la figura de la cosa juzgada en el amparo, en relación al derecho a la seguridad jurídica, determinó que dicha institución resulta compatible éste, pues al dotar de definitividad a las decisiones judiciales se mantiene el estado de derecho a través de la impartición de justicia; tesis que resulta del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. De igual forma, sirve de apoyo la tesis 1a. XCIV/2016, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, la cual expone: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES, NI EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto y porción normativa citados, en los que descansa la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en el juicio de amparo, no es violatorio de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en el segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Ello obedece a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal y la incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango constitucional, de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, lo cual implica que aun ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las decisiones emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior en el que se advirtió que la sentencia impugnada no es violatoria de derechos fundamentales, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social." En tales condiciones, de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que se pase por alto por el suscrito juzgador, que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable denominada como Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, ni acuse de que haya sido notificada del auto por el que se le requirió dicho informe, sin embargo, ello no resulta impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que esperar a que la aludida autoridad rinda el informe justificado no cambiaría el sentido del presente fallo, es decir, de igual forma se decretaría el sobreseimiento del presente juicio, pues la causa de improcedencia que en el caso se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de modo tal que esperar a que la aludida responsable rinda su respectivo informe solo conllevaría en el retardo a la impartición de justicia en perjuicio de los gobernados, cuando se reitera, lo rinda o no, el resultado sería el mismo. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, Secretario que autoriza. Doy fe. 14663
- Principal
SE NOTIFICFA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2017, DE CONFORMOIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "8352 veinte de junio de dos mil diecisiete El doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guarda el presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, de oficio, este órgano jurisdiccional advierte que en relación con el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" En la especie, la parte quejosa reclama del (1) Director Local de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad y del (2) Gerente del Registrito Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, la omisión de expedir el título de concesión y su registro respecto al derecho de usar, explotar y/o aprovechar aguas naciones con un volumen de 160,000 m3. Ahora bien, al rendir su informe justificado el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad (fojas 28 a 32 del juicio de amparo), manifestó que en el caso, el aquí quejoso había promovido el diverso juicio de amparo 298/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Luego, de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el aludido juicio de amparo 298/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, fue promovido por el aquí quejoso Joel González de la Cruz, en el que reclamó del Director Local de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad y del (2) Gerente del Registrito Público de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, la omisión de expedir el título de concesión y su registro respecto al derecho de usar, explotar y/o aprovechar aguas naciones con un volumen de 160,000 m3. El aludido juicio de amparo fue resuelto en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, la cual causó ejecutoria por auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Dichas actuaciones se ordenan agregar en copia certificada al presente juicio de amparo, mismas que se invocan como hecho notorio en términos de la Tesis: (V Región) 3o.2 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, página 2181, del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consultade la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." Ahora bien, precisado lo anterior tenemos que la Ley de Amparo en la fracción XI del artículo 61, señala que dicha hipótesis de improcedencia se verifica cuando en el caso planteado concurren los elementos genéricos contenidos por la fracción que le antecede, a saber: Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso. Que sea señalada como responsable la misma autoridad en ambos juicios. Que el acto reclamado en ambos juicios sea el mismo, no obstante que los motivos por los que se señala la violación sean diversos. Situaciones que, como fue precisado, acontecen en el caso en estudio. En ese orden de ideas, la doctrina jurisprudencial ha señalado que la causal de improcedencia instituida en el precepto legal invocado, se erige en la figura jurídica de la cosa juzgada, que en el juicio constitucional tiene por objeto impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro proceso de la misma clase; esto es con el fin de mantener subsistente la materia de la decisión dictada en el primer juicio de amparo, para mantener a salvo el derecho fundamental a la seguridad jurídica. De lo anterior es que el presente juicio constitucional resulta improcedente, pues el acto contra el que el quejoso solicita la protección constitucional, ya fue resuelto en definitiva por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en un diverso juicio, en el que se establecieron con certeza las condiciones terminantes del mismo. El criterio sostenido por este juzgador, encuentra sustento en la tesis 1a. XCV/2016, en la que la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Federación, al realizar un análisis de la figura de la cosa juzgada en el amparo, en relación al derecho a la seguridad jurídica, determinó que dicha institución resulta compatible éste, pues al dotar de definitividad a las decisiones judiciales se mantiene el estado de derecho a través de la impartición de justicia; tesis que resulta del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. De igual forma, sirve de apoyo la tesis 1a. XCIV/2016, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, la cual expone: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES, NI EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto y porción normativa citados, en los que descansa la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en el juicio de amparo, no es violatorio de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en el segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Ello obedece a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal y la incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango constitucional, de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, lo cual implica que aun ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las decisiones emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior en el que se advirtió que la sentencia impugnada no es violatoria de derechos fundamentales, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social." En tales condiciones, de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación con el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que se pase por alto por el suscrito juzgador, que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable denominada como Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, ni acuse de que haya sido notificada del auto por el que se le requirió dicho informe, sin embargo, ello no resulta impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que esperar a que la aludida autoridad rinda el informe justificado no cambiaría el sentido del presente fallo, es decir, de igual forma se decretaría el sobreseimiento del presente juicio, pues la causa de improcedencia que en el caso se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de modo tal que esperar a que la aludida responsable rinda su respectivo informe solo conllevaría en el retardo a la impartición de justicia en perjuicio de los gobernados, cuando se reitera, lo rinda o no, el resultado sería el mismo. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, Secretario que autoriza. Doy fe. 14663
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