Joel Godina Contreras
Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Joel Godina Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Juicio de Amparo: 308/2019 El cinco de junio de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión transcurrió del veintidós de mayo al cuatro de junio de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 308/2019. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 308/2019, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. De igual forma se da cuenta con el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, registrado con el folio 6357. A lo que el Juez acuerda: téngase por recibido el pedimento de referencia; dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva y por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la presente resolución, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa dicha copia. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda de amparo (fojas 3 a 5), al informe justificado rendido por la autoridad responsable (foja 16), así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta al Juez con las documentales allegadas por la autoridad responsable (fojas 17 a 21 y 27). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en el pedimento que se recibe 561/2019. A lo que el Juez dispone: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse formulados los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 308/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitida al día siguiente a este órgano jurisdiccional cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Joel Godina Contreras, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. ACTO RECLAMADO: "La omisión o abstención de dictar el auto de requerimiento y embargo, dentro del juicio laboral marcado con el número de expediente 97/2016.". Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, se registró el expediente con el consecutivo 308/2019 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado y dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una omisión de una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: - La omisión de proveer el escrito presentado por el quejoso el doce de febrero de dos mil diecinueve, en que solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y en su caso embargo, dentro del juicio laboral 96/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, dado que la autoridad responsable así lo expresó en su informe justificado (foja 16). Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la citada responsable; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del referido acto que en el presente juicio biinstancial se impugna. CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". Al respecto, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita, señala que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo, en otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera de la quejosa, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama, entre otros actos, la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el doce de febrero de dos mil dieciocho, en que solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y en su caso embargo dentro del juicio laboral 97/2016. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las cuales fueron aportadas con el informe justificado, se advierte que la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, acordó lo siguiente: "(. . .) SE ACUERDA.- Visto el escrito de referencia se ordena se agregue a sus autos del expediente laboral en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes.- Y vista la certificación hecha por la C. Secretaría de Acuerdos adscrita a esta H. Junta de la se desprende que las demandadas GRUPO SABRITAS, S DE RL DE CV y COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV fue debidamente notificada del laudo dictado por esta H. Junta en fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho y quedo debidamente notificada el día veintiuno de agosto del mismo año, por lo que se despacha AUTO DE EJECUCION.- Por lo que se requiere a la demanda GRUPO SABRITAS, S. DE R.L. DE C.V. y COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S. DE R.L. DE C.V. a cubrir a la actor la cantidad $231,311.13 PESOS (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 13/100 M.N.) cantidad a la que fue condenada la demandada en dicho Laudo, en cuanto al pago correspondiente al 2% mensual por concepto de intereses que resulten sobre el importe de 15 meses de salario, estese a lo acordado en autos de fecha quince de agosto el año dos mil dieciocho.- Se comisiona al C. Actuario adscrito a esta Junta a efecto de que se constituya en el domicilio de la demandada señalado en autos y le requiera el pago de la cantidad mencionada, apercibiéndole que de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la liquidación, en la inteligencia de que el C. Actuario en caso de no encontrar al representante legal de la demandada deberá de entender la diligencia con cualquier persona que esté presente y si ninguna estuviere se efectuara el embargo y fijara copia autorizada de la diligencia en la puerta de la entrada.- Si lo embargado fuere dinero o créditos realizables, se trabara embargo y lo pondrá a disposición del Presidente de la Junta; Si son de bienes muebles, se pondrán en depósito de persona designada por la parte actora, bajo su responsabilidad, debiendo el depositario informar al suscrito el lugar donde quedarán los bienes embargados.- En caso de que los bienes fueren distintos a los ya señalados, se estará a lo dispuesto en los artículos 958 y 964 del ordenamiento legal antes invocado, debiendo la Actuaria dar cuenta al C. Presidente Ejecutor, con el resultado de la diligencia.- NOTIFIQUESE.- (. . .)" De lo anterior se desprende que la responsable en el juicio laboral de origen, proveyó el escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, por el aquí quejoso (foja 21 del cuaderno de amparo). Documento que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que la responsable acordó la petición que formuló el promovente del amparo; y que lo anterior le fue notificado el nueve de mayo de dos mil diecinueve, según se advierte de la constancia anexa (foja 27 del cuaderno de amparo); por tanto, es inconcuso que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados en su perjuicio. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joel Godina Contreras, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
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5817 siete de mayo de dos mil diecinueve Juicio de Amparo: 308/2019 El trece de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 6064. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número cincuenta y tres, mediante el cual remite copia certificada de la cédula de notificación del auto de ejecución de tres de los cursantes, dictado dentro del expediente laboral 97/2016; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como prueba de la mencionada responsable la referida documental, la cual dada su propia y especial naturaleza se tiene por admitida y desahogada, sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar 11086
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Juicio de Amparo: 308/2019 El siete de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 5817. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Zacatecas; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley en cita se tiene ofrecida como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que adjunta a su oficio, consistentes en tres legajos de copias certificadas; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Luego, toda vez que la presidenta de la Junta responsable, omitió remitir la constancia de notificación del auto de tres de mayo de dos mil diecinueve practicada a la parte actora dentro del juicio 97/2016; por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la mencionada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, remita a este Juzgado Federal copia certificada de dicha constancia de notificación; bajo apercibimiento que de no hacerlo o no expresar el impedimento legal que tenga para remitirla, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar
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