Joel Godina Contreras

Expediente 1351/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1351/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Joel Godina Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de agosto al once de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo número 1351/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que dentro del referido juicio no se tramitó incidente de suspensión, por lo que tampoco existe billete de depósito exhibido. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, tomando en consideración que por auto de tres de septiembre del año en curso, se reservó para acordar lo que en derecho procediera en cuanto al escrito registrado con el número 17562, presentado por el quejoso Joel Godina Contreras, por el que manifestó el domicilio en donde pueden ser notificadas las personas morales terceras interesadas Grupo Sabritas, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y Comercializadora Pepsico México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; dado que en esta fecha causa estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de derechos, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    En tres de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 17562. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, por el que manifiesta los domicilios en los que pueden ser localizadas las personas morales terceras interesadas Grupo Sabritas, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y Comercializadora Pepsico México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, ubicados en carretera a Zacatecas, kilómetro uno, Barrio San Juan, del municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas y avenida Juárez número ciento doce, tercer piso, interior cinco de esta ciudad. Ahora bien, téngase a la quejosa por desahogando la vista que se le dio por proveído de veintiocho del presente mes y año, una vez que transcurra el término concedido en dicho auto provéase lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.- Doy fe. Olivia

  3. Principal

    cuatro de julio de dos mil diecisiete En veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la razón actuarial de veintisiete del mes y año en curso. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial de cuenta, y en atención a que de la misma se desprende que no le fue posible al actuario judicial adscrito a este Juzgado notificar personalmente a las personas morales tercero interesadas denominadas Grupo Sabritas, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Comercializadora Pepsico México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del expediente en que se actúa, toda vez que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad, no obstante haber sido emplazadas al presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de que estar en aptitud legal de llamar a juicio a las aludidas morales terceras interesadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el domicilio actual y correcto donde puedan ser localizadas las personas morales terceras interesadas Grupo Sabritas, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Comercializadora Pepsico México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Se le apercibe que de hacer caso omiso al presente requerimiento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  4. Principal

    El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 17031. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la constancia de notificación realizada a la aquí quejosa el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, respecto del laudo de quince de ese propio mes y año, cuya omisión en su dictado constituye el acto reclamado dentro del presente asunto. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de derechos se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera de la quejosa, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de no dictar el laudo dentro del término de diez días que establece la Ley de la Materia, dentro del juicio laboral 97/2016. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado informó que era cierto el acto reclamado (f. 20), al que acompañó copia certificada del laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 29 a 33), dictado dentro del juicio ordinario laboral 097/2016; al respecto este Juzgado mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso, la requirió para que remitiera la constancia de notificación al quejoso de dicho laudo. Ahora, en esta fecha, al oficio de cuenta, la citada autoridad adjuntó copia certificada de la constancia de notificación realizada al aquí quejoso el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. De lo cual se advierte que con lo anterior, resolvió el juicio laboral promovido por el quejoso; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez de julio de dos mil dieciocho), la autoridad responsable dictó laudo en el juicio natural y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éste se concretaba en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, de dictar laudo en el expediente laboral, cuya omisión en su dictado constituye el acto reclamado dentro del presente asunto. En suma, con el dictado del laudo de quince de agosto del año en curso, han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del diez de septiembre de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

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