Joel Alejandro Kuk Santoyo
Expediente 1307/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1307/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joel Alejandro Kuk Santoyo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, el oficio de cuenta 668, y el testimonio que remite de la resolución pronunciada el treinta y uno de dos mil veintidós, en la queja 171/2021, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por JOEL ALEJANDRO KUK SANTOYO, en contra del proveído dictado en este juicio el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; resolución de la que se desprende que el citado tribunal declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese el recibo de rigor vía interconexión. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio 6581/2021 del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente, quedando registrado con el número de toca 171/2021. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta del quejoso JOEL ALEJANDRO KUK SANTOYO, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción, I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SI ES CIERTO que por auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo que promovió el citado quejoso. Envíese el original del escrito de expresión de agravios, junto con copia certificada de las constancias que conforman este expediente, al Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por JOEL ***, en contra del acto que reclama del Patronato Cultural Vizcaya, A.C., Universidad Vizcaya de las Américas; Director General de la Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad Vizcaya de las Américas; y Docentes y Coordinadores de la Materia de Administración de Servicios de Salud impartida en la Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad Vizcaya de las Américas, todos con sede en esta ciudad, consistente en lo siguiente: La determinación en la que se le informó que no tendrá derecho al examen ordinario por no haber cumplido con el mínimo de asistencias requerido; la restricción al derecho a la educación, al haber sido reprobado de la materia que recursó en el semestre; y la omisión de permitirle iniciar como egresado, los trámites de titulación. RADICACIÓN DE DEMANDA Fórmese expediente, regístrese con el número 1307/2021-IIA, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 8141, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguida dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". 1 Visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Así, todo acto de autoridad o de un particular que realiza actos equivalentes, tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Es decir, hay un acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: a) Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta; b) La voluntad del particular queda sometida a dicho acto; c) Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo; y d) La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. Las anteriores notas ponen de manifiesto que para que exista acto de autoridad, el ente público debe actuar con el particular en una relación de supra a subordinación. En ese aspecto, entre el Estado y el gobernado, se reconocen tres tipos de relaciones, a saber: i) Las relaciones de coordinación, que se establecen entre particulares, en un plano de estricta igualdad; ii) Las relaciones de supra a subordinación, que determinan la actuación de los entes que actúan a nombre y para el Estado, en las cuales no se actualiza un plano de igualdad, sino que la autoridad se encuentra por encima de los particulares en atención a que desarrolla una función pública que resulta de mayor importancia para la supervivencia del Estado mismo; y iii) Las relaciones de supra-ordinación, que nacen entre autoridades, esto es, entre entes públicos que actúan en beneficio del Estado. Con base en lo anterior, resulta factible distinguir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, esto es, cuándo un órgano u dependencia gubernamental actúa a nombre del Estado. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Asimismo, para lograr el concepto de autoridad debe tomarse en consideración si el ente público al que se reputa como autoridad para interactuar con el particular, no necesita acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer efectiva su actuación, o bien, no necesita del consenso de la voluntad del propio particular, pues de lo contrario, se estaría en presencia de un acto particular. En este asunto, la parte quejosa atribuye el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo al Patronato Cultural Vizcaya, A.C., Universidad Vizcaya de las Américas; al Director General de la Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad Vizcaya de las Américas; así como a los Docentes y Coordinadores de la Materia de Administración de Servicios de Salud impartida en la Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad Vizcaya de las Américas, de quienes reclamó, como ya se dijo: La determinación en la que se le informó que no tendrá derecho al examen ordinario por no haber cumplido con el mínimo de asistencias requerido; la restricción al derecho a la educación, al haber sido reprobado de la materia que recursó en el semestre; y la omisión de permitirle iniciar como egresado, los trámites de titulación. Luego, en el capítulo relativo a los antecedentes manifestó bajo protesta de decir verdad ser alumno de la Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad Vizcaya de las Américas, y refiere que el nueve de julio del año en curso, fue informado por la docente de la materia de Administración de Servicios de Salud, que no tenía derecho al examen ordinario por no cumplir con el 80% de asistencia requerido; que por tal motivo solicitó una revisión y que le permitieron presentar examen el día doce de julio siguiente, pero que luego que lo terminó fue informado que el mismo sería invalidado. Así las cosas, se tiene que la parte quejosa comparece en esta sede a reclamar las anteriores determinaciones de la Universidad; las cuales en forma evidente se relacionan con las atribuciones de la institución de pronunciarse en torno a la inscripción, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna. En tal sentido, destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 408/2017, explicó que, en la Ley de Amparo vigente, en su artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, se establecen como actos combatibles en el juicio constitucional los provenientes de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, lo cual se refiere al supuesto en que el particular realice actos alejado de su ámbito privado. Sostuvo la Segunda Sala, el acto del particular equivalente al de autoridad para efectos del juicio de amparo debe derivar del mandato expreso de la ley; debe ser unilateral, imperativo y coercitivo, como si se tratara de uno emitido por un órgano del Estado. Por eso, el concepto de autoridad responsable en la actual Ley de Amparo es más amplio y flexible, pues se acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, siempre que afecten derechos de las personas y siempre que tal actuar esté determinado por una norma general. De ahí que, los elementos a tener en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: a) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; b) Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas; y c) Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general. Conforme a estos elementos, continuó la Segunda Sala, debe decirse que un contrato de prestación de servicios educativos privados no genera actos de autoridad por parte de la institución, sino que origina una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Esto es, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general. Es verdad, agregó, que el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3o. de la Ley Suprema es de esencial importancia social, de conformidad no sólo con nuestra Constitución, sino con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales; sin embargo, la estructura jurídica creada para satisfacer tal derecho es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen (tal como ocurre en muchos otros países). Es así que el Estado y los particulares pueden impartir educación, en términos de la Constitución Federal, pero los particulares, al hacerlo no se equiparan a una autoridad. Por ende, la relación que surge entre un instituto educativo privado y los alumnos no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato de prestación de servicios educativos que al respecto firman, y conforme al cual la institución privada determina los requisitos inherentes al servicio que presta. Contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución educativa y alumno). Cuando se contrata la prestación privada de servicios educativos las partes fijan de común acuerdo una retribución económica, y quien contrata el servicio acepta someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, en una especie de contrato privado de adhesión para recibir un servicio y no en una norma general. De manera que, expuso la Segunda Sala, las determinaciones que tome una universidad privada con respecto a sus alumnos trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quien solicitó el servicio. En consecuencia, la universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Esto es así, porque: 1. El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley. 2. La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron. Es verdad que para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes; sin embargo, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues no sólo en este ramo, sino en muchos otros, el particular requiere obtener una autorización estatal para dedicarse a la actividad que le acomode, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad. Por todo esto es que, concluyó la Segunda Sala, las universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo. De la citada contradicción de tesis surgió la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 647, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". De lo anterior se desprende que el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, la relación entre las universidades particulares y sus estudiantes tiene su origen en normas internas integradas al orden privado, de ahí que, sus actos no sean unilaterales, sino de coordinación, que obligan únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo que, si lo reclamado en el presente asunto es la determinación de las responsables en las que informaron al aquí quejoso que debido a que no alcanzo el porcentaje de asistencias requerido no tendría derecho al examen ordinario, teniendo en cuenta que aquélla es una universidad privada, es inconcuso que lo reclamado no es susceptible de considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no constituye un acto unilateral llevado a cabo en el ejercicio de facultades de imperio, sino uno de coordinación, al haberse realizado derivado de un contrato signado entre las partes, esto es, en un plano de igualdad, en aplicación del reglamento interior del citado plantel. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito2, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Milet Coronado Torales. En cuanto a las demás personas que refiere, con las limitaciones a que se refiere el citado artículo, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización a la parte quejosa para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio y las notificaciones se le realicen vía electrónica a través del usuario que refiere. En consecuencia, proceda la Secretaría a efectuar las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por proporcionados el correo electrónico y el número telefónico que indica el promovente, para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. EXHORTACIÓN A LAS PARTES DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 314 del Acuerdo General 21/2020 del 3 Artículo 5. Herramientas para la atención a personas justiciables. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, los órganos jurisdiccionales procurarán encauzar los procedimientos a su cargo de modo tal que: I. Tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. 4 Noveno.- El nuevo esquema abandona las guardias para la atención de casos urgentes, y en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieren la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación. el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la presentación del servicio público de impartición de justicia. Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I5 del multicitado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia; para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Artículo 31. Tramitación de juicios en línea en los que una o varias partes actúen físicamente. La tramitación de los juicios en línea continuará con independencia de que la o las otras partes en un expediente continúen actuando en el esquema tradicional, y a pesar de que la tramitación requiera de la práctica de notificaciones personales o del desahogo de actuaciones que exijan la presencia física de las partes. Los órganos jurisdiccionales deberán dar puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 5 Artículo 5. Herramientas para la atención a personas justiciables. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, los órganos jurisdiccionales procurarán encauzar los procedimientos a su cargo de modo tal que: Tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 196 del citado Acuerdo General 21/2020, reformado por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, en relación al periodo de vigencia; eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. 6 Artículo 19. Modificaciones a las condiciones antes descritas. Durante la vigencia del presente Acuerdo, la Comisión Especial del Consejo estará facultada para modificar en un Circuito específico o en todo el país, el esquema de presencia controlada descrito en los artículos anteriores. Para ello, considerando si la contingencia sanitaria se agrava o disminuye conforme a la información disponible por parte de las instancias nacionales e internacionales en materia de salubridad, podrá implementar lo siguiente: I. Esquema de contingencia: en caso de que se actualice el mayor riesgo, podrá regresarse al esquema implementado en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. II. Esquema de presencia mínima: se mantienen la división por turnos, el escalonamiento de horarios y la duración de la jornada presencial, pero se reduce la presencia física a 4 personas por ponencia y a 3 en la secretaría de acuerdos en tribunales colegiados de Circuito, y a 6 personas en juzgados de Distrito y tribunales unitarios de Circuito. En este esquema podrán implementarse medidas como la suspensión de citas para consulta de expedientes y la ampliación de plazos, entre otras. III. Esquema de presencia moderada: se mantienen la división por turnos y el escalonamiento de horarios, pero se aumentan la jornada presencial a seis horas y el porcentaje habilitado para presencia física del personal jurisdiccional, sin que pueda autorizarse la presencia de más del 50%. En este esquema podrán implementarse medidas como un nuevo escalonamiento de horarios para que todos inicien durante el transcurso de la mañana, entre otras. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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