Joel Alejandro Ek Pech
Expediente 138/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joel Alejandro Ek Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 138/2023-VII-B, promovido por ********************, en favor de ********************, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades; y, ... TERCERA. No son ciertos los actos reclamados, consistentes en la incomunicación del directo quejoso, malos tratos y tortura, atribuidos a las autoridades responsables: 1. Fiscal General del Estado (promoción 2178); 2. Secretario de Seguridad Pública (promoción 1911); 3. Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República (promoción 1889); 4. Director de la Policía Estatal de Investigación (promoción 2133); 5. Subsecretario de la Policía Estatal de Investigación (promoción 2134); 6. Policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (promoción 1911); 7. Encargado de la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (promoción 1911); Ciudad. 8. Director de Seguridad Pública y Vialidad de Umán, Yucatán (promoción 4203); Así como respecto de la privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención), que igualmente reclama el quejoso y que le atribuye también al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, y al Director de Seguridad Pública y Vialidad de Umán, Yucatán. Toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados; además, de que la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con prueba en contrario. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igual consideración se lleva cabo en cuanto a la autoridad señalada como responsable "Policías Municipales de Umán, Yucatán", quien si bien a la fecha no ha rendido su informe de ley ni obra la tarjeta de acuse de recibo correspondiente; ha de tenerse en consideración que las autoridades facultadas para ordenar el acto de queja los negaron, por lo que es inconcuso que dicha autoridad en su calidad de mera ejecutora, no puede tener para su materialización tales actos. CUARTA. Es cierto el diverso acto consistente en la detención del directo quejoso ******************** tal como se desprende de los informes justificados rendidos por el Fiscal General del Estado, por conducto del Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos (promoción 2178), Secretario de Seguridad Pública del Estado, Policías adscritos a esa Secretaría de Seguridad Pública y encargado de la cárcel de esa misma dependencia, por conducto del Director Jurídico (promoción 1911), Director y Subsecretario, ambos de la Policía Estatal de Investigación, a través del encargado del departamento jurídico (promociones 2133 y 2134), todos con residencia en esta ciudad, en el que reconocieron que dicho quejoso fue detenido en flagrancia y remitido al Fiscal Investigador de la Agencia del Ministerio Público de Umán, Yucatán, por hechos posiblemente delictuosos. Lo que se corrobora con la respectiva documental que adjuntaron a su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. Aunado a que, de la constancia levantada por la actuaria de la adscripción con fecha veintinueve de enero último, se advierte que efectivamente el directo quejoso se encontraba en los separos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Umán. QUINTA. No obstante lo anterior, previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, no obstante la certeza del referido acto reclamado, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, con base en las razones que a continuación se exponen. En primer término, es menester señalar que los artículos antes invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. .III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Ciertamente, de la interpretación en sentido contrario efectuada a los numerales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se haga valer en contra de actos cuya autoridad emisora no es designada como responsable. De ahí que, si en el caso en estudio, de las constancias que integran el presente juicio constitucional se advierte que el aquí quejoso, al momento de la diligencia levantada por la actuaria de la adscripción se encontraba a disposición de una autoridad diversa a las señaladas como responsables, esto es, el Fiscal Investigador de la Agencia del Ministerio Público de Umán, Yucatán. Por lo que mediante proveído de treinta de enero del año en curso, se previno al impetrante del amparo para que dentro del término previsto en los numerales 17 y 111 de la Ley de Amparo manifestara si ampliaba su demanda señalando como nueva autoridad a la Fiscalía en cita, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Sin embargo, el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento de mérito, por lo que en auto de uno de marzo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento realizado y se tuvo por no señalada como autoridad responsable en este asunto al Fiscal Investigador de la Agencia del Ministerio Público de Umán, Yucatán, ordenándose resolver el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a los actos y autoridades responsables señalados en el ocurso constitucional. De lo anterior, se sigue que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad en cita y, por ende, no fue oída en esta vía constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 108, fracción III, del citado ordenamiento legal. Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación XLVII, página 1195, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Tomo II, del mes de Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que se localiza en la página 468, que indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Y la tesis de Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 164185, visible en la página 2199, de rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento." Lo anterior, impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, en favor de ********************, contra los actos que reclamó de todas las autoridades responsables, mismos que se precisan en la consideración tercera de este fallo, por los motivos expuestos en la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, en favor de ********************, contra el acto consistente en la detención que se reclaman de las autoridades que se señalan en la consideración cuarta de esta sentencia, por las razones plasmadas en la consideración quinta de esta propia determinación. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán, Yucatán; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que el quejoso ********************, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de treinta de enero del año en curso, dentro del término conferido, pues no manifestó si señala como nueva autoridad responsable al Titular de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Umán, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General de la Entidad. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, por lo que no se tiene dicha autoridad como responsable en el presente asunto y este juicio constitucional se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos y autoridades señalados en la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que se encuentra transcurriendo el término a que aluden los preceptos 17 y 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa por acuerdo de treinta de enero del año en curso, a fin de que de que manifieste si desea señalar como nueva autoridad responsable al Titular de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Umán, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General de la Entidad; por tanto, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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