Job Hernández Mendoza
Expediente 554/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Job Hernández Mendoza
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Quejoso solicita devolución de documentos, no ha lugar. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 42), se le dijo que en diligencia de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 39), le fueron devueltos los documentos que solicita.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Job Hernández Mendoza, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues mediante diligencia de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 39), le fueron devueltos los documentos que solicita.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ocho de junio dos mil dieciocho (fojas 22 a 31), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Job Hernández Mendoza; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger los documentos originales que, en su caso, hubiere exhibido; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con las constancias aludidas. Supresión de datos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda de amparo dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles del mismo y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Job Hernández Mendoza, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 554/2018-II. Se desecha demanda de amparo. De la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridad responsable, los siguientes: III.- Autoridad Responsable: Licenciado NEPTALI MOISES GUTIERREZ JUAREZ, Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala Con domicilio en. IV.- Actos Reclamados. a).- Reclamo concretamente el reconocimiento como Juez Municipal del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala; del que fui nombrado por el Presidente Municipal y ratificado por los integrantes del Cuerpo Colegiado de Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala b).- Reclamo concretamente se me proteja contra cualquier hostigamiento o actos de perturbación y privación del derecho de trabajo en contra el suscrito; quien trata de una forma y de otra privarme del ejercicio de mi trabajo que he venido desempeñando con el carácter de Juez Municipal del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala; en la cual hice bajo protesta de servir a la sociedad en la administración 2017-2021. c).- Reclamo concretamente se guarde las cosas en el estado que se encuentran, conservando el derecho de trabajo que vengo desarrollando para continuar con las diligencias pendientes y desahogo de las mismas para salvaguardar los derechos de los Ciudadanos". Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese orden de ideas, en el caso, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5 fracción I, párrafo primero, 7 párrafo primero; y, los artículos 103 fracción I y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Ley de Amparo "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De un análisis a los preceptos de referencia, se advierte medularmente que el juicio amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También se advierte que solo puede solicitar amparo, quien señale ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Igualmente, que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Ahora, para resolver el problema planteado, es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales y establece garantías que limitan el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Ahora bien, de un análisis a la demanda de amparo que formuló la parte quejosa, se desprende que lo que reclama a la autoridad responsable es: El reconocimiento como Juez Municipal del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. Cualquier hostigamiento o actos de perturbación y privación del derecho de trabajo en contra el suscrito. Se guarde las cosas en el estado que se encuentran, conservando el derecho de trabajo que vienen desarrollando para continuar con las diligencias pendientes y desahogo de las mismas como Juez Municipal del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. No obstante lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo no es el medio de control constitucional con que cuenta el quejoso para impugnar dicho acto; pues para dirimir conflictos de esa naturaleza existe un diverso medio de control constitucional, establecido en la fracción I, inciso h), del artículo 105 de la Constitución Federal, relativo a las controversias constitucionales, que son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dicho numeral establece: "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (.) h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; (.)". Esto es así, tomando en consideración que este precepto constitucional en forma muy clara y precisa, señala las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias interestatales, de la Federación con los Estados, entre los Poderes de un mismo Estado, etcétera. Para una armonía y unidad el apartado estatal, es conveniente que este tipo de controversias se resuelva al más alto nivel gubernamental. Las llamadas controversias constitucionales, son aquellos procesos previstos en la fracción I, del artículo en comento, cuya función es permitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución de, primordialmente, los conflictos surgidos de las distribuciones competenciales llevadas a cabo a través del sistema federal o del principio de división de poderes, lo que por lo común implica la determinación de cuestiones de constitucionalidad. Por lo anterior, y debido a que la presencia de ambos principios es estructurar en lo concerniente a la materia de las controversias, es necesario considerar, así sea brevemente, algunos de los rasgos definitorios de ambas categorías. Estas características no es por demás, muy difícil de suponer, pues la cuestión fundamental en las controversias constitucionales radican en la dilucidación de atribuciones entre órganos del Estado. Es decir, con el juicio de amparo se logra mantener la supremacía constitucional respecto del conjunto de derechos fundamentales de, en general, todos los habitantes del territorio nacional, frente a prácticamente cualquier norma o acto proveniente de cualquier autoridad pública del país; por su parte, las controversias constitucionales son procesos que tienen como principal función, permitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución de los conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos con motivo de la distribución de competencias establecidas a partir del sistema federal o la división de poderes, con posibilidad de anular las normas las normas generales con efectos también generales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 82/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 568 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Materia Constitucional, Novena Época "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES. De la lectura de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se advierte que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y en el artículo 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos dispositivos en forma genérica a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser positivos, negativos y omisiones". Ello se considera así, pues los actos que reclama el quejoso en esta vía constitucional afectan, en su caso, el ejercicio de su función pública como Juez Municipal del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, respecto de lo cual no procede el amparo indirecto por no tratarse de vulneración de derechos humanos, al respecto el artículo 153 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece: "Artículo 153. Se deposita la función jurisdiccional del Ayuntamiento, en un Juez Municipal quien será auxiliado en sus funciones por el personal necesario. En las demarcaciones de las Presidencias de Comunidad estas funciones podrán ser ejercidas de manera directa por el Presidente de Comunidad, quien deberá coordinarse con el Juez Municipal para el desarrollo de esta función. El Ayuntamiento podrá ordenar la creación de juzgados municipales en las Presidencias de Comunidad o Delegaciones Municipales que lo justifiquen". Del numeral transcrito, se evidencia que los Jueces Municipales tienen a su cargo la función jurisdiccional de los Ayuntamientos, es decir, ejercen una función pública, sin que pueda sostenerse que la privación de desempeñarla constituya una violación a derechos humanos, pues lo anterior sería, en su caso, una consecuencia legítima del impedimento para ejercer dicha función. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 171/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 467 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio". En ese contexto, se concluye que no es el amparo indirecto la vía idónea para impugnar los actos que señaló la parte quejosa en su demanda de amparo, pues lo pretendido, debe dilucidarse como controversia constitucional ante lo más alto de nuestro Tribunal. Tiene aplicación al respecto, la tesis I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1316 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRA ORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Aunado a lo anterior, si bien el quejoso Job Hernández Mendoza, aduce acudir por propio derecho, lo cierto es que lo hace en su calidad de Juez Municipal del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por lo cual se estima que tampoco procede el juicio de amparo en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 7 de la Ley de Amparo. Al efecto, las porciones normativas de mérito disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia establece que será autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De conformidad con lo anterior, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por autoridades cuando se afecten intereses patrimoniales de la dependencia, ya que no puede ser promovido cuando actúan en ejercicio de las funciones propias de su investidura. Lo anterior, debido a que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que quien lo promueva sea sujeto de derechos humanos, porque se trata de una contienda entre una persona que se queja de una violación a esos derechos y la autoridad que la cometió; en ese sentido, no es factible que la contienda de mérito se dé entre autoridades, quienes no gozan de esos derechos constitucionales. Así, se advierte que en el presente asunto, la parte que promueve el juicio de amparo lo hace en su calidad de autoridad, por lo que es evidente que no comparece en defensa de derechos privados, sino que defiende su facultad de actuar como Juez Municipal del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. Resulta aplicable, por su idea jurídica la tesis 2a. CCIV/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XIV, Noviembre de 2001, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, que a continuación se transcribe: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". Aunado a lo expuesto, el artículo 7 de la Ley de Amparo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, únicamente cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas, pues tal supuesto debe entenderse sólo en el caso de que éstos acudan en defensa de sus derechos privados, pero no con el objeto de protegerse contra actos de instituciones del propio Estado. De igual modo, apoya lo antes resuelto la jurisprudencia II.1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 817, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Noviembre de 2000, Novena Época que a la letra establece: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; esto es por el agraviado, por su representante o por su defensor. Por su parte, el artículo 9o. de la propia Ley de Amparo establece que también las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, lo que no ocurre cuando en un juicio contencioso administrativo se demanda a las autoridades administrativas con motivo de actos emitidos en ejercicio de sus facultades como autoridad, ya que en dicho supuesto el acto reclamado se dicta en ejercicio de una facultad conferida a la autoridad. Por tanto, en esta hipótesis carecen de legitimación las autoridades administrativas, para promover el juicio de amparo, aun cuando hayan sido parte en el juicio ordinario". Atento a lo anterior, y toda vez que en el caso se actualiza la artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5 fracción I, párrafo primero, 7 párrafo primero; y, los artículos 103 fracción I y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el quejoso se encuentra en un plano de supraordinación y no en una relación de supra a subordinación, respecto de los actos que reclama a las autoridades responsables, con fundamento en los diversos preceptos 112 y 113 de dicha legislación , se procede a desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Autorizados Por otra parte, se tienen como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, en razón de que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito.
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