Job Hernández Díaz
Expediente 1020/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Job Hernández Díaz
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 12 a 15), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Job Hernández Díaz, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos no constar estos en autos.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Job Hernández Díaz, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 6 a 9), y para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad, promover la demanda de amparo por propio derecho. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que Job Hernández Díaz, reclama del Presidente del Congreso del Estado de Tlaxcala "La negativa de dar contestación al escrito de veintinueve de agosto del dos mil diecinueve". Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se actualiza las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." El transcrito artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular; luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos. En ese sentido la Ley de Amparo en sus artículos 5, 6 y 15 disponen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que Job Hernández Díaz insta, por propio derecho, ante la presente contienda judicial, sin embargo del escrito que presentó ante el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, el veintinueve de agosto del año en curso, se indica que es suscrito por el promovente "Job Hernández Díaz", pero promoviendo con la personalidad de Presidente y Apoderado Legal de la Persona Moral Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos libres al Poder "cuatro de agosto" Asociación Civil (4-5). En ese orden de ideas, hace consistir como acto reclamado: La negativa de dar contestación al escrito de veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, presentado ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala. Por tanto, es notorio que en el caso no existe petición de parte agraviada para instar el juicio de amparo, ni de la demanda de amparo, ni de su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se encuentra vulnerado de su derecho como lo cita. En adición a lo anterior, debe destacarse que el promovente en su escrito aclaratorio, no adjunta ningún poder notarial o documento expedido que sea acreditado como Presidente y Apoderado Legal de la Persona Moral Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos libres al Poder "cuatro de agosto" Asociación Civil, máxime que el auto de siete del mes y año en curso, fue prevenido para que señalara si acudía por su propio derecho o con el carácter de presidente y apoderado legal de la moral en cita. Acto que con el escrito aclaratorio que se provee, manifestó bajo protesta de decir verdad, que su deseo de acudir ante este juzgado federal, es por propio derecho con el carácter de quejoso. Por tanto, al no actualizarse alguna de las excepciones previstas en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, para que la compareciente formule la demanda de amparo a nombre del directo quejoso, se tiene que se actualiza las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I constitucional. Sostener lo contrario fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin encontrarse en las hipótesis que establece la Ley de Amparo, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que ratifica la demanda que se promovió en su nombre, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Se invoca como ilustración, la Tesis por Jurisprudencia VI.2o.C. J/206, consultable en la página 2308 del Libro 66, Mayo de 2019, Materia Civil, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019949, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados." En consecuencia, al actualizarse la causas de improcedencia que establecen las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Job Hernández Díaz, por propio derecho, contra actos del Presidente del Congreso del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1020/2019-III. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra los establecidos en las fracciones I y V, que a la letra señala: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado actos, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. De igual forma, se desprende que el promovente o quien promueva en su nombre, se encuentra obligado a acreditar su representación. De tal forma, de la lectura íntegra de la demanda se aprecia que la parte quejosa acude al juicio de derechos, por propio derecho, donde señala como acto reclamado "la omisión de la responsable en dar respuesta a su escrito de denuncia de juicio político presentado el veintinueve de agosto del año que transcurre, por Job Hernández Díaz, en su carácter de presidente y apoderado legal de la persona moral Unidad de Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos Liberales al Poder Cuatro de Agosto A.C.", para lo cual, exhibe el acuse de recibo del escrito de referencia, pero de dicho acuse, se advierte que la solicitud la hizo en su carácter de apoderado legal de la asociación civil de referencia. En tales circunstancias, se advierte una irregularidad en el carácter con que acude a este juicio de amparo indirecto. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Señale si acude por su propio derecho o con el carácter de presidente y apoderado legal de la moral Unidad de Fuerza de Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos Liberales al Poder "Cuatro de Agosto" asociación civil. En el entendido, de que si acude con el carácter Presidente y apoderado legal de la moral Unidad de Fuerza de Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos Liberales al Poder "Cuatro de Agosto" asociación civil, deberá: Exhibir el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta, es decir, apoderado legal de la moral en cita. Copias de escrito aclaratorio Por otra parte, hágase del conocimiento a la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, y en su caso, los anexos, con los que dé cumplimiento a esta prevención en original o copia certificada y tantas copias sean necesarias para correr traslado a las partes, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Así como, la tesis 2ª./J. 124/2016 (10ª.) de la Segunda Sala del alto tribunal, del tenor siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos precisados dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado por así haberlo solicitado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Job Hernández Mendoza e Israel Hernández Vega por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Janeth Hernández Vega y Johtman Hernández Mendoza, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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