Job Hernández Díaz
Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Job Hernández Díaz
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Job Hernández Díaz, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11), y para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad, promover la demanda de amparo por propio derecho. Separación de juicios Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, en específico del capítulo atinente a los actos reclamados, este Juzgador advierte que la parte quejosa combate lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo concretamente la negativa de contestación a mis escritos de fecha veintinueve de agosto y quince de octubre del dos mil diecinueve, a los que a la fecha no he recibido respuesta alguna" De lo anterior se desprende que los actos reclamados, derivan de diversas fechas, lo que indica que constituyen actuaciones distintas, autónomas e independientes; bajo ese contexto, resulta procedente la separación de juicios, respecto de dichos actos reclamados, a fin de que se analicen por separado. Se afirma lo anterior, porque como se precisó, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que el quejoso señala como actos reclamados la negativa de contestación a los escritos de veintinueve de agosto y quince de octubre del dos mil diecinueve, sobre los cuales no ha recibido respuesta alguna, escritos que se encuentran desvinculados entre sí, por solicitudes totalmente ajenas una de otra, de ahí que resulte procedente la separación de juicios. Cabe hacer mención, que si bien es cierto dicha figura jurídica no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, también es verídico que se encuentra contenida en la jurisprudencia, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, partiendo de la base de que existe la posibilidad de acumular juicios de amparo, a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí, resulta evidente que también, en sentido inverso, cuando en un mismo juicio se reclamen dos actos que no tienen esa vinculación, es procedente ordenar la separación de los autos para que se estudien en juicios por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por ello, es evidente que no se justifica el análisis de dichos actos reclamados en un solo juicio de amparo; en tales condiciones, se concluye que en el presente caso, es procedente la separación de juicios. Luego, el presente juicio de amparo 1022/2019-VII, sólo deberá tramitarse en este Juzgado de Distrito respecto del acto reclamado consistente en: La negativa de dar contestación al escrito de veintinueve de agosto del dos mil diecinueve. En consecuencia, debe darse de alta como nueva demanda de amparo, lo concerniente al diverso acto reclamado -negativa a contestar el escrito de quince de octubre de dos mil diecinueve-. Para tal efecto, se deberá remitir copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Por lo anterior, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a fin de que por su conducto sea turnada a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, de acuerdo a su sistema de turno y conozca de los actos que reclama el impetrante contra las autoridades en la materia precisadas con antelación. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P.J. 78-97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, en relación al acto que Job Hernández Díaz, reclama de los Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, que hace consistir en "La negativa de dar contestación al escrito de veintinueve de agosto del dos mil diecinueve". Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan respectivamente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) El transcrito artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular; luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos. En ese sentido la Ley de Amparo en sus artículos 5, 6 y 15 disponen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Los mencionados preceptos disponen a quién le asiste carácter de quejoso y de qué forma podrá acudir a promover el juicio de amparo. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que Job Hernández Díaz insta, por propio derecho, ante la presente contienda judicial; sin embargo, del escrito que presentó ante los Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, el veintinueve de agosto del año en curso, lo suscribe en su carácter de Presidente y Apoderado Legal de la Persona Moral Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos libres al Poder "cuatro de agosto" Asociación Civil; cuya negativa de dar contestación por parte de la responsable constituye el acto aquí reclamado. Por tanto, es notorio que en el caso, no existe petición de parte agraviada para instar el juicio de amparo, ni de la demanda de amparo, ni de su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se encuentre vulnerado en su derecho como lo cita. En adición a lo anterior, debe destacarse que el promovente en su escrito aclaratorio, no adjunta ningún poder notarial o documento expedido del que se advierta que esté acreditado como Presidente y Apoderado Legal de la Persona Moral Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos libres al Poder "cuatro de agosto" Asociación Civil, máxime que el auto de siete del mes y año en curso, fue prevenido para que señalara si acudía por su propio derecho o con el carácter de presidente y apoderado legal de la moral en cita, manifestando bajo protesta de decir verdad, que su deseo de acudir ante este juzgado federal, es por propio derecho. Por tanto, al no actualizarse alguna de las excepciones previstas en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, para que el compareciente formule la demanda de amparo a nombre de la directa quejosa -persona moral-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I constitucional. Se invoca como ilustración, la Tesis por Jurisprudencia VI.2o.C. J/206, consultable en la página 2308 del Libro 66, Mayo de 2019, Materia Civil, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019949, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que establece las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Job Hernández Díaz, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11), y para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad, promover la demanda de amparo por propio derecho. Separación de juicios Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, en específico del capítulo atinente a los actos reclamados, este Juzgador advierte que la parte quejosa combate lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo concretamente la negativa de contestación a mis escritos de fecha veintinueve de agosto y quince de octubre del dos mil diecinueve, a los que a la fecha no he recibido respuesta alguna" De lo anterior se desprende que los actos reclamados, derivan de diversas fechas, lo que indica que constituyen actuaciones distintas, autónomas e independientes; bajo ese contexto, resulta procedente la separación de juicios, respecto de dichos actos reclamados, a fin de que se analicen por separado. Se afirma lo anterior, porque como se precisó, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que el quejoso señala como actos reclamados la negativa de contestación a los escritos de veintinueve de agosto y quince de octubre del dos mil diecinueve, sobre los cuales no ha recibido respuesta alguna, escritos que se encuentran desvinculados entre sí, por solicitudes totalmente ajenas una de otra, de ahí que resulte procedente la separación de juicios. Cabe hacer mención, que si bien es cierto dicha figura jurídica no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, también es verídico que se encuentra contenida en la jurisprudencia, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, partiendo de la base de que existe la posibilidad de acumular juicios de amparo, a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí, resulta evidente que también, en sentido inverso, cuando en un mismo juicio se reclamen dos actos que no tienen esa vinculación, es procedente ordenar la separación de los autos para que se estudien en juicios por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por ello, es evidente que no se justifica el análisis de dichos actos reclamados en un solo juicio de amparo; en tales condiciones, se concluye que en el presente caso, es procedente la separación de juicios. Luego, el presente juicio de amparo 1022/2019-VII, sólo deberá tramitarse en este Juzgado de Distrito respecto del acto reclamado consistente en: La negativa de dar contestación al escrito de veintinueve de agosto del dos mil diecinueve. En consecuencia, debe darse de alta como nueva demanda de amparo, lo concerniente al diverso acto reclamado -negativa a contestar el escrito de quince de octubre de dos mil diecinueve-. Para tal efecto, se deberá remitir copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Por lo anterior, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a fin de que por su conducto sea turnada a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, de acuerdo a su sistema de turno y conozca de los actos que reclama el impetrante contra las autoridades en la materia precisadas con antelación. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P.J. 78-97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora bien, en relación al acto que Job Hernández Díaz, reclama de los Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, que hace consistir en "La negativa de dar contestación al escrito de veintinueve de agosto del dos mil diecinueve". Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan respectivamente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) El transcrito artículo 107, fracción I, constitucional establece que el juicio únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular; luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos. En ese sentido la Ley de Amparo en sus artículos 5, 6 y 15 disponen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Los mencionados preceptos disponen a quién le asiste carácter de quejoso y de qué forma podrá acudir a promover el juicio de amparo. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que Job Hernández Díaz insta, por propio derecho, ante la presente contienda judicial; sin embargo, del escrito que presentó ante los Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, el veintinueve de agosto del año en curso, lo suscribe en su carácter de Presidente y Apoderado Legal de la Persona Moral Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos libres al Poder "cuatro de agosto" Asociación Civil; cuya negativa de dar contestación por parte de la responsable constituye el acto aquí reclamado. Por tanto, es notorio que en el caso, no existe petición de parte agraviada para instar el juicio de amparo, ni de la demanda de amparo, ni de su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso se encuentre vulnerado en su derecho como lo cita. En adición a lo anterior, debe destacarse que el promovente en su escrito aclaratorio, no adjunta ningún poder notarial o documento expedido del que se advierta que esté acreditado como Presidente y Apoderado Legal de la Persona Moral Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos libres al Poder "cuatro de agosto" Asociación Civil, máxime que el auto de siete del mes y año en curso, fue prevenido para que señalara si acudía por su propio derecho o con el carácter de presidente y apoderado legal de la moral en cita, manifestando bajo protesta de decir verdad, que su deseo de acudir ante este juzgado federal, es por propio derecho. Por tanto, al no actualizarse alguna de las excepciones previstas en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, para que el compareciente formule la demanda de amparo a nombre de la directa quejosa -persona moral-, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I constitucional. Se invoca como ilustración, la Tesis por Jurisprudencia VI.2o.C. J/206, consultable en la página 2308 del Libro 66, Mayo de 2019, Materia Civil, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019949, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que establece las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Job Hernández Díaz, por propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1022/2019-VII. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra los establecidos en la fracción I, que a la letra señala: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado actos, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. De igual forma, se desprende que el promovente o quien promueva en su nombre, se encuentra obligado a acreditar su representación. De tal forma, de la lectura íntegra de la demanda se aprecia que la parte quejosa acude al juicio de derechos, por propio derecho, donde señala como acto reclamado "la omisión de la responsable en dar respuesta a sus escritos presentados el veintinueve de agosto y quince de octubre del año que transcurre, por Job Hernández Díaz, en su carácter de presidente y apoderado legal de la persona moral Unidad de la Fuerza del Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos Liberales al Poder Cuatro de Agosto A.C.", para lo cual, exhibe únicamente los acuses de recibo de los escritos de referencia, pero de dicho acuses, se advierte que las solicitudes la hizo en su carácter de apoderado legal de la asociación civil de referencia. En tales circunstancias, se advierte una irregularidad en el carácter con que acude a este juicio de amparo indirecto. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción I, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Señale si acude por su propio derecho o con el carácter de presidente y apoderado legal de la moral Unidad de la Fuerza de Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos Liberales al Poder "Cuatro de Agosto" asociación civil. En el entendido, de que si acude con el carácter de Presidente y apoderado legal de la moral Unidad de Fuerza de Derecho Nacional de los Sectores Sociales y Pueblos Liberales al Poder "Cuatro de Agosto" asociación civil, deberá: Exhibir el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta, es decir, apoderado legal de la moral en cita. Copias de escrito aclaratorio Por otra parte, hágase del conocimiento a la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, y en su caso, los anexos, con los que dé cumplimiento a esta prevención en original o copia certificada y tantas copias sean necesarias para correr traslado a las partes, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Así como, la tesis 2ª./J. 124/2016 (10ª.) de la Segunda Sala del alto tribunal, del tenor siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos precisados dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de estrados por así solicitarlo expresamente el que señala para tales efectos. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo a Job Hernández Mendoza e Israel Hernández Vega, toda vez que cuenta con registro de cédula en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, guárdese en la caja de valores de este Juzgado, los documentos que en anexa el ocursante a su escrito de demanda. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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