Joaquin Lopez Montoya

Expediente 469/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
469/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Joaquin Lopez Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vistos los oficios signados por el delegado de la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales comunica las gestiones que esta realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguense para que surtan sus efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto los oficios de cuenta suscritos por el Director Corporativo de Operaciones y Subdirector de Evaluación Operativa, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales comunican que la autoridad responsable que le compete cumplir con la sentencia dictada en el presente juicio lo es CFE División de Distribución Noroeste; agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda en oficio firmado por la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera al Servicio Postal Mexicano con sede en esta ciudad, para que informe si hizo llegar los oficios girados a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo, asimismo se autorice se imponga de autos a Armida Uribe Urías, igualmente, se requiera por el cumplimiento a diversas autoridades vinculadas con el cumplimiento de la sentencia. Ahora bien, como lo solicita el quejoso, requiérase al Administrador de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba la presente comunicación, remita la constancia de acuse postal de los oficios 2538-2A, 2542-2A, y 2543-2A, derivados del proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dirigidos a la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con residencia en la Ciudad de México, Gerencia de la División de Distribución Noroeste y, Jefe del Departamento Jurídico Divisional, ambas con sede en Hermosillo, Sonora, quedando registrados con las piezas certificadas 39833, 39838, 39839, depositadas en la oficina de correspondencia el quince de noviembre de dos mil diecinueve, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En consecuencia, no obstante lo anterior, de conformidad con los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo requiérase de nueva cuenta a las autoridades relacionadas con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con sede en la Ciudad de México, Gerencia de la División de Distribución Noroeste, Jefe del Departamento Jurídico Divisional y, CFE Distribución a través de su Unidad de Negociación denominada Gerencia Divisional Noroeste, todas con domicilio en Hermosillo, Sonora, Director General, Jefe del Departamento Jurídico, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Jefe de la Unidad de Asuntos Financieros, todos de CFE Distribución, con residencia en la Ciudad de México, esto en razón a sus atribuciones para solicitar, tramitar y disponer de los correspondientes recursos, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que hayan realizado para ese efecto, asimismo, para que informen de mutuo propio cualquier determinación que dicten con el fin de cumplir con dicha sentencia de amparo, es decir, deben pronunciarse e informar a este órgano jurisdiccional sin que se les requiera, apercibidas que de no hacerlo dentro del término señalado, se procederá en términos de los numerales 192 y 193 de la ley de la materia que establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. .". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.". .Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.". Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a las autoridades mencionadas, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter de incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de la citadas autoridades responsables, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. No se omite señalar a estas autoridades, el que en caso de incumplimiento de lo ordenado, que es el caso, en su oportunidad y agotado el procedimiento de ley en este tipo de casos, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 192, 193, 198, 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, al omiso, se le aplicará una multa por el equivalente de CIEN VALORES diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional), considerando que acorde al índice publicado en el Diario Oficial de la Federación, la unidad de medida es de una medida equivalente a $84.49.00 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para conocimiento de las citadas autoridades, anéxeles copia del escrito de cuenta. Requiérase a las autoridades responsables, Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, con sede en la Ciudad de México, Gerencia de la División de Distribución Noroeste, Jefe del Departamento Jurídico Divisional y, CFE Distribución a través de su Unidad de Negociación denominada Gerencia Divisional Noroeste, todas con domicilio en Hermosillo, Sonora, Director General, Jefe del Departamento Jurídico, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Jefe de la Unidad de Asuntos Financieros, todos de CFE Distribución, con residencia en la Ciudad de México, para que acusen recibo del oficio que contenga este proveído, vía telegráfica, vía fax al teléfono 01 66-88-15-32-08 o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, respecto a la autorización para imponerse de los presentes autos a favor de Armida Uribe Urías, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Finalmente, incorpórese a los presentes autos el correo electrónico de cuenta, enviado por el Jefe de Disciplina de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual acusa recibo de oficio 2537-2 de trece de noviembre del año en curso.

  3. Principal

    Visto los telegramas que remite la Jefa de la Oficina Telecomm/Telégrafos de esta ciudad, mediante el cual informa que los oficios telegráficos de dirigidos a las autoridades responsables Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de Evaluación Operativa y Empresa Subsidiaria de Distribución, todos con residencia en la Ciudad de México, no fueron entregados, ya que no cita el domicilio de las autoridades de referencia; agréguense a los autos sin mayor proveído, toda vez que los referidos oficios fueron enviados vía ordinaria. Por otra parte, Visto el escrito signado por el quejoso, mediante el cual designa autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y señala domicilio para oír y recibir notificaciones, revocando a los que ya había señalado; Agréguese para que surta sus efectos legales. Téngasele por revocado al licenciado Guadalupe Ivan Urías López y el domicilio que había señalado anteriormente, y téngase por designados al licenciado Marcial Erives Fierro en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Armida Uribe Urías, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y por señalado como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Niños Héroes número 721 Sur, Colonia Bienestar de esta ciudad. De igual forma, glósese a los presentes autos los telegramas de cuenta enviados por el Gerente de Presupuestos, en suplencia del Titular de la Subdirección de Operaciones Financiera de la Dirección Corporativa de Finanzas y el Jefe del Departamento de Asuntos Civiles de la Coordinación de Asuntos Contenciosos, ambos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales el primero comunica que la autoridad responsable de cumplir con la sentencia dictada en el presente juicio lo es CFE Distribución a través de su Unidad de Negocio denominada Gerencia Divisional Noroeste y el segundo informa los domicilios correctos de las autoridades vinculadas con el cumplimiento. Por tanto, mediante oficio remítase copia simple del proveído de trece de noviembre del año en curso, a la autoridad CFE Distribución a través de su Unidad de Negocio denominada Gerencia Divisional Noroeste y al domicilio correcto de las autoridades vinculadas con el cumplimiento Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución y Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria, ambas de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio número 857/2019, signado por el Juez y Secretaria Primera del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, en el Estado de Sinaloa, con el cual en cumplimiento a lo solicitado mediante oficio 2337-5A, de proveído de dieciséis de octubre de este año, informa los trámites realizados para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, que en el expediente de origen juicio Sumario Civil 209/2009, dictó un auto de fecha veinticuatro de ese mes y anualidad, en el que requirió a la paraestatal demandada ahora autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, a fin de que de cumplimiento a la resolución de tres de junio de dos mil nueve, en la que se le condenó a pagar al actor ahora quejoso Aniceto López Serrano, por concepto de indemnización la cantidad de $253,624.51 (doscientos cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 51/100 m.n.), mismo que al efecto anexa. Con lo anterior y para su conocimiento dese vista a la parte quejosa. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, de los que se desprende que en sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Joaquín López Montoya, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus Aniceto López Serrano; resolución que fue recurrida por la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, asimismo, por resolución de veintisiete de septiembre de este año, dictada en el amparo en revisión número 4/2019, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Joaquín López Montoya, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus Aniceto López Serrano, en contra del acto y autoridad responsable señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en el considerando sexto del fallo recurrido.". En el entendido de que, el amparo y protección constitucional se concedió para efectos de que la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, diera cumplimiento a la resolución dictada el tres de junio de dos mil nueve, en el juicio sumario civil número 209/2009, que promovió Aniceto López Serrano, en la que se le condenó a pagar al promovente por concepto de indemnización la cantidad de $253,624.51 (doscientos cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro pesos 51/100 m.n.), como consecuencia de la existencia de la servidumbre legal de paso sobre el predio de la parte actora, para lo cual debería de proveer lo conducente para la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia de primera instancia. Asimismo, se advierte que mediante oficio oficio 2326-5A, de auto de dieciséis de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que recibiera el oficio en que se comunicó dicho auto, cumpliera con la ejecutoria de amparo, informara el cumplimiento, o bien, los actos que se encontrara realizando para ese efecto. Ahora bien, de autos se advierte que no se han tenido como autoridades vinculadas al cumplimiento de ejecutoria a la Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de Evaluación Operativa, Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución Comisión Federal de Electricidad Distribución, Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, y Subdirección de Operación Financiera de la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, todos con sede en la Ciudad de México, así como a la Gerencia de la División de Distribución Noroeste y Jefe del Departamento Jurídico Divisional, ambos con sede en Hermosillo, Sonora; por tanto, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, ténganse a las autoridades precisadas con anterioridad por vinculadas en el presente juicio, toda vez que, tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional, las cuales están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, teniendo las mismas responsabilidades que la autoridad señalada como responsable para realizarlo. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, así como a las autoridades vinculadas Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de Evaluación Operativa, Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria de Distribución Comisión Federal de Electricidad Distribución, Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, y Subdirección de Operación Financiera de la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, todos con sede en la Ciudad de México, así como a la Gerencia de la División de Distribución Noroeste y Jefe del Departamento Jurídico Divisional, ambos con sede en Hermosillo, Sonora, por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo por oficio, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, vía fax al número 01 668 815 32 08, o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Para lo cual se les apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se harán acreedores a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fijó el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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