Joan Gregorio Quiñonez Marquez
Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Joan Gregorio Quiñonez Marquez
- José Alberto Sanchez Avila
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente como asunto concluido. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Joan Gregorio Quiñonez Márquez, Horacio Espinoza Bojórquez, José Alberto Sánchez Ávila, José David Rivera Acosta, Jesús Alejandro Rojas Lara, José Luis Márquez Villanazul, Mario Javier León Soto, Placido Islas Acosta, Santos Jair López Graciano, Israel Loredo Elenes, Luis Alonso Canobbio Castro, Blanca Celina Encinas Espinoza, Humberto Soto, Leonel Olivas Sauceda, José Trinidad Rojas Lara, contra actos de la unta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede la Ciudad de Guasave, Secretario Auxiliar y Actuario Segundo de su adscripción, por las razones y términos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por Joan Gregorio Quiñonez Márquez, Horacio Espinoza Bojórquez, José Alberto Sánchez Ávila, José David Rivera Acosta, Jesús Alejandro Rojas Lara, José Luis Márquez Villanazul, Mario Javier León Soto, Placido Islas Acosta, Santos Jair López Graciano, Israel Loredo Elenes, Luis Alonso Canobbio Castro, Blanca Celina Encinas Espinoza, Humberto Soto, Leonel Olivas Sauceda, José Trinidad Rojas Lara, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guasave, Sinaloa; con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1° fracción I, 15, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 109, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda; y a efecto con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se señala como representante común al primero de los mencionados en el escrito de demanda esto es a Joan Gregorio Quiñonez Márquez; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 87/2022-2B; sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión toda vez que no lo solicita. En ese contexto, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa a la omisa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, la responsable podrá rendir el informe de referencia por la vía telegráfica, a través del fax de este juzgado al número telefónico 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Además, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto citado en el párrafo que antecede, en relación con los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Pues bien, se señalan las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Sin que sea necesario llamar a la contra parte de la quejosa en el juicio natural, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que ésta, no ha sido emplazada al juicio laboral del cual emana el acto reclamado. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 67/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 265 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2009, Materia Común, Novena Época, del siguiente contenido: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley "de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante "el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender.". Hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de los impetrantes de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Rafael Macías número 457 sur, fraccionamiento Jardines del Country, en esta ciudad. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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