Joaquín Gerardo Miranda Tamauo
Expediente 274/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 26 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Joaquín Gerardo Miranda Tamauo
- JOAQUÍN GERARDO MIRANDA TAMAUO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se observa que las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en esta ciudad y Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados remitieron a este Juzgado copias certificadas del expediente número 25/2021, del índice de la primera autoridad nombrada, con el que se formaron tres tomos de documentales. En atención a lo anterior, remítanse a dichas autoridades las constancias de referencia, toda vez que resulta innecesario conservarlas, ya que el presente juicio de amparo 274/2022-4A, se encuentra totalmente concluido.
- Principal
Cuenta. En nueve de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Auto. Los Mochis, Sinaloa, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera definitiva se concedió la suspensión y toda vez que en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés se ordenó glosar el incidente suspensión derivado del presente juicio de amparo, se precisa que dicho expediente, es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y las constancias que se consideren necesarias y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración juicio principal y del incidente de suspensión, y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la apoderada legal del quejoso ********************, mediante el cual, en atención a la vista que le fue dada por este juzgado en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se manifiesta inconforme con el cumplimiento de la sentencia de amparo realizado por la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, y al estado de autos, este este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió a los quejosos ******************** e ******************** por conducto de sus apoderadas legales ******************** e ********************, respectivamente, la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para el efecto de que: "1. Que la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad deje insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ********************, y, 2. Emita otra, en la que atendiendo los lineamientos de la presente sentencia, declare fundada la excepción de incompetencia por materia, planteada por los aquí quejosos, en el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Esta Ciudad." Inconforme con dicha determinación, la parte tercero interesada ******************** promovió recurso de revisión del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con sede en Saltillo, Coahuila, en el expediente auxiliar ********************, correspondiente al amparo en revisión civil ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y en resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, resolvió en el sentido de: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, por las razones precisadas en el considerando quinto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** e ********************, contra los autos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en el último considerando de la sentencia recurrida." Ante tal determinación, este Juzgado en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, ordenó requerir a la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que otorgara cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, a través del oficio ******************** y anexos, recibidos en este Juzgado de Distrito el catorce de marzo de dos mil veintitrés, remitió copias certificadas del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés dictado en los autos del toca número ********************, de su índice, en el cual dejó insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en dicho toca, así como la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés emitida por el Magistrado Titular de dicha Sala de Circuito, quien siguiendo los lineamientos fijados por este Juzgado de Distrito, determinó que la vía correcta para hacer valer las prestaciones reclamadas es la vía administrativa a través del juicio contencioso administrativo, debido a que la responsabilidad médica que se demanda debe trasladarse al esquema de responsabilidad del ******************** por ser personal médico de salud adscrito a una clínica del (IMSS); asimismo, determinó irrelevante abordar el recurso interpuesto por el aquí quejoso ******************** que únicamente lo hizo valer por lo que respecta a la improcedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia, ya que el objetivo es el mismo que quedo solventado con lo resuelto anteriormente. Ahora, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ********************, de su índice y en su lugar emitiera otra en la que declarara fundada la excepción de incompetencia por materia, planteada por los aquí quejosos, en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Esta Ciudad; por tanto, es inconcuso que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplida; sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Registro digital: 180337, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo". Por lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, sin exceso ni defecto. Finalmente en atención a la manifestación del quejoso en el escrito de cuenta, relativas a su inconformidad por el cumplimiento dado por la autoridad responsable, dígase que deberá estarse a lo ya acordado en línea precedentes, ya que la responsable al revocar la resolución de primera instancia, en virtud de que no es la vía correcta, conlleva inmersa la incompetencia del Juez primigenio.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ¨******************** EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Auto. Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la apoderada legal del quejoso ********************, mediante el cual, en atención a la vista que le fue dada por este juzgado en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se manifiesta inconforme con el cumplimiento de la sentencia de amparo realizado por la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, y al estado de autos, este este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió a los quejosos ******************** e ******************** por conducto de sus apoderadas legales ******************** e ********************, respectivamente, la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para el efecto de que: "1. Que la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad deje insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ********************, y, 2. Emita otra, en la que atendiendo los lineamientos de la presente sentencia, declare fundada la excepción de incompetencia por materia, planteada por los aquí quejosos, en el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Esta Ciudad." Inconforme con dicha determinación, la parte tercero interesada ******************** promovió recurso de revisión del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con sede en Saltillo, Coahuila, en el expediente auxiliar ********************, correspondiente al amparo en revisión civil ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y en resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, resolvió en el sentido de: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, por las razones precisadas en el considerando quinto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia impugnada. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** e ********************, contra los autos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en el último considerando de la sentencia recurrida." Ante tal determinación, este Juzgado en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, ordenó requerir a la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que otorgara cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, al informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, a través del oficio ******************** y anexos, recibidos en este Juzgado de Distrito el catorce de marzo de dos mil veintitrés, remitió copias certificadas del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés dictado en los autos del toca número ********************, de su índice, en el cual dejó insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en dicho toca, así como la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés emitida por el Magistrado Titular de dicha Sala de Circuito, quien siguiendo los lineamientos fijados por este Juzgado de Distrito, determinó que la vía correcta para hacer valer las prestaciones reclamadas es la vía administrativa a través del juicio contencioso administrativo, debido a que la responsabilidad médica que se demanda debe trasladarse al esquema de responsabilidad del ******************** por ser personal médico de salud adscrito a una clínica del (IMSS); asimismo, determinó irrelevante abordar el recurso interpuesto por el aquí quejoso ******************** que únicamente lo hizo valer por lo que respecta a la improcedencia de la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia, ya que el objetivo es el mismo que quedo solventado con lo resuelto anteriormente. Ahora, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca civil ********************, de su índice y en su lugar emitiera otra en la que declarara fundada la excepción de incompetencia por materia, planteada por los aquí quejosos, en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Esta Ciudad; por tanto, es inconcuso que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplida; sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 82/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Registro digital: 180337, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo". Por lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, sin exceso ni defecto. Finalmente en atención a la manifestación del quejoso en el escrito de cuenta, relativas a su inconformidad por el cumplimiento dado por la autoridad responsable, dígase que deberá estarse a lo ya acordado en línea precedentes, ya que la responsable al revocar la resolución de primera instancia, en virtud de que no es la vía correcta, conlleva inmersa la incompetencia del Juez primigenio.
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