Joaquín Kévin Norberto Pintueles

Expediente 654/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
654/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Joaquín Kévin Norberto Pintueles
  • Otra autoridad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 654/2020 y su acumulado 701/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto a los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto a los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, respecto a los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: RESULTANDO: PRIMERO. Demandas. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-9). De igual forma, por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, en la referida Oficina de Correspondencia Común y turnado a este juzgado el mismo día, el mismo quejoso promovió diverso juicio de amparo contra los actos que más adelante se expresarán (fojas 87-95). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dos de diciembre siguiente, se acordó: radicar el juicio 654/2020; admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 12-16) Por otra parte, en proveído de dieciséis de diciembre del mismo año, se acordó: radicar el juicio 701/2020; admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 96-99). Luego, en proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, se acordó: decretar de plano la acumulación del juicio 701/2020 al diverso 654/2020, a fin de ser sustanciados en un mismo expediente y, notificar dicha circunstancia a las partes (fojas 152-155). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 108-127). El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se acordó: tener por ampliada la demanda de amparo del quejoso respecto de nuevos conceptos de violación y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 186-188) Asimismo, se agregaron al sumario constitucional los informes justificados que sobre la ampliación rindieron las autoridades responsables (fojas 193-203). El diecisiete de marzo siguiente, se acordó: emplazar al presente juicio de amparo a las terceras interesadas Guadalupe Isabel Cruz Lugardo y Neztli Yoshira Vargas Pacheco (fojas 423-424) lo que se realizó de manera personal, según se advierte de las constancias correspondientes (fojas 426 y 428). Integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 442) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse actos provenientes de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, impugnables en amparo indirecto conforme a la fracción II, del numeral 107, de la Ley de Amparo. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad las demandas de amparo (fojas 2-9 y 87-95) se aprecia que consisten en: 1). La resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, emitida por la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con sede en Boca del Río, Veracruz, que ordena la suspensión en sus derechos escolares del quejoso en dicha institución por un lapso de seis meses, con motivo de la queja presentada por Guadalupe Isabel Cruz Lugardo. La ejecución de la misma, notificada al quejoso a través del oficio de veintitrés de noviembre siguiente. 2). La resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con sede en Boca del Río, Veracruz, que ordena la expulsión del quejoso de dicha institución educativa, con motivo de la queja presentada por Neztli Yoshira Vargas Pacheco. La ejecución de esa determinación, notificada al quejoso a través del oficio de la misma fecha. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la 1. Presidenta y 2. Directora de la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con sede en Boca del Río, Veracruz, en razón de que así lo reconocieron al momento de rendir su informe justificado (fojas 108-127 y fojas 193-203). Lo que además se corrobora, en razón que dichas autoridades remitieron copia certificada de las determinaciones reclamadas (fojas 451-452 y 453-454) las cuales tienen valor probatorio conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad para combatir los actos reclamados, previo acudir al juicio de amparo. PREMISAS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Como se puede advertir, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos, para otorgar la suspensión del acto, que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se concrete el motivo de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte; es decir, que proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado. 3) Conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. 4) No se esté en el caso de excepción. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, tales requisitos se cumplen. Respecto al PRIMER requisito consistente en que los actos reclamados emanen de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, como a continuación se verá: Los actos reclamados consistentes en las resoluciones de diecinueve de noviembre y cuatro de diciembre, ambas de dos mil veinte, fueron emitidas por la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con sede en Boca del Río, Veracruz. Autoridad evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aquí es oportuno hacer la aclaración de que, al versar los actos reclamados sobre la pérdida del quejoso de sus derechos escolares superiores de una universidad pública, sí revisten de las características de un acto de autoridad que afecta los derechos de la parte quejosa, en función de que la Universidad Veracruzana es un organismo autónomo descentralizado que forma parte de la administración pública del Gobierno del Estado de Veracruz, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, de conformidad con los numerales 1° de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, 10, párrafo penúltimo y 67, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo que goza de independencia para determinar por sí sola, supeditada a los principios constitucional que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presta, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, con la precisión que la autonomía otorgada les faculta para emitir disposiciones administrativas de observancia general. De allí que, como en el caso, cuando se determina por parte de la Universidad Veracruzana que un estudiante inscrito en cualquiera de sus planteles pierde sus derechos superiores educativos de manera indefinida o definitivamente y se le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en tanto que es emitido por un órgano del Estado, con base en una atribución legal que coloca a dicha institución, respecto de sus alumnos, en una relación de supra a subordinación, en tanto que les permite unilateralmente extinguir la situación jurídica derivada del carácter de alumno universitario. Sirve de respaldo lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 12/2002 que se lee: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado." Por cuanto hace al SEGUNDO requisito, relativo a que contra los actos impugnados proceda algún medio de defensa ordinario por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también se actualiza, ya que los actos que en este juicio se reclaman pueden ser analizados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, a través de la promoción del juicio contencioso, en términos de lo previsto por el artículo 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. A fin de clarificar lo anterior, resulta imperativo señalar que los artículos 2, fracciones I, IV, VI y XXIII, 260 y 280 fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, disponen: "Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general; (.) IV. Administración Pública: Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los Ayuntamientos del Estado; así como las áreas o unidades administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que establezcan las leyes; (.) VI. Autoridad: servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público, que con fundamento en la ley emiten actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; (.) XXIII. Organismos Autónomos: Los previstos en el artículo 67, fracciones III y IV, de la Constitución Política del Estado, así como la Universidad Veracruzana y demás instituciones estatales de educación superior a las que la ley otorgue autonomía; (.)". "Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido." "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) I. (.) II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (.)". (Lo resaltado es propio). Así como lo dispuesto por el artículo 40, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dice: "Artículo 40. Las Salas Regionales tendrán competencia para: I. Conocer de: a) (.) b) Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (.)" En tal virtud, las determinaciones combatidas por el aquí quejoso y sus consecuencias, puede ser modificado, revocado o nulificado y, por ende, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previamente a la presentación de su demanda debió agotar en su caso el referido juicio contencioso establecido por la ley que rige el acto. Lo anterior, en virtud de que la fracción II del citado numeral 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, le reconoce a la Universidad Veracruzana el carácter de autoridad, como organismo autónomo que realiza funciones derivadas de la concesión de un servicio público, que emite actos administrativos unilaterales que afectan los derechos del gobernado, como en el caso lo fue la pérdida del estatus de estudiante del quejoso. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. En relación con el TERCER requisito, también se satisface, pues la ley que rige el medio de impugnación relativo, a saber, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz vigente, contempla la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional y, sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Así, se concluye que la parte quejosa, antes de la promoción del presente juicio constitucional contra los referidos actos reclamados, debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa aludido. En similares condiciones se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 214/2018, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; sentencia que si bien no obra en autos, es apta para motivar el presente auto, pues se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus resoluciones, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Enseguida, se verificará si se concreta excepción al principio de definitividad, distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio, esto es, lo relativo al CUARTO requisito en mención. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, la parte quejosa no impugnó ley alguna con motivo de su primer acto de aplicación. 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Este aspecto está relacionado a que el acto reclamado adolezca de vicios de inconstitucionalidad directa y no derivada, como es el caso. En efecto, en el caso a estudio, la parte quejosa en sus escritos de demanda de amparo (fojas 2-9 y 87-95) y en su escrito de ampliación de demanda de amparo (fojas 160-163) hace derivar la inconstitucionalidad de las determinaciones reclamadas de lo que estima como vicios, cuya naturaleza son de mera legalidad haciendo alusión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior porque sostiene que los mismos presentan una indebida fundamentación y motivación. De lo anterior se aprecia que no reclama en específico alguna violación directa a la constitución, pues de manera genérica señala que los referidos numerales 14 y 16, prevén las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pero no se duele de la violación directa de alguna de ellas; por lo que se concluye válidamente que su reclamo no implica violación directa a los referidos artículos constitucionales, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exigiría verificar si las determinaciones: una de suspenderlo en sus derechos escolares por un lapso de seis meses y, la otra, de expulsarlo de dicha institución educativa, se realizaron atendiendo a los disposiciones reglamentarias correspondientes; lo que desde luego representa un tema de legalidad. De allí, que el reclamo del quejoso en sus escritos de demanda de amparo y en su escrito de ampliación, implica una cuestión de legalidad, al versar sobre la indebida fundamentación y motivación de los actos combatidos, o sea, la transgresión a las leyes secundarias u ordinarias y, no una violación directa a la constitución. 3. Los que carecen de fundamentación. A simple vista, del acta emitida el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con sede en Boca del Río, Veracruz, que ordena la suspensión en sus derechos escolares del quejoso en dicha institución por un lapso de seis meses, con motivo de la queja presentada por Guadalupe Isabel Cruz Lugardo (fojas 451-452) se aprecia que sí cuenta con fundamentos legales que la sustentan, pues en la mismo se citó el numeral 171 del Estatuto de Alumnos 2008. Asimismo, del acta emitida el cuatro de diciembre de dos mil veinte, por la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, con sede en Boca del Río, Veracruz, que ordena la expulsión del quejoso de dicha institución educativa, con motivo de la queja presentada por Neztli Yoshira Vargas Pacheco (fojas 453-454) se aprecia que sí cuenta con fundamentos legales que la sustentan, pues en la misma se citaron los artículos 169, fracciones II y III, 170, fracción III y 171 del Estatuto de los Alumnos 2008. Lo anterior pone de manifiesto que dichos actos reclamados no carecen de absoluta fundamentación que impida a la parte quejosa hacer valer el recurso idóneo para combatirlos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo resaltado es propio) 4. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el juicio contencioso administrativo a que aquí se hace referencia, se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y no en reglamento alguno. En consecuencia, dado que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, antes de acudir a la instancia constitucional. Es por ello que, si el quejoso no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ahora ante esta instancia constitucional, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio constitucional, pues una vez agotado el contencioso administrativo aludido, procedería el juicio de amparo. En ese contexto, es posible considerar que si la parte quejosa omitió agotar el medio de impugnación ordinario ya aludido y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta evidente la actualización del motivo de improcedencia aquí analizado. CONCLUSIÓN En consecuencia, al concretarse el aludido motivo de improcedencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 654/2020 y su acumulado 701/2020, promovidos por Joaquín Kevin Norberto Pintueles, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con anexos, enviados por la 2. Directora y Presidenta de la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación Región Veracruz-Boca del Río, de la Universidad Veracruzana, con sede en Boca del Río, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de trece de abril del año en curso, ya que remite constancias deducidas a las resoluciones emitidas el diecinueve de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil veinte, relativo al procedimiento administrativo iniciado en contra del quejoso, con motivo de las quejas interpuestas por Guadalupe Isabel Cruz Lugardo y Neztli Yoshira Vargas Pacheco; asimismo, manifiesta que dichas resoluciones fueron emitidas por la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, Campus Boca del Río, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en concordancia con el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito1, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia 1 Registro No. 189948, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001 Página: 1081, Tesis: XXI.2o.16 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común, INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL, que anexa la autoridad responsable antes citada, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo.

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