Joanna Naggai González Palmeros
Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Joanna Naggai González Palmeros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 80/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés (165), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó por lo que se refiere a los directos quejosos menores de edad identificados con las siglas D.M.G.G. y A.N.G.G., y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Joanna Naggai González Palmeros, por propio derecho, para los efectos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 489/2022 de su índice, únicamente por lo que hace a dicha acreedora, y en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. Una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la quejosa, haga un análisis comparativo entre las necesidades de dicha acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. Estudio que el Juzgador deberá realizar con perspectiva de género como método analítico." En esas condiciones, mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés (foja 144 y 145), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dos de mayo del año en curso (foja 165) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3016 signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil 489/2022-I de su índice. Asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró improcedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado Arturo Guadalupe Gallegos Pineda, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, consistente en el 60% (sesenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibe el precitado como empleado de Petróleos Mexicanos, correspondiéndoles 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales D.M.G.G., 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales A.N.G.G. y el 20% (veinte por ciento) a Joanna Naggai González Palmeros, por su propio derecho. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que la jueza responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 233, 261 fracción IV y 266 del Código Procesal Civil. Luego, la jueza responsable con la finalidad de observar los principios de congruencia y exhaustividad estatuidos en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, tomó en cuenta que la actora desahogó la vista concedida con la reclamación en la que manifestó que se encuentra casada con el demandado (parentesco por afinidad), que tienen dos menores hijos, por lo que resultan ser, tres acreedores alimentistas. Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obra en el sumario natural estimó declarar improcedente la reclamación. Para arribar a tal conclusión, la responsable tomó en cuenta que tratándose de la pensión alimenticia provisional reclamada por la cónyuge por su propio derecho y en representación de sus dos menores hijos de iniciales D.M.G.G y A.N.G.G. de identidad reservada, el artículo 210 del Código Procesal Civil, prevé el derecho que tienen los acreedores alimentarios a obtener el pago de los alimentos desde el auto de inicio, por lo que únicamente basto para ello exhibir las actas del Registro Civil y a narración de los hechos, de ahí que los documentos aportados por la actora consistentes en el acta de Nacimiento de los hijos menores de edad que tienen en común y el acta de matrimonio celebrado entre las partes contendientes, ya señalados y valoradas, resultaron los elementos probatorios para obtener un quantum provisional, ya que tiende a garantizar la subsistencia de la parte acreedora alimentaria, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, al haberse acreditado la calidad de acreedores alimentarios, que se tratan de dos menores de edad hijos del reclamante y la actora en su carácter de cónyuge, ello conforme a los numerales 233 y 234 del Código Civil en el Estado de Veracruz, gozan de la presunción de necesidad alimentaria, y por cuanto hace a la actora en su carácter de cónyuge, también cuenta con una presunción de recibir los alimentos, por ende esa calidad les permite obtener desde el auto de radicación una cantidad para garantizar su subsistencia. Bajo el mismo orden de ideas, por cuanto hace a los argumentos del reclamante respecto de que considera que la carga alimentaria es desproporcional, en atención a que la actora cuenta con estudios técnicos superior como educadora y también cuenta con un negocio propio de venta de mercancía por internet el cual le deja una buena remuneración económica, máxime a que la actora cuenta con edad joven siendo capaz de ejercer su profesión y que no es encuentra incapacitada en ningún sentido, la juez responsable señaló que dichos agravios deben desestimarse, toda vez que, el reclamante no aportó ninguna probanza de su parte para acreditar sus aseveraciones, es decir, no acreditó a través de documental idónea que la actora pueda allegarse a sus propios alimentos, o bien, hubiera aportado un dato novedoso que no hubiere sido considerado al momento de decretar el porcentaje de la carga alimentaria provisional, pues señaló que no pasa desapercibido para esa autoridad que aunque el reclamante exhibió siete simples impresiones de pantalla de las publicaciones realizadas a través de la plataforma digital de "FACEBOOK", respecto del usuario "YETIS DA JO", las mismas no son los elementos idóneos para demostrar una capacidad económica por parte de la actora, por lo que calificó de ineficaces para acreditar el hecho de que la actora tiene un negocio, y que por ende pueda allegarse a sus propios alimentos. Asimismo, la jueza responsable desestimó el argumento de que la actora (aquí quejosa) al contar con estudios, ser joven y no tener ninguna incapacidad para trabajar, pues dichos argumentos también carecen de sustento jurídico, al no haberse robustecido a través de documental idónea siendo puras manifestaciones, por lo que, con independencia de lo anterior, le precisó al disconforme que la actora al momento de instar la acción de alimentos por su propio derecho, manifestó la circunstancia de que se dedica preponderantemente a las labores del hogar, lo que se reiteró en el escrito de desahogo de vista con la reclamación, por lo que, con ello no puede tenerse por desvirtuada la presunción de necesidad de alimentos, ya que debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, la actora merece la visualización de la doble actividad que desempeña en el hogar, porque es quien tiene bajo su cuidado y protección a los niños involucrados, de ahí que esa situación es lo que le permite advertir desigualdad entre las partes basada en el sexo y género. En ese sentido, la juez responsable le reconoce a la actora la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir; por tales motivos, la responsable estimó que debe recibir una pensión alimenticia a fin de poder completar todas sus necesidades alimentarias; esto es, al analizarse la obligación de proporcionar alimentos, deben tomarse en cuenta los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en julio de dos mil trece, en el sentido de hacer realidad el derecho a la igualdad y no discriminación, por ser un mandato derivado de la Constitución y de los instrumentos internacionales que atañen a toda persona que aplica el derecho, por ello, se debe juzgar con perspectiva de género aun y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus conceptos de violación o alegatos, en la inteligencia de que se juzga con perspectiva de género para lograr una igualdad material o sustantiva entre el hombre y la mujer. En ese aspecto, de la resolución en estudio, se advierte que la juez responsable estableció que en los casos justiciables lo que permite determinar si se debe aplicar o no la perspectiva de género es la existencia de relaciones asimétricas de poder o bien contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, género, o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas, para lo cual citó como fundamentación a su dicho la jurisprudencia 1a./J.22/2016 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I1, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." Luego entonces, estimó que, a ese momento procesal, no es posible obtener una reducción del quantum provisional con base en las afirmaciones del recurrente pues debieron ofrecerse pruebas reveladoras de esas circunstancias, pues en esa etapa procesal lo único que se está ventilando es si el quantum fijado provisionalmente es excesivo o desproporcionado, no si la parte actora no tiene el derecho de recibir alimentos, pues si se fijó pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora por derecho propio, esto fue con fundamento en lo establecido en el artículo 233 del Código Civil. Por otra parte por cuanto hace al agravio indicado bajo el inciso B de la resolución, respecto a que el reclamante tiene gastos de alimentos, ropa calzado, limpieza, despensa, renta, que por ende, considera excesiva la carga alimentaria, la juez responsable desestimó dichos agravios, toda vez que al margen las probanzas consistentes en los recibos lavandería, de comidas en el "comedor lupita", pagos de energía eléctrica, y el pago de arrendamiento de casa habitación, ya valorados con anterioridad, precisó que tomar una decisión bajo esa óptica sería tanto como reproducir un estereotipo de género, construido sobre la idea de una distribución de roles o actividades domésticas en función del sexo o género, esto es, calificar de válido el argumento del incremento de las necesidades del deudor alimentario por el hecho de que no habita en el domicilio conyugal que estableció con su esposa y por ello, tenga más gastos, pues ello es perpetuar la concepción de que la mujer debe asumir las actividades domésticas, por tanto, ningún beneficio reditúa al disconforme dichas manifestaciones, porque para darle fuerza a dicha aseveración, se necesitan medios de convicción de los cuales deducir todos los gastos que eroga, que lo deja en estado de indefensión económica que refiere, toda vez que el demandado no aportó ninguna probanza que acreditara su dicho. La anterior motivación, la fundamentó con la tesis VI.2o.C.173 C (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, inserta en la página 2724, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de voz y síntesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO. DEBE DISMINUIRLA BAJO EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO RELATIVO A QUE "TODOS LOS HOMBRES QUE VIVEN SEPARADOS DEL HOGAR CONYUGAL AUMENTAN EN MONTO SUS NECESIDADES". Ahora, por cuanto hace, a las probanzas relativas a las diversas transferencias bancarias vía internet que el reclamante realizó a favor de la actora, la jueza responsable estableció que, si bien se les otorga valor probatorio indiciario, lo cierto es que éstas le devienen de insuficientes para acreditar que el demandado estuviera cumpliendo con su obligación alimentaria para con sus hijos y su esposa. Consiguientemente, todas las apuntadas circunstancias le permitieron concluir que la reclamación se torna improcedente puesto que el reclamante no aportó ningún elemento objetivo para demostrar que el quantum provisional deviene excesivo, gravoso o desproporcionado; puesto que, además conforme al artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, un hecho notorio que puede invocó en el asunto, que es la actora quien tiene bajo su cuidado a los menores, entonces corresponde al demandado contribuir económicamente para la manutención de los aquí involucrados, y tocante al proveedor económico respecto de sus necesidades la responsable presumió que como cualquier persona eroga gastos para su propia subsistencia, que cuenta con una fuente formal de ingresos pues es empleado de Petróleos Mexicanos, que aunque refiere que es trabajador de confianza y que por ende, a veces pasan largos periodos sin que tenga trabajo, lo cual señaló que dicha circunstancia no se acreditó, pues el reclamante únicamente se limitó a manifestar sus argumentos sin robustecer su dicho, y por ende, tampoco acreditó que la carga alimentaria impuesta a favor de sus acreedores alimentarios, lo deje en estado de insolvencia económica, pues fue omiso en exhibir inclusive su recibo de nómina que acreditar tal circunstancia, pues contrario a lo que manifiestó el reo, se acredita que cuenta con un empleo que le permite allegarse a sus propios alimentos y los de cumplir con su obligación alimentaria pues ello se acredita a través de la Carta de Consentimiento para pago de Salarios y prestaciones o pensiones de fecha veintiséis de marzo de año dos mil veintidós, expedido por Pemex, y el que cuenta con el sello de certificación de datos bancarios del banco BBVA BANCOMER, y la que se concatenó con las manifestaciones del propio reclamante en su escrito de reclamación, en donde dice que "soy trabajador de Pemex pero no soy de planta o base, soy empleado de confianza" . Lo que la jueza responsable considera que justifica que el demandado cuenta con un empleo por el cual puede cumplir con su obligación alimentaria y hacerle frente a sus propias necesidades, de ahí que, en la especie, el quantum provisional fijado por auto de radicación se estima ajustado a los principios de proporcionalidad, equidad y justicia estatuidos en el diverso 242 del Código Civil en vigor; en tal virtud ciñéndonos a los motivos de inconformidad planteados, estos no fueron robustecidos con ninguna probanza, y por ende, no se demostró que el quantum provisional fijado sea excesivo para dejarlo en estado de insolvencia económica. Finamente, de acuerdo con los fundamentos y motivos mencionados por la jueza responsable, resolvió declarar improcedente la reclamación y, por ende CONFIRMAR la pensión alimenticia provisional del 60% (SESENTA POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ARTURO GUADALUPE GALLEGOS PINEDA, como empleado de la empresa PETROLEOS DE MEXICO, en el entendido que le corresponde el 20% (veinte por ciento) a favor del menor de iniciales D.M.G.G., el 20% (veinte por ciento) a favor del infante A.N.G.G. de identidad reservada, y el 20% (veinte por ciento) JOANNA NAGGAI GONZALEZ PALMEROS por su propio derecho, decretada por auto de fecha DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, ello sin perjuicio sin perjuicio de lo que se decida en definitiva. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 489/2022 y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica respecto del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. Asimismo, realizó un análisis comparativo entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, estudio que además fue realizado con perspectiva de género como método de análisis. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 26-28) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés (165), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó por lo que se refiere a los directos quejosos menores de edad identificados con las siglas D.M.G.G. y A.N.G.G., y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Joanna Naggai González Palmeros, por propio derecho, para los efectos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 489/2022 de su índice, únicamente por lo que hace a dicha acreedora, y en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. Una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la quejosa, haga un análisis comparativo entre las necesidades de dicha acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. Estudio que el Juzgador deberá realizar con perspectiva de género como método analítico." En esas condiciones, mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés (foja 144 y 145), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en proveído de dos de mayo del año en curso (foja 165) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3016 signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil 489/2022-I de su índice. Asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró improcedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado Arturo Guadalupe Gallegos Pineda, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, consistente en el 60% (sesenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibe el precitado como empleado de Petróleos Mexicanos, correspondiéndoles 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales D.M.G.G., 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales A.N.G.G. y el 20% (veinte por ciento) a Joanna Naggai González Palmeros, por su propio derecho. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que la jueza responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 233, 261 fracción IV y 266 del Código Procesal Civil. Luego, la jueza responsable con la finalidad de observar los principios de congruencia y exhaustividad estatuidos en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, tomó en cuenta que la actora desahogó la vista concedida con la reclamación en la que manifestó que se encuentra casada con el demandado (parentesco por afinidad), que tienen dos menores hijos, por lo que resultan ser, tres acreedores alimentistas. Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obra en el sumario natural estimó declarar improcedente la reclamación. Para arribar a tal conclusión, la responsable tomó en cuenta que tratándose de la pensión alimenticia provisional reclamada por la cónyuge por su propio derecho y en representación de sus dos menores hijos de iniciales D.M.G.G y A.N.G.G. de identidad reservada, el artículo 210 del Código Procesal Civil, prevé el derecho que tienen los acreedores alimentarios a obtener el pago de los alimentos desde el auto de inicio, por lo que únicamente basto para ello exhibir las actas del Registro Civil y a narración de los hechos, de ahí que los documentos aportados por la actora consistentes en el acta de Nacimiento de los hijos menores de edad que tienen en común y el acta de matrimonio celebrado entre las partes contendientes, ya señalados y valoradas, resultaron los elementos probatorios para obtener un quantum provisional, ya que tiende a garantizar la subsistencia de la parte acreedora alimentaria, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, al haberse acreditado la calidad de acreedores alimentarios, que se tratan de dos menores de edad hijos del reclamante y la actora en su carácter de cónyuge, ello conforme a los numerales 233 y 234 del Código Civil en el Estado de Veracruz, gozan de la presunción de necesidad alimentaria, y por cuanto hace a la actora en su carácter de cónyuge, también cuenta con una presunción de recibir los alimentos, por ende esa calidad les permite obtener desde el auto de radicación una cantidad para garantizar su subsistencia. Bajo el mismo orden de ideas, por cuanto hace a los argumentos del reclamante respecto de que considera que la carga alimentaria es desproporcional, en atención a que la actora cuenta con estudios técnicos superior como educadora y también cuenta con un negocio propio de venta de mercancía por internet el cual le deja una buena remuneración económica, máxime a que la actora cuenta con edad joven siendo capaz de ejercer su profesión y que no es encuentra incapacitada en ningún sentido, la juez responsable señaló que dichos agravios deben desestimarse, toda vez que, el reclamante no aportó ninguna probanza de su parte para acreditar sus aseveraciones, es decir, no acreditó a través de documental idónea que la actora pueda allegarse a sus propios alimentos, o bien, hubiera aportado un dato novedoso que no hubiere sido considerado al momento de decretar el porcentaje de la carga alimentaria provisional, pues señaló que no pasa desapercibido para esa autoridad que aunque el reclamante exhibió siete simples impresiones de pantalla de las publicaciones realizadas a través de la plataforma digital de "FACEBOOK", respecto del usuario "YETIS DA JO", las mismas no son los elementos idóneos para demostrar una capacidad económica por parte de la actora, por lo que calificó de ineficaces para acreditar el hecho de que la actora tiene un negocio, y que por ende pueda allegarse a sus propios alimentos. Asimismo, la jueza responsable desestimó el argumento de que la actora (aquí quejosa) al contar con estudios, ser joven y no tener ninguna incapacidad para trabajar, pues dichos argumentos también carecen de sustento jurídico, al no haberse robustecido a través de documental idónea siendo puras manifestaciones, por lo que, con independencia de lo anterior, le precisó al disconforme que la actora al momento de instar la acción de alimentos por su propio derecho, manifestó la circunstancia de que se dedica preponderantemente a las labores del hogar, lo que se reiteró en el escrito de desahogo de vista con la reclamación, por lo que, con ello no puede tenerse por desvirtuada la presunción de necesidad de alimentos, ya que debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, la actora merece la visualización de la doble actividad que desempeña en el hogar, porque es quien tiene bajo su cuidado y protección a los niños involucrados, de ahí que esa situación es lo que le permite advertir desigualdad entre las partes basada en el sexo y género. En ese sentido, la juez responsable le reconoce a la actora la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir; por tales motivos, la responsable estimó que debe recibir una pensión alimenticia a fin de poder completar todas sus necesidades alimentarias; esto es, al analizarse la obligación de proporcionar alimentos, deben tomarse en cuenta los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en julio de dos mil trece, en el sentido de hacer realidad el derecho a la igualdad y no discriminación, por ser un mandato derivado de la Constitución y de los instrumentos internacionales que atañen a toda persona que aplica el derecho, por ello, se debe juzgar con perspectiva de género aun y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus conceptos de violación o alegatos, en la inteligencia de que se juzga con perspectiva de género para lograr una igualdad material o sustantiva entre el hombre y la mujer. En ese aspecto, de la resolución en estudio, se advierte que la juez responsable estableció que en los casos justiciables lo que permite determinar si se debe aplicar o no la perspectiva de género es la existencia de relaciones asimétricas de poder o bien contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, género, o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas, para lo cual citó como fundamentación a su dicho la jurisprudencia 1a./J.22/2016 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I1, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." Luego entonces, estimó que, a ese momento procesal, no es posible obtener una reducción del quantum provisional con base en las afirmaciones del recurrente pues debieron ofrecerse pruebas reveladoras de esas circunstancias, pues en esa etapa procesal lo único que se está ventilando es si el quantum fijado provisionalmente es excesivo o desproporcionado, no si la parte actora no tiene el derecho de recibir alimentos, pues si se fijó pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora por derecho propio, esto fue con fundamento en lo establecido en el artículo 233 del Código Civil. Por otra parte por cuanto hace al agravio indicado bajo el inciso B de la resolución, respecto a que el reclamante tiene gastos de alimentos, ropa calzado, limpieza, despensa, renta, que por ende, considera excesiva la carga alimentaria, la juez responsable desestimó dichos agravios, toda vez que al margen las probanzas consistentes en los recibos lavandería, de comidas en el "comedor lupita", pagos de energía eléctrica, y el pago de arrendamiento de casa habitación, ya valorados con anterioridad, precisó que tomar una decisión bajo esa óptica sería tanto como reproducir un estereotipo de género, construido sobre la idea de una distribución de roles o actividades domésticas en función del sexo o género, esto es, calificar de válido el argumento del incremento de las necesidades del deudor alimentario por el hecho de que no habita en el domicilio conyugal que estableció con su esposa y por ello, tenga más gastos, pues ello es perpetuar la concepción de que la mujer debe asumir las actividades domésticas, por tanto, ningún beneficio reditúa al disconforme dichas manifestaciones, porque para darle fuerza a dicha aseveración, se necesitan medios de convicción de los cuales deducir todos los gastos que eroga, que lo deja en estado de indefensión económica que refiere, toda vez que el demandado no aportó ninguna probanza que acreditara su dicho. La anterior motivación, la fundamentó con la tesis VI.2o.C.173 C (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, inserta en la página 2724, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de voz y síntesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO. DEBE DISMINUIRLA BAJO EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO RELATIVO A QUE "TODOS LOS HOMBRES QUE VIVEN SEPARADOS DEL HOGAR CONYUGAL AUMENTAN EN MONTO SUS NECESIDADES". Ahora, por cuanto hace, a las probanzas relativas a las diversas transferencias bancarias vía internet que el reclamante realizó a favor de la actora, la jueza responsable estableció que, si bien se les otorga valor probatorio indiciario, lo cierto es que éstas le devienen de insuficientes para acreditar que el demandado estuviera cumpliendo con su obligación alimentaria para con sus hijos y su esposa. Consiguientemente, todas las apuntadas circunstancias le permitieron concluir que la reclamación se torna improcedente puesto que el reclamante no aportó ningún elemento objetivo para demostrar que el quantum provisional deviene excesivo, gravoso o desproporcionado; puesto que, además conforme al artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, un hecho notorio que puede invocó en el asunto, que es la actora quien tiene bajo su cuidado a los menores, entonces corresponde al demandado contribuir económicamente para la manutención de los aquí involucrados, y tocante al proveedor económico respecto de sus necesidades la responsable presumió que como cualquier persona eroga gastos para su propia subsistencia, que cuenta con una fuente formal de ingresos pues es empleado de Petróleos Mexicanos, que aunque refiere que es trabajador de confianza y que por ende, a veces pasan largos periodos sin que tenga trabajo, lo cual señaló que dicha circunstancia no se acreditó, pues el reclamante únicamente se limitó a manifestar sus argumentos sin robustecer su dicho, y por ende, tampoco acreditó que la carga alimentaria impuesta a favor de sus acreedores alimentarios, lo deje en estado de insolvencia económica, pues fue omiso en exhibir inclusive su recibo de nómina que acreditar tal circunstancia, pues contrario a lo que manifiestó el reo, se acredita que cuenta con un empleo que le permite allegarse a sus propios alimentos y los de cumplir con su obligación alimentaria pues ello se acredita a través de la Carta de Consentimiento para pago de Salarios y prestaciones o pensiones de fecha veintiséis de marzo de año dos mil veintidós, expedido por Pemex, y el que cuenta con el sello de certificación de datos bancarios del banco BBVA BANCOMER, y la que se concatenó con las manifestaciones del propio reclamante en su escrito de reclamación, en donde dice que "soy trabajador de Pemex pero no soy de planta o base, soy empleado de confianza" . Lo que la jueza responsable considera que justifica que el demandado cuenta con un empleo por el cual puede cumplir con su obligación alimentaria y hacerle frente a sus propias necesidades, de ahí que, en la especie, el quantum provisional fijado por auto de radicación se estima ajustado a los principios de proporcionalidad, equidad y justicia estatuidos en el diverso 242 del Código Civil en vigor; en tal virtud ciñéndonos a los motivos de inconformidad planteados, estos no fueron robustecidos con ninguna probanza, y por ende, no se demostró que el quantum provisional fijado sea excesivo para dejarlo en estado de insolvencia económica. Finamente, de acuerdo con los fundamentos y motivos mencionados por la jueza responsable, resolvió declarar improcedente la reclamación y, por ende CONFIRMAR la pensión alimenticia provisional del 60% (SESENTA POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ARTURO GUADALUPE GALLEGOS PINEDA, como empleado de la empresa PETROLEOS DE MEXICO, en el entendido que le corresponde el 20% (veinte por ciento) a favor del menor de iniciales D.M.G.G., el 20% (veinte por ciento) a favor del infante A.N.G.G. de identidad reservada, y el 20% (veinte por ciento) JOANNA NAGGAI GONZALEZ PALMEROS por su propio derecho, decretada por auto de fecha DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, ello sin perjuicio sin perjuicio de lo que se decida en definitiva. En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil 489/2022 y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica respecto del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. Asimismo, realizó un análisis comparativo entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, estudio que además fue realizado con perspectiva de género como método de análisis. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 26-28) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
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Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés (165), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó por lo que se refiere a los directos quejosos menores de edad identificados con las siglas ******************** y ********************, y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Joanna Naggai González Palmeros, por propio derecho, para los efectos siguientes: ********************".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil ******************** de su índice, únicamente por lo que hace a dicha acreedora, y en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. ********************Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. ********************Una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la quejosa, haga un análisis comparativo entre las necesidades de dicha acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance.********************Estudio que el Juzgador deberá realizar con perspectiva de género como método analítico."****************************************En esas condiciones, mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés (foja 144 y 145), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de dos de mayo del año en curso (foja 165) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3016 signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil ********************-I de su índice. ********************Asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró improcedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado Arturo Guadalupe Gallegos Pineda, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, consistente en el 60% (sesenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibe el precitado como empleado de Petróleos Mexicanos, correspondiéndoles 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales ********************, 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales ******************** y el 20% (veinte por ciento) a Joanna Naggai González Palmeros, por su propio derecho.********************Ahora, de la resolución reclamada se advierte que la jueza responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 233, 261 fracción IV y 266 del Código Procesal Civil.********************Luego, la jueza responsable con la finalidad de observar los principios de congruencia y exhaustividad estatuidos en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, tomó en cuenta que la actora desahogó la vista concedida con la reclamación en la que manifestó que se encuentra casada con el demandado (parentesco por afinidad), que tienen dos menores hijos, por lo que resultan ser, tres acreedores alimentistas.********************Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obra en el sumario natural estimó declarar improcedente la reclamación.********************Para arribar a tal conclusión, la responsable tomó en cuenta que tratándose de la pensión alimenticia provisional reclamada por la cónyuge por su propio derecho y en representación de sus dos menores hijos de iniciales D.M.G.G y ******************** de identidad reservada, el artículo 210 del Código Procesal Civil, prevé el derecho que tienen los acreedores alimentarios a obtener el pago de los alimentos desde el auto de inicio, por lo que únicamente basto para ello exhibir las actas del Registro Civil y a narración de los hechos, de ahí que los documentos aportados por la actora consistentes en el acta de Nacimiento de los hijos menores de edad que tienen en común y el acta de matrimonio celebrado entre las partes contendientes, ya señalados y valoradas, resultaron los elementos probatorios para obtener un quantum provisional, ya que tiende a garantizar la subsistencia de la parte acreedora alimentaria, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, al haberse acreditado la calidad de acreedores alimentarios, que se tratan de dos menores de edad hijos del reclamante y la actora en su carácter de cónyuge, ello conforme a los numerales 233 y 234 del Código Civil en el Estado de Veracruz, gozan de la presunción de necesidad alimentaria, y por cuanto hace a la actora en su carácter de cónyuge, también cuenta con una presunción de recibir los alimentos, por ende esa calidad les permite obtener desde el auto de radicación una cantidad para garantizar su subsistencia.********************Bajo el mismo orden de ideas, por cuanto hace a los argumentos del reclamante respecto de que considera que la carga alimentaria es desproporcional, en atención a que la actora cuenta con estudios técnicos superior como educadora y también cuenta con un negocio propio de venta de mercancía por internet el cual le deja una buena remuneración económica, máxime a que la actora cuenta con edad joven siendo capaz de ejercer su profesión y que no es encuentra incapacitada en ningún sentido, la juez responsable señaló que dichos agravios deben desestimarse, toda vez que, el reclamante no aportó ninguna probanza de su parte para acreditar sus aseveraciones, es decir, no acreditó a través de documental idónea que la actora pueda allegarse a sus propios alimentos, o bien, hubiera aportado un dato novedoso que no hubiere sido considerado al momento de decretar el porcentaje de la carga alimentaria provisional, pues señaló que no pasa desapercibido para esa autoridad que aunque el reclamante exhibió siete simples impresiones de pantalla de las publicaciones realizadas a través de la plataforma digital de "FACEBOOK", respecto del usuario "YETIS DA JO", las mismas no son los elementos idóneos para demostrar una capacidad económica por parte de la actora, por lo que calificó de ineficaces para acreditar el hecho de que la actora tiene un negocio, y que por ende pueda allegarse a sus propios alimentos.********************Asimismo, la jueza responsable desestimó el argumento de que la actora (aquí quejosa) al contar con estudios, ser joven y no tener ninguna incapacidad para trabajar, pues dichos argumentos también carecen de sustento jurídico, al no haberse robustecido a través de documental idónea siendo puras manifestaciones, por lo que, con independencia de lo anterior, le precisó al disconforme que la actora al momento de instar la acción de alimentos por su propio derecho, manifestó la circunstancia de que se dedica preponderantemente a las labores del hogar, lo que se reiteró en el escrito de desahogo de vista con la reclamación, por lo que, con ello no puede tenerse por desvirtuada la presunción de necesidad de alimentos, ya que debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, la actora merece la visualización de la doble actividad que desempeña en el hogar, porque es quien tiene bajo su cuidado y protección a los niños involucrados, de ahí que esa situación es lo que le permite advertir desigualdad entre las partes basada en el sexo y género.********************En ese sentido, la juez responsable le reconoce a la actora la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir; por tales motivos, la responsable estimó que debe recibir una pensión alimenticia a fin de poder completar todas sus necesidades alimentarias; esto es, al analizarse la obligación de proporcionar alimentos, deben tomarse en cuenta los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en julio de dos mil trece, en el sentido de hacer realidad el derecho a la igualdad y no discriminación, por ser un mandato derivado de la Constitución y de los instrumentos internacionales que atañen a toda persona que aplica el derecho, por ello, se debe juzgar con perspectiva de género aun y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus conceptos de violación o alegatos, en la inteligencia de que se juzga con perspectiva de género para lograr una igualdad material o sustantiva entre el hombre y la mujer.********************En ese aspecto, de la resolución en estudio, se advierte que la juez responsable estableció que en los casos justiciables lo que permite determinar si se debe aplicar o no la perspectiva de género es la existencia de relaciones asimétricas de poder o bien contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, género, o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas, para lo cual citó como fundamentación a su dicho la jurisprudencia 1a./J.22/2016 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I1, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."********************Luego entonces, estimó que, a ese momento procesal, no es posible obtener una reducción del quantum provisional con base en las afirmaciones del recurrente pues debieron ofrecerse pruebas reveladoras de esas circunstancias, pues en esa etapa procesal lo único que se está ventilando es si el quantum fijado provisionalmente es excesivo o desproporcionado, no si la parte actora no tiene el derecho de recibir alimentos, pues si se fijó pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora por derecho propio, esto fue con fundamento en lo establecido en el artículo 233 del Código Civil.********************Por otra parte por cuanto hace al agravio indicado bajo el inciso B de la resolución, respecto a que el reclamante tiene gastos de alimentos, ropa calzado, limpieza, despensa, renta, que por ende, considera excesiva la carga alimentaria, la juez responsable desestimó dichos agravios, toda vez que al margen las probanzas consistentes en los recibos lavandería, de comidas en el "comedor lupita", pagos de energía eléctrica, y el pago de arrendamiento de casa habitación, ya valorados con anterioridad, precisó que tomar una decisión bajo esa óptica sería tanto como reproducir un estereotipo de género, construido sobre la idea de una distribución de roles o actividades domésticas en función del sexo o género, esto es, calificar de válido el argumento del incremento de las necesidades del deudor alimentario por el hecho de que no habita en el domicilio conyugal que estableció con su esposa y por ello, tenga más gastos, pues ello es perpetuar la concepción de que la mujer debe asumir las actividades domésticas, por tanto, ningún beneficio reditúa al disconforme dichas manifestaciones, porque para darle fuerza a dicha aseveración, se necesitan medios de convicción de los cuales deducir todos los gastos que eroga, que lo deja en estado de indefensión económica que refiere, toda vez que el demandado no aportó ninguna probanza que acreditara su dicho. La anterior motivación, la fundamentó con la tesis VI.2o.C.173 C (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, inserta en la página 2724, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de voz y síntesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO. DEBE DISMINUIRLA BAJO EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO RELATIVO A QUE "TODOS LOS HOMBRES QUE VIVEN SEPARADOS DEL HOGAR CONYUGAL AUMENTAN EN MONTO SUS NECESIDADES".********************Ahora, por cuanto hace, a las probanzas relativas a las diversas transferencias bancarias vía internet que el reclamante realizó a favor de la actora, la jueza responsable estableció que, si bien se les otorga valor probatorio indiciario, lo cierto es que éstas le devienen de insuficientes para acreditar que el demandado estuviera cumpliendo con su obligación alimentaria para con sus hijos y su esposa.********************Consiguientemente, todas las apuntadas circunstancias le permitieron concluir que la reclamación se torna improcedente puesto que el reclamante no aportó ningún elemento objetivo para demostrar que el quantum provisional deviene excesivo, gravoso o desproporcionado; puesto que, además conforme al artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, un hecho notorio que puede invocó en el asunto, que es la actora quien tiene bajo su cuidado a los menores, entonces corresponde al demandado contribuir económicamente para la manutención de los aquí involucrados, y tocante al proveedor económico respecto de sus necesidades la responsable presumió que como cualquier persona eroga gastos para su propia subsistencia, que cuenta con una fuente formal de ingresos pues es empleado de Petróleos Mexicanos, que aunque refiere que es trabajador de confianza y que por ende, a veces pasan largos periodos sin que tenga trabajo, lo cual señaló que dicha circunstancia no se acreditó, pues el reclamante únicamente se limitó a manifestar sus argumentos sin robustecer su dicho, y por ende, tampoco acreditó que la carga alimentaria impuesta a favor de sus acreedores alimentarios, lo deje en estado de insolvencia económica, pues fue omiso en exhibir inclusive su recibo de nómina que acreditar tal circunstancia, pues contrario a lo que manifiestó el reo, se acredita que cuenta con un empleo que le permite allegarse a sus propios alimentos y los de cumplir con su obligación alimentaria pues ello se acredita a través de la Carta de Consentimiento para pago de Salarios y prestaciones o pensiones de fecha veintiséis de marzo de año dos mil veintidós, expedido por ********************, y el que cuenta con el sello de certificación de datos bancarios del banco ********************, y la que se concatenó con las manifestaciones del propio reclamante en su escrito de reclamación, en donde dice que "soy trabajador de ******************** pero no soy de planta o base, soy ********************" .********************Lo que la jueza responsable considera que justifica que el demandado cuenta con un empleo por el cual puede cumplir con su obligación alimentaria y hacerle frente a sus propias necesidades, de ahí que, en la especie, el quantum provisional fijado por auto de radicación se estima ajustado a los principios de proporcionalidad, equidad y justicia estatuidos en el diverso 242 del Código Civil en vigor; en tal virtud ciñéndonos a los motivos de inconformidad planteados, estos no fueron robustecidos con ninguna probanza, y por ende, no se demostró que el quantum provisional fijado sea excesivo para dejarlo en estado de insolvencia económica.********************Finamente, de acuerdo con los fundamentos y motivos mencionados por la jueza responsable, resolvió declarar improcedente la reclamación y, por ende CONFIRMAR la pensión alimenticia provisional del 60% (SESENTA POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, como empleado de la empresa ********************, en el entendido que le corresponde el 20% (veinte por ciento) a favor del menor de iniciales ********************, el 20% (veinte por ciento) a favor del infante ******************** de identidad reservada, y el 20% (veinte por ciento) ******************** por su propio derecho, decretada por auto de fecha DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, ello sin perjuicio sin perjuicio de lo que se decida en definitiva.********************En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ******************** y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica respecto del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. ********************Asimismo, realizó un análisis comparativo entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, estudio que además fue realizado con perspectiva de género como método de análisis.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 26-28) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
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Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la quejosa y tercero interesado, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés (165), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó por lo que se refiere a los directos quejosos menores de edad identificados con las siglas ******************** y ********************, y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Joanna Naggai González Palmeros, por propio derecho, para los efectos siguientes: ********************".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil ******************** de su índice, únicamente por lo que hace a dicha acreedora, y en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. ********************Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. ********************Una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la quejosa, haga un análisis comparativo entre las necesidades de dicha acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance.********************Estudio que el Juzgador deberá realizar con perspectiva de género como método analítico."****************************************En esas condiciones, mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés (foja 144 y 145), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en proveído de dos de mayo del año en curso (foja 165) se ordenó dar vista a la quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 3016 signado por la 1. Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, del cual se aprecia que por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la resolución emitida el trece de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio ordinario civil ********************-I de su índice. ********************Asimismo, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en la cual con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida a su potestad, en la que declaró improcedente la reclamación planteada por el aquí tercero interesado Arturo Guadalupe Gallegos Pineda, por lo que confirmó la pensión provisional decretada por auto de inicio de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, consistente en el 60% (sesenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibe el precitado como empleado de Petróleos Mexicanos, correspondiéndoles 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales ********************, 20% (veinte por ciento) al menor de iniciales ******************** y el 20% (veinte por ciento) a Joanna Naggai González Palmeros, por su propio derecho.********************Ahora, de la resolución reclamada se advierte que la jueza responsable previo a entrar al estudio de fondo respecto al recurso de reclamación, señaló los agravios y manifestaciones hechas valer, así como el material probatorio ofrecido tanto de la parte recurrente como de la parte actora, documentales a las que otorgó valor probatorio según correspondiera en términos de lo dispuesto en los artículos 233, 261 fracción IV y 266 del Código Procesal Civil.********************Luego, la jueza responsable con la finalidad de observar los principios de congruencia y exhaustividad estatuidos en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, tomó en cuenta que la actora desahogó la vista concedida con la reclamación en la que manifestó que se encuentra casada con el demandado (parentesco por afinidad), que tienen dos menores hijos, por lo que resultan ser, tres acreedores alimentistas.********************Bajo ese contexto, y de acuerdo con la documentación que hasta ese momento obra en el sumario natural estimó declarar improcedente la reclamación.********************Para arribar a tal conclusión, la responsable tomó en cuenta que tratándose de la pensión alimenticia provisional reclamada por la cónyuge por su propio derecho y en representación de sus dos menores hijos de iniciales D.M.G.G y ******************** de identidad reservada, el artículo 210 del Código Procesal Civil, prevé el derecho que tienen los acreedores alimentarios a obtener el pago de los alimentos desde el auto de inicio, por lo que únicamente basto para ello exhibir las actas del Registro Civil y a narración de los hechos, de ahí que los documentos aportados por la actora consistentes en el acta de Nacimiento de los hijos menores de edad que tienen en común y el acta de matrimonio celebrado entre las partes contendientes, ya señalados y valoradas, resultaron los elementos probatorios para obtener un quantum provisional, ya que tiende a garantizar la subsistencia de la parte acreedora alimentaria, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, al haberse acreditado la calidad de acreedores alimentarios, que se tratan de dos menores de edad hijos del reclamante y la actora en su carácter de cónyuge, ello conforme a los numerales 233 y 234 del Código Civil en el Estado de Veracruz, gozan de la presunción de necesidad alimentaria, y por cuanto hace a la actora en su carácter de cónyuge, también cuenta con una presunción de recibir los alimentos, por ende esa calidad les permite obtener desde el auto de radicación una cantidad para garantizar su subsistencia.********************Bajo el mismo orden de ideas, por cuanto hace a los argumentos del reclamante respecto de que considera que la carga alimentaria es desproporcional, en atención a que la actora cuenta con estudios técnicos superior como educadora y también cuenta con un negocio propio de venta de mercancía por internet el cual le deja una buena remuneración económica, máxime a que la actora cuenta con edad joven siendo capaz de ejercer su profesión y que no es encuentra incapacitada en ningún sentido, la juez responsable señaló que dichos agravios deben desestimarse, toda vez que, el reclamante no aportó ninguna probanza de su parte para acreditar sus aseveraciones, es decir, no acreditó a través de documental idónea que la actora pueda allegarse a sus propios alimentos, o bien, hubiera aportado un dato novedoso que no hubiere sido considerado al momento de decretar el porcentaje de la carga alimentaria provisional, pues señaló que no pasa desapercibido para esa autoridad que aunque el reclamante exhibió siete simples impresiones de pantalla de las publicaciones realizadas a través de la plataforma digital de "FACEBOOK", respecto del usuario "YETIS DA JO", las mismas no son los elementos idóneos para demostrar una capacidad económica por parte de la actora, por lo que calificó de ineficaces para acreditar el hecho de que la actora tiene un negocio, y que por ende pueda allegarse a sus propios alimentos.********************Asimismo, la jueza responsable desestimó el argumento de que la actora (aquí quejosa) al contar con estudios, ser joven y no tener ninguna incapacidad para trabajar, pues dichos argumentos también carecen de sustento jurídico, al no haberse robustecido a través de documental idónea siendo puras manifestaciones, por lo que, con independencia de lo anterior, le precisó al disconforme que la actora al momento de instar la acción de alimentos por su propio derecho, manifestó la circunstancia de que se dedica preponderantemente a las labores del hogar, lo que se reiteró en el escrito de desahogo de vista con la reclamación, por lo que, con ello no puede tenerse por desvirtuada la presunción de necesidad de alimentos, ya que debe tenerse en cuenta que, en el caso concreto, la actora merece la visualización de la doble actividad que desempeña en el hogar, porque es quien tiene bajo su cuidado y protección a los niños involucrados, de ahí que esa situación es lo que le permite advertir desigualdad entre las partes basada en el sexo y género.********************En ese sentido, la juez responsable le reconoce a la actora la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir; por tales motivos, la responsable estimó que debe recibir una pensión alimenticia a fin de poder completar todas sus necesidades alimentarias; esto es, al analizarse la obligación de proporcionar alimentos, deben tomarse en cuenta los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en julio de dos mil trece, en el sentido de hacer realidad el derecho a la igualdad y no discriminación, por ser un mandato derivado de la Constitución y de los instrumentos internacionales que atañen a toda persona que aplica el derecho, por ello, se debe juzgar con perspectiva de género aun y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus conceptos de violación o alegatos, en la inteligencia de que se juzga con perspectiva de género para lograr una igualdad material o sustantiva entre el hombre y la mujer.********************En ese aspecto, de la resolución en estudio, se advierte que la juez responsable estableció que en los casos justiciables lo que permite determinar si se debe aplicar o no la perspectiva de género es la existencia de relaciones asimétricas de poder o bien contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, género, o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas, para lo cual citó como fundamentación a su dicho la jurisprudencia 1a./J.22/2016 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I1, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO."********************Luego entonces, estimó que, a ese momento procesal, no es posible obtener una reducción del quantum provisional con base en las afirmaciones del recurrente pues debieron ofrecerse pruebas reveladoras de esas circunstancias, pues en esa etapa procesal lo único que se está ventilando es si el quantum fijado provisionalmente es excesivo o desproporcionado, no si la parte actora no tiene el derecho de recibir alimentos, pues si se fijó pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora por derecho propio, esto fue con fundamento en lo establecido en el artículo 233 del Código Civil.********************Por otra parte por cuanto hace al agravio indicado bajo el inciso B de la resolución, respecto a que el reclamante tiene gastos de alimentos, ropa calzado, limpieza, despensa, renta, que por ende, considera excesiva la carga alimentaria, la juez responsable desestimó dichos agravios, toda vez que al margen las probanzas consistentes en los recibos lavandería, de comidas en el "comedor lupita", pagos de energía eléctrica, y el pago de arrendamiento de casa habitación, ya valorados con anterioridad, precisó que tomar una decisión bajo esa óptica sería tanto como reproducir un estereotipo de género, construido sobre la idea de una distribución de roles o actividades domésticas en función del sexo o género, esto es, calificar de válido el argumento del incremento de las necesidades del deudor alimentario por el hecho de que no habita en el domicilio conyugal que estableció con su esposa y por ello, tenga más gastos, pues ello es perpetuar la concepción de que la mujer debe asumir las actividades domésticas, por tanto, ningún beneficio reditúa al disconforme dichas manifestaciones, porque para darle fuerza a dicha aseveración, se necesitan medios de convicción de los cuales deducir todos los gastos que eroga, que lo deja en estado de indefensión económica que refiere, toda vez que el demandado no aportó ninguna probanza que acreditara su dicho. La anterior motivación, la fundamentó con la tesis VI.2o.C.173 C (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, inserta en la página 2724, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de voz y síntesis: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO. DEBE DISMINUIRLA BAJO EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO RELATIVO A QUE "TODOS LOS HOMBRES QUE VIVEN SEPARADOS DEL HOGAR CONYUGAL AUMENTAN EN MONTO SUS NECESIDADES".********************Ahora, por cuanto hace, a las probanzas relativas a las diversas transferencias bancarias vía internet que el reclamante realizó a favor de la actora, la jueza responsable estableció que, si bien se les otorga valor probatorio indiciario, lo cierto es que éstas le devienen de insuficientes para acreditar que el demandado estuviera cumpliendo con su obligación alimentaria para con sus hijos y su esposa.********************Consiguientemente, todas las apuntadas circunstancias le permitieron concluir que la reclamación se torna improcedente puesto que el reclamante no aportó ningún elemento objetivo para demostrar que el quantum provisional deviene excesivo, gravoso o desproporcionado; puesto que, además conforme al artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, un hecho notorio que puede invocó en el asunto, que es la actora quien tiene bajo su cuidado a los menores, entonces corresponde al demandado contribuir económicamente para la manutención de los aquí involucrados, y tocante al proveedor económico respecto de sus necesidades la responsable presumió que como cualquier persona eroga gastos para su propia subsistencia, que cuenta con una fuente formal de ingresos pues es empleado de Petróleos Mexicanos, que aunque refiere que es trabajador de confianza y que por ende, a veces pasan largos periodos sin que tenga trabajo, lo cual señaló que dicha circunstancia no se acreditó, pues el reclamante únicamente se limitó a manifestar sus argumentos sin robustecer su dicho, y por ende, tampoco acreditó que la carga alimentaria impuesta a favor de sus acreedores alimentarios, lo deje en estado de insolvencia económica, pues fue omiso en exhibir inclusive su recibo de nómina que acreditar tal circunstancia, pues contrario a lo que manifiestó el reo, se acredita que cuenta con un empleo que le permite allegarse a sus propios alimentos y los de cumplir con su obligación alimentaria pues ello se acredita a través de la Carta de Consentimiento para pago de Salarios y prestaciones o pensiones de fecha veintiséis de marzo de año dos mil veintidós, expedido por ********************, y el que cuenta con el sello de certificación de datos bancarios del banco ********************, y la que se concatenó con las manifestaciones del propio reclamante en su escrito de reclamación, en donde dice que "soy trabajador de ******************** pero no soy de planta o base, soy ********************" .********************Lo que la jueza responsable considera que justifica que el demandado cuenta con un empleo por el cual puede cumplir con su obligación alimentaria y hacerle frente a sus propias necesidades, de ahí que, en la especie, el quantum provisional fijado por auto de radicación se estima ajustado a los principios de proporcionalidad, equidad y justicia estatuidos en el diverso 242 del Código Civil en vigor; en tal virtud ciñéndonos a los motivos de inconformidad planteados, estos no fueron robustecidos con ninguna probanza, y por ende, no se demostró que el quantum provisional fijado sea excesivo para dejarlo en estado de insolvencia económica.********************Finamente, de acuerdo con los fundamentos y motivos mencionados por la jueza responsable, resolvió declarar improcedente la reclamación y, por ende CONFIRMAR la pensión alimenticia provisional del 60% (SESENTA POR CIENTO) del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, como empleado de la empresa ********************, en el entendido que le corresponde el 20% (veinte por ciento) a favor del menor de iniciales ********************, el 20% (veinte por ciento) a favor del infante ******************** de identidad reservada, y el 20% (veinte por ciento) ******************** por su propio derecho, decretada por auto de fecha DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, ello sin perjuicio sin perjuicio de lo que se decida en definitiva.********************En mérito de lo anterior, se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ******************** y, en su lugar, emitió otra en la que, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace a la pensión alimenticia provisional, empelando un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica respecto del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso, así como de cualquier incidencia ocurrida o dictada dentro del procedimiento que pueda afectar la capacidad económica de los mismos. ********************Asimismo, realizó un análisis comparativo entre las necesidades de la acreedora y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, estudio que además fue realizado con perspectiva de género como método de análisis.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 26-28) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto al tercero interesado el proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio -y anexo-, signado por la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con el con el oficio y anexo con registro 6616, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
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