Joaquín Galguera Corro

Expediente 352/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
352/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Joaquín Galguera Corro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 352/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de dos de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Joaquín Galguera Corro, para los efectos siguientes: ". 1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 237/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de trece de febrero de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de la demandada. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión, conforme a la ley que lo rige." En esas condiciones, mediante auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de agosto siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 8254/2022 signado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del 237/2019-VII de su índice, del cual se aprecia que ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el referido juicio ordinario civil, a partir de la diligencia de emplazamiento realizada al aquí quejoso, el trece de febrero de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia de dos de agosto de dos mil de dos mil veintiuno y su ejecución. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a efecto de realizar de nueva cuenta el emplazamiento de manera personal del aquí quejoso, en términos de los artículos 75, 76, 81 y 84 todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, autorizando a los actuarios para que efectúen la diligencia de emplazamiento a Joaquín Galguera Corro, en su carácter de albacea a bienes de la extinta María Violeta Corro Reyes, con domicilio ubicado en Avenida Primero de Mayo número 685, Colonia Ricardo Flores Magón en Veracruz, Veracruz, en los términos del auto de seis de febrero de dos mil diecinueve. Igualmente, previo a realizar la citada diligencia, solicitó al actor a fin de exhibir dentro del término de tres días copias de la demanda y sus respectivos anexos, a fin de correr traslado a la parte demandada. En ese orden de ideas, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo se materializaron con la actuación del Juez responsable, al dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 237/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de trece de febrero de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución. Seguidamente, ordenó reponer el procedimiento a fin de realizar el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que corresponde al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de dos de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Joaquín Galguera Corro, para los efectos siguientes: ". 1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 237/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de trece de febrero de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de la demandada. LO que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión, conforme a la ley que lo rige." En esas condiciones, mediante auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de agosto siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 8254/2022 signado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del 237/2019-VII de su índice, del cual se aprecia que ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el referido juicio ordinario civil, a partir de la diligencia de emplazamiento realizada al aquí quejoso, el trece de febrero de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia de dos de agosto de dos mil de dos mil veintiuno y su ejecución. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento a efecto de realizar de nueva cuenta el emplazamiento de manera personal del aquí quejoso, en términos de los artículos 75, 76, 81 y 84 todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, autorizando a los actuarios para que efectúen la diligencia de emplazamiento a Joaquín Galguera Corro, en su carácter de albacea a bienes de la extinta María Violeta Corro Reyes, con domicilio ubicado en Avenida Primero de Mayo número 685, Colonia Ricardo Flores Magón en Veracruz, Veracruz, en los términos del auto de seis de febrero de dos mil diecinueve. Igualmente, previo a realizar la citada diligencia, solicitó al actor a fin de exhibir dentro del término de tres días copias de la demanda y sus respectivos anexos, a fin de correr traslado a la parte demandada. En ese orden de ideas, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo se materializaron con la actuación del Juez responsable, al dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 237/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de trece de febrero de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución. Seguidamente, ordenó reponer el procedimiento a fin de realizar el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que corresponde al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio y anexo de cuenta con registro 14937, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias.Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a Joaquín Galguera Corro, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable, 1. Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: ". 1). Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 237/2019 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento de trece de febrero de dos mil diecinueve y, las subsecuentes actuaciones, incluyendo la sentencia y la etapa de ejecución, pues constituyen una consecuencia inmediata y directa de la inconstitucionalidad del llamamiento a juicio de la demandada. 2). Hecho lo anterior, reponga el procedimiento a fin de que ordene nuevamente el emplazamiento a juicio del demandado, siguiendo los lineamientos vertidos en la presente sentencia y, se continúe con la secuela procesal, hasta su total conclusión, conforme a la ley que lo rige." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

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